Zaragoza, 1 de febrero de 2009.
En momentos de crisis económica aguda como los que vivimos, es inevitable que surja el debate -y además creemos que es algo saludable y que en modo alguno ha de eludirse- sobre la dimensión, el coste y la eficiencia de las administraciones públicas y del conjunto del sector público.
El debate ha de abordarse con rigor, sabiendo lo que está en juego -es decir, sin desconocer el papel fundamental que juegan las instituciones y el conjunto de las administraciones en el aseguramiento de servicios básicos para el conjunto de los ciudadanos y para la pervivencia del propio Estado de Derecho- pero también con exigencia y responsabilidad social, pues quienes trabajan en el sector público y sobre todo quienes lo dirigen no pueden ignorar la realidad económica y social del país y del conjunto de los ciudadanos a cuyo servicio trabajan.
Desde la Asociación proponemos cuatro primeras ideas para el debate:
Idea número uno: las Administraciones públicas sirven a los ciudadanos y no al revés y de eso debemos ser conscientes todos los servidores públicos.
Servir en el doble sentido de la expresión, estar al servicio y ser útiles y eficientes. El estatus jurídico y el régimen retributivo de los servidores públicos sólo se justifica por esta función de servicio. La función pública no ha de ser una carga para un país, sino lo contrario. Y si los ciudadanos la sienten como una carga, es evidente que hay cosas que están funcionando mal y que no deben seguir funcionando como hasta ahora. O faltan explicaciones y rendición de cuentas claras o falta justificación para la existencia de estructuras que no sirven.
Idea número dos: las Administraciones han de gestionar con escrúpulo las recursos públicos y rendir cuentas permanentemente de su gestión ante los ciudadanos.
Los servicios a los ciudadanos los financian los propios ciudadanos, y los servidores públicos no somos más que unos gestores de ese dinero público para alcanzar los objetivos de las políticas públicas con la máxima eficacia y eficiencia. Las retribuciones no son el premio por ganar una oposición de ingreso en la función pública o un concurso para acceder a un puesto de trabajo. Las retribuciones son la contrapartida por el trabajo realizado y la responsabilidad asumida en el logro de los objetivos de cada política pública, todas ellas dirigidas al servicio del interés general. Si lo anterior se ha olvidado, es preciso recordarlo antes de que nos lo recuerden los usuarios y sufragadores de los servicios.
Las Administraciones han de rendir cuentas de forma permanente de su gestión ante los ciudadanos, siempre y en todo momento. Pero se hace especialmente necesario en momentos de dificultad económica, pues en estos momentos se requiere modificar prioridades políticas y de gasto público y la asignación de los recursos públicos ha de realizarse con una especial responsabilidad y sensibilidad social, mostrando que los poderes públicos y las instituciones son efectivamente una organización al servicio de todos y no el refugio de unos pocos, ajenos a la suerte del resto. En este sentido,apenas se ha avanzado, particularmente en Aragón donde la opacidad en la gestión de los recursos públicos es sencillamente injustificable, y baste el dato de que nuestro Parlamento ha sido incapaz de poner en funcionamiento la Cámara de Cuentas, órgano de control financiero del sector público autonómico creado en 2001. No sólo no se rinden cuentas, sino que ni siquiera se controlan.
Idea número tres: las Administraciones Públicas han de aportar soluciones y no agravar los problemas de los ciudadanos.
La Administración pública es:organización al servicio del interés general, organización subordinada a la dirección política del Gobierno, organización prestadora de servicios a los ciudadanos, organización que asegura el funcionamiento del Estado de Derecho y la realización de los derechos de los ciudadanos.Pero al menos hay una que no debe ser, y que lamentablemente es :un aparato de baja eficiencia que grava a los ciudadanos con cargas económicas que no van destinadas al servicio público, sino al servicio de intereses particulares.
La utilización de puestos públicos por parte de los partidos políticos para asegurar empleos a miembros de sus organizaciones -sin trabajo alguno a cambio en muchos casos -, el largo número de liberados sindicales -de unos sindicatos que no muestran compromiso alguno con la legalidad del gasto público, como se puede apreciar con los incrementos pactados en la Comunidad Autónoma de Aragón-, el nombramiento como altos cargos de personas sin competencia profesional ni idoneidad, la falta de un régimen transparente de conflictos de intereses de los altos cargos -que facilita que algunas decisiones públicas se adopten en función de intereses particulares y no generales- y muchas cosas más que deben corregirse. Y deben corregirse porque son una evidente degradación de nuestras instituciones y un ejemplo de baja calidad democrática, al margen de otras posibles calificaciones.Y porque constituyen un abuso de los recursos públicos que los ciudadanos no pueden admitir más tiempo.
Idea número cuatro: los servidores públicos somos, ante todo, ciudadanos al servicio de la legalidad, y la legalidad constitucional de nuestra Administración Pública señala el sentido y los principios de toda la actuación administrativa.
No es momento de cinismo ni de insolidaridad ni con el resto de los ciudadanos ni con quienes trabajan en la Administración en condiciones de precariedad porque nuestro Gobierno ha incumplido sus obligaciones en materia de selección de personal. No es momento de injustificados incrementos salariales, pues el que gestionemos los recursos públicos no nos da ningún derecho a apropiarnos indebidamente de ellos. Es el momento de la responsabilidad y de la solidaridad. Es el momento de que todos los ciudadanos valoren el beneficio que supone tener unos servidores públicos comprometidos con el conjunto de la sociedad. En definitiva, es la oportunidad de restaurar la credibilidad de la función pública y de sellar un compromiso de servicio con las personas que justifican nuestra condición de servidores públicos.
