Con fecha de hoy, el Presidente de la Asociación, Julio Guiral, ha dirigido un escrito de petición a la Mesa de las Cortes de Aragón, con el fin de que la Cámara reclame al Consejero de Presidencia, Javier Velasco, las explicaciones que éste no ha facilitado al Justicia de Aragón, en relación con la aplicación a las retribuciones del personal de la Administración autonómica de una cláusula de revisión salarial, pactada en 2004 entre Administración y Sindicatos, y aprobada por el Gobierno de Aragón, que carece, sin embargo, de autorización por las Cortes de Aragón, pese a ser dicho incremento retributivo materia reservada a la ley y deberse aprobar obligatoriamente por la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma.
El Parlamento no debe permitir que sus competencias presupuestarias sean ignoradas por el Gobierno de Aragón ni que éste apruebe gastos cuya autorización es competencia exclusiva del Parlamento. Las retribuciones del personal de la Administración, dada su condición de empleados públicos, no las puede establecer el Gobierno de Aragón, sino que su aprobación –incluido el incremento anual aplicable- han de hacerla los representantes de los ciudadanos, el Parlamento, a través de la Ley anual de Presupuestos.
Vulnerar un principio tan básico en el régimen retributivo de los funcionarios de la Comunidad Autónoma por parte de los responsables del Gobierno de Aragón y suplantar al Parlamento por las Mesas de Negociación Colectiva con los Sindicatos es una práctica antidemocrática que contraviene los principios esenciales del Estado de Derecho, entre los que figuran la división de poderes y el sometimiento a la legalidad.
El fraude presupuestario que la aplicación de la cláusula de revisión salarial ha ocasionado en las cuentas de la Comunidad Autónoma ha de preocupar a los ciudadanos y, por lo tanto, a sus representantes, los miembros de las Cortes de Aragón, entre cuyas funciones tienen la de aprobar el Presupuesto y examinar la ejecución que del mismo hagan Gobierno y Administración. Confiamos en que los parlamentarios estén a la altura de las circunstancias y demanden del Gobierno, a través de su Consejero, Javier Velasco, la información que, sobre dicha cuestión, no se ha querido facilitar al Justicia de Aragón.
El Informe Anual del Justicia de Aragón correspondiente a 2008, recientemente editado por la Institución, incluye en la relación de quejas archivadas por falta de contestación de la Administración la formulada por esta Asociación en relación con la cláusula de revisión salarial, pactada entre Administración y Sindicatos, y aplicada por el Gobierno a las retribuciones del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
36 comentarios:
Atención a las barbas del vecino, y son unos cuantos.
El pleno del Ayuntamiento de Güímar acordó dejar en suspenso la subida salarial de los funcionarios, laborales y personal del Patronato de Servicios Sociales para el 2003, como consecuencia de una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que impugnó la subida salarial de 1999, acordada por el pleno corporativo. Dicha subida era superior al IPC establecido. Si se hace efectiva la ejecución de sentencia los funcionarios deberán devolver unos diez millones de pesetas, por siete de los laborales.
El debate de este punto, que duró casi hora y cuarto, originó un fuerte enfrentamiento, el más duro de la legislatura, entre la portavoz del PP, Vicenta Díaz, con los ediles de Hacienda, Pedro Rubens Castro, y Servicios Sociales, Javier Mederos, así como con el alcalde, Rigoberto González.
Para Vicenta Díaz el reseñado acuerdo, tomado en mayo de 1999, a menos de un mes de las elecciones municipales, cuando ella gobernaba en minoría, fue un tanto que se quiso apuntar el grupo socialista de cara a dichas elecciones. Lo hicieron para quedar bien con el electorado, pues ellos sabían que el acuerdo podía ser impugnado, como así ocurrió. Es más, el 3 de noviembre de 1999 el Gobierno Civil informaba ya de esta posibilidad, pero los socialistas ni se inmutaron. Ahora deben pagar las consecuencias por tal hecho, afirmó en su intervención.
