El Presidente de la Asociación, ante la vaguedad e insuficiencia de la respuesta remitida por el Director General de la Función Pública a la petición formulada, cuyo fin era asegurar el conocimiento general del “Documento de análisis y diagnóstico de la Función Pública en la Administración de la Comunidad Autónoma”, ha vuelto a reiterar tal petición, solicitando que el contenido del mismo sea accesible a través del Portal del Gobierno de Aragón.
En dicho escrito de petición se recuerda al Director General de la Función Pública el contenido necesario de la respuesta que se dé a una petición según la Ley Orgánica 4/2001, reguladora del Derecho de Petición. Sería deseable que los órganos administrativos y altos cargos se ajustasen a los términos que establecen las leyes para cada supuesto, y que los ciudadanos no se vean en la necesidad de recordarles el contenido necesario que han de tener sus escritos de respuesta.
Contestar a un escrito no siempre es responder a la petición formulada: la Ley no exige una mera contestación –sea cual sea su contenido-, sino que es preciso responder a lo que se plantea, de forma clara y razonada, y expresando los motivos por los que se se acepta o rechaza lo solicitado. Ajustarse a la ley es ajustarse a los términos y exigencias de la ley, y no simplemente generar una apariencia de respeto a la misma, como parece haber pretendido, una vez más, el Director General de la Función Pública.
A continuación, se reproduce el texto íntegro del nuevo escrito de petición formulado por el Presidente de la Asociación:
“Ilmo. Sr. Director General de la Función Pública
Departamento de Presidencia
Gobierno de Aragón
Zaragoza, 13 de noviembre de 2009.
Estimado señor:
Vista su amable respuesta de fecha 4 de noviembre de 2009, dada al escrito de petición que le dirigió esta Asociación para solicitar que se otorgase publicidad, en el Portal del Gobierno de Aragón, al “Documento de análisis y diagnóstico de la Función Pública en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón”, presentado recientemente ante la Comisión Institucional de las Cortes de Aragón, y al margen de agradecerle toda la información contenida en la misma, me permito señalarle que en dicho escrito no se da contestación suficiente a nuestra petición, conforme a los términos que vienen establecidos por la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición.
Tal y como señala el artículo 11.3 de la citada Ley Orgánica 4/2001, la contestación de la autoridad u órgano competente a que se haya dirigido un escrito de petición ha de recoger, al menos, los términos en los que la petición ha sido tomada en consideración e incorporar las razones y motivos por los que se acuerda acceder a la petición o no, indicando, en su caso, las medidas adoptadas.
Por ello, y sin ánimo de abusar de su atención, en ejercicio nuevamente del derecho de petición constitucionalmente reconocido, me permito reiterarle nuestra solicitud de que el citado “Documento de análisis y diagnóstico de la Función Públida en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón” sea hecho público a través del Portal del Gobierno de Aragón, posibilitando su conocimiento general y la formulación de observaciones y comentarios por parte de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma.
Agradeciéndolo la diligencia en su respuesta, con independencia de la insuficiencia señalada, y la atención dispensada a esta Asociación, reciba un atento saludo.
Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa.”
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
9 comentarios:
¿Y ese tipo, que, evidentemente, no tiene ninguna preparación jurídica ni administrativa para ejercer el cargo que ocupa -pero no ejerce, o ejerce mal-, por qué no dimite? ¿Por qué no lo cesan? ¿El Gobierno no tiene a nadie más más preparado que nombrar? Pues vaya penuria de banquillo si este es el nivel de los titulares.
Pedir que "los órganos administrativos y altos cargos se ajusten a los términos que establecen las leyes..." es pedir demasiado. Estos estan por encima de la ley y de cualquier norma, algunos ya se han hecho con el cortijo y pueden decidir sobre el bien y el mal, pueden dar y quitar privilegios, organizar la vida administrativa y decidir sobre los empleados pùblicos dentro de "su territorio" a su libre arbitrio en funcón de un perfil personal que cuadre con su "tipo". Este pais tiene que estar sometido al principio de legalidad exigido en todo estado de derecho y en la función pública urge un aclarado general.
¿Acaso enmendará su anterior respuesta? No lo creo.
L'affaire qui vaut à l'ex-président d'être renvoyé devant la justice pour «détournement de fonds publics» et «abus de confiance» concerne des emplois fictifs à la mairie de Paris entre 1992 et 1994.
L'ancien président de la République Jacques Chirac a été renvoyé en correctionnelle vendredi dans le dossier des chargés de mission de la Ville de Paris. Il est renvoyé pour les chefs de «détournements de fonds publics» pour les faits présumés commis entre le 1er mars 1994 et le 16 mai 1995 - la veille de son élection à la présidence de la République - et d'«abus de confiance» pour les faits datant d'octobre 1992 à mars 1994. Communiquée de source judiciaire et par le bureau de l'ex-président, l'information n'a encore fait l'objet d'aucune annonce officielle de la part du palais de Justice de Paris.
