Zaragoza, 4 de febrero de 2009.
El Justicia de Aragón sigue tramitando un expediente de queja por la falta de respuesta del Consejero de Presidencia a una petición de esta Asociación sobre adopción de medidas para someter al personal eventual al mismo régimen de control de cumplimiento de sus obligaciones establecido para el personal funcionario de carrera, garantizando asimismo la publicidad de sus nombramientos y ceses en los respectivos puestos de trabajo.
Debido a la insuficiencia de la información facilitada hasta el momento por el responsable del Departamento de Presidencia, Javier Velasco, a dicha Institución, desde ésta se ha vuelto a recabar una ampliación de la misma, al no haber sido atendida la petición de ampliación formulada en octubre de 2008.
Sería muy grave que el responsable del Departamento de Presidencia negase nuevamente al Justicia de Aragón la información reclamada, como ya hizo en relación con la cláusula de revisión salarial abonada al personal de la Administración autonómica durante el ejercicio 2008.
En el caso de que se produjera un nuevo incumplimiento del deber legal de colaboración con el Justicia de Aragón, esta Asociación, como en los anteriores casos, sugerirá a los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón que se solicite la comparecencia del titular de Presidencia ante el Parlamento, para facilitar a éste la información negada al Justicia de Aragón, evitando con ello que se burle el control institucional que sobre la acción del Gobierno se encomienda al Justicia de Aragón por el propio Estatuto de Autonomía de Aragón.
En relación con ello, el Justicia de Aragón ha remitido recientemente al Presidente de esta Asociación la siguiente comunicación:
“Zaragoza, a 12 de enero de 2009.
ASUNTO: Recordatorio de ampliación de información sobre la adopción de medidas para someter al personal eventual al mismo régimen de cumplimiento de obligaciones que el establecido para el personal funcionario.
Estimado señor:
Vuelvo a ponerme en contacto con usted en relación a su queja que, como ya conoce, se tramita en el expediente cuya referencia consta en el encabezado.
En mi anterior escrito le indiqué que se había recibido del Departamento de Presidencia de la Diputación General de Aragón un informe, que era preciso ampliar para abordar todas las cuestiones planteadas en la queja, y a cuyo fin se formuló el oportuno requerimiento en su día.
Dado que todavía no ha sido atendido, le informo que con esta fecha se ha enviado nuevo escrito al citado organismo reclamando la información. En el momento en que se tenga noticias al respecto me comunicaré de nuevo con usted.
Atentamente,
EL JUSTICIA DE ARAGÓN, FERNANDO GARCÍA VICENTE”.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
43 comentarios:
La mayor parte de las quejas al Defensor del Pueblo Europeo son quejas proceden de ciudadanos que trabajan en las instituciones, normalmente aspirantes a funcionarios -sobre todo por las condiciones de las pruebas o exámenes-, funcionarios en activo y funcionarios ya jubilados.
¿no nos debería hacer reflexionar este dato?
Debe ser porque tienen demasiado tiempo para formularlas. En la empresa privada no se tiene tiempo ni para mear.
Lo que deberían hacer es mejorar su eficiencia y eficacia y dejar de aprovecharse de lo laxas que son las administraciones en todo lo referente a bajas, impuntualidad y ausencias. Que si sacaran un indicador de eso, se les pondría la cara colorá.
De vergüenza la atención que ofrecen en el Defensor del Pueblo, escribes..tardan tres meses en contestar...."mande ud pruebas documentales o se archivará, en quince días"; las mandas....respuesta ..."mire ud ya preguntamos al departamento correspondietne de la administración y nos han contestado que ellos lo hacen todo bien, si no tiene nada más que decir, se archivará", reclamas diciendo" yo envié pruebas.."¿qué han demostrado ellos?...."se archivará, gracias por consultar al Defensor del Pueblo"
De auténtica vergüenza.
COn el paro que hay , que se quejen los funcionarios , me parece fuera de lugar. Los funcionarios , han de ser personas preparadas , que den resultados , como exigen en la empresa privada. Han de tener la posibilidad de que los puedan despedir , si no son eficazes , como en la empresa privada . Se ha de eliminar el trabajo vitalicio . Permitir que dentro de la administración , los mejores , puedan ascender , como en la empresa privada. Al final , la conclusión es de que , se han de regir por las leyes del mercado laboral. Ejemplo : En una empresa pública de Catalunya , que administra edificios , casi no tienen trabajo y siguen estando , los mismos funcionarios de hace tres o cuatro años . Austeridad, profesionalidad , eficacia , productividad , ética , moralidad , resultados. Por favor , aportemos todos , ideas , para salvar a nuestro pais ,o autonomia , los politicos no nos salvaran , hemos de ser nosotros , colaboremos , luego ya pasaremos cuentas , pero primero actuar y no quejarse.