Puede que sea el momento para el debate sobre la dimensión, el coste y la eficiencia de las administraciones públicas, pero sobre todo, es la hora de servir, es decir, de estar al servicio y de ser útiles.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
41 comentarios:
Hay que profundizar en estas líneas de reflexión, si queremos aprovechar la coyuntura para regenerar las administraciones públicas.
Las Administraciones Públicas ante la crisis económica" ha sido el tema tratado el pasado día 10 de diciembre en los "Encuentros de Economía" que la Universidad Católica de Ávila y el Colegio de Economistas ha comenzado a celebrar en la sede social del centro cultural Casino Abulense.
A propósito de la aparente congelación de sueldos de los altos cargos:
Cuando se habla de Altos Cargos, se olvida que una cosa son las “retribuciones” y otra las “compensaciones” del cargo político, que ni son una “alta carga” ni son “moco de pavo”. Veamos.
1. En primer lugar, con los tiempos que corren dos de los gastos mas sensibles para el bolsillo de los españolitos son los gastos de gasolina o transporte y los gastos de telefonía móvil. Pues bien, tales costes cuando se habla de altos cargos pertenecen a la “tarifa plana política” esto es, van vinculados al cargo, los asumen las arcas públicas, y constituyen una golosa compensación por la “insoportable levedad” de ser alto cargo.
2. En segundo lugar, los Altos Cargos están liberados de la limitación de los gastos de representación o indemnización por asistencia, viajes y manutención, que se imponen a rajatabla a los funcionarios. Los altos cargos sencillamente deben justificar con factura el gasto de viaje, comida o alojamiento, y será religiosamente abonado sin los límites propios de la plebe funcionarial; basta con etiquetarlos de “gastos de representación” o de justificación por “razones de servicio” y alguna que otra exigencia formal según la lupa del interventor de turno, para que la bolsa de protocolo del Alto Cargo sea aplicada sin límite.
Y es que, hoy día, al margen del color ideológico del gobierno, sea estatal o autonómico, y ya existan Códigos de conducta y guías de austeridad, lo cierto es que reina entre los altos cargos una epidemia de aquello que llamaba el economista Thorstein Veblen (1857-1929), en su “Teoría de la Clase Ociosa”, el “derroche demostrativo, esto es, el gasto para investirse de prestigio social; cualquier sociólogo sabe que si se devalúan los títulos formales ( ej. la pérdida del ilustrísimo o excelentísimo, rótulo suprimido como gesto político) se produce un movimiento de demostración de poder de signo compensatorio (ej. Gastos de representación, vehículos oficiales, presencia en los medios,etc).
3. Y en tercer lugar, se oculta la compensación mas jugosa para la inmensa mayoría de los Altos Cargos ( no olvidemos que el 65% de los altos cargos son funcionarios públicos que conocedores de la trama administrativa han conseguido escalar al podio de ser “Jefe” en lugar de ser “del Jefe”, como el buen visir Iznogud). Se trata de ese valiosísimo regalo del complemento de retiro que, con el unánime apoyo de todos los partidos políticos, consagró el Estatuto del empleado público aprobado por Ley 7/2007, de 12 de Abril (BOE del 13) cuyo artículo 87.3 señala que quienes hayan ocupado altos cargos, desde parlamentarios a Directores Generales, pasando por Alcaldes con dedicación exclusiva y personal eventual asimilado- tendrán “como mínimo… el mismo tratamiento en la consolidación del grado y conjunto de complementos que el que se establezca para quienes hayan sido Directores Generales y otros cargos superiores de la correspondiente Administración Pública”; o sea, para que se entienda con un ejemplo, un subalterno de la Administración autonómica que sea elegido Alcalde en su pueblo u otro alto cargo, y ocupe el cargo por un tiempo que la práctica legislativa ha fijado en dos años (hágalo bien o mal) automáticamente tendrá derecho al reingresar como subalterno a cobrar como mínimo un complemento salarial diferencial para toda la vida que le equipare con el “conjunto de complementos” propio de quienes hayan sido Directores Generales ( o esa, el llamado nivel 31 de la Administración). Casi nada. Parece que ante tal bufanda bien vale que no se actualice durante un año el sueldo en el IPC cuando se ocupa el alto cargo.
Es evidente que cualquier Administración Pública carece del mas mínimo control del gasto público (no me refiero al de legalidad) me refiero a la eficacia y eficiencia en el gasto como demuestra que cualquier presupuesto sobre obra pública se ve superado en un porcentaje elevado al presupueto inicial, sin que ningún responsable politico o administrativo se inmute.
¿Quien puede afirmar seriamente que tras la cortina de la congelación de las retribuciones de un servidor público se va evitar reducir el gasto público? Hay otros conceptos por donde escapar.Estoy seguro
¿Sujetándose a la legalidad sería posible rebasar ampliamente estándares de eficacia y eficiencia?. Yo pienso que sí -lo que razonablemente, puede ser una aberración- mas me pregunto quién debería intervenir y dirimir tal situación. ¿Los OCEX?, ¿los Parlamentos?, ¿los ciudadanos en las elecciones? ..
Está claro que se debe trabajar mucho en potenciar sistemas de información capaces de reportar “a todos”, en tiempo prudente, cuáles son los niveles de eficacia y eficiencia de las distintas actividades realizadas (o dejadas de realizar) por las administraciones públicas.
No descubro nada nuevo si digo que, en épocas de crisis económica, suelen soplar malos vientos para los empleados públicos, aunque todo el mundo sabe que no han sido ellos los causantes de tantos despropósitos que se han producido en la economía especulativa que empezaron por generar una crisis hipotecaria, que siguió con una crisis financiera y que culminó en una crisis económica porque está dañada, y de qué forma, la economía real.