Jacques Chirac est soupçonné d'avoir fait «engager et rémunérer par la Ville de Paris», un certain nombre de collaborateurs. L'information judiciaire visait au départ 43 emplois présumés fictifs de «chargés de mission» à la mairie de la capitale sur une période courant de 1983 à 1998, soit du début du deuxième mandat de maire de Jacques Chirac aux trois premières années de son successeur Jean Tiberi. Elle va montrer que plusieurs élus, militants ou proches du parti fondé par Jacques Chirac, le RPR, ont bénéficié des services de collaborateurs ne mettant jamais les pieds dans les bâtiments municipaux, mais pourtant enregistrés parmi les 20.000 employés ou agents de la Ville. Les sommes en jeu évoquées pour ces emplois avoisinent 3,5 millions d'euros.
Selon une source judiciaire, la juge Siméoni a estimé que les détournements présumés concernaient finalement 13 emplois de chargés de mission rémunérés par la mairie de Paris mais «employés dans des structures extérieures à la Ville de Paris», et trois emplois de chargés de mission «sans affectation aucune», pendant la période mars1994- mai 1995. La juge a requalifié en «abus de confiance*» 21 emplois de complaisance présumés payés par le cabinet du maire entre le 26 octobre 1992 et le 1er mars 1994. Quant aux faits antérieurs au 26 octobre 1992, ils sont prescrits.
Un procès aura-t-il lieu ? C'est ce que souhaite la juge d'instruction à travers sa décision mais le parquet peut faire appel de cette décision par l'intermédiaire du procureur de la République de Paris Jean-Claude Marin. Il a cinq jours à compter de la transmission de l'ordonnance de renvoi pour se décider. Il renverrait ainsi l'examen de l'affaire à la chambre de l'instruction de Paris, dans un délai probable de six mois à un an. Cette dernière devant décider à son tour de l'opportunité d'un renvoi de l'ex-président.
Que risque Jacques Chirac ? Selon l'article 432-15 du code pénal, le délit de détournement de fonds publics est passible de dix ans de prison, 150.000 euros d'amende et une inéligibilité automatique de dix ans sauf si le tribunal décide de relèver cette peine. L'abus de confiance est lui passible de trois ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende, d'après l'article 314-1 du même code pénal.
* L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.
Le détournement de fonds publics est le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission.
LE FIGARO.
La gouvernance traduit bien la destruction de ce qui impliquait une responsabilité collective, c’est-à-dire la politique.
Le vocable bonne gouvernance a récemment fleuri en Belgique francophone pour se retrouver dans les pages de la déclaration gouvernementale de l’Olivier. Ce vocable débarque dans les affaires politiques dans les années 1990. Décrivant au départ un nouveau mode de gestion des entreprises privées, il va devenir le modèle de la gestion publique. La notion, et les pratiques qu’il désigne, participe à brouiller la différence entre Etat et société, entre sphère publique et sphère privée. Il constitue ainsi le signifiant d’une nouvelle façon de gouverner la société, caractérisant par une prise de décision où tout le monde est partenaire de tout le monde. "Ses autres traits caractéristiques sont une hypertrophie du pouvoir exécutif, la perte de toute substance du travail législatif parlementaire et sa mise en concurrence avec la société civile qui se substitue au peuple souverain."
La gouvernance vise en fait à "délégitimer les techniques de la démocratie représentative" et représente "le point nodal d’un programme politique conservateur qui concurrence le modèle de l’Etat-nation basé sur la démocratie représentative afin d’œuvrer à la mise en place d’un nouveau régime politique antagonique à la démocratie".
