Zaragoza, 18 de noviembre de 2009.
En la tarde del pasado martes, 17 de noviembre, en los locales de la Junta Municipal Centro del Ayuntamiento de Zaragoza, se celebró una reunión de la Junta Directiva de la Asociación, conforme al orden del día que, previamente, se había hecho público en este mismo blog.
Tras la aprobación del orden del día propuesto y del contenido del acta de la reunión anterior, celebrada el 6 de octubre de 2009, se procedió a realizar por el Presidente, Julio Guiral, informe de las actuaciones llevadas a cabo desde la citada reunión, destacando: encuentro mantenido con el Grupo Parlamentario Popular de las Cortes de Aragón, a petición de éste, para valorar el “Documento de análisis y diagnóstico de la función pública en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón”, elaborado por la Dirección General de la Función Pública y presentado por su titular, Antonio Brun, ante la Comisión Institucional del Parlamento autonómico; satisfactoria celebración del primer Coloquio Público, programado por la Asociación, sobre “Función Pública y Justicia de Aragón”, con la intervención del Asesor del Justicia de Aragón para los temas de función pública, Víctor Solano; respuestas recibidas desde instituciones y órganos de la Administración a las peticiones formuladas, como la resolución del Justicia de Aragón respecto a la queja por la situación del puesto de Director/a del Centro Internacional del Agua y el Medio Ambiente (CIAMA) o la contestación del Alcalde de Huesca, Fernando Elboj, a la propuesta de aprobación de un Código de Buen Gobierno para dicha Corporación Municipal. Dicho informe concluyó con un resumen de la entrevista mantenida en las dependencias de la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, a propósito de la denuncia formulada en su día por la Asociación respecto al “ilegal” desempeño del puesto de Director del CIAMA por Carlos Franco, al entender que la situación podría constituir un supuesto cualificado de “cesión ilegal de trabajadores” por parte de la empresa SODEMASA a los servicios del Departamento de Medio Ambiente.
Concluido el informe de situación del Presidente, y aplazado el correspondiente a la situación financiera de la Asociación, dada la imposibilidad de asistencia a la sesión del Tesorero, se pasó a debatir la oportunidad de organizar un acto público para conmemorar, el próximo día 9 de diciembre, el Día Internacional contra la Corrupción, instituido por Naciones Unidas, y el posible contenido de dicho acto, conviniendo en aprovechar dicho acto para abordar el papel de la información y de los medios de comunicación en el control del poder político y en la lucha contra la corrupción, quedando encargado el Presidente de contactar para ello con profesionales de la prensa dispuestos a participar en el mismo. Dicho acto, asimismo, se aprovechará para dar a conocer una campaña de esta Asociación a realizar ante el Gobierno de España y el Congreso de los Diputados a favor del desarrollo de determinadas previsiones contenidas en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción para reforzar el papel de la función pública en la prevención de la corrupción.
Seguidamente, y de acuerdo con el orden del día establecido, se pasó a analizar determinados aspectos del articulado del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón, remitido por el Gobierno de Aragón a las Cortes de Aragón en la pasada semana, relativos a cuestiones retributivas, por considerarlos contrarios a la legalidad en materia de función pública y de gasto público. Dicho análisis se centró en el anticipo a cuenta de la carrera profesional y en la previsión de abono de retribuciones a quienes desempeñen puestos del Grupo de titulación superior en virtud de promoción interna temporal, fórmula de provisión introducida por un Decreto del Gobierno de Aragón que esta Asociación estimó ilegal y que impugnó, pidiendo su anulación, ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Ambos aspectos, contemplados en la regulación de los créditos de personal que se hace por el Proyecto de Ley de Presupuestos se estimaron ilegales, por vulnerar el Estatuto Básico del Empleado Público, y por lo tanto se decidió trasladar tales argumentos a los diferentes Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón, para solicitar su supresión en el Proyecto de Ley, así como al conjunto de los Consejeros del Gobierno de Aragón y a los Secretarios Generales Técnicos de la Administración autonómica, para hacerles partícipes de nuestra posición contraria a ambas previsiones.
A continuación, y respecto a las medidas de control sobre la situación de los puestos de asesor de los gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón, dada la falta de cambios en la misma, se acordó formular denuncia por tales hechos a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, por entender que los hechos pudieran constituir un supuesto de malversación de fondos públicos, y a la Fiscalía Anticorrupción, en términos similares a la denuncia ya formulada el pasado mes de septiembre a la Fiscalía General del Estado, por si los hechos pudieran motivar actuaciones por ambos órganos especializados en su respectivo ámbito.