Y corren malos tiempos para los empleados públicos, porque hay quien está empeñado que una parte de la crisis económica debe recaer en estos trabajadores. Y para ello se ponen en marcha actuaciones muy diversas. Primero son los responsables políticos los que transmiten a la sociedad la idea de que los funcionarios y funcionarias pertenecen a una casta privilegiada, con el único objetivo de ponerles a los pies de los caballos de una sociedad que está muy sensibilizada por los efectos de la crisis.
En segundo lugar porque, muy al contrario que los trabajadores, los políticos aparecen como sacrificados, aprobando propuestas populistas y demagógicas como la de congelarse los sueldos que perciben, propuestas que no tienen ningún valor real más allá de la propaganda publicitaria.
En Galicia hay 52 trabajadores públicos por cada mil habitantes. Sólo en la Administración autonómica trabajan más de 86.800 personas. De hecho, tres de cada diez empleos que se han creado en la comunidad autónoma desde 2005 han sido para trabajar en el sector público. A pesar de ello, la Xunta recurre cada día a la contratación de empresas externas para realizar determinados trabajos.
La crisis ha llevado además al Gobierno gallego a plantearse un redimensionamiento de su plantilla. Así a partir de 2009 habrá una progresiva reducción de puestos de funcionariado, ya que, a excepción de la educación y la sanidad, la intención de la Xunta es dejar de cubrir puestos que vayan quedando vacantes.
Pero no sólo se reducirá plantilla. También habrá una resignación de tareas. Con la implantación de modernas tecnologías el trabajo se agiliza y, por lo tanto, son necesarias menos personas para hacer lo mismo. La directora xeral de Función Pública, Mar Rodríguez, había advertido ya el pasado mes de julio que sería necesario redistribuir el trabajo y "reconducir a una parte de los trabajadores hacia otras tareas".
El director xeral de Planificación Económica dio ayer una nueva vuelta de tuerca al sistema de funcionariado al defender que en la Administración debe ganar más quien sea más productivo. En su opinión, la productividad, tanto en la Administración pública como en la privada, es la materia pendiente de Galicia para converger con la media europea.
Según informó Faro de Vigo en su edición del 20 de julio de 2008 y de acuerdo con un informe de Pimec (la patronal catalana de las pequeñas y medianas empresas), Galicia es la tercera Comunidad Autónoma, después de Aragón y Extremadura, que más acude a las Administraciones Públicas para engordar sus cifras de empleo. Treinta y dos de cada cien empleos creados en Galicia entre 2005 y 2008 fueron obra de la Administración General del Estado, la Xunta de Galicia, los Ayuntamientos gallegos o las Universidades de Galicia.
Con la reducción de plazas en la Oferta de Empleo Pública para el próximo año 2009 anunciada por Mar Rodríguez, Directora Xeral de Función Pública, sólo cabe que el paro y la crisis aumenten. Estamos apañados.
En tiempos difíciles, encontrar una trabajo fijo es un seguro de vida. Eso es lo que piensan miles de extremeños, que en la actualidad llenan las academias especializadas para preparar oposiciones a la administración pública. La crisis económica va a hacer que este año se dispare en Extremadura la media de opositores por plaza, hasta alcanzar los 25 opositores para pelear por un puesto en la administración del Estado, a la espera de lo que sucede con la oferta de empleo público de la Junta para este año
Viendo la que está cayendo habrá que convenir que esta crisis, además de incomprensible en muchos aspectos, no deja de resultar sorprendente. Uno creía que los criterios por los que se guiaba la actividad humana en todos los órdenes (el egoísmo irresponsable y la maximización del propio beneficio a expensas de los demás) se veían sustituidos, desde la misma base, por la mágica intervención del mercado, con la capacidad demiúrgica que le caracteriza para reordenar cualquier tipo de actividad con el férreo criterio de maximizar el bien común. Y luego, si surgen algunos problemillas de endeudamiento, ya aparecerá el Estado para evitar males mayores.
Dos importantes características del régimen estatutario funcionarial son la estabilidad laboral y la poca variabilidad en los ingresos de los empleados públicos. Nuestros puestos de trabajo gozan de una seguridad envidiable (de hecho somos propietarios de nuestros plazas que ganamos en oferta pública), y eso es quizá lo que hace que muchos ciudadanos se marquen como objetivo prioritario el acceso a la función pública. Y nuestros ingresos suelen variar poco salvo que el funcionario pueda acceder a algún puesto mejor remunerado. Esta certidumbre de nuestro sueldo es la que impide que en épocas de bonanza económica, los funcionarios nos beneficiamos ya que nuestros sueldos se limitan a subir, poco más o menos, lo que marca el IPC, y acaso las décimas que los sindicatos pueden arañar en las reuniones en las que se decide sobre los Convenios y los Acuerdos Marco. Pero de la misma forma, cuando la crisis económica se ceba con el país, los funcionarios seguimos manteniendo, más o menos, nuestra capacidad económica, y sobre todo nuestro puesto de trabajo. (En realidad podría ocurrir que nuestros sueldos se congelaran, como ya ocurrió en el año 1997, lo cual sería un mal menor comparado con la pérdida del puesto de trabajo que amenaza a muchos trabajadores asalariados, pero es que además, muchas administraciones paliaron dicha pérdida de nivel adquisitivo aplicando otras compensaciones. Y yo creo que nos es fácil que vuelvan a congelarnos el sueldo). Como digo, en épocas de crisis somos unos privilegiados porque conservamos nuestro puesto de trabajo y el sueldo. Pero no sólo eso, los funcionarios salimos mejor parados en las épocas de crisis porque nos beneficiamos de las medidas que el gobierno pueda tomar para incentivar el consumo y también de las bajadas de precio que suelen producirse en estas situaciones.
Ahora, con una crisis económica de largo recorrido, es cuando se deberían afrontar políticas valientes de reforma de la administración y de la función pública que sirviesen para reactivar la economía productiva dando actividad a empresas de servicios y agilizando la burocracia que ralentiza la actividad económica.