A ver si poco a poco vamos desmontando el cortijo que se han montado los del PAR con “sus” empresas privadas, donde se colocan por “meritos” muchos.
En épocas en las que la solidaridad muchas veces brilla por su ausencia, la empatía parece no corresponderse con la forma de actuar, la defensa activa de los ciudadanos demanda una Institución plena de vigor, fuerza y entusiasmo, que desde su titular contagie confianza a quien acude a él.
¿También nos preocupa lo que ocurre en japón?
La corrupción política no es algo que sólo pasa en una pequeña porción del planeta o afecta sólo a un puñado de naciones… muy por el contrario, la corrupción nos afecta a todos y cada vez es mayor.
Si las desconfianza en los políticos es general (aunque no siempre justificada), y si los partidos pierden su prestigio como tales, entonces entramos en un juego en que faltan algunas piezas. El desencanto y la desilusión pueden conducir igualmente a la apatía, al retiro de la política, a lo que en los años cincuenta se llamó “la despolitización”.
¿Y cuándo se piensa a empezar a investigar la situación de los liberados sindicales?
El único motivo que veo razonable para considerar la cuestión de la confianza, que puede ser política o personal, es la de crear equipos bien cohesionados. Pero creo que hay fórmulas para conseguirlo sin necesidad de acudir a soluciones tan extremas como la "barra libre". Lo dicho: "En la Administración: políticos, los justos".
Son los propios funcionarios los que se quejan de que les tienen marginados, que tienen que trabajar con personas que no saben de dónde han salido ni cuales son sus credenciales y que en muchos casos demuestran un absoluto desconocimiento de la administración, de sus obligaciones y de la legislación.
El papel de control de legalidad y económico que ejercían los Secretarios, Interventores y Tesoreros de los ayuntamientos se ha ido elimando poco a poco, y han sido sustituidos por personal de confianza política, enchufados de los partidos y "recaudadores". La Ley está, lo que hay que hacer es aplicarla, con más fiscales y policías especializados
La profesionalidad del funcionario es algo que es inherente a la función pública: profesionalidad e independencia, lo cual desemboca en el derecho al cargo y la inamovilidad. Esa profesionalidad actualmente por muchos políticos (ya sean nacionales, autonómicos o locales) no se presume en absoluto, se desconfía abiertamente del funcionario. Porque el cargo elegido se rodea inmediatamente de una camarilla de personas de confianza con el pretexto de necesitar esos especiales servicios que le blinden contra posibles deslealtades. Así parece que nace el sistema de libre designación, al menos así se suele justificar. Y vemos políticos que se rodean de cargos de libre designación desde la escala de asesores directos hasta el último subalterno o conductor, pasando por todas las escalas. Pongamos un ejemplo típico: los conductores de altos cargos suelen ser puestos de libre designación, se puede ver en los boletines de las Comunidades Autónomas.
Uno de las principales causas de los problemas económicos que están sufriendo los ayuntamientos tiene su origen en el "engorde" que han visto las plantillas en los tiempos de bonanza, tiempos dulces para los alcaldes que han aprovechado el momento para dar empleo a sus amigos y familiares, sin percatarse que ahora que los tiempos son más duros alguno no va a poder pagar las nóminas.
Pregunta realizada a Marcelino Iglesias en las Cortes de Aragón por el portavoz de un grupo de la oposición:
¿Qué criterios ha seguido el presidente del Gobierno de Aragón que justifiquen la proliferación de alcaldes, concejales y ex concejales del Partido Socialista y del Partido Aragonés dentro de la ya nutrida nómina de personal eventual del Gobierno de Aragón?
Respuesta dada por Marcelino Iglesias:
Señor diputado, no hay ningún criterio. Es decir, el personal de confianza de los distintos departamentos no se elige con ningún criterio más que el criterio de confianza política, y en ese criterio de confianza política no hay ninguna contradicción con que puedan ser alcaldes, puedan ser alcaldes y abogados, alcaldes y enseñantes, enseñantes a secas o cualquier otra profesión. Por tanto, no hay ninguna reglamentación al respecto, y el ser alcalde o concejal no es ningún demérito para estar en un equipo de confianza de cualquier departamento de la Diputación General de Aragón.
Insiste el Diputado de la oposición frente a Marcelino Iglesias:
Yo no tengo claro a qué se dedican realmente una buena parte de esos asesores. Porque hay un número importante de ellos que son o bien alcaldes de ambos partidos o concejales de ambos partidos o ex altos cargos de ambos partidos y también, incluso, hasta familiares de militantes importantes de su partido.
