El Alcalde de Huesca, Fernando Elboj, ha contestado, al cabo de un año, a la propuesta de aprobación de un Código de Buen Gobierno para el Ayuntamiento de Huesca que, al amparo del derecho fundamental de petición, le efectuó esta Asociación. Ha sido necesario, para ello, solicitar la intervención del Justicia de Aragón, para que recordase al responsable del Ayuntamiento de Huesca la obligación de contestar ante el ejercicio de derecho de petición, reconocido en el artículo 29 de la Constitución Española y regulado en la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición.
Pese a la tardanza, cabe considerar satisfactorio que el Alcalde de Huesca califique la propuesta de Código de Buen Gobierno como un tema de gran interés para la Corporación, aunque no se aprecian razones suficientes para que dicho interés se traduzca, simplemente, en la afirmación de que no se descarta su tratamiento en un futuro, posponiendo dicho tratamiento a la resolución de otras cuestiones, que se califican “de envergadura” en materia de personal. No parece razonable que a la afirmación de los valores éticos en el ejercicio de las responsabilidades institucionales y al compromiso expreso de su vigencia en las decisiones públicas de una institución se antepongan cuestiones de orden organizativo.
Hay que destacar el hecho de que el contenido de la respuesta dada a la Asociación se aparte de lo comunicado, en su día, por el Ayuntamiento de Huesca al Justicia de Aragón, afirmando que razones de agenda de la Corporación impedían el estudio de la petición de aprobación de un Código de Buen Gobierno. Resultaba poco defendible excluir los objetivos e instrumentos de la ética pública por meras razones de agenda, y hay que celebrar que dicho planteamiento desaparezca, al menos en su literalidad, en la respuesta finalmente dada.
En cualquier caso, esta Asociación va a dirigirse nuevamente al alcalde de Huesca, para informarle sobre la estrategia de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en materia de códigos éticos de buen gobierno, y en el carácter prioritario que se pretende conceder a los mismos, al tiempo que dará traslado a dicha Federación del escrito remitido por Fernando Elboj, en el que el gran interés por la propuesta no se corresponde con la prioridad otorgada a su aprobación. La inicial imposibilidad de estudio por razones de agenda ha dado pasado a un aplazamiento de su estudio sine die, supeditando el mismo a las cuestiones de personal pendientes de aprobación por el Ayuntamiento. La ética no parece, por lo tanto, una cuestión prioritaria.
A continuación se transcribe el texto íntegro de la respuesta del Alcalde de Huesca:
“En contestación a la remisión de información sobre la posible aprobación por parte de este Ayuntamiento de un Código de Buen Gobierno, le comunico que este tema es de gran interés para esta Corporación, el cual no descartamos en un futuro, aunque en estos momentos se está inmerso en la aprobación de varias cuestiones de envergadura en materia de personal, por lo que una vez concluidas, puede ser el momento de replantear el tema antes mencionado.
Huesca, a 26 de octubre de 2009.
EL ALCALDE
Fdo.: Fernando Elboj Broto”.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
20 comentarios:
Qué poca coherencia!
Zaragoza.- El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Eloy Suárez, ha instado al presidente del Gobierno aragonés, Marcelino Iglesias, a demostrar que “no tiene ningún problema en hablar en esta Cámara de cualquier asunto, incluida la corrupción”.
“Si Iglesias ha sido sincero y su único problema es que no le gustan los enunciados que se formulan en las iniciativas de los grupos de la oposición lo tiene muy fácil: que en el próximo pleno solicite comparecer a petición propia para explicar su posición política al respecto de uno de los asuntos que más inquietud despiertan en la opinión pública; pero mucho nos tememos que su auténtico problema es el fondo de la cuestión y que seguirá intentando esquivar el control de este Parlamento por todo medio de artimañas”, ha explicado Suárez.