Yo trabajo en la empresa privada, y salvo que tengas un puesto alto, de los que tampoco hay demasiados en cada empresa, no cobras ni de lejos lo que un funcionario que tenga la misma preparación, Ni siquiera en las épocas de mayor bonanza.
De hecho he estado siguiendo estos años pasados las oposiciones al cuerpo de Ingenieros de Obras Públicas y para mi sorpresa, siempre se ha presentado un gran número de personas (que se suponen que debían tener unos puestos de trabajo muy bien pagados gracias al Boom de la construcción).
Es el momento del protagonismo de la sociedad y de las personas, de avanzar hacia una sociedad libre y con valores, de defender medidas de regeneración cívica para el fortalecimiento de nuestras instituciones de manera que estén, permanentemente, orientadas a garantizar la defensa de las libertades individuales y de la dignidad de la persona. La persona tiene que ser el centro de la acción política y su libertad es un valor superior que los poderes públicos han de promover y garantizar.
En momentos de crisis económica el sector público tiene un papel irrenunciable que cumplir en defensa del buen funcionamiento del mercado. El Estado tiene el deber de proteger a millones de ciudadanos anónimos, consumidores, trabajadores, contribuyentes, pequeños y medianos empresarios y autónomos frente a las situaciones de fraude, abuso y concentración de poder económico. Con seguridad jurídica y transparencia, el mercado realizará su función social insustituible de crear empleo y valor, asignando de manera eficiente los recursos y repartir la riqueza de manera equitativa.
Buenos días para todos.
Los estudios sobre el funcionamiento de las Administraciones Públicas en los países de la OCDE indican que todas ellas, incluidas las españolas, funcionan en el nivel medio de la empresas privadas del mismo país. Por tanto, el funcionamiento medio de las Administraciones Públicas españolas es equivalente a la media de las empresas privadas españolas.
Ahora bien, es cierto que los empleados públicos tenemos mala fama. A mi juicio, una buena parte de esta mala fama procede de las sucesivas campañas que todos los Partidos Políticos cuando han llegado al poder han desarrollado contra la función pública; estas campañas tenían como objetivo minar las estructuras profesinales para hacer hueco a los políticos. De ahí que ahora mismo en la DGA los puestos directivos, que no otra cosa son los Directores Generales, se cubran con personal político, en lugar de con trabajadores profesionales.El argumento de que los Consejeros necesitan tener a su lado personal de confianza política es una excusa, no un argumento real, puesto que nada impide que se rodeen de asesores, pero la dirección de una organización ha de ser encomendada a quien tiene la necesaria cualificación profesional, no política.
Mientras no se profesionalice la Administración, cualquier iniciativa sobre el funcionamiento administrativo está condenada al fracaso.
Un saludo.
P.S. Sería de agradecer que la gente que escribe comentarios en el blog pusiese un nombre o pseudónimo, en lugar de un simple anónimo, para poder establecer un diálogo, porque si hay que citar a un "anónimo" que dice tal cosa...
lEO EN PRENSA HOY EL TEMA DE LA CONVOCATORIA DEL PUESTO DE SECRETARIO GENERAL DEL IASS. BIEN ESTA QUE NO SE DESISTA.
Creo que los funcionarios deben sentirse, por encima de todo, ciudadanos y conciudadanos y saber que su actitud en los momentos difíciles del país es básica para reforzar su función y valoración o para caer en el más absoluto descrédito.
En tiempo de crisis, se producirá un trasiego de personal político que intentará buscar refugio para sí o para los suyos, como personal eventual o directivo en una Administración pública cuyos gobernantes tengan sintonía ideológica, y el desembarco de tales “pateras” políticas desplazará o provocará la amortización de plazas de funcionarios o su desplazamiento a puestos menos atractivos y peor retribuidos..
Es cierto que la crisis se superará, que los funcionarios sobrevivirán pero no es menos cierto que del mal trago no se librará nadie, y por muy vilipendiados que sean los funcionarios, no será plato de gusto que siendo tan trabajadores por cuenta ajena como los del sector privado, sufran negativas condiciones de trabajo y vean frustradas sus conquistas por un trabajo digno.
Ingenioso remedo de Kypling:
Si guardas en tu puesto, la cabeza tranquila,
cuando toda la Administración es cabeza perdida.
Si tienes en ti mismo una fe que tus jefes te niegan
y no desprecias nunca a quienes de tí reniegan.
Si esperas en tu puesto, sin fatiga en la espera…,
Si engañado por leyes confusas, no engañas,
Si no buscas mas salario, que el salario que merezcas…
Si eres bueno y para ser evaluado no finges ser mejor de lo que eres,
Si al hablar desde tu cargo no exageras lo que sabes y quieres.
Si sueñas con la promoción profesional, y los sueños no te hacen su esclavo.
Si rechazas las intrigas de trepas que no dan un clavo.
Si obtienes el ascenso, o si llega tu cese,
nunca será un mal pago.
si logras se sepa la verdad de tu trabajo,
desterrando el mito del funcionario vago.
Si recuerdas los comienzos de opositor,
los miles de expedientes y rutina día a día,
Toda la obra de toda tu vida…
Si arriesgas en un golpe y lleno de alegría,
tus méritos de siempre, a la suerte de un día,
por servir al ciudadano, por cumplir la legalidad
Si lo haces de buena gana, con humildad….
Si logras que tus nervios y el corazón te asistan,
frente a ciudadanos exigentes, políticos ambiciosos,
frente a malas leyes, frente a corporativos sindicatos,
Y consigues que te respeten por tu persona y no por lo que representas
Si ves como otros cobran mas por trabajar menos,
Si no marcas con el dedo a quienes entraron a dedo,
Si no empujas a la jubilación a quienes ya lo dieron todo,
Si sientes al administrado como un ciudadano,
Si no encaras las alzadas para sepultarlas a paletadas
Si cuando miras otras nóminas no sientes arcadas….