Fiscalía pide imputar al alcalde de Alcalà por presunta malversación y prevaricación
El fiscal jefe solicita que se investigue el destino del dinero de una parcela pública y si se utilizó para pagar de forma irregular productividades a los funcionarios.
V. S., Alcalà de Xivert
El fiscal jefe de Castelló ha solicitado que se tome declaración al alcalde de Alcalà de Xivert, Francisco Juan Mars, en calidad de imputado por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias después de advertir indicios de delitos en las denuncias presentadas por un ex funcionario del consistorio xivertense.
Así se recoge en el decreto del fiscal jefe del pasado 30 de enero en el que se acuerda trasladar las denuncias de este ex funcionario al juzgado de instrucción número 2 de Vinaròs, en el que ya se está investigando una denuncia previa sobre el destino que se dio al millón de euros que el consistorio cobró por la subasta de una parcela pública y que debería de haberse reinvertido en patrimonio municipal del suelo.
Según la resolución de la Fiscalía, de los documentos aportados por el denunciante se desprende que el equipo de gobierno de Alcalà de Xivert, del Partido Popular, podría haber presuntamente destinado este dinero -que debía haberse utilizado para comprar suelo para la construcción de la depuradora- para "gasto corriente".
Además, la Fiscalía ve indicio de más delitos, ya que según la documentación aportada, ese dinero podría haberse utilizado presuntamente a aumentar el sueldo a los funcionarios públicos de forma "irregular" sin respetar el límite establecido por la legislación presupuestaria y sin tener en cuenta lo marcado por la ley en lo referente a los criterios de distribución previos de las productividades.
Así, en la resolución de la Fiscalía se asegura que si se prueba que el dinero se adjudicó sin que existieron los criterios previstos por ley y si además se prueba que el dinero "procediese de la venta de Patrimonio Municipal de Suelo y se hubiere camuflado la cantidad destinada a tal fin en el presupuesto municipal por la vía de aumentar las partidas de Seguridad Social, nos encontraríamos con delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias
¿Puede pasar en Aragón?
Los trabajadores municipales de Siero afiliados a la Unión General de Trabajadores (UGT) plantean trasladar al Tribunal Constitucional el caso de la devolución de los sueldos irregulares que recibieron todos los meses entre los años 1999 y 2001.
NINGUNA CULPA TENIAN, PERO MENOS LOS CIUDADANOS DE ESTAR OBLIGADOS A PAGAR UNOS SUELDOS ILEGALES.
QUE LO PAGUE EL ALCALDE DE SU SUELDO,QUE CULPA TIENEN LOS TRABAJADORES DE LA SUBIDA QUE LES HAN DADO.
Un informe desvela que el 30% de los funcionarios de Dénia realiza otro trabajo de forma irregular
¿NADA?
¿qUÉ PASÓ CON LOS FUNCIONARIOS DE LA DPZ INCOMPATIBLES QUE ACTUABAN EN LOS ASUNTOS DE LA MUELA?
Un informe externo encargado por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Dénia para conocer si el arquitecto municipal, Rogelio Mira, y el ingeniero, Jesús Escolano, pudieron haber incurrido en una situación de incompatibilidad al haber trabajado para el Ayuntamiento y para empresas privadas, ha desvelado, además de la irregularidad de esta situación, que el 80% de los trabajadores municipales no podrían ejercer trabajos ajenos al Ayuntamiento, según fuentes del equipo de gobierno. En la misma situación que Mira y Escolano "podrían estar" el 30% de la plantilla.
El criterio fundamentado por el letrado José Antonio Muñoz-Zafrilla Palomares, concluye que desde 1993 los funcionarios que hayan desarrollado un trabajo al margen del que tienen asignado en el Consistorio han incurrido en incompatibilidad.
De hecho, en el apartado número dos de las conclusiones, indica que la situación de Rogelio Mira y Jesús Escolano "es irregular desde hace muchos años, con los diferentes equipos de gobierno que no iniciaron los trámites disciplinarios necesarios para resolver su situación".
