Zaragoza, 3 de febrero de 2009.
El pasado 27 de octubre de 2008, el Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, Julio Guiral, se dirigió a la Mesa de las Cortes de Aragón para solicitar, al amparo del artículo 64 del Reglamento de dicha Cámara, la creación de una Comisión de Investigación, con el fin de esclarecer la actual situación y funcionamiento de los Gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón y promover las medidas necesarias para corregir las irregularidades que pudiesen constatarse en su funcionamiento.
Tal propuesta se efectuó ante la falta de respuesta por el Consejero del Departamento de Presidencia, Javier Velasco, a la petición realizada, en octubre de 2007, de que se adoptasen medidas para garantizar tanto la transparencia en los nombramientos del personal eventual de dichos Gabinetes como en el control de su régimen de dedicación, para evitar con ello la posible utilización abusiva de tales puestos de trabajo.
También desde esta Asociación se pidió a la Dirección General de Organización, Inspección y Servicios que se llevase a cabo un control de presencia de los miembros de los Gabinetes, sin que se haya tenido noticia alguna de la tramitación dada a tal petición. No sabemos, por lo tanto, si el órgano de control interno se ha inhibido ante tal petición ni conocemos los posibles motivos para ello. Lo que sabemos es que no vamos a dejar de insistir en nuestra petición ante dicho órgano y ante los órganos de control externo en el caso de que se mantenga la inactividad en tal asunto por parte de la Inspección General de Servicios.
Esta Asociación es conocedora, al igual que una gran parte de los funcionarios del Gobierno de Aragón, de la utilización indebida de determinados puestos de personal eventual de los Gabinetes, ocupados en algunos casos por personas que no realizan actividad alguna en la Administración Pública ni se les conoce en sus Departamentos, personas que en su mayor parte son miembros de los partidos de la coalición de gobierno o representantes locales de los mismos.
Entendemos que nada legitíma la utilización de puestos públicos -y los créditos presupuestarios correspondientes- para fines distintos a los que justifican su creación y cobertura, que no son otros que el ejercicio de las funciones públicas que les corresponden. Tales irregularidades no han sido corregidas,pese a nuestras reiteradas peticiones ante diferentes responsables del Gobierno de Aragón y de la Administración autonómica y ante las propias Cortes de Aragón,
Es deseo de esta Asociación que sean las propias instituciones aragonesas las que corrijan y subsanen las posibles deficiencias o irregularidades que se detecten o constaten en el funcionamiento de la Administración Pública, y en particular desearía que las Cortes de Aragón, a iniciativa de los diferentes Grupos Parlamentarios, ejercieran esa labor de control político sobre la acción de gobierno. Por ello, se va a reiterar al Presidente y a la Mesa de las Cortes de Aragón la petición de creación de una Comisión de Investigación, reservándose como última opción, si persistiese la inactividad por parte del Parlamento aragonés, el traslado al Ministerio Fiscal de los indicios existentes sobre el uso irregular de los puestos de personal eventual de los Gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón.
Frente a la persistencia de las irregularidades, persistirá también el control y denuncia por parte de esta Asociación, pues lo más grave que podría sucederle a la función pública es que sus miembros desistan de su compromiso con la legalidad y acepten la corrupción como mal irremediable.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
18 comentarios:
Es fundamental que las Cortes de Aragón sientan la exigencia de la sociedad civil para que cumplan con su deber de control del gobierno.
Completamente de acuerdo en esa insistencia y en los motivos para ella.
Quiero también dar las gracias a los que mantienen este blog, por el trabajo que se toman.
Un saludo.
El Código del Buen Gobierno, aprobado por el Ejecutivo de Zapatero la pasada legislatura, puede repasarse en la página web del Ministerio de Administraciones Públicas (www.map.es), por si alguien olvidó sus principios, destinados a ser la bandera de una nueva forma de gobernar.
Se ha quedado en papel mojado. En su punto primero, afirma que los miembros del Gobierno ajustarán sus actuaciones, entre otras cosas, a la austeridad, ejemplaridad y responsabilidad.