“Por nuestra parte -ha agregado-, estaremos encantados de debatir con él cuando quiera sobre los casos de corrupción y las medidas que deben adoptarse para evitarlos; en la tribuna de las Cortes o ante los medios de comunicación que desee, donde haga falta para dar a los ciudadanos la oportunidad que merecen, y a la que tienen derecho, de conocer qué opina y qué hace su Gobierno en asuntos centrales para la convivencia y el sistema democrático”.
El portavoz popular ha lamentado que “Iglesias tuerza la realidad de lo que está pasando en las Cortes y excuse su alergia al debate parlamentario en que no hay acuerdo en la Mesa de la Cámara sobre las iniciativas presentadas para que comparezca”.
Al respecto, le ha recordado a Iglesias que hay cinco peticiones de comparecencia calificadas por la Mesa para que él u otros cuatro miembros de su Gobierno (los consejeros de Medio Ambiente, Industria, Obras Públicas y el director del Instituto Aragonés del Agua) expliquen en las Cortes la actuación del Ejecutivo en relación con el escándalo de corrupción de La Muela y que “todas ellas han sido vetadas repetidamente en la Junta de Portavoces o en la Mesa de la Comisión de Medio Ambiente para que nunca lleguen a ser debatidas”.
Suárez ha remarcado que la “censura” ejercida por Francisco Pina en la Mesa de las Cortes no es un acto aislado, sino “la nueva vuelta de tuerca del PSOE en una estrategia que viene de lejos, y que hasta ahora se centraba en la Junta de Portavoces, para torpedear la labor de control de la oposición y arrinconar al Parlamento como principal foro de debate público”.
“Al marcelinato no le bastaba con controlar la Junta y las Mesas de las Comisiones, que es donde se decide qué iniciativas entran en los órdenes del día, y ha optado por instalar la censura previa en la Mesa de las Cortes para que ni siquiera se lleguen a calificar las iniciativas que les resultan molestas”, ha añadido
aragon digital.
Ni una sola excusa por la demora en el plazo de la respuesta. La ley marca plazos y los políticos ni los tienen en cuenta ni hacen referencia a los mismos en su respuesta. Por no hablar de que haya tenido que intervenir el Justicia para forzar el respeto al derecho de petición.
Todo ello ya da una idea exacta de lo necesario de un Código de Buen Gobierno en el Ayuntamiento de Huesca.
Iglesias: "Yo no soy partidario de que haya nada vetado para hablar en las Cortes"
Y nosotros, nos lo creemos.
zaragoza. El presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, trató ayer de desvincular las decisiones que se toman en las Cortes de la DGA y de desmontar las acusaciones de PP y CHA de que se aplica "la mordaza" en el Parlamento. Para eso, aseguró: "Yo no soy partidario de que haya nada vetado para hablar en el Parlamento". Hay que recordar que PSOE y PAR -partidos que sustentan el Ejecutivo- han rechazado en once ocasiones una comparecencia suya para debatir sobre La Muela.
Iglesias hacía ayer estas declaraciones en una entrevista en RNE en Aragón, un día después de que la Mesa de las Cortes vetara una solicitud de comparecencia del presidente para que "explique su posicionamiento sobre la corrupción en Aragón y las medidas arbitradas en esta legislatura para impedirla". Los argumentos aludidos fueron que la iniciativa "pervierte el leal funcionamiento democrático de la Cámara y presupone capciosamente que la aplicación de la Ley no se está produciendo".
Este veto hasta ahora se había producido en la Junta de Portavoces, donde PSOE y PAR hacen valer su mayoría para parar todas las solicitudes de comparecencia que tienen que ver con La Muela, tanto del presidente como de consejeros. Ya se han presentado once vetos. Pero el jueves ni siquiera se dio la oportunidad a la Junta de Portavoces de pronunciarse. Fue directamente la Mesa.
Iglesias dejó claro que él no participa en las decisiones de este órgano parlamentario y que siempre que la Cámara le requiere, comparece. Recordó que ya ha hablado de La Muela en cinco ocasiones en las Cortes. Pero siempre lo ha hecho por obligación, contestando a las preguntas de control de la oposición de todos los meses y que están incluidas en el reglamento de la Cámara.