Si hablas con la voz del pueblo y ocultas toda afectación,
Si marchas junto al administrado con tu paso y tu luz.
Si ningún político llega a hacerte la herida,
Si todos te reclaman y ninguno te precisa…
Si lees Códigos de Conducta que no se cumplen,
Pero tú crees en el servicio al público,
Si te hablan de evaluaciones que no se producen,
Pero tú crees en el servicio público,
Si no cierras los ojos ante las corrupciones,
Si no abres la boca para criticar la burocracia a que perteneces,
Si no prestas oídos a quienes hablan de profesionalidad
y tu armadura es tu inoxidable honorabilidad
Si en tiempos de crisis o desaceleraciones
soportas austeridades y recortes,
soportas congelaciones retributivas,
si te importan mas las razones que las opiniones…
y no criticas a compañeros ni superiores,
Si en tu oficina llenas un minuto envidiable y cierto,
de sesenta segundos que te lleven al cielo….
No solo del café de la mañana,
No sólo por el agradecimiento de una ciudadana….
Sino porque sirves a todos por casi nada….
Todo lo de esta tierra, será de tu dominio,
y mucho mas aún,
serás un funcionario humano, hijo mío.
El pueblo tiene derecho a ser atendido por los funcionarios que están a su servicio. Y a ser bien atendido. Por qué? Porque el pueblo les paga, evidentemente. Por tanto, es justo que el pueblo reciba el servicio que paga. Cuando se congelan los sueldos, o se suben un 2 %, será justo que el pueblo se conforme con el servicio congelado o mejorado al 2 %. Y si el poder adquisitivo del funcionario ha retrocedido veinte puntos en diez años, será justo que el pueblo tenga un servicio veinte puntos peor.
Por lo demás, tiene razón el pueblo. A no ser que el pueblo pretenda que la función pública sea una vocación y no un trabajo. Entonces alguien debería decirle al pueblo que no confunda a los políticos con los funcionarios. Pero ese alguien debería ser un político, y evidentemente no lo hará.
Cada pueblo tiene los funcionarios que se merece. Y los políticos, los periodistas, los maquinistas, hasta los vecinos que le han tocado en suerte. Sólo mejorarán si les cuidan.
La crisis afecta a todos los sectores, la economía parece tambalearse, se resiente. Algunas empresas cierran y sus trabajadores se ven obligados a buscar un nuevo puesto de trabajo.
El país esta sufriendo un cambio y el sector del funcionariado parece no sufrirlo. ¿Acaso la crisis no les afecta? ¿Pasa inadvertida para ellos?
Todos conocemos calificativos que se les suele dar a la mayoría de los funcionarios haciendo referencia al poco trabajo que tienen, al horario envidiable, un sueldo elevado… el calificativo de “mal trabajadores y vagos”. Pero… ¿Están todos en el mismo saco? ¿No hay funcionarios con vocación? ¿Un funcionario nace o se hace?
¿Pero no nos damos cuenta de que pretenden acabar con el funcionariado?… Al mismo tiempo de subir el salario a los actuales funcionarios, vuelven a reivindicar su postura para el año que viene, y cito textualmente: “el número de plazas de nuevo ingreso del sector público, será, como máximo, igual al 30% de la tasa de reposición de efectivos, y se concentrará en los sectores, funciones y categorías prioritarias”.
Me parece perfecto lo de la subida salarial, pues a nadie amarga un dulce, pero no nos quedemos ciegos, abramos bien los ojos, y observemos lo que está pasando.
-La máquina burocrática. El funcionario no nace, se hace. Empieza con ganas, pero a los seis meses la maquinaria le ha quemado.
-Por algo la burocracia es un infierno. ¿Le salva alguna virtud?
-Los hay muy responsables; son los que tapan las carencias de políticos y jefes incompetentes.
-¿Diría que existe animosidad contra los funcionarios en este país?
-Sí, sobre todo porque se les envidia. Y el paro hará crecer la envidia al funcionario: el que va al INEM ve a uno que no va a sufrir el paro nunca, un privilegiado que encima le dice que le falta un papel.
-El tópico: el funcionario no da un palo al agua...
-Es cierto en el mal funcionario. Y hay más malos que buenos.
-Es un trabajo para toda la vida. Dice José Barea que los funcionarios deben perder sus privilegios y ser despedidos si procede.
-Totalmente de acuerdo. Yo dejé de ser funcionario por impotencia: nada cambia, es imposible el cambio. -Hacer una gestión en la Administración es como ir al dentista, dice.
-Y sin anestesia. No sabes nunca qué te va a pasar, lo que vas a tardar, si te va a tocar el funcionario borde... Todo eso crea ansiedad. Es un drama.
-¿Y tendrá solución algún siglo?
-No lo creo. La burocracia no tiene arreglo. Nadie quiere que cambie: ni la clase política ni los funcionarios. Y el ciudadano lo aguanta todo.
-Los funcionarios son muchos votos. Ningún político hará nada que no les guste, ¿no?
-Obviamente. Ellos son votos y la Administración es el lugar donde colocar a amigos, parientes... La Administración es el paraíso del enchufe.
-Eterna promesa electoral: reducir funcionarios y burocracia...
-Nunca se cumplirá, seguirá creciendo. La capacidad del político de colocar amigos es infinita. Y cada vez hay más políticos, y cada político crea asesores, y los asesores crean asesores de asesores, y...
-Pare, pare. -Conozco un ayuntamiento que tiene hasta coordinador de asesores.
-En una reciente encuesta, la mayoría de los estudiantes decían que querían ser funcionarios...