Pero bueno, esto es muy fuerte, que los máximos responsables de urbanismo, nombrados jefes tras la moción de censura, resulta que incurren en incampatibilidad, esto es tela marinera. Y ahora, qué va a hacer el equipo de gobierno de Dénia, va a cesar a los nombrados. Hombre, esto de que quien corta el bacalao en la casa consistorial en el área de urbanismo tenga intereses en empresas constructoras, esto no puede ser. Señores, seriedad, en luga de amortizar las plazas de pobre hombres, a la calle con los que tienen intereses privados. Es decir, tendrán que elegir entre seguir en el ayuntamiento o irse a la calle, ellos sabrán y la corporación municipal también
Tengo un amigo en la Diputación de Álava que me ha asegurado que este mes o a más tardar en diciembre, les van a subir ¡Un 5,2% el sueldo! con efectos retroactivos al uno de enero, y que en lo que queda de legislatura está ya pactado y escrito entre el Diputado Claudio Rodriguez y los Sindicatos, que el sueldo de los Sres. Funcionarios va a subir el IPC + Un punto, de manera automática en cuanto se publique el IPC; O sea en enero o febrero.
Eso quiere decir que en una ventana de tres meses, el sueldo de los funcionarios de la Diputación alavesa subirá del oreden de un 11%. ¡Con la que está cayendo!
Muy bien dicho.
Quiero poner de manifiesto la alegria con la que nuestros políticos manejan nuestros dineros, lo que se llama vulgarmente “Disparar con la pólvora del Rey” que se da porque no sienten la presión de tener que defender una cuenta de resultados, como les ocurriría de dirigir una empresa privada.
Y sobre todo quiero denunciar la absoluta inmoralidad de unos Sindicatos que hace años abandonaron cualquier vestigio de lucha de clases, y a los que les importa un comino los parados o los mismos trabajadores públicos en situación irregular de interinidad. Han luchado por elevar los sueldos y mejorar las condiciones a los que ya ganan mucho y tienen unas condiciones de bajas, dias de vacaciones, jubiliación anticipada, etc. etc. ya muy superiores al conjunto de los asalariados.
¿Qué hubiera pasado si no se cierra el acuerdo? ¿Hubieran ido los funcionarios de la Diputación alavesa a la huelga? ¿Hubieran encontrado apoyo de la ciudadanía que está sobreviviendo en condiciones mucho más precarias?
Pues eso.
Puedo estar de acuerdo en que los políticos, los nuetros y los de los demás, manejan dinero público y que a veces da la impresión de que no hay control. Pero digo “da la impresión”, porque creo (me consta) que los mecanismos de control de los dineros públicos son bastante más estrictos que las opacas contabilidades de muchas empresas, y no digamos de las contabilidades de ciertos profesionales. Lo de recurrir a que los funcionaros ganan mucho, son unos privilegiados etc., es la cantinela de cada etapa en la que la economía va bien…de los mecanismos de auto control de la banca, mejor no hablamos ¿no?…Desde luego, por mi parte, no voy a focalizar las responsabilidades en el colectivo de funcionarios (me da igual dependientes de las instituciones vascas o de las de Estado).
Los sindikatos son 1 banda endogamika k se ddikan a financiarse kon la formax kontinua y a apoyar a los privilegia2 d las grandes empresas, a sus libera2 (entre los kuales hay mucho vago k no ha dao 1 palo al agua en su vida) y a ignorar a los kurrelas d las pkeñas y mdias empresas (k es lo k hay en Euskadi sobre todo, y son los k peores kondixes tienen).
Aléjate del dinero cuando no viene por canales regulares. Algo que está claro es que el funcionario debe ser bien pagado. Ya estando arriba no ganan mal, pero demoran mucho en ascender y ese ascenso muchas veces depende del nepotismo y de criterios partidarios. Si pudieran empezar con un sueldo competitivo, no buscarían dinero por canales irregulares. Sin embargo, del político depende no aceptarlo, no buscarlo y alejarse de cualquier camino extraño. Si ganas un sueldo que aceptaste, dale gracias a Dios, trabaja duro, descansa, cumple tus obligaciones y nada más.