Más allá de mostrarse dispuesto a acudir a las Cortes (en esta legislatura ha comparecido menos que en la anterior), Iglesias -en un tono conciliador- instó a la oposición a plantear las preguntas "con normalidad". "Si plantean unas preguntas diciendo que el Gobierno es una catástrofe, evidentemente es más complicado que si plantean las preguntas con normalidad", dijo. Por eso, sugirió que se pongan de acuerdo con la Mesa para ver cómo se tienen que formular.
HERALDO DE ARAGON.
¿Nos toman por tontos?
Comentario:
Somos decenas de miles los aragoneses que queremos saber la opinión de nuestro presidente sobre los temas La Muela, Herrera y Asael, si bien sobre estos dos últimos tal vez sería el Vicepresidente el que debería comparecer
Otro comentario:
O sea, supongo, que Pina se ha extralimitado en el cumplimiento de las instrucciones que le envían desde el Pignatelli. ¿Eso ha querido decir Iglesias? Pero ahí está el reto de Eloy Suárez: que pida comparecer a petición propia. ¿Lo hará? Lo dudo.
La corrupción está dentro del Gobierno de Aragón, aunque parece que nadie quiere advertiro.
Eso es lo grave.
Han tardado años, pero finalmente han conseguido llegar a un acuerdo unánime y redactar una ley para que se constituya la Cámara de Cuentas de Aragón, la institución fiscalizadora de la gestión económica de los entes públicos y que tienen ya muchas comunidades autónomas. La intención de los partidos es que se pueda aprobar en alguna de las dos sesiones plenarias del mes de diciembre, con lo que en el 2010 se cerraría ya todo el entramado institucional aragonés, conferido en el Estatuto.
El proyecto de ley pactado por los cinco grupos parlamentarios del Parlamento aragonés está a la espera de ser supervisado por el Gobierno, que tiene un plazo que concluye el próximo 24 de noviembre para emitir su juicio y valoración. Se espera que no ponga reparos al contenido de la ley.
El principal problema al que se enfrentaban los grupos era el de encontrar el perfil del candidato idóneo para presidir esta institución, que se encargará de controlar la situación financiera de las administraciones públicas aragonesas. Esto permitiría localizar a posteriori irregularidades cometidas en las instituciones públicas.
Según el título III de la ley, esta cámara la compondrán tres miembros, uno de ellos será el presidente "en posesión de título académico superior con más de diez años de experiencia profesional". Aunque no hay todavía un nombre propio, se indica en el texto jurídico que será el presidente de las Cortes quien designe al presidente, entre los candidatos propuestos por los grupos.
El mandato durará seis años con posibilidad de reeleción, y no podrán ser diputados, senadores, ni otro cargo político de ninguna administración o empresa asociada. Ni militantes de ningún partido, sindicato, asociación empresarial o colegio profesional. Tampoco podrá haber sido alto cargo de la administración en los dos años anteriores a su reeleción.
Las funciones serán compatibles con las que tiene el Tribunal de Cuentas, el órgano fiscalizador del Estado. Entre las obligaciones de la cámara está la fiscalización externa de la gestión económico-financiera y operativo del sector público de Aragón, "velando para que se ajuste al ordenamiento jurídico, los principios contables y a los criterios de eficacia, eficiencia y economía". Asimismo, emitirá informes y resolverá consultas de materia de contabilidad pública que le soliciten los entes que integran el sector público, y vigilar privatizaciones.
EL PERIODICO DE ARAGON.
Zaragoza.- En una misiva dirigida al Ministerio de Trabajo, varios diputados del Congreso han solicitado al ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, la concesión de la medalla al mérito del trabajo para el cantautor aragonés. La iniciativa parte de los diputados aragoneses Jesús Membrado y Yolanda Casaus.
