Zaragoza, 7 de abril de 2009.
La Asociación para la Defensa de la Función Pública ha solicitado al titular del Departamento de Presidencia, Javier Velasco, una investigación sobre la situación del puesto de Director del Centro Internacional del Agua y Medio Ambiente (CIAMA), responsabilidad reservada a funcionario de carrera que, de acuerdo con la información procedente del Gabinete de Comunicación del propio Gobierno de Aragón, ejerce Carlos Franco, cuya condición de funcionario de carrera no consta a esta Asociación.
Ante la divulgación de tal iniciativa, el Departamento de Medio Ambiente ha emitido una nota aclaratoria sobre la situación del puesto de Director que no invalida ninguna de las razones que han llevado a la Asociación a reclamar al Departamento de Presidencia, como responsable de función pública y de inspección de servicios, la investigación oportuna.
En primer lugar, al negar que Carlos Franco sea Director del CIAMA se viene a privar de veracidad la información emitida por el propio Gabinete de Comunicación del Gobierno de Aragón, sin referencia alguna a las circunstancias que pudieran haber motivado tal confusión o error. No es descartable, sin embargo, que la información difundida por el Gabinete de Comunicación procediese del mismo Departamento de Medio Ambiente. Si ha habido error, no lo es de esta Asociación sino de los propios servicios del Gobierno de Aragón.
En segundo lugar, no se indica la situación actual en que se encuentra el puesto de Director/a del CIAMA, lo que hace presumible que pueda hallarse vacante, sin funcionario de carrera alguno que lo ejerza. El que el jefe de servicio o director del CIAMA haya de ser funcionario es una cosa y el que exista en estos momentos un funcionario que desempeñe dicho puesto, extremo que omite el Departamento de Medio Ambiente en su nota, es otra muy distinta. Por lo tanto, cabe deducir que el puesto de trabajo de Director no lo está desempeñando en estos momentos un funcionario de carrera.
En tercer lugar, por el Departamento de Medio Ambiente no se aclara si Carlos Franco –al que se señalaba como Director del CIAMA en la información difundida por el Gabinete de Comunicación del Gobierno de Aragón- ostenta la condición de funcionario, sino que se señala que es “un titulado superior que realiza labores de dirección y coordinación técnica, especialmente del área internacional”. Tales funciones, dentro de un servicio administrativo, sólo podrían ser ejercidas por un funcionario de carrera, condición que no se acredita por el Departamento de Medio Ambiente en su nota, y el contenido de dichas funciones –dirección y coordinación técnica, especialmente del área internacional- son claramente reconducibles a las atribuidas al puesto de Director del Centro.
Por todo ello, esta Asociación entiende que la nota aclaratoria difundida por el Departamento de Medio Ambiente no hace sino confirmar y reforzar la necesidad de investigar si Carlos Franco, cuya condición de funcionario de carrera no se acredita y cuyas funciones deben entenderse similares a las del puesto de Director del citado Centro Internacional, viene ejerciendo de forma irregular, por decisión de los responsables del Departamento de Medio Ambiente, las funciones de un puesto para cuyo desempeño no está habilitado, burlándose con ello la legalidad administrativa.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
17 comentarios:
Creo que el tema requiere que se insista en él todo lo necesario, pues el Departamento de Medio Ambiente no ha podido despejar muchas incógnitas y sospechas que plantea la situación del CIAMA.
Han estado rápidos en replicar, aunque sea de forma equívoca e incompleta: ¿Será que les empieza a preocupar lo que diga esta asociación? ¿O es debido al nerviosismo que les generan otros asuntos?
Informa hoy Heraldo de Aragón:
El Gobierno aragonés se ha convertido en algo parecido a una agencia de colocación. Así lo demuestra el hecho de que más de la mitad de los 60 asesores que suman los distintos departamentos de la DGA sean concejales o antiguos cargos públicos a los que se les ha garantizado un sueldo público con su nombramiento. Hasta una cuarta parte de ellos son auténticos profesionales del asesoramiento, ya que han sido capaces de aportar su sapiencia a una u otra consejería e incluso en distintas instituciones en las últimas legislaturas sin que el cambio de materia haya sido un problema. Y muchos de ellos sin necesitar estudios superiores.
No tienen que rendir cuentas a nadie, salvo ante el consejero que les designó, y muchos ni siquiera aparecen por las cinco sedes por las que se distribuyen las consejerías. Solo hay que telefonear y preguntar por una buena parte de ellos para cerciorarse de esta realidad.
¿No es esto, me pregunto, de una enorme gravedad?
¿Puede un gobierno mirar hacia otro lado cuando se pone de manifiesto la desvergüenza política con la que actúa?
El caso del CIAMA es un claro ejemplo de la política de personal impulsada por el Consejero de Medio Ambiente, dotándose de una administración paralela basada en la lealtad personal y no en la profesionalidad y en la objetividad.
¿Quién lo tolera? ¿Existe algún mecanismo de control de la función pública aragonesa?
¿Lo denuncia alguien, acaso?
¿Debe recaer sobre los ciudadanos realizar el trabajo que deben hacer los órganos de control?
¿Tendremos que ser los ciudadanos los que indaguemos la utilización de los recursos económicos ya que no existe ningún interés político en que funcione la Cámara de Cuentas?
¿Pero es que se va a dar a los ciudadanos la información necesaria para ejercer dicho control?
El Gobierno de Marcelino Iglesias pasará a la historia como ejemplo de lo que no debe hacer un gobierno democrático, y si no al tiempo. Los indicios de corrupción son numerosos y los ejemplos de investigación judicial andan ya muy próximos. ¿Vamos a tolerar que triunfe la impunidad del poder político? Nos tendríamos en muy poco los ciudadanos.
Cómo no reproducir este fenomenal comentario del blog de APUDEPA a propósito del papel de las asesoras "orales"de Velasco:
Militantes del PSOE cobran como “asesores” del Gobierno de Aragón por emitir “informes orales”. Lo reconoce el Consejero de Presidencia, sin vergüenza. A la solicitud de información del diputado del Partido Popular Suárez Lamata sobre el número y el título de los informes emitidos por doña Lorena Canales y doña Encarna Mihi (al conocer que habían sido contratadas como asesoras del Gobierno), el Consejero de Presidencia Javier Velasco ha hecho público mediante el Boletín Oficial de las Cortes que “doña Lorena Canales Miralles y doña Encarna Mihi Tenedor emiten informes orales y asesoran al Consejero siempre que este lo requiere” adecuando su horario laboral a las necesidades de Velasco.
Nos anima a dar a conocer esta nueva inmoralidad del Gobierno de Aragón el convencimiento de que la nefasta gestión de los recursos públicos en las áreas de patrimonio, cultura, urbanismo y ordenación territorial (por no decir en todas) tiene mucho que ver con prácticas caciquiles y moralmente corruptas. Existe una especie de clase intermedia entre los administrados y los altos mandos que, pasando sin pena ni gloria, logra hacer de la política un buen negocio. No hablamos de políticos en su sentido puro (porque no se dedican a la política) ni de gestores. Hablamos de amigos, amantes, agitadores de banderillas, ocupantes de gallinero, informadores, plañideros y concelebrantes. Cómplices de un estado de cosas corrupto; colchón de silencio necesario para la estabilidad del sistema.
No podemos dejar de señalar en este Blog una anomalía más del Gobierno de Aragón. Una anomalía que demuestra el carácter clientelar de la administración autonómica. Tendremos que citar nombres, pero no nos importa: es el silencio de los ciudadanos (tan cautos, tan prudentes) y ese afán por no personalizar lo que permite el nepotismo y la degradación moral en la administración.
Porque se da la circunstancia de que ambas “asesoras orales” son, casualmente por supuesto, militantes del PSOE, igual que el señor Consejero que las contrata. Doña Lorena Canales es la alcaldesa de Sariñera, acérrima partidaria de Gran Scala, y participó en la charla de Los Monegros No Se Venden y APUDEPA sobre el complejo, aunque se negó a hablar. Doña Encarnación Mihi Tenedor “tiene estudios de Formación Profesional y se dedica a la hostelería” según informa la página web de las Cortes de Aragón. Fue militante del PCE de 1969 a 1989 y del PSOE desde 1993. Y preside la Asociación de Vecinos de La Almozara. Se da la circunstancia de que fue la portavoz del Partido Socialista en la Comisión de Peticiones el día en que APUDEPA compareció para denunciar los proyectos para el Teatro Fleta y la Escuela de Artes. A duras penas pudo expresar opinión sobre los temas objeto de la comparecencia, limitándose a señalar la “instrumentalización” de la Asociación por parte del Partido Popular ¿Recuerdan ustedes a Isabel Teruel? Pues más o menos lo mismo pero en plan profesional. Ahora las encontramos asesorando “oralmente” al Consejero de Presidencia de la Diputación General de Aragón. ¿Qué tipo de trabajo es ese? ¿Cómo podemos los ciudadanos permitirnos pagar trabajos “orales” para el Consejero de Presidencia? ¿Por qué no específica el Consejero sobre qué asuntos recibe “informes orales” de sus asesoras tal y como se le solicitaba en la pregunta? ¿A cuántos asesores orales pagamos los contribuyentes?
Son los técnicos independientes de las administraciones públicas quienes deben de asesorar a los políticos en las áreas de su competencia. Se entiende que, en casos excepcionales, se recurra a expertos por su especial relevancia. Pero, en estos casos, las administraciones deben de justificar exquisitamente las necesidades y los trabajos de los contratados.
Así las cosas, si ven que las asociaciones de vecinos se muestran poco combativas, investiguen si su presidente cobra dinero del Gobierno por emitir “informes orales”. Y si cogen un capazo en el mercado tampoco se preocupen porque no están de cháchara: están emitiendo “informes orales” no remunerados para el pescadero de turno.
Lo dicho: hay una clase de personas que pululan por las administraciones sin oficio pero con beneficio; pegamento de una basta red clientelar y lastre para la eficiencia y la eficacia del sector público. Estas palabras son duras. La realidad lo es mucho más.
Esta es la valoración que hace el PP sobre el candente tema de los asesores del Gobierno de Aragón:
ZARAGOZA, 13 (EUROPA PRESS)
La presidenta del Partido Popular (PP) en Aragón, Luisa Fernanda Rudi, opinó hoy que el dinero de los aragoneses no debe utilizarse para "subvencionar entre comillas" a cargos de partido "por muy respetables que estos cargos sean".
Rudi se pronunció así, en declaraciones a los medios de comunicación, sobre el hecho de que más de la mitad de los 60 asesores de los Departamentos del Gobierno de Aragón sean concejales o antiguos cargos públicos, según informó hoy Heraldo de Aragón.
La presidenta del PP-Aragón, que presidió una reunión con los miembros del grupo parlamentario Popular en las Cortes de Aragón, comentó que "no es de recibo que no se tenga un control de la presencia de esos asesores en los despachos" de la Diputación General de Aragón.
También criticó que desde el Gobierno aragonés, en respuesta a miembros del PP, "se les hayan dicho que (esos asesores) informan verbalmente y por tanto no hay documentos escritos sobre el tipo de informes que realizan".
La líder de los 'populares' aragoneses recordó que cuando ella fue alcaldesa de Zaragoza sólo tenía dos personas de confianza, un coordinador de alcaldía y un jefe de prensa, a pesar de que en la capital vive la mitad de los aragoneses, mientras que cuando el PP estuvo gobernando Aragón, con Santiago Lanzuela como presidente, su número de personas de confianza era de "dos o tres".
Rudi señaló que la "regeneración democrática" debe "entrar allí" porque usar el dinero público de esta forma es "malgastarlo" y abogó por "priorizar" que ese dinero se destine "a resolver las necesidades de los aragoneses en general y no de algunos en particular".
¿Alguien supo algo de esta comparecencia del pasado mes de Antonio Brun en las Cortes de Aragón? ¿A dónde vamos con este tipo de argumentaciones tan elementales, carentes de horizonte y de autocrítica y claramente falaces?
Reproduzco la nota de prensa emitida desde las Cortes de Aragón:
Antonio Brun ha informado ante la Comisión Institucional de las Cortes de Aragón del crecimiento de oferta de plazas en el sector público, en una comparecencia que había sido solicitada por el Grupo Parlamentario Popular
Desde que se realizase la transferencia de Educación, se han incorportado 4.000 profesores al sistema educativo.
Zaragoza, 23/03/2009.- El director general de la Función Pública, Antonio Brun, ha informado ante la Comisión Institucional que en las últimas dos décadas el número de plazas públicas de la Administración autonómica se ha multiplicado por cinco, pasando de los 9.000 a los 45.000. Así lo ha manifestado durante una comparecencia que había sido solicitada por el Grupo Parlamentario Popular. “Se ha producido una fuerte evolución en las cifras de empleo durante los últimos años, porque hace diez recibimos la transferencia de Educación y ese tiempo se han incorporado 4.000 profesores más”, según ha explicado Brun. “De este modo se ha dado respuesta a dos líneas fundamentales: al crecimiento del número de alumnos y se han reforzado, por otro lado, las áreas educativas”, según ha informado el director general de la Función Pública.
Respecto al sector sanitario, Brun ha comentado que, desde que en 2002 se realizasen las transferencias, “más de 2.000 personas se han sumado a la plantilla sanitaria”. Con respecto al proceso de adopción de las transferencias en materia de Sanidad por parte del Ejecutivo aragonés, Brun ha comentado que “fue una gestión difícil y la oferta de plazas fue extraordinaria” y, según ha añadido, “en estos momentos se encuentra en ejecución una segunda oferta de 1.837 plazas”.
Por otro lado, el director general de la Función Pública ha informado que “en el área de Educación hay, desde el año 2004, una oferta de empleo continua y bianual, para la Educación Primaria y Secundaria”. Asimismo, ha explicado que la Mesa Sectorial propuso la oferta de 511 plazas para 2009 y “casi toda ha sido ya ejecutada”.