Unos promotores dispuestos a generar riqueza (ARRIESGANDO SU DINERO NO EL DEL GOBIERNO QUE NO TIENE DUEÑO) parados por unos funcionarios que cobran religiosamente sus sueldos con o sin trabajo, con o sin crisis. Es para sentirse orgullosos una vez más de una administración llena de abnegados, virtuosos, desprendidos y sacrificados funcionarios.
¿Qué fue de aquello?
Una asociación de funcionarios lleva ante la Fiscalía al Ejecutivo de Aragón. Se quejan de que la gran mayoría de los asesores que trabajan para el Gobierno de Aragón «no realizan función alguna y se limitan a cobrar un sueldo público de modo injustificado». Y por ello, hace unos días, la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa decidió formular una denuncia ante la Fiscalía por esta «irregular situación».
Por lo demás, como ocurre con todos los apadrinamientos incondicionales, la garantía contra viento y marea de la perpetuidad en un puesto de trabajo, no puede sino degenerar en todo tipo de inconvenientes, tanto para el que emplea -ineficiencia, deperdicio total de recursos, inoperatividad para corregir situaciones anómalas, etc.-, como para el empleado -desmotivación, ausencia total de incentivos más allá de la propia perpetuidad, nula presión, etc.-, estos últimos, eso sí, dependiendo de la tendencia natural del asalariado a convertirse en un parásito del sistema.
De un tiempo a esta parte intento comprender por qué hay tantísimos funcionarios en España -no sé como será en otros paises- y, sobre todo, trato de entender por qué razón sus puestos de trabajo son vitalicios -sí, lo son-. El único argumento que alcanzo a vislumbrar para de alguna manera justificar la perpetuidad de los empleos públicos es el hacerlos, en cierta forma, inmunes a las inevitables presiones y manipulaciones políticas que les pudiera tocar vivir. Sin embargo, aparte de la discutible efectividad del mecanismo, esa motivación sólo justificaría la perpetuidad de un puñadito de los actuales funcionarios.
Tampoco creo que el haber estudiado como cochinos un par de años y pasado una oposición justifique nada. Las cifras de presentados frente a número de plazas y los polideportivos llenos de señores examinándose son impresionantes, pero no es nada meritorio -peor aun, no todos los funcionarios pasan por esa vía-. Lo único que es, es la manifestación de que es un chollo sin sentido con la consigna de tonto el último.
En un país en el que el paro cabalga desbocado a la primera oportunidad que se le pone delante (fruto seguramente de la endémica economía sumergida de este país) y donde la movilidad laboral tiende a cero, el tener un puesto de trabajo fijo crea tejido social que acolcha las situaciones catastróficas como la actual.
En otro orden de cosas, viene también de una economía antediluviana en la que, por norma general, uno trabajaba siempre en donde empezaba a trabajar, ya fuera en la panadería del barrio o en la frutería del carrefour (que por aquel entonces se llamaría supermercado claudio).
Y en fín, los trabajadores del estado siempre están más protegidos, pero en los países normales cobran de media menos (hablo de USA, por ejemplo). Entre otras cosas, porque cada vez que hace falta recortar gastos, a los primeros a quien les repercute es a ellos en el sueldo (en los últimos quince años se han tirado diez -más o menos, hablo de memoria- con el salario congelado, gracias al señor-que-sabe-cómo-salir-de-la-crisis-pero-no-lo-digo-cómpreme-usted-el-libro)
Hay ciertos puestos del funcionariado, se me ocurren así a bote pronto la judicatura y el cuerpo de interventores; que por su labor de control y/o contrapeso de poderes tiene sentido que sean vitalicios. No es buena idea que el que le controla las cuentas al alcalde esté sometido a renovación de contrato decidida por el mismo alcalde.
Desde mi punto de vista no existe ninguna razón sensata para justificar que los contratos de los funcionarios sean de por vida.
