ASESORES DEL GOBIERNO DE ARAGÓN: URGENTE NECESIDAD DE CONTROL POLITICO.

Zaragoza, 16 de abril de 2009.


La trascendencia de la información hecha pública sobre la situación de los gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón, por más que éste pretenda ignorarla mediante la simplista estrategia de no hacer comentario alguno sobre ella, como si la realidad no existiese, exige, a nuestro juicio, una clara reacción de las instancias de control político de la Comunidad Autónoma. Este control político e institucional corresponde estatutariamente tanto a las Cortes de Aragón como a El Justicia de Aragón.

Los ciudadanos han de pedir cuentas al Gobierno de Aragón de la utilización que hace de los puestos de la Administración Pública y, con ello, de los créditos habilitados por el Parlamento para atender las necesidades de funcionamiento de los servicios públicos. Dichos fondos públicos no pueden derivarse, de forma irregular e impune, hacia personas particulares en virtud de unos nombramientos “formales” como asesores, sin una efectiva realización de las funciones propias de tales puestos de trabajo.

Es grave que se confunda un puesto en la Administración con una pura y simple retribución pública, sin trabajo o función aparejados al mismo. Pero resulta políticamente inadmisible que en esa confusión incurran los miembros del Gobierno de Aragón, convirtiendo algunos nombramientos de personal eventual en un mero trámite para la asignación de un sueldo público. Y que se haga por estricto interés de partido, sin conexión alguna con el interés público o el interés general.

Es muy grave, que un hecho así se produzca en la Administración autonómica, y con la amplitud descrita en los medios de comunicación, afectando al conjunto de los gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón. Los ciudadanos tienen el derecho, creemos incluso que el deber cívico, de exigir explicaciones y responsabilidades. Por coherencia democrática, debe hacerse a través de las Cortes de Aragón, institución que representa al pueblo aragonés y que tiene, entre sus funciones, el control de la acción del Gobierno. El control político y democrático es distinto al control de legalidad que puedan ejercer los Tribunales.

La utilización de los puestos de personal eventual por el Gobierno de Aragón para asegurar ingresos a personas de sus organizaciones políticas, sin contraprestación laboral o de servicios alguna, constituiría –de ser cierta- un innegable abuso de poder y un fraude a la confianza otorgada por los ciudadanos a través del apoyo parlamentario. Podría darse, sin embargo, la paradoja de que la burla a los ciudadanos y a la más elemental ética pública que ha de presidir el ejercicio de toda función institucional, no se viese sancionada políticamente por las Cortes de Aragón, tolerándose desde esta institución el mal uso del poder político y la utilización fraudulenta de los recursos públicos.


Por la dignidad de la Comunidad Autónoma y por la propia salud democrática de las instituciones aragonesas, entendemos que las instituciones de control han de actuar para esclarecer los hechos y exigir las responsabilidades políticas a que haya lugar.

Esta Asociación considera que una y otra institución debieran reaccionar por decisión propia, sin necesidad de que nadie inste su labor de control, pero ante la eventualidad de que tal reacción no se produzca, y al margen de otras iniciativas posibles, la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa se ha dirigido a la Mesa de las Cortes de Aragón y al conjunto de los Grupos Parlamentarios para reiterar su petición, al amparo del artículo 29 de la Constitución española, de que se cree una Comisión de Investigación para esclarecer los hechos.

Igualmente la Asociación va a dirigirse a El Justicia de Aragón para que investigue la situación de los Gabinetes y ejerza sus funciones estatutarias de supervisión de la Administración y de tutela del ordenamiento jurídico aragonés,del cual podrían representar una grave vulneración los hechos denunciados.