-Qué triste. Claro, ante el miedo al paro, ante la crisis, ¿qué mejor que un puesto para toda la vida? Pero un país sin emprendedores va a la ruina, no tiene arreglo.
-Entre los jefes incompetentes por arriba y las broncas con los ciudadanos por abajo, el funcionario al final decide pasar de todo, ¿no?
-Así es: se encierra en su despacho y pasa. «Los políticos se van, yo me quedo», se dice. Y a vivir. -Pero esto no puede seguir así, y creciendo...
-Le pasa como al capitalismo: o se regula o explota. Hay ayuntamientos en los que más del 50 por ciento del presupuesto es para personal. ¿Qué queda para obras, para la atención al ciudadano? Algún día tendrá que cambiar.
-Para entonces ya seremos todos funcionarios...
También resulta interesante la noticia sobre el coche blindado de Touriño, Presidente de la Junta de Galicia, que ha costado 130.000 € más que el de Obama. Así se recortan gastos...El mismo Touriño, en su afán ahorrador, ha gastado 2 millones de euros en arreglar su despacho.
El número de personas que cobran de las arcas públicas y cuyo único "mérito" es ser miembros de un partido es abrumador. La crisis actual debería comenzar por despedir a muchos de ellos, que no tienen función pública conocida, y que sólo trabajan para el partido a cargo del erario público. Eso sí que sería una medida que habría que consolidar una vez pasada la crisis.
Mientras la Administración no se profesionalice no hay nada que hacer. Profesionalizar implica varios elementos: no sólo que las personas que ocupan puestos directivos tengan la formación adecuada, sino que, además, no pertenezcan a ningún partido. ¿Motivo para esto último? La práctica totalidad de directivos que pertenecen a partidos políticos, aunque posean una buena formación académica, siguen los mandatos del partido, en lugar de actuar con parámetros profesionales. Alguien puso en este blog hace unos días unas palabras de Obama: el servicio público no está para llevar adelante un proyecto político. Estoy completamente de acuerdo. Sólo si los directivos públicos dejan de pertenecer a un partido político se podrá conseguir que la Administración sirva con objetividad a los ciudadanos. Mientras los puestos directivos se provean con políticos, el número de funcionarios-políticos irá en aumento.
Por tanto, dos medidas son necesarias:
-despedir a varios cientos(sólo en la DGA) de cargos políticos. Esta medida supondría un considerable ahorro.
-sustituir a los directivos políticos que no son sino Comisarios del Partido infiltrados en la Administración bajo el sistema de expolio o botín, por directivos de verdad, a los que se se les exija no estar afiliados a ningún partido, ni haberlo estado en un determinado número de años anteriores al nombramiento como directivo público.
A partir de estos parámetros podremos conseguir una Función Pública profesionalizada. Mientras los políticos ocupen puestos directivos no habrá manera de conseguir lo que la Constitución exige en cuanto a objetividad, puesto que el miembro de un partido es, por definición, totalmente ajeno a tal obejtividad, es "partidista".
Salud.
¿Por qué piensan los sindicatos que vamos a aceptar el cobro de cantidades que carecen de justificación? ¿Piensan que somos de su misma condición? ¿Por qué ese empeño en envilecer a toda la función pública?
Valga para abundar en la reflexión:
En un escenario económico con baja inflación sería recomendable en las administraciones y empresas:
1.-Fomentar sólo los incrementos salariales por encima de la inflación si están directamente relacionados con la mejora real y cuantificable de la productividad y la eficiencia a nivel individual y/o de los equipos de trabajo.
2.- Evitar en lo posible los incrementos salariales de carácter lineal (a todos por igual, como se ha venido haciendo aquí tradiconalmente) ya que parece que no responden a una verdadera demanda psicológica de los trabajadores en un contexto de baja inflación y sólo contribuyen a paliar la situación a corto plazo (de forma limitada elevar un poco más el nivel de renta y a dinamizar el consumo familiar y personal), pero no estimulan la mejora efectiva de la productividad, la eficiencia y la competitividad, que es una de las principales claves del crecimiento económico y de un nivel de renta sostenible a medio y largo plazo.
3.- Significar el efecto multiplicador de la variable productividad si se recupera la senda del crecimiento sostenido con un nivel de inflación tolerable: la conciencia de contribución al mismo que van asumiendo las propias plantillas de trabajadores puede seguir estimulando cada vez más un modelo de incrementos salariales asociados al crecimiento económico y a la productividad y cada vez menos vinculado a la evolución del IPC. No olvidemos que incluso algunos consideran al deflactor del PIB como la "inflación verdadera", a pesar de que hoy por hoy lo que importa sea siempre subir los salarios para compensar la subida del IPC (que está siempre asociado al consumo).
El problema de fondo es que no nos hemos mentalizado aún de que verdaderamente entramos en recesión (crecimiento negativo) ¿Que van a hacer en tu organización, empresa... en su próxima negociación? ¿Seguir alimentando la crisis? ¿O arremangarse la camisa y dar de una vez un palo al agua y no quejarse tanto del palo y del agua? ¡¡¡Más madera, más madera... ya falta poco para quemar la locomotora!!! ¿Tú quieres seguir echando leña al fuego?
Otro aspecto a considerar en la profesionalización de la Función Pública, requisito imprescindible, como decía en un mensaje anterior, para lograr la objetividad en la actuación administrativa, consiste en la permanencia del personal directivo con independencia de los cambios políticos. Actualmente los constantes cambios en los Directores Generales y en muchos jefes de Servicio cuando cambia el partido en el gobierno -e incluso con los mismos partidos, cuando el que cambia es sencillamente el consejero- es la pérdida de experiencia que se produce. Una organización que sirve a todos los ciudadanos no puede estar partiendo de cero cada vez que hay elecciones; el gobierno puede hacerlo, pero no el aparato administrativo. Ninguna gran organización debería de permitirse que las personas que han estado al frente de un área de trabajo se vean desplazadas por motivos políticos. La Administración tiene que ofrecer estabilidad frente a los cambios del gobierno. Por esto los Directores Generales y demás personal directivo han de ser profesionales completamenten al margen de los procesos políticos. De otra manera nunca lograremos una función pública si no desprovista, al menos con bastante resistencia, de influencias partidistas.