Yo le quiero preguntar al señor presidente si me puede decir a qué se dedica este personal, estas veintiocho personas, si van cotidianamente a su puesto de trabajo o si solamente es como dicen los humoristas: «si hay que ir, se va, pero ir pa na es tontería». Porque, claro, ¿en concepto de qué cobran?: ¿en concepto de personal de la DGA?, ¿en concepto de alcaldes? ¿en concepto de personas destinadas a barrer las comarcas respectivas para trabajar para sus respectivos partidos? A mí me gustaría saber en concepto de qué cobran.
Y me gustaría saber también quién controla si acude o no acude a trabajar este personal y cuántas horas trabajan cada uno de ellos para la función para la que han sido designados, para la función de asesores.
Respuesta de Marcelino Iglesias:
Mire usted, yo soy firmemente partidario de no politizar la Administración pública aragonesa, ninguna Administración pública. Yo soy partidario de que no volvamos al siglo XIX: cuando gobernaban unos había que cambiar la Administración que habían creado los otros. Para que esto se produzca hacen falta equipos reducidos, reducidos, muy reducidos, como los que tenemos en Aragón, por ejemplo, o como los que se tienen en la mayoría de las comunidades autónomas, por ejemplo, para que estos equipos muy reducidos, que no llegan al 1% del personal que trabaja en la Administración, cesen cuando cesa su responsable, y, mientras tanto, sean el apoyo político al responsable que está dirigiendo un departamento. Ésa es la única manera y la única fórmula que yo entiendo de no politizar la Administración pública.
Y hay unos equipos de confianza, y los necesitamos apoyar y los necesitamos tener, si no queremos captar en nuestros equipos de confianza y no sólo hacer jurar o prometer la Constitución, sino la política de un partido concreto o de una coalición de partidos que está gobernando en aquel momento. Y eso, yo no estoy dispuesto a hacerlo.
Por eso tenemos unos equipos muy reducidos de confianza en la Diputación General de Aragón, equipos que han existido siempre y que soy partidario no sólo de que existan, sino que voy a intentar durante estos tres años que me quedan de mandato convencerle a usted y a su grupo de lo importante que es que defendamos ese modelo de política, y si en esos equipos hay alcaldes, mejor que mejor, como si en este parlamento hay alcaldes, mejor que mejor, y concejales, mejor que mejor: más vinculación y vertebración habrá en las Administraciones públicas aragonesas en el nivel local, provincial o regional. A mí me parece bien.
¿Pero trabajan?
¿Pero se controla su asistencia?
El Presidente no contesta.
El Consejero de Presidencia tampoco contesta.
¿Van a investigar las Cortes la realidad de los Gabinetes del Gobierno de Marcelino Iglesias?
Le salvó la campana, señor presidente.
No nos podemos resignar a ver el abuso de poder como algo normal e inevitable. Si no podemos erradicarlo, esto no merecer llamarse estado de derecho, así incluso con minúsculas.
El tema sale publicado en Heraldo.
este asunto reviste tal gravedad que ninguna institución se atreve a entrar como es debido, y si no ya lo veremos la forma en que unos y otros lo zanjan.
No se olvide el debate sobre la cláusula de revisión salarial y su supresión por ley de presupuestos en mitad de un silencio sindical estruendoso:
Los empleados y empleadas del sector público no tenemos una cláusula de revisión salarial que impida la pérdida de poder adquisitivo cuando fallan las previsiones del IPC. En los últimos años las previsiones de IPC no se ajustan al IPC real y el personal afectado pierde años tras año poder adquisitivo.
En noviembre de 2007, la inflación acumulada se sitúa en un 4,1%, cuando el aumento salarial que se estableció en los Presupuestos Generales del Estado fue de un 2 % más un punto para la incorporación del Complemento Específico a las pagas extraordinarias. A ese 1,1% que de momento llevamos de pérdida de poder adquisitivo (4,1% de inflación—3 % de subida en 2007) hay que añadir un 8,4% de pérdida de la última década.
Las cláusulas de revisión salarial, que protegen a casi nueve millones de asalariados, se aplican cuando el IPC del último mes del año supera la expectativa de inflación sobre la que se ha pactado el incremento salarial entre sindicatos y empresarios.
Actualmente, en los convenios, el listón a partir del cual se revisan los salarios se sitúa en una media del 2,4%, por lo que no habrá revisión en ningún convenio vigente al quedar el IPC en el 1,5%. Además, en la negociación de los convenios que venzan en este ejercicio, los sindicatos tendrán difícil pactar subