REFLEXIONES ANTE LA II ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN: FINALIDAD DE LAS INICIATIVAS DE CONTROL.

Zaragoza, 25 de febrero de 2009.

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa ha desarrollado, desde su creación en febrero de 2007, una intensa, aunque insuficiente, labor de control del funcionamiento de las instituciones autonómicas, con la única finalidad de defender los principios y fines de esta Asociación. Dichos principios son coincidentes con los formulados por la Constitución española sobre el funcionamiento de las Administraciones Públicas y de la propia función pública, por lo que entendemos que debieran ser compartidos por todos los que aceptan el marco constitucional.

Sin embargo, y a pesar de que no es posible que nadie que desempeñe una función institucional puede no sentirse vinculado por los principios constitucionales, las iniciativas y planteamientos de esta Asociación no parecen ser compartidos por quienes dirigen la Administración autonómica, como hemos tenido reiteradas ocasiones para constatarlo. A veces, incluso, ni se concede valor alguno a la labor que se realiza, por considerar que es una labor negativa, crítica, sin voluntad de diálogo.

Esta Asociación, en sus primeras iniciativas, se dirigió a organizaciones sindicales y partidos políticos para expresarles su voluntad de contribuir a la mejora de la Administración Pública. No tardamos en comprender que nuestros planteamientos de mejora nada tenían que ver con las posiciones mantenidas por la mayor parte de ellos. Los planteamientos de legalidad, profesionalidad, ética pública y control no fueron bien recibidos por los responsables institucionales, con la honrosa y destacable excepción de El Justicia de Aragón.

En un contexto donde los valores constitucionales parecen haber quedado reducidos a mera retórica del poder, el compromiso de los servidores públicos con el verdadero sentido de su función –el servicio objetivo al interés general- resulta abiertamente molesto e incómodo para muchos.

Es difícil avanzar en criterios de eficacia, modernización o transparencia en la gestión pública cuando la realidad cotidiana existente, en la que todos nos hallamos inmersos, es la alarmante falta de respeto a la legalidad y a los demás principios constitucionales que han de informar la actividad del sector público.

Creemos que hoy, en la Administración de la Comunidad Autónoma,no se ajustan a la ley, ni la selección de personal, ni la provisión de puestos de trabajo, ni el régimen retributivo, ni la carrera administrativa ni la negociación colectiva.

¿Cómo es posible cerrar los ojos a tal realidad y confiar en que cabe algún futuro para la función pública desde el desprecio a la ley?

Esta Asociación no es enemiga de nadie, y mucho menos de quienes ejercen las funciones de dirección en las instituciones públicas, pero sus miembros consideramos como deber ineludible poner de manifiesto, de forma pública y razonada y con el único afán de corregirlas, las graves insuficiencias de funcionamiento democrático en las que actualmente incurren nuestras instituciones públicas, ejerciendo igualmente la autocrítica respecto a la responsabilidad que pueda corresponder a los propios servidores públicos.

Es posible que los servidores públicos hayamos tenido que asumir un papel de control público por el mal funcionamiento de los órganos de control interno y externo de que debiera haberse dotado la Administración autonómica.

Quienes somos profesionales del servicio público y ejercemos una actividad, previo acto expreso de acatamiento de la Constitución y de sometimiento al ordenamiento jurídico, tenemos el derecho y la obligación de expresar nuestro malestar cuando la Administración Pública, el Gobierno o las demás instituciones públicas adoptan decisiones que menoscaban los valores constitucionales y degradan el papel que corresponde a la Administración Pública –y a quienes trabajan dentro de ella- en la realización de los derechos de los ciudadanos y la garantía de la convivencia democrática.