Esta medalla se otorga, según el Real Decreto 711/82 de 17 de marzo, “en mérito de una conducta socialmente útil y ejemplar en el desempeño de los deberes que impone cualquier trabajo, profesión o servicio” definición que, como apunta Jesús Membrado, “se ajusta como un guante a la trayectoria profesional de José Antonio, que ha sido, ante todo, de compromiso con la democracia y la libertad”.
José Antonio Labordeta, nacido en Zaragoza en marzo de 1935, ya desde su época universitaria se acerca a los ambientes culturales y de izquierdas dentro de la misma. A lo largo de su trayectoria profesional ha sido profesor de instituto, cantautor, presentador, diputado en dos legislaturas, escritor y, todo ello, sin dejar de ser fiel a su compromiso con la democracia y con Aragón. “Unos meritos suficientes, que es preciso recompensar y hacer públicos” declaro Membrado.
Esta petición, que parte de la iniciativa de los diputados aragoneses Jesús Membrado y Yolanda Casaus, se presenta acompañada de las firmas de diputados y diputadas que representan a casi todos los grupos del arco parlamentario. Entre ellas se encuentran la de Teresa Cunillera, vicepresidenta del Congreso, José Antonio Alonso, portavoz del Grupo Socialista, Eduardo Madina y Daniel Fernández, miembros de la dirección del Grupo Socialista, Carme Chacón, ministra de defensa; está firmada por socialistas históricos como Alfonso Guerra y Juan Barranco, así como también por compañeros de José Antonio Labordeta en el Grupo Mixto, como Uxue Barkos, de Nafarroa Bai, y Olaia Fernandez del BNG, también aparecen las firmas de diputados del PP, como Luisa Fernada Rudi y Manuel Pizarro, de ERC, como Joan Tarda, de ICV con la firma de Joan Herrera y por IU, Gaspar Llamazares.
ARAGON DIGITAL
Asistimos a una patética «desinstitucionalización» en España que parece no tener fin. Podemos poner sobre el tapete varios ejemplos y seguro que olvidamos algunos:
El Tribunal Constitucional ni está ni se le espera, y en la memoria ciudadana permanece como foto fija su presidenta abroncada por Fernández de la Vega; el Estado Mayor de la Defensa es ninguneado por una decisión política en contra de cualquier estrategia militar; la reforma de RTVE se plantea sin que su presidente sepa ni «mu» y la Audiencia Nacional emite un insólito comunicado contra el Gobierno, por no hablar del Consejo de la Energía o del Consejo de las Telecomunicaciones. Y para colmo, en otro plano, Laporta dejará al Barça sin un solo socio fuera de Cataluña; y del Real Madrid, mejor me callo.
Algo está pasando, y muy grave, cuando un Estado hace que sus instituciones pierdan su honor poco a poco. Esta «desinstitucionalización» paulatina resulta peor que su propia desaparición.
Ángel Expósito. Director de ABC
El presidente Montilla es consciente de que si su respuesta a la corrupción no está a la altura de lo esperado por la ciudadanía va a tener muy difícil su reelección. Quizá por ello se ha puesto al frente de las iniciativas anticorrupción. La rapidez es una virtud, y en esta ocasión Montilla la puede reivindicar. Cuestión distinta es si las medidas planteadas son las adecuadas. En este sentido, habría que distinguir entre el hecho de que todas las medidas conocidas van en la buena dirección de la idea de que con esas medidas no se agotan las posibles iniciativas contra la corrupción, y mucho menos las destinadas a recuperar la confianza de la ciudadanía. Las medidas propuestas están bien, pero se requieren muchas más.
jordi sanchez
Se echan en falta medidas concretas que impulsen un cambio radical en la dinámica y la vida de los partidos políticos. Sin una regulación distinta de nuestros partidos, más pronto que tarde tropezaremos en la misma piedra del caso Pretoria o el caso Millet. Los partidos tienen una doble alma; una se corresponde con la propia de una asociación privada, y otra, con la de una organización implicada en la dirección del ámbito público. La experiencia nos dice que los partidos no delimitan adecuadamente estas dos realidades y acaban confundiéndose y –lo que es peor –gestionando su paso por las instituciones públicas guiados desde criterios propios de su esfera privada.