Por último, se acordó que la Asamblea extraordinaria a celebrar para modificar los Estatutos de la Asociación, con el fin de ampliar su ámbito subjetivo y permitir la incorporación a la misma de servidores públicos de otras Administraciones aragonesas, como la Administración local y la Universidad de Zaragoza, se haga coincidir con la asamblea ordinaria de carácter anual que se celebrará el próximo mes de febrero de 2010, permitiendo con ello reflexionar sobre otras posibles revisiones que puedan necesitar los actuales Estatutos de la Asociación, a la vista de los tres años de actividad que se cumplirán en dicha fecha.
Concluyendo el apartado de propuestas, ruegos y preguntas, se aceptaron las peticiones de incorporación a la Asociación recibidas y la sugerencia de celebración de un segundo Coloquio Público, en la primera semana del mes de diciembre, sobre la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, para cuyo análisis se contaría con la intervención de un Letrado de las Cortes de Aragón. Sin más asuntos, se dio por concluida la sesión.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
22 comentarios:
Parece infatigable la asociación, mi enhorabuena. Adelante, que hay faena que llevar a cabo.
CARTA ABIERTA A TRANSPARENCIA INTERNACIONAL.
En nombre de todos los miembros de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, creada hace dos años para la promoción y defensa de los principios y valores de la función pública –muy en particular, de los principios de legalidad, profesionalidad y ética pública- en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, deseo expresarles nuestra felicitación y agradecimiento por el valiente y fundamentado llamamiento a la sociedad civil, publicadoel pasado día 11 de noviembreen las páginas de "El País", con el título "No nos resignemos a la corrupción", para frenar la amenaza que la corrupción entraña para la salud democrática de nuestro país y para el buen funcionamiento de nuestras instituciones públicas.
Nos satisfacen especialmente las referencias que en dicho artículo se contienen al papel de la función pública en la prevención de la corrupción, y a la necesidad de asegurar los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público y en la ordenación de la carrera administrativa y la provisión de puestos de trabajo, evitando que la discrecionalidad política y los criterios clientelares reduzcan la función pública a un mero papel instrumental al servicio del poder político, sin compromiso alguno con la legalidad y el Estado de Derecho.
Esta Asociación ha propugnado un "giro ético" en las administraciones públicas, sin que hasta la fecha hayamos obtenido la menor receptividad por parte de los responsables políticos de la Comunidad Autónoma de Aragón. No por ello desistimos ni nos resignamos con la desagradable realidad de la corrupción. Existen muchas razones, y todas ellas de peso, para seguir combatiendo la amenaza de la corrupción pública.
Compartimos plenamente los planteamientos de Transparencia Internacional y creemos que los servidores públicos han de ser los primeros comprometidos en la lucha contra la corrupción pública –sea política o administrativa-, pues su legitimidad social depende de su compromiso con el Estado de Derecho y los principios constitucionales.
Reciban nuestro más cordial saludo, y nuestro más sincero agradecimiento por su llamamiento público.
JULIO GUIRAL PELEGRIN
Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa
PUBLICADA EN DIARIO DEL ALTOARAGON.
El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, revela que hay 730 causas abiertas contra partidos políticos por casos de corrupción, de los que 264 se refieren a procedimientos penales abiertos contra cargos públicos o políticos del PSOE y 200 contra miembros del PP.
El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, explicó este miércoles que en la actualidad hay un total de 730 asuntos, entre procedimientos judiciales y diligencias de investigación, abiertos contra partidos políticos por casos de corrupción, de los que 264 se refieren son procedimientos penales abiertos contra cargos públicos o políticos del PSOE y 200 contra miembros del PP.
Además, dijo, hay 43 causas abiertas contra miembros de Coalición Canaria, 30 contra miembros de Convergencia i Unión, 24 del Partido Andalucista, 20 de Izquierda Unida, 17 del Grupo Independiente Liberal (GIL), siete de Unión Mallorquina, cinco de Esquerra Republicana de Catalunya, tres del Bloque Nacionalista Galego, otros tres de PNV, uno de ANV y otro de Eusko Alkartasuna, además de otras 67 investigaciones seguidas contra miembros de otros partidos de implantación local.