Un saludo.
¿Esto es todo lo que sugieren las razones de esta nota?
Esto decía Subirats:
Lo peor de las reformas administrativas es cuando las mismas se convierten en procesos estrictamente de ingeniería organizacional o procedimental, o en un buen bocado para consultores y expertos de todo tipo. En muchos de esos casos, los problemas derivan de que seguimos manteniendo una visión jerárquica y especializada de la acción de gobierno y por ende, de la labor de gestión y administración. Mientras, la falta de funcionalidad de algunas políticas públicas, sus desajustes y la falta de información fiable sobre los resultados que consiguen, hace seguir creciendo la erosión que sufren los poderes públicos en algo tan importante para su actuación como es la legitimidad.
La necesidad de las que se denominan reformas estructurales es tan evidente como la incapacidad de los Gobiernos (éste y los anteriores) y de la sociedad española en su conjunto de ponerlas en marcha. Hay que reformar las Administraciones Públicas y la Justicia (cuyo mal funcionamiento es una traba para la actividad empresarial), hay que reducir las conductas irregulares (que estrangulan a los innovadores y consolidan a los ineficientes), hay que reformar los mercados de bienes y servicios (mejorando la competencia), hay que mejorar las infraestructuras públicas, hay que avanzar en la mejora de la educación y hay que reformar el mercado de trabajo. En éste último es en el que más se insiste, cuando dista mucho de ser la única prioridad y cuando su reforma es más difícil emprender en épocas como las actuales. Una menor protección al ocupado, quizá a cambio de mejorar la protección al desempleado, y una mayor flexibilidad de contratación serían deseables. Y, desde luego, una más flexible negociación colectiva. Pero esta última modificación está bloqueada por los aparatos de las organizaciones empresariales y sindicales, en una nueva manifestación de que los intereses de los representantes no siempre coinciden con las de los representados (ni con los de la sociedad en su conjunto).
Comparto plenamente con el Círculo de Empresarios su análisis sobre la perversión del sistema de administraciones públicas que opera en Canarias, producto precisamente de años y años de clientelismo, de torcida y a veces delictiva complicidad entre los sectores político y empresarial, de una impunidad que ahora quieren restablecer para garantizar lo que llaman seguridad jurídica cuando en realidad quieren decir seguridad para la oligarquía. Se saltan, como es natural, a los dos partidos responsables directos de esa situación obscena, el PP y Coalición Canaria, para disparar directamente a la oposición, a la que reclaman consenso y fin de las hostilidades. Es decir, silencio y conchabo. En el colmo de las contradicciones, llegan a mostrarse en su comunicado partidarios de adelgazar la Administración pública canaria para agilizar la gestión y disminuir costes para, a continuación, reclamar que el esfuerzo inversor en tiempos de crisis se oriente no sólo a crear empleo "a corto plazo" (con más de 200.000 parados en las islas), sino a modernizar esa Administración. Y mandar a tanto estómago agradecido al paro, añadimos de nuestra propia cosecha.
Este jueves y viernes (5 y 6 de febrero) se celebra en Granada el XVI Encuentro de Economía Pública. Una reunión anual con multitud de ponencias relativas a diversos aspectos de interés: hacienda pública local y autonómica, economía de la educación o de la salud. Una ocasión magnífica para repasar la mejor doctrina nacional sobre estos temas.
Me ha sorprendido la ponencia tituladada “Análisis regional del Empleo Público en España: Especial consideración de los Empleados Autonómicos” de la que son autores J. Salvador Gómez Sala, José Sánchez Maldonado, Carlos Rivas Sánchez y Mª Mercedes Moreno Domínguez, profesores del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga. En ella se ofrecen algunos interesantes datos sobre la función pública autonómica, como las retribuciones medias por Comunidades Autónomas (CCAA), incluyendo el coste de la seguridad social.
Crecimiento de efectivos y retribuciones
En un lustro, los más recientes servicios transferidos a las CCAA (sanidad y educación no universitaria) han tirado hacia arriba de las retribuciones medias de sus empleados. Ha habido un crecimiento en el número de empleados, claro, que ha propiciado un enconado debate. Sin embargo, es un hecho el aumento del gasto promedio, vía mejora de las pagas extraordinarias o los complementos previstos en las correspondientes Relaciones de puestos de Trabajo.
Sólo en Sanidad, el crecimiento de las retribuciones ha sido del 7.7% como término medio de las CCAA. Todos quieren igualarles. Es el efecto inflacionario de la transferencia de servicios a las CCAA.
En los próximos meses, estas cifras nos parecerán un sueño. Con caídas en la recaudación y crecimientos espectaculares del desempleo, va a ser inevitable plantear medidas de choque. Entre ellas, quizás encontremos planes de contención del gasto medio de personal, solidaria con otras áreas presupuestarias generadoras de empleo en el sector privado. Ya no será suficiente con la congelación del sueldo de los Altos Cargos, generalizada en los gobiernos regionales de todo color político.
La tasa de empleados públicos sobre la población activa en el conjunto de países de la OCDE, durante el año 2006, oscilaba entre el 32% de Noruega y el 8,2% de Turquía. Por su parte, España (con el 15,24%) ocupa el puesto 18 de los 28 países, con la mitad de la tasa que los países nórdicos y a un nivel similar que Estados Unidos o Italia.