Además, según ha comentado Brun, “se está elaborando un proyecto de ley de transformación administrativa para fomentar la incorporación en la oferta de empleo público de personas con alguna discapacidad, para lo cual se han efectuado previsiones para 2009 y que ha estado consensuadas con las asociaciones con el objetivo de crear un marco estable”.
El portavoz del PP, Manuel Guedea, ha lamentado durante su intervención que “durante el proceso comarcalizador, concretamente en el primer bloque del traspaso de competencias, no ha habido un reflejo del trabajo de la Función Pública”. Por otro lado, Guedea ha criticado que “se convocan pocos concursos y cuando los hay, la afluencia es masiva”.
Vicente Larred, el portavoz del PSOE, ha explicado que “la aprobación de empleo público es un instrumento para facilitar el acceso de ciudadanos a este sector”. Además, ha agradecido al director general su comparecencia “pues las cifras que se han dado son el mejor ejemplo de cómo desde Aragón se ha asumido a la transferencia de competencias de una manera óptima”. También ha hecho referencia a la crisis y según ha asegurado “ante la coyuntura económica, y escenario económico en expansión hay que gestionar los servicios públicos de una manera rigurosa y con la responsabilidad de todos”.
La portavoz del PAR, Ana de Salas, también ha calificado de positiva la intervención del director general de la Función Pública, y ha querido hacer hincapié en que este año se han convocado unas 700 nuevas plazas, de las que 500 pertenecen a Ecuación y 200 a la administración pública.
El encargado de abrir el turno de intervenciones ha sido el portavoz de CHA, Chesús Yuste, quien ha lamentado que “se dan incumplimientos en las convocatorias de empleo porque se debe convocar una oferta anual que incluya todas las plazas dotadas presupuestariamente. Además deberían incluirse las plazas cubiertas con interinos”. Por otro lado, según ha criticado Yuste, “no se ha actuado correctamente durante los años de bonanza, y ahora va a ser aún más difícil, dada la situación de crisis”.
¿Quién es y qué función cumple ese Carlos Franco, si se puede saber?
¿No se anunció un escrito al presidente de las cortes de aragón protestando por el trato dado a los escritos de petición? ¿se ha enviado ya? ¿se va a reproducir en el blog? eso se dijo no hace mucho y no debiera dejarse pasar el tiempo.
¿Está vacante de verdad el puesto de dirección del Centro? ¿No figura ese dato de forma clara en alguna parte?
¿Por qué no se aclara si Carlos Franco es funcionario y qué vinculación tiene con el Centro? ¿Tan difícil es exponer las cosas con claridad para despejar dudas o sospechas?
Los asesores de los Gabinetes, como cualquier tema que afecte al funcionamiento de la Administración autonómica requeriría un tratamiento sereno y documentado, sin caer en la tentación de instrumentalizar cualquier información para otros objetivos que no sean los de comprobar si se está respetando la función que justifica la existencia de ese personal.
Ese personal está para prestar asesoramiento especial a los miembros del Gobierno, asesoramiento añadido y distinto al que puedan realizar los funcionarios de la estructura administrativa.
Lo que está claro, en todo caso, es que ningún puesto de la Administración, sea de funcionario o de personal eventual, está para asegurar a nadie un sueldo público a cambio de nada. Se pagan los servicios profesionales que se prestan y no otras cosas, como pudiera ser el apoyo político en la estructura de partido. Eso sería instrumentalizar y patrimonializar la Administración por razones claramente alejadas del interés público.
Esa irregular utilización de los puestos públicos es lo que parece desprenderse de la información publicada hoy en Heraldo, y sería grave que ante algo así no hubiese explicaciones precisas por parte de todos y cada uno de los Consejeros, pues son cada uno de los Consejeros los que nombran a sus asesores de confianza, aunque pudiera ser que también se los imponga el Presidente o el Vicepresidente, como ocurre con muchos Directores Generales, que tampoco los nombran los Consejeros, y así se forman esos equipos departamentales en los que hay de todo menos lealtad a la persona titular del Departamento, pues se sabe que la permanencia en el puesto no depende de ella.
Pero sobre todo hay que esperar una reacción contundente de los grupos de la oposición y de las instituciones de control, salvo que algo como lo publicado hoy no suscite preocupación ni alarma en las Cortes de Aragón ni en el Justicia de Aragón.
La corrupción es corrupción, sea en La Muela o en el Gobierno de Aragón. El caso de los Gabinetes es una corrupción total y como tal debe abordarse y atajarse.
Veremos si se está a la altura de las circunstancias.
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