En somme, notion controversée, "la gouvernance traduit bien la destruction de ce qui impliquait une responsabilité collective, c’est-à-dire la politique. Il ne s’agit plus de politique mais de gestion". Est-ce vraiment ce qu’Ecolo vise lorsqu’il utilise ce terme ? Ne serait-il pas plus judicieux de parler d’éthique en politique au lieu de ce cheval de Troie idéologiquement néolibéral ? L’éthique requiert de restreindre le cumul des mandats, car la concentration du pouvoir dans une seule main indique que le pouvoir ne se partage pas et que les instruments de contrôle sont absents. Des mesures en cascade sont et seront prises. Mais le point aveugle de ces mesures, pour restaurer la confiance entre le citoyen et les institutions, n’est-il pas de refuser d’apporter des changements radicaux à la manière de faire de la politique ? La professionnalisation (et la pénurie de personnel politique) ne participe-t-elle pas à cette évolution néfaste ? La politique est-elle un métier ? Pourquoi le congé politique n’est-il pas élargi au secteur privé ? Pourquoi l’idée de permettre l’exercice d’un mandat politique seulement deux fois de suite (de préférence en l’absence de dérogation), ne pourrait-elle pas être étendue à l’ensemble des partis politiques ? Dans les faits, qui siège à la Chambre, abstraction faite des professions libérales, des enseignants et des journalistes ? Combien d’ouvriers trouve-t-on au sein de cette enceinte censée être un reflet de la société ? Ceux-ci forment pourtant 37 % du salariat. Les conditions d’accès à la représentation politique ne reposent-elles pas sur un sens social caché ?La professionnalisation crée une coupure entre les représentants politiques spécialisés et les autres acteurs sociaux mis dans une position de profanes. La lutte des places, tendant à se substituer à la lutte des classes, coupe les mandataires politiques des revendications des groupes sociaux qui les soutiennent et induit une déconnexion par rapport à la réalité de terrain : ainsi, lors de la suppression des tranches d’imposition au-dessus de 50 %, est-il anodin de rappeler que les députés votaient aussi pour eux ? D’ailleurs, cette professionnalisation entraîne la création de divers outils (ASBL, SA) faisant office de parachute en cas de revers électoral. Cela ne concerne pas seulement les intercommunales, actuellement dans l’œil du cyclone. Ces structures publiques ou semi-publiques ont été créées pour faire sortir de l’économie de marché une série de services indispensables à la collectivité. Elles n’ont initialement pas été fondées pour fournir des postes aux hommes et femmes politiques en manque de mandats. Cependant, cette évolution, ainsi que les dérives engendrées par la volonté de certaines intercommunales de se comporter comme n’importe quelle entreprise privée en dépit de leur statut public, sont favorisées par l’absence d’outils de contrôle démocratiques ou leur contournement. Nous veut- "on" citoyens mais pas trop, et seulement pour approuver ? En somme, la véritable question est de savoir ce que l’on entend par démocratie. Ne faudrait-il renoncer à la démocratie représentative pour lui substituer une démocratie participative ? Mais cette participation démocratique est-elle compatible avec le mode de vie à flux tendus qui nous est imposé et qui empêche réappropriation et réhabilitation de la politique ? La réduction du temps de travail avec maintien des revenus et embauches compensatoires pourrait dans ce cadre s’avérer une piste à suivre. Par opposition aux préceptes de la Commission trilatérale pour laquelle "le fonctionnement efficace d’un système démocratique requiert en général un certain niveau d’apathie de certains individus et groupes", cette réappropriation impliquerait l’abandon du cocon de la critique au balcon, pour devenir soi-même acteur de son propre devenir collectif. Si la démocratie est le pouvoir du peuple, ce "pouvoir du peuple est le pouvoir propre à ceux qui n’ont pas plus de titre à gouverner qu’à être gouvernés".
LA LIBRE BELGIQUE.
Peter Eigen es el fundador y Presidente del Consejo Asesor de Transparency International, una organización que promueve la transparencia y la rendición de cuentas en el comercio internacional y el desarrollo.
Eigen studied law and economics at the universities of Erlangen/Nuremberg and Frankfurt and received a Ph.D. Eigen, estudió derecho y economía en las universidades de Erlangen / Nuremberg y Francfort y recibió un doctorado in law at the latter institution in 1965. en derecho en la última institución en 1965. In 1968 he became an attorney at the World Bank, specializing in international trade and procurement. En 1968 se convirtió en un abogado en el Banco Mundial, que se especializa en el comercio internacional y las adquisiciones. He served as a special advisor to the governments of Botswana (1973–74) and Namibia (1991), focusing on economic development. Se desempeñó como asesor especial a los gobiernos de Botswana (1973-74) y Namibia (1991), centrándose en el desarrollo económico. From the mid 1970s to the early 1990s, he managed the World Bank programs in East and West Africa and Latin America. Desde mediados de la década de 1970 a principios de 1990, dirigió los programas del Banco Mundial en África oriental y occidental y América Latina.
Marcy Murninghan es un estudioso de la profesión, activista, escritor, educador, y funcionario público en cuestiones relacionadas con la virtud cívica, la gestión institucional y de gestión, el aprendizaje permanente, y la vida pública
Durante más de 30 años, el Dr. Marcy Murninghan se ha concentrado en la aplicación de puntos de vista académico y la integración de los valores morales en la gestión institucional y la rendición de cuentas de una variedad de perspectivas, incluyendo la gestión, judiciales, normativas, políticas y fiduciarias. In addition to her current work with the Corporate Social Responsibility Initiative at Harvard's Mossavar-Rahmani Center for Business and Government, this year she has advised the Interfaith Center on Corporate Responsibility (ICCR) on the use of Web 2.0 technology, and the Global Reporting Initiative (GRI) on the growth of their American presence. Además de su trabajo actual con la Iniciativa de Responsabilidad Social Corporativa en la Universidad de Harvard Mossavar-Rahmani Center for Business y de Gobierno, este año se ha informado el Centro Interreligioso sobre Responsabilidad Corporativa (ICCR) sobre el uso de tecnología Web 2.0, y la Global Reporting Initiative (GRI) sobre el crecimiento de su presencia americana.
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