Dentro de España, periódicamente aparecen noticias del número de funcionarios. Así, hace unos días se hacía público que en la Encuesta de Población Activa (EPA) del último trimestre de 2008, por primera vez en la historia estadística aparecían más de tres millones de asalariados en el conjunto de las administraciones (3.029.500).
El presidente del Consejo General de Colegios Economistas de España, Valentí Pich, escribía en “Expansión” sobre un asunto también relacionado con la Administración pero bastante más profundo: sobre la mejora de su eficiencia.
Su argumentación no es difícil de seguir: dado que el sector público tiene tanto peso en nuestra economía (en 2006, el total de los gastos de las administraciones públicas supusieron el 48,6% del PIB español), y dada también la responsabilidad de las administraciones públicas en la productividad de nuestra economía, parece claro que deben eliminarse sus ineficiencias. De lo contrario, afirma Pich, “en el sector público permanecerán algunas prácticas y se derivarán determinadas consecuencias que seguirán lastrando una parte importante de nuestra productividad y competitividad, convirtiendo el diferencial con otros países europeos en un mal crónico”.
La consejera de Administración Autonómica de Castilla y León, Isabel Alonso Sánchez, interveno en diciembre en las Jornadas sobre Gobernabilidad y Ciudadanía organizadas por la Federación Española de Municipios y Provincias. En estas Jornadas, desarrolladas en Getafe (Madrid), representantes de la Administración General del Estado, de la Autonómica y de la Local abordaron diversas materias relacionadas con la ética y la transparencia en la acción pública.
Alonso Sánchez, que intervino como representante de las Comunidades Autónomas, participó en una mesa redonda junto al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias y alcalde de Getafe, Pedro Castro, el alcalde de San Sebastián, Odón Olorza y la presidenta de la Agencia Estatal de Evaluación y Calidad del Ministerio de Administraciones Públicas, Mª Luisa Carcedo.
En su intervención, la Consejera se refirió a que los valores éticos son importantes para la vida pública y sirven para orientar y comprometer no sólo a los gobiernos y empleados públicos, sino también a los diversos actores sociales que intervienen en la vida pública.
No me imagino ese discurso en boca de ninguno de nuestros Consejeros.
El pasado día 8 de enero, el Ministerio de Trabajo e Inmigración nos dio la terrible noticia de que en el año 2008 el número de parados había crecido en 999.416, situándose el volumen total del paro a 31 de diciembre, en 3.128.963 desempleados.
Lo peor de la rueda de prensa en la que la secretaria general de Empleo dio estas cifras, es que, según nos pronostican, en 2009 seguirá aumentando el paro como consecuencia de la caída de la productividad y el consumo.
Que aumente el paro significa que hay empresas que o bien no pueden mantener a la totalidad de sus actuales trabajadores, o bien que definitivamente cesan en su actividad, enviando al desempleo a todos los que hasta ese momento estaban trabajando.
Coincidiendo en el tiempo con los datos del Ministerio de Trabajo, se ha publicado un informe sobre la morosidad de las Administraciones.
Según la CEOE, es decir, aquellos que lo están sufriendo directamente, el retraso del pago por parte de las Administraciones públicas oscila entre 210 y 380 días como media “aunque algunos ayuntamientos, principalmente de Andalucía, acumulan ya demoras en sus pagos de hasta 18 meses”.
No hace falta ser un gran economista para comprender que los únicos que pueden mantener esta demora en los cobros son las grandes compañías, ya que las pequeñas no están teniendo acceso a ningún tipo de financiación y, por lo tanto, aunque en su momento la Administración les pague la deuda y hasta un 12,2% de intereses (la UE permite cobrar por demora hasta 7 puntos por encima del interés base del Banco de España), cuando llegue ese momento la pequeña empresa ya ha cesado en su actividad al no poder atender el pago de sus empleados, de la electricidad, de la Seguridad Social, de los alquileres, de los materiales, …que todos quieren cobrar cada mes.
Creada en 1997, la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) es un instrumento de carácter fundacional para la acción exterior en el ámbito de la cooperación para la gobernabilidad democrática y el fortalecimiento institucional. Opera al servicio del sector público y moviliza en el ámbito internacional el "saber hacer" de los empleados y empleadas públicos y las buenas prácticas existentes en el conjunto de las administraciones públicas españolas.
Sí, porque también hay buenas prácticas.
El político del futuro, el político que hoy se requiere, tiene que ser más profesional o no sobrevivirá la democracia, porque estamos rodeados de individuos improvisados en el quehacer de la gestión pública, lo que genera continuas pugnas de poder que no tienen relación alguna con el problema central de modernizar las herramientas del gobierno y sobre todo la forma de gerenciar un gobierno.
No se puede generalizar, pero una gran parte de los medios de comunicación contribuyen cada vez menos al desarrollo de la sociedad democrática porque tienen que resolver su propia subsistencia. Cada vez tienen mayores dificultades para subsistir los medios independientes, porque en definitiva los medios viven de la publicidad que venden.
Hagamos un Real Decreto mediante el cual, nigún miembro de los Cuerpos Superiores de la Administración sea Jamás Responsable de Nada, siendo en todo caso responsable "El Sistema" o "La Falta De Medios", especialmente ésto último; de lo que se deriva que ante cualquier desgracia acaecida durante el normal ejercicio del deber, deberá sucecerse inmediatamente una subida salarial proporcional a la desgracia (de no ser atendido con diligencia este último punto, los afectados acudirán a su derecho a La Huelga Fofa, consecuente a todas luces con su derecho al Puesto Blindado)...Porque, seamos claros, desgraciaos: Nuestros emolumentos deben ser proporcionales a nuestras necesidades. Y nosotros nos metemos en gastos que vosotros ni soñaríais.
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