En su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, Conde Pumpido indicó que estos datos sólo muestran "la imagen de una acción demoledora de la Justicia contra la corrupción, una actuación intensa, inimaginable hace unos años". Eso sí, reconoció que le produjo "cierta preocupación" la pregunta realizada por el PP acerca de las actuaciones iniciadas contra miembros del PP y del PSOE, por "lo lejos de la realidad del Ministerio Fiscal".
"Me causa preocupación porque pone de manifiesto que los fiscales siguen siendo todavía, pese al enorme esfuerzo de transparencia que hemos hecho, grandes desconocidos, incluso en la sede de la soberanía popular", afirmó, para después asegurar que "los fiscales no persiguen a los delincuentes por su afiliación política, sino por los delitos que comete".
Con todo, aseguró entender que a veces "se produzca la percepción subjetiva de que los más próximos son los más perseguidos", aunque remarcó que esa sensación "responde a que lógicamente la información fluye con más agilidad dentro de la propia organización política de que se trate", así como a "la implantación de una u otra fuerza política en las instituciones de un área geográfica determinada".
En concreto, se dirigió al portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, para referirse a las denuncias de "la aparente presión ejercida por la Justicia" en algunas comunidades, como de la que es origen este diputado, Murcia. Conde Pumpido explicó que en esta región hay 14 investigaciones en curso contra miembros del PP, frente a seis en las que los investigados son socialistas, pero pidió que se tenga en cuenta "cúal es la relevante implantación geográfica e histórica del PP en Murcia".
Para contrastarlo, se refirió a Extremadura, donde el número de asuntos penales que se siguen a miembros del PSOE es de 15, mientras que contra miembros del PP es "solamente uno". "Resulta, pues, evidente --argumentó-- que la actuación independiente e imparcial de la Justicia afecta por igual a uno u otro grupo político y sólo factores aleatorios como la mayor o menor permanencia en los órganos de Gobierno, o la especial repercusión de algún asunto específicamente relevante, altera dicha percepción".
En cualquier caso, el fiscal general insistió en que en España hay "más de 66.000 concejales y alcaldes, además de 17 asambleas legislativas autonómicas, otros tantos Gobiernos autonómicos, además de los órganos centrales del Estado", con lo que "no llega al uno por ciento el número de los responsables públicos de este país que en su vida han hecho algo que merezca la sospecha de un juez o un fiscal".
El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, explicó este miércoles que en la actualidad hay un total de 730 asuntos, entre procedimientos judiciales y diligencias de investigación, abiertos contra partidos políticos por casos de corrupción, de los que 264 se refieren son procedimientos penales abiertos contra cargos públicos o políticos del PSOE y 200 contra miembros del PP.
Además, dijo, hay 43 causas abiertas contra miembros de Coalición Canaria, 30 contra miembros de Convergencia i Unión, 24 del Partido Andalucista, 20 de Izquierda Unida, 17 del Grupo Independiente Liberal (GIL), siete de Unión Mallorquina, cinco de Esquerra Republicana de Catalunya, tres del Bloque Nacionalista Galego, otros tres de PNV, uno de ANV y otro de Eusko Alkartasuna, además de otras 67 investigaciones seguidas contra miembros de otros partidos de implantación local.
En su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, Conde Pumpido indicó que estos datos sólo muestran "la imagen de una acción demoledora de la Justicia contra la corrupción, una actuación intensa, inimaginable hace unos años". Eso sí, reconoció que le produjo "cierta preocupación" la pregunta realizada por el PP acerca de las actuaciones iniciadas contra miembros del PP y del PSOE, por "lo lejos de la realidad del Ministerio Fiscal".
"Me causa preocupación porque pone de manifiesto que los fiscales siguen siendo todavía, pese al enorme esfuerzo de transparencia que hemos hecho, grandes desconocidos, incluso en la sede de la soberanía popular", afirmó, para después asegurar que "los fiscales no persiguen a los delincuentes por su afiliación política, sino por los delitos que comete".
Con todo, aseguró entender que a veces "se produzca la percepción subjetiva de que los más próximos son los más perseguidos", aunque remarcó que esa sensación "responde a que lógicamente la información fluye con más agilidad dentro de la propia organización política de que se trate", así como a "la implantación de una u otra fuerza política en las instituciones de un área geográfica determinada".