Ni austero ni ejemplar
Pues bien, el presidente del Gobierno no ha sido precisamente austero en cuanto a asesores se refiere, y por tanto tampoco ha dado ejemplo de sobriedad a los ministros ante un año que, según el FMI, España entrará en recesión económica por primera vez desde 1993.
Los 644 asesores que trabajarán para Zapatero en 2009 se dividen entre altos cargos (16), personal eventual (192), funcionarios (336) y laborales fijos (100).
Los 12 efectivos que pierde este año respecto a 2008 no son altos cargos, ni personal eventual, sino funcionarios.
En el capítulo de gastos de personal se incluye una partida muy poco austera de Incentivos al rendimiento, con un montante de 4,4 millones de euros, casi 200.000 euros más que en 2008.
Un total de 4.295.810 euros son incentivos a la productividad, mientras que 113.960 euros son gratificaciones. En el conjunto del Ministerio de Presidencia, los incentivos llegarán a ocho millones de euros.
De nuevo hay que mirar al Código del Gobierno de Zapatero, que insta a los altos cargos administrar los recursos públicos «con austeridad». Por un lado se transmite el mensaje de que se congela el sueldo de los altos cargos, y por otro se disparan los incentivos.
Una interesante forma de clasificar los diferentes tipos de personal eventual en la Administración:
El “personal eventual” cubre una tipología amplia de personal de confianza de la Autoridad de turno (Alcalde, Consejero, Ministro, Rector, Presidente de Ente Público), y pueden calificarse sociológicamente en consiglieris, condottieros, bárbaros, bufones y apátridas. Veamos:
a) Los consiglieris son los asesores de alta retribución que desplazan con su asesoramiento a los técnicos. El problema es que en su función tienden a extralimitarse del mero asesoramiento y adentrarse en funciones directivas con desplazamiento de técnicos, secretarios e interventores.
b) Los condottieros son los que hacen el trabajo sucio por cuenta del político que los nombró. Asumen la cara amarga de las responsabilidades y dan su “vida política” por quien les nombra.
c) Los bárbaros son los que tienen enormes prejuicios hacia los funcionarios y no desperdician ocasión para proponer medidas de reestructuración de plantilla o para desprestigiarles.
d) Los bufones son aquéllos que disfrutan de tal condición de eventual por su condición de tiralevitas y adoradores de su amo. Le acompañan a todo tipo de saraos y actúan como relaciones públicas.
e) Los apátridas son los asesores que por avatares electorales han sido cesados en otra Administración y son “rescatados” por otra Administración del mismo color político para evitar que queden sin trabajo o que retornen a la vida privada sin oropel.
Los sindicatos de la Función Pública acusaron ayer al Gobierno de Navarra de llevar a cabo "un expediente de regulación de empleo encubierto" en la Administración foral. Además, denunciaron que con su propuesta para el nuevo convenio de los funcionarios, el Ejecutivo prevé prolongar esta situación.
"Desde julio han dejado de contratar a cientos de personas".
El Gobierno de Navarra aprobó en julio la no sustitución tanto de las nuevas vacantes que surjan en la Administración como de las bajas con una duración inferior a tres meses dentro de las medidas del plan de choque para combatir la crisis. Aunque no disponen de datos al respecto, "porque sólo los tiene el Gobierno y no los quiere dar", los sindicatos denunciaron que "tienen que ser cientos" las personas que han dejado de contratarse hasta el momento.
El problema no son sólo los políticos, sino todos, que en mayor o menor medida colaboramos a la creación de nuestro sistema.
¿Cuáles son sus problemas y hacia donde se dirige?
No cabe acallar las voces críticas cuando la imprevisión y la falta de control y transparencia son apabullantes:
El sistema hace aguas. No es sólo que el Gobierno de turno no haya gestionado la crisis adecuadamente, ni sólo que haya engañado -y lo siga haciendo- a la ciudadanía imputando la misma a causas externas, no. El problema es mucho más grave y profundo. Se trata de que no hay democracia y de que estamos en manos de quienes no buscan más que enriquecerse.
Nuestros diputados no representan a los ciudadanos, representan a los partidos. Y los partidos no tienen un funcionamiento democrático sino piramidal. Y además son estatales, es decir: es el Estado quien les paga. Y ese mismo Estado es quien paga también a los sindicatos, no los trabajadores afiliados a los mismos. Los sindicatos ni siquiera pagan a sus liberados, eso es un coste que se ha trasladado a las empresas y que pagamos todos. Sobre todo en el caso de los liberados en empresas públicas y en las administraciones estatales.
No existe separación de poderes. El ejecutivo -su presidente- es nombrado por el poder legislativo, el mismo que nombra al órgano de gobierno de los jueces y al Tribunal Constitucional. Este último es un símbolo en sí mismo de que no hay separación de poderes, pues no es más que un tribunal político y está por encima de cualquier otro. Es una sinrazón en sí mismo. Es un guiso que se cocina al margen de los ciudadanos en las cazuelas de los partidos políticos. Y estos obedecen al poder al que se deben: el poder económico.
Ni los diputados representan a los ciudadanos ni los sindicatos a los trabajadores, por lo que el sistema colapsa en momentos de crisis. En tiempos de vacas gordas no hay problemas, la gente tiene su bolsillo lleno y pasa de fijarse en nada más. Pero cuando el bolsillo flaquea la cosa cambia.
Las conclusiones de una comisión de investigación parlamentaria no son vinculantes para los tribunales, ni afectan a resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas.
Ese propósito de transparencia que se atribuye a las comisiones parlamentarias sólo puede ser enunciado desde la ingenuidad o el sarcasmo. La experiencia demuestra que dichas comisiones actúan como el calamar que huye, dejando tras de sí una estela de tinta que sólo sirve para añadir confusión al embrollo.
Pocas personas hay satisfechas con el funcinamiento en España de las comisiones parlamentarias de investigación.
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González es partidario de que se abra, como pide la oposición, una comisión de investigación parlamentaria sobre la red de espionaje. González ha sido espiado y es, a la vez, objeto de varios dosieres en los que se le achacan casos de corrupción.
¿Y aquí, también será partidario Biel de esclarecer la situación de los Gabinetes?
Ni comisión parlamentaria, ni comisión paralela: justicia, que actúe única y exclusivamente la justicia. Todo lo demás es un círculo mediático, un insulto permanente.
"El pueblo no debería temer a sus gobernantes, son los gobernantes los que deberían de temer al pueblo"
LAS Comisiones de Investigación son una práctica habitual en todas las democracias parlamentarias y tienen un objeto bien definido: aclarar a la opinión pública el desarrollo y consecuencias de unos hechos de alto interés nacional por medio del trabajo de los diputados, que son los representantes del pueblo soberano. Y recalco esta representación porque en las Comisiones que hasta ahora han tenido lugar en las Cortes Generales, el interés de los diputados investigadores se inclina de forma demasiado evidente a servir los intereses de sus propios partidos.
En democracias con mucha más solera y tradición parlamentaria que la nuestra actual, como son las de Estados Unidos y Gran Bretaña, por citar dos ejemplos, las Comisiones de Investigación tienen el formato y la solidez de un tribunal que vela por las leyes y su cumplimiento. Especialmente en Estados Unidos, una Comisión del Congreso, donde sus componentes tienen más de juristas que de congresistas, hace temblar a quienes han de ponerse frente a ella para contestar a sus preguntas. Algo parecido ocurre en Gran Bretaña, donde los diputados acaban delegando en alguna figura del ordenamiento jurídico para aclarar las cosas. Por eso, las Comisiones terminan adoptando el nombre del experto, -siempre neutral- que las conduce.