El uso, por ejemplo, que desde las instancias gubernamentales se hace de la figura del asesor o los criterios seguidos para nombrar los cargos en instituciones y organismos públicos (consejos de administración, patronatos, institutos, agencias y consorcios...) son solo dos ejemplos del mal empleo que los partidos hacen de su dimensión pública desde su naturaleza privada. La mayoría de las veces, la lógica de la meritocracia y la transparencia competitiva está ausente del proceso para nombrar cargos. Los criterios de decisión responden habitualmente a la discrecionalidad y la proximidad que la militancia comporta. Mayoritariamente son los partidos –y en concreto sus estructuras orgánicas– los que acaban imponiendo a los cargos públicos el nombre de sus asesores. Pocos consejeros de nuestro Govern –y de los de etapas anteriores– o alcaldes y concejales de las grandes ciudades, diputados provinciales y parlamentarios se han resistido a nombrar a quienes se les ha sugerido desde el partido. Es la evidencia del gran poder que tienen los partidos en nuestro sistema. Los partidos usan y abusan de su condición dual (privada-pública) y tienden a gestionar mal sus atribuciones, confundiendo los límites y generando unas externalidades negativas insostenibles.
jordi sanchez
Con seguridad, esas prácticas no pueden definirse como corrupción, pero son el origen de la misma. El abuso en el uso del poder y la gestión de lo público como si de algo privado se tratase es la condición primera sobre la que se construye la corrupción. Grandes pensadores han hablado de la partitocracia como el mal de nuestras democracias. Pues bien, si se quiere combatir la corrupción también hay que rediseñar la función de los partidos políticos.
Otra cuestión que parece que no forma parte de la agenda del debate para acelerar la credibilidad política hace referencia a la respuesta que hay que dar en los ayuntamientos para restituir el gobierno de la localidad cuando una parte de sus cargos públicos –especialmente si el alcalde está entre ellos– han abandonado sus responsabilidades, ya sea porque han sido condenados o bien porque están imputados. En los casos extremos –que Catalunya nunca ha vivido– se han nombrado gestoras que han gobernado el municipio hasta las siguientes elecciones. En los casos menos severos –como el de Santa Coloma de Gramenet– son los partidos ya presentes en el consistorio los que deciden quién sustituye a los cargos vacantes del gobierno local. La pregunta que nos deberíamos hacer es si esta manera de proceder es la más adecuada para recuperar el crédito de legitimidad perdido ante la ciudadanía o sería más oportuna una convocatoria electoral anticipada para que los vecinos se expresaran libremente.
Al margen de las reformas legales que esta opción requiere, que afectan al Congreso y exigen una mayoría reforzada –es decir, un acuerdo PSOE-PP–, la cuestión es saber si cuando los partidos han fallado –y es evidente que en Santa Coloma fallaron– deben ser ellos solos los que enmienden el problema. Hay que saber que, si es así, el mismo partido que falló –como mínimo en la cooptación del alcalde y en los mecanismos de control de su gestión– va a seguir con seguridad gobernando. No creo que eso disminuya la desafección, al contrario. Es cierto que convocar a las urnas cuando la herida aún supura puede dar alas con mayor facilidad al populismo, pero también se puede afirmar que si no hay medidas radicales el germen del populismo crecerá y aparecerá más tarde y quizá mejor preparado. Si, como dijo Montilla y yo comparto, todos los políticos no son iguales, quizá deberíamos confiar en el sentido común de los ciudadanos y dejar que expresen a través de las urnas sus preferencias para ser gobernados tras una crisis como la de Santa Coloma, evitando la tutela excesiva de los partidos.