En concreto, se dirigió al portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, para referirse a las denuncias de "la aparente presión ejercida por la Justicia" en algunas comunidades, como de la que es origen este diputado, Murcia. Conde Pumpido explicó que en esta región hay 14 investigaciones en curso contra miembros del PP, frente a seis en las que los investigados son socialistas, pero pidió que se tenga en cuenta "cúal es la relevante implantación geográfica e histórica del PP en Murcia".
Para contrastarlo, se refirió a Extremadura, donde el número de asuntos penales que se siguen a miembros del PSOE es de 15, mientras que contra miembros del PP es "solamente uno". "Resulta, pues, evidente --argumentó-- que la actuación independiente e imparcial de la Justicia afecta por igual a uno u otro grupo político y sólo factores aleatorios como la mayor o menor permanencia en los órganos de Gobierno, o la especial repercusión de algún asunto específicamente relevante, altera dicha percepción".
En cualquier caso, el fiscal general insistió en que en España hay "más de 66.000 concejales y alcaldes, además de 17 asambleas legislativas autonómicas, otros tantos Gobiernos autonómicos, además de los órganos centrales del Estado", con lo que "no llega al uno por ciento el número de los responsables públicos de este país que en su vida han hecho algo que merezca la sospecha de un juez o un fiscal".
La corrupción no es "un fenómeno generalizado"
En su opinión, no se puede decir que en la actualidad la corrupción es "un fenómeno generalizado", sino más bien que "ahora más que nunca, las alarmas y los resortes del Estado de Derecho están funcionando correctamente, como nunca antes había funcionado".
También reconoció que "todo es mejorable", pero insistió en que lo más importante "no son grandes propuestas, ni decálogos, ni nuevas ideas geniales para luchar contra la corrupción", sino que "la mejor aportación posible" es "dotar de medios y dejar trabajar a la Policía y a la Justicia".
"Los aplausos entusiastas para policías, jueces y fiscales que se convierten en agrias críticas en función de que los investigados sean ajenos o propios, tampoco ayudan. Lo que hace falta es, simplemente dejar de trabajar a quienes se enfrentan a la corrupción cada día", insistió.
Filtraciones y tratamientos de pruebas
En su intervención inicial, que comenzó con la presentación de la Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente a 2008, el titular del Ministerio Público también se refirió a las preguntas del Grupo Parlamentario Popular relativas a las filtraciones de los sumarios y el tratamiento de las pruebas por parte de la Fiscalía.
En relación con las filtraciones, Conde Pumpido recalcó que se está hablando de investigaciones que han sido seguidas por fiscales que "poquísimos ciudadanos serán capaces de reconocer ni por su nombre ni por su cara", de cuyo trabajo "nadie ajeno a la propia investigación tiene noticia".
En este punto, recordó que la investigación del denominado 'caso Gürtel' fue tramitada "durante muchos meses a través de la Fiscalía Anticorrupción sin que durante ese tiempo se produjese información ni filtración alguna", algo que, en su opinión, pone de relieve "la absoluta discreción de los integrantes de la Fiscalía".
Por eso, aseguró que es "paradójico y doloroso" que "cuando se produce el estallido mediático del caso, porque se realizan detenciones o registros", acabe por "recaer la más mínima sombra de duda sobre la actitud del Ministerio Fiscal en relación con el secreto sumarial".
La Fiscalía, dijo, tiene que "soportar insinuaciones o insultos sin poder hacer público su convencimiento de que no hay filtración ninguna de las actuaciones judiciales, sino informaciones facilitadas desde el exterior por personas que, sin acceso al contenido del sumario, disponen de materiales o datos a veces sencillamente porque han intervenido en los hechos investigados".
Además, Conde Pumpido subrayó que el Ministerio Público ha aceptado "de manera inequívoca la responsabilidad de investigar esas posibles filtraciones" y, como ejemplo, enumeró las "hasta diez actuaciones diferentes" que la Fiscalía Anticorrupción ha llevado a cabo en relación con las supuestas filtraciones de la 'Gürtel'. "Hemos evitado, por tanto, cualquier filtración de la investigación llevada a cabo por el fiscal, y hemos hecho cuanto estaba en nuestra mano para perseguir las que se han producido, fuese cual fuese su origen", remachó.