La independencia en su trabajo es el argumento que se suele esgrimir y es, simplemente, ridículo. Por poner ejemplos extremos. Si un magistrado del Tribunal Supremo cede a las presiones del poder y dicta una resolución injusta a sabiendas de que lo es, está incurriendo en un delito de prevaricación, tipificado en el Código Penal. Es decir, el juez tiene que ser independiente al margen de que su puesto de trabajo esté garantizado o no. Aplicar rigurosamente las leyes es su trabajo y lo puede hacer bien o mal. Y punto. (Entre paréntesis, los jueces del Supremo americano -que no es una última instancia como es el español, sino un tribunal especial que sólo admite a trámite y evalúa los asuntos que considera necesario revisar-´también son cargos vitalicios y la justificación vuelve a ser la presunta “imparcialidad”. Ja).
Otro ejemplo extremo en el ámbito opuesto. ¿Por qué el conserje de un instituto ha de tener su puesto garantizado de por vida? ¿Para no ceder a las presiones del poder?
El gran problema del funcionariado no es el que el puesto sea vitalicio, porque con puestos renovables cada X años tendríamos el mismo problema o uno mayor. Dado que se perpetuarían en el puesto los que cayeran en gracia a los políticos que tocasen (cosa que ya ocurre con los muchísimos empleados de la administración publica contratados sin plaza) Sino un problema de ausencia de mecanismos de control y premio efectivos, es decir, unas auditorías sorpresa, unas valoraciones anuales sobre objetivos para decidir subidas salariales…
En conclusión, si vamos a copiar para la administración pública cosas de la empresa privada, mejor copiemos los mecanismos de control y no la inseguridad laboral.
El otro día escuché un ejemplo que me gustó mucho y lo repico. Un señor ruso va a un hotel y le dice al recepcionista que quiere ver una habitación. El recepcionista le dice que le parece bien, pero que le deje 100 euros como fianza, por si causa algún desperfecto. El ruso accede y sube a ver el dormitorio. Mientras, el recepcionista sale corriendo con los cien euros a pagar una deuda que tiene con el carnicero. El carnicero coge los cien euros y va a pagar una deuda que tiene con el que le suministra los animales. Este ganadero va corriendo a pagar una deuda que tiene con el señor que le suministra el pienso. El señor del pienso va corriendo a pagar una deuda de cien euros a una prostituta. La prostituta va corriendo al hotel en que había estado con un cliente y paga cien euros a un amigo que trabaja en la recepción y que se los había prestado días atrás. El ruso baja y le dice al señor de la recepción que no le ha gustado la habitación y éste le devuelve los cien euros que había dejado como fianza. Conclusión; toda esa gente ha ganado cien euros simplemente porque el dinero ha circulado.
Lo de ser funcionario, como lo de ser cualquier otra cosa, tiene ventajas e inconvenientes. Los inconvenientes son bastantes para los que no quieren ser funcionarios, y las ventajas suficientes para los que optan a ello.
Los funcionarios, por el tipo de trabajo que tienen gran parte de ellos, precisan tener la capacidad de negarse a realizar actuaciones irregulares que podrían convenir políticamente. Eso no afecta a un puñado, afecta a la gran mayoría, porque el puñado suelen ser los puestos concretos designados políticamente, la gran mayoría son el responsable de asuntos económicos, los jefes de negociado o sección, o el último subalterno al que se le intenta espetar a la mínima el famoso: “no sabe ud. quien soy yo”.
El grado de prescindibilidad de un trabajador es inversamente proporcional a su grado de especialización.
así pues, según Rothbard, es preciso que el estado no exista. Pues vaya, esto iba a parecer el anuncio de ikea, con tantas repúblicas independientes de tu casa…
Según Rothbard las actuales funciones del Estado se dividen en dos: aquéllas que es preciso eliminar, y aquéllas que es preciso privatizar.
La crisis se combate trabajando apoyados por buenos gestores públicos y no con ineptos.
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