En España, hay que reconocerlo, la frivolidad con que cualquier partido pide una Comisión de Investigación y si el Gobierno accede a ello, que muchas veces no, ha hecho que las Comisiones se hayan desvalorizado por su propia estructura partidista. En los veinticinco años de vida del actual Parlamento, han sido innumerables las Comisiones que se han pedido y que el Gobierno de turno ha denegado y muy numerosas las que se han llevado a cabo sin que ninguna de ellas aclarase las circunstancias del hecho ni las posibles culpas de los investigados, porque siempre el partido que ha resultado favorecido por ellas blasona de haber ganado y haber dejado todo claro y el partido perdedor afirma que no se cree esos resultados y que el desarrollo de los trabajos ha sido doloso. Es la eterna canción de la política en la que cada cual interpreta unos resultados, electorales o de cualquier índole, a su gusto y conveniencia y entra en el juego inútil de tratar de convencer a quien ya está convencido de lo contrario de antemano.
Si analizamos el escaso valor investigador que tienen nuestras Comisiones parlamentarias, que algunas veces terminan en pantomima –como la que dio lugar a la repetición de las elecciones autonómicas en Madrid,- veremos que es el resultado de unos diputados que se sientan en sus sillas acusadoras con la firme idea de hacer el mayor daño posible al partido contrario y esta idea prevalece sobre el objetivo verdadero de la Comisión, que es el esclarecimiento de la verdad. Pero la verdad es un valor subjetivo, que puede dejarse a un lado si no sirve a los intereses de los investigadores.
La presunción de inocencia es una garantía de la que gozan todas las personas, que deriva de la libertad y la seguridad personal. Defenderla y sustentarla hacen posible la vida en sociedad. La vida social, efectivamente, no debe basarse en la sospecha extendida a todos y según la cual ninguna persona está exenta de ella. Si así fuese, viviríamos en un eterno preámbulo de la guerra generalizada de Hobbes. Vivir en permanente sospecha es vivir en conflicto.
No hay país donde la presunción de inocencia haya sido reemplazada por la presunción de sospecha. Pero al sustentar este punto de vista hay que decir que no es aceptable usarla de modo indebido, es decir, como cortina de humo, o para garantizar la impunidad de conductas que deben ser investigadas cuando se produce un ilícito. Menos debe usarse para sorprender a incautos. A este respecto, se percibe que hay parlamentarios que no conocen bien esta figura.
Este planteamiento es fundamental porque cualquier conducta donde existe indicio de malicia, dolo o falta a la ley no puede dejar de investigarse invocando equivocadamente la presunción de inocencia.
En efecto, las comisiones de investigación en España son patéticas, otro jueguito más de los partidos para seguir instalados en el poder sin asumir ninguna responsabilidad. La falta de dignidad de la mayor parte de las personas que se dedican a la política en estos momentos en España es astronómica.
Por otro lado, estoy de acuerdo con el que ha escrito que los diputados no representan a los ciudadanos sino a los partidos, y que estos sólo buscan su propio interés. Lo mismo sucede con los sindicatos. Completamente de acuerdo con que el Poder Judicial está cayendo en la politización: es inadmisible que el órgano de gobierno de un poder supuestamente independiente sea nombrado por los partidos, en plan cambalache. Las Asociaciones de Consumidores son también prolonganciones de los partidos. Los ciudadanos estamos huérfanos de representantes. Viene a colación el refrán de "dime de lo que presumes y te diré de lo que careces": en España hay miles de personas que cobran del erario público porque han sido elegidos representantes en las votaciones, diputados comarcales, provinciales, nacionales, autonómicos, concejales, miembros de entidades locales menores...miles. Se habla mucho de la representación y la democracia. Por esto podemos concluir que carecemos de representantes y de demcracia. Vivimos en una partitocracia, como afirma Alejandro Nieto.
Un saludo.
¿Estamos dispuestos a consentir la corrupción? ¿Por qué motivo? ¿Aspiramos también a beneficiarnos de alguna práctica corrupta?
¿Cuánta gente se ocupa de nutrir este blog?
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