Del mismo modo, hizo extensivo el máximo respeto a la ley de los fiscales en lo que se refiere al tratamiento de las pruebas en los sumarios judiciales. No obstante, destacó que estos profesionales "deben superar cada día con su esfuerzo la seria dificultad" que supone "la agonía de un sistema procesal vetusto y moribundo".
Filtraciones y tratamientos de pruebas
En su intervención inicial, que comenzó con la presentación de la Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente a 2008, el titular del Ministerio Público también se refirió a las preguntas del Grupo Parlamentario Popular relativas a las filtraciones de los sumarios y el tratamiento de las pruebas por parte de la Fiscalía.
En relación con las filtraciones, Conde Pumpido recalcó que se está hablando de investigaciones que han sido seguidas por fiscales que "poquísimos ciudadanos serán capaces de reconocer ni por su nombre ni por su cara", de cuyo trabajo "nadie ajeno a la propia investigación tiene noticia".
En este punto, recordó que la investigación del denominado 'caso Gürtel' fue tramitada "durante muchos meses a través de la Fiscalía Anticorrupción sin que durante ese tiempo se produjese información ni filtración alguna", algo que, en su opinión, pone de relieve "la absoluta discreción de los integrantes de la Fiscalía".
Por eso, aseguró que es "paradójico y doloroso" que "cuando se produce el estallido mediático del caso, porque se realizan detenciones o registros", acabe por "recaer la más mínima sombra de duda sobre la actitud del Ministerio Fiscal en relación con el secreto sumarial".
La Fiscalía, dijo, tiene que "soportar insinuaciones o insultos sin poder hacer público su convencimiento de que no hay filtración ninguna de las actuaciones judiciales, sino informaciones facilitadas desde el exterior por personas que, sin acceso al contenido del sumario, disponen de materiales o datos a veces sencillamente porque han intervenido en los hechos investigados".
Además, Conde Pumpido subrayó que el Ministerio Público ha aceptado "de manera inequívoca la responsabilidad de investigar esas posibles filtraciones" y, como ejemplo, enumeró las "hasta diez actuaciones diferentes" que la Fiscalía Anticorrupción ha llevado a cabo en relación con las supuestas filtraciones de la 'Gürtel'. "Hemos evitado, por tanto, cualquier filtración de la investigación llevada a cabo por el fiscal, y hemos hecho cuanto estaba en nuestra mano para perseguir las que se han producido, fuese cual fuese su origen", remachó.
Del mismo modo, hizo extensivo el máximo respeto a la ley de los fiscales en lo que se refiere al tratamiento de las pruebas en los sumarios judiciales. No obstante, destacó que estos profesionales "deben superar cada día con su esfuerzo la seria dificultad" que supone "la agonía de un sistema procesal vetusto y moribundo".
Necesidad de una nueva Ley Procesal Penal
Conde Pumpido aprovechó para defender la necesidad de dotar a España de "una ley procesal penal propia de un Estado democrático moderno", en el que "el fiscal no se viera en la insólita función de vigilante de un juez que al mismo tiempo que dirige la investigación tiene la facultad de homologar la legalidad de sus propios actos".
En cualquier caso, garantizó que los ciudadanos "pueden estar seguros de que los fiscales cumplen su función como dice la ley, y lo hacen muy bien". "En todos los casos, donde hay aforados y donde no los hay, donde los imputados son de un partido y donde son de otro, y donde ni siquiera sabemos de qué partido son, o si no son de ninguno, que es lo que ocurre en la mayor parte de las ocasiones", afirmó.
Sois gente libérrima, qué envidia.
El Informe Global sobre la Corrupción realizado por la ONG Transparencia Internacional (TI), ha dejado como saldo para España el puesto 28. Por lo tanto, ha caído seis puestos desde 2004 en el Índice Global de Percepción de la Corrupción.
El motivo de esta variación es la corrupción urbanística. Esta causa ha dejado a España junto a Qatar, San Vicente y las Granadinas en el puesto 28 de un total de 180 países, con una valoración de 6,5 puntos.
Según el presidente de TI en España, Jesús Lizcano, la corrupción urbanística “ha aflorado” mucho más que años atrás gracias a ” la actuación de los jueces, las fuerzas de seguridad y los medios de comunicación”.
Sin embargo, y ha pesar del empeoramiento en el ranking mundial, se ha avanzado significativamente con la legislación sobre delitos urbanísticos y la nueva unidad de la Guardia Civil creada para perseguir este tipo de crímenes.
