CARTA A LOS SINDICATOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ARAGONESA: NECESARIO COMPROMISO CON LA LEGALIDAD RETRIBUTIVA.

El Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, Julio Guiral, se ha dirigido hoy por escrito a los principales sindicatos de la función pública aragonesa (UGT, CCOO, CSI-CSIF y CEMSATSE), para expresarles la preocupación de esta Asociación respecto a la incorporación al régimen retributivo de los empleados públicos de la Administración autonómica de conceptos o fórmulas –como el anticipo de carrera profesional o la cláusula de revisión salarial- que, pese a proceder del marco de la negociación colectiva, consideramos contrarios a los principios de legalidad y de cobertura presupuestaria a que el Estatuto Básico del Empleado Público somete expresamente todos los pactos y acuerdos que puedan alcanzarse en dicho marco.

La protesta protagonizada hoy por los citados sindicatos contra la suspensión de los acuerdos de carrera profesional que se incluye en el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2010, y los argumentos esgrimidos en el manifiesto hecho público por los convocantes de la misma (“En defensa del empleo público y del cumplimiento de los acuerdos”), entendemos que constituye una ocasión obligada para recordar que no cabe la exigencia de cumplimiento de acuerdos que no se ajusten a la legalidad de función pública y presupuestaria.

En esta Asociación consideramos que ni la cláusula de revisión salarial pactada en 2004 ni el anticipo de carrera profesinal pactado en 2008 son conformes con la legalidad, y así lo hemos manifestado reiteradamente a diferentes responsables institucionales, y albergamos la sospecha de que su aplicación por parte del Gobierno de Aragón se ha producido con plena conciencia de su ilegalidad.

Los servidores públicos no podemos consentir –muchos menos cuando nos beneficia que cuando nos perjudica- que se vulneren las normas legales en materia de derechos económicos de quienes integran la función pública autonómica y que con ello se arrojen dudas de honestidad sobre el conjunto de las personas pertenecientes a la función pública. Un salario ilegal no es un salario digno, sino un fraude a la ley y a los ciudadanos.

Nuestro compromiso con la legalidad y con los derechos de los ciudadanos ha de pasar necesariamente por la gestión escrupulosa de los fondos públicos y ello obliga lógicamente a que los responsables de la función pública y los sindicatos aseguren que la política retributiva en la Administración de la Comunidad Autónoma no sólo sea justa, sino también legal.

Se reproduce a continuación el texto íntegro de la carta remitida a los sindicatos de la función pública aragonesa:

“Zaragoza, 15 de diciembre de 2009.

Estimados señores.

En mi condición de Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, deseo trasladarles nuestra preocupación por la situación en que se encuentra la función pública de nuestra Comunidad Autónoma y nuestra inquietud por los resultados que pueden derivarse de un general desistimiento en el respeto de la legalidad.

Esta Asociación valora positivamente la labor que corresponde realizar a los sindicatos en la determinación de las condiciones de trabajo, pero como ya expusimos en el escrito remitido con motivo de las elecciones sindicales de marzo de 2007, la acción sindical y la negociación colectiva han de ser coherentes con los principios constitucionales establecidos para las Administraciones Públicas y que determinan las condiciones del ejercicio profesional de todas las personas integradas en la función pública.

Dijimos entonces, y lo reiteramos ahora, que la negociación colectiva de las condiciones de trabajo ha de ser transparente en su desarrollo y respetuosa con la legalidad y la cobertura presupuestaria en sus resultados. Lamentablemente, no podemos apreciar que en estos dos años se haya avanzado en dicha dirección.

Ni en materia de selección de personal ni de provisión de puestos de trabajo se ha asegurado el cumplimiento de la ley. La crisis de legalidad vivida en dicho ámbito fue expresamente reconocida por el Director General de la Función Pública, Antonio Brun, en su comparecencia ante la Comisión Institucional de las Cortes de Aragón, al presentar el denominado “Documento de análisis y diagnóstico de la Función Pública en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón”.

No se corrigen las altas tasas de interinidad existentes, mediante las ofertas anuales de empleo público, ni se pone solución a la ilegal cesión de trabajadores de empresas públicas a determinados Departamentos, fenómeno éste que apenas ha merecido la atención de las organizaciones sindicales. No se refuerza el sentido de la profesionalidad en el seno de la función pública ni se articula una carrera profesional que pivote sobre el compromiso con el buen funcionamiento de los servicios públicos.

Sin embargo, el factor que nos parece más preocupante de la estrategia sindical seguida en el ámbito de las Mesas de negociación colectiva es el impulso de medidas de carácter retributivo –como el anticipo de carrera profesional o la previa cláusula de revisión salarial- que, a nuestro juicio, vulneran la legalidad retributiva, por contravenir tanto el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Ordenación de la Función Pública aragonesa como las diferentes Leyes de Presupuestos, tanto del Estado como de la Comunidad Autónoma, aprobadas para cada ejercicio.

Los funcionarios públicos no somos unos trabajadores más, cuyas retribuciones puedan pactarse libremente. Las retribuciones públicas se hallan sujetas a reserva de ley, tanto en la configuración de los conceptos retributivos como en la determinación de su cuantía e incrementos. Quien fija las retribuciones públicas no es el Gobierno, sino el Parlamento, mediante Ley que apruebe o no las condiciones retributivas resultantes de la negociación colectiva. La decisión compete a los ciudadanos, a través de sus representantes.

Los valores de la función pública –pues los hay y se expresan en el Estatuto Básico del Empleado Público- han de hacerse realidad en todos los ámbitos de actuación de las Administraciones Públicas y han de determinar también la acción sindical en el seno de la función pública. Una estrategia sindical que contradiga o ignore los valores y principios de la función pública –como son el respeto a la ley o el servicio al interés general- no logrará aportar ningún elemento estimable a la ordenación del empleo público.

Por ello, cuando observamos la reacción sindical ante el ejercicio de la potestad presupuestaria por parte de las Cortes de Aragón, contrastando con el silencio que se guardó cuando se ignoraba la competencia del Parlamento autonómico para aprobar medidas de gasto público derivadas de la negociación colectiva, nos sentimos en la necesidad y en la obligación de dirigirnos a ese sindicato para expresarle que no cabe otorgar legitimidad a ninguna reivindicación que no parta del más escrupuloso respeto a las leyes.

Consideramos que los sindicatos de la función pública aragonesa han de despejar cualquier duda respecto a su firme compromiso con la legalidad, pues es la ley –y no su vulneración- la principal defensa de los intereses de todos, trabajadores y ciudadanos en general.

Por ello, invitamos a ese sindicato a que suscriba con el resto de las organizaciones sindicales de la función pública aragonesa un compromiso expreso de ajustar su actuación y reivindicaciones a un código ético en el que figure de forma expresa y destacada la defensa y respeto de la legalidad, renunciando a la implantación o mantenimiento de medidas –retributivas y no retributivas- no conformes a la ley.

Agradeciendo su atención, reciban un respetuoso saludo.

Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”.