JORDI SANCHEZ.
PUBLICADO EN ARAGON DIGITAL:
Carta abierta a transparencia internacional
En nombre de todos los miembros de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, creada hace dos años para la promoción y defensa de los principios y valores de la función pública –muy en particular, de los principios de legalidad, profesionalidad y ética pública- en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, deseo expresarles nuestra felicitación y agradecimiento por el valiente y fundamentado llamamiento a la sociedad civil, publicado el pasado día 11 de noviembre en las páginas de “El País”, con el título "No nos resignemos a la corrupción", para frenar la amenaza que la corrupción entraña para la salud democrática de nuestro país y para el buen funcionamiento de nuestras instituciones públicas.
Nos satisfacen especialmente las referencias que en dicho artículo se contienen al papel de la función pública en la prevención de la corrupción, y a la necesidad de asegurar los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público y en la ordenación de la carrera administrativa y la provisión de puestos de trabajo, evitando que la discrecionalidad política y los criterios clientelares reduzcan la función pública a un mero papel instrumental al servicio del poder político, sin compromiso alguno con la legalidad y el Estado de Derecho.
Esta Asociación ha propugnado un “giro ético” en las administraciones públicas, sin que hasta la fecha hayamos obtenido la menor receptividad por parte de los responsables políticos de la Comunidad Autónoma de Aragón. No por ello desistimos ni nos resignamos con la desagradable realidad de la corrupción. Existen muchas razones, y todas ellas de peso, para seguir combatiendo la amenaza de la corrupción pública.
Compartimos plenamente los planteamientos de Transparencia Internacional y creemos que los servidores públicos han de ser los primeros comprometidos en la lucha contra la corrupción pública –sea política o administrativa-, pues su legitimidad social depende de su compromiso con el Estado de Derecho y los principios constitucionales.
Reciban nuestro más cordial saludo, y nuestro más sincero agradecimiento por su llamamiento público.
Enviada por: Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa
Tots són iguals. Ens hem equivocat de professió, hauríem de ser polítics: cobren molt i treballen poc, i el que poden s´ho fiquen a la butxaca.
Aquestes són les frases que sempre hem sentit quan parlem dels polítics, i ara sembla que cobren més sentit. El desencís és directament proporcional a la popularització del sentiment que la gestió de les administracions públiques està plena d´actes irregulars, per no dir il·legals, i de polítics corruptes. Qui ho fa que ho pagui, és clar. I tan corrupte és qui accepta el xec com qui l´ofereix.
Però voldria alçar una veu positiva, perquè estic segur que la gran majoria dels nostres polítics tenen com a única finalitat treballar per al bé comú, sense buscar cap mena d´enriquiment personal. És precisament per això que demano als polítics que rebutgen la corrupció, que són la gran majoria, que impulsin una regeneració del sistema, que facin que els ciutadans recuperem la confiança.
Celebro la iniciativa del Govern català per la transparència i contra la corrupció, i confio que els partits estiguin aprenent la lliçó. Cada cop ho tenen més difícil, siguin vostès realistes. La confiança que els teníem ha quedat molt malmesa i el desencís porta també al desinterès. Aquest cop no serà fàcil, no serviran només les paraules boniques ni que ens diguin allò que volem escoltar. Volem fets, fets concrets.
I no oblidin, democràcia és el poder del poble.
JOSE M. CAMPESINO
És difícil no estar-hi d'acord. Esperem que en prenguin nota, perquè els catalans necessitem recuperar el sentit de col·lectivitat com el pà que mengem. L'individualisme descarnat se'ns està menjant i no ens n'adonem. Esperem que des de la política es plantegin coses positives pel futur, si no, ho tenim magre.
Cuando los politicos sean personas sabias, honradas y generosas, la gente los aceptará y estara mas cerca de ellos. Pero un hombre de partido nunca será así, porque su mente esta dividida, no es capaz de ver las cosas desde una perspectiva objetiva, siempre esta condicionado.
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