No me lo puedo creer.
El fiscal general de l'Estat, Cándido Conde-Pumpido ha explicat aquest dimecres en la seva compareixença al Congrés que en aquests moments es tramiten a l'Estat 730 casos on s'investiguen càrrecs públics per corrupció.
D'aquests, 264 són processos on hi ha implicats representants del PSOE; 200 del PP; 43 de CC; 30 de CiU; 24 del Partit Andalusista; 20 d'IU; 17 del GIL; 7 d'UM; 5 d'ERC; 3 del BNG; 3 del PNB; un d'ANB i un d'EA. No obstant, segons el fiscal, aquests casos constitueixen una "mínima porció" dels més de 66.000 representants dels ciutadans elegits a les últimes eleccions municipals.
Santa Coloma, Estepona, Cienpozuelos o El Ejido són alguns dels municipis que el fiscal ha assenyalat a l'hora de fer recompte dels casos més destacats que la Justícia manté oberts contra representants polítics. Segons Conde-Pumpido els resultats obtinguts en els últims anys posen de manifest "una acció demolidora de la Justícia contra la corrupció" que era "inimaginable" fa pocs anys.
Els polítics corruptes, afirma, han actuat "a l'empara d'una legislació urbanística manifestament millorable" i "s'han desplaçat del noble ofici de la política al pur afany de lucre il·lícit".
A més dels partits citats, s'efectuen 67 investigacions contra membres d'altres partits amb implantació local; 16 contra imputats independents i 72 més dels què se'n desconeix la filiació. "Com veuen, n'hi ha al PSOE, al PP i a altres partits", ha dit Conde-Pumpido, i "fins i tot hi ha actuacions que afecten a presidents de Comunitats Autònomes", com la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, o l'expresident de Balears, Jaume Matas.
Sobre els corruptes de CIU, m'agradaria saber quants són de CDC i quants són d'Unió!!!
És normal.Allà on hi ha diner públic hi ha el corc de la corrupció,I com més diner més corrupció.Madrid és on s'acumula més diner públic, més influències, més poder. Per tant.....
Una seixantena d'entitats socials han convocat per aquest dissabte una manifestació amb la que, sota el lema "Contra la corrupció i la impunitat. En defensa del bé públic", volen mostrar el seu rebuig a la malversació dels fons públics i exigir que casos com el del Palau de la Música i el Pretòria no quedin impunes.
La Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, associacions veïnals, entitats ecologistes i feministes, sindicats i altres organitzacions han convocat una concentració aquest diumenge a la plaça Sant Jaume de Barcelona.Un dels objectius de la manifestació és "pressionar" per a que els polítics assumeixin la seva "responsabilitat" i duguin a terme les reformes necessàries per "reconduir la situació".
El vicepresident de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), Albert Recio, ha afegit que amb la protesta també volen reclamar nous mecanismes de participació ciutadana per evitar que es tornin a repetir casos similars. Recio ha lamentat que els sistemes de control actuals, com la Sindicatura de Comptes, siguin "inoperants", doncs haguessin pogut detectar les irregularitats en la gestió del Palau de la Música.
Recio ha afegit que la "pressió continuada de la ciutadania" és necessària per evitar que els poders polítics "funcionin com sempre amb els mateixos vicis" i ha remarcat que els polítics han de vetllar pels béns públics i fomentar la participació ciutadana enlloc de parlar sobre la desafecció política.
Les entitats convocants també aprofitaran la protesta per mostrar el seu rebuig envers a la corrupció i, al mateix temps, exigir que els processos judicials oberts per aquest tipus de delictes no s'aturin i que les persones que s'aprofiten dels béns públics no quedin impunes.
AVUI
Aquesta manifestació, que s'afegeix a les que s'han fet a Santa Coloma i Badalona, independentment del número de persones que representen les associacions que hi participen, és sense cap dubte la més necessària i important que s'ha celebrat a Catalunya desde que existeix la democràcia. Ha d'haber-hi un abans i un després d'aquesta corrupció extesa com una pandèmia que, si no s'atura, pot tenir conseqüències molt tràgiques per tothom.
Excel·lent iniciativa. Els ciutadans la vam abandonar el 1978 i fa temps que es demostra que als polítics no se'ls pot deixar sols.
La mies es mucha ....
Cada momento impone su tono, y desde luego este es un tiempo para reclamar el respeto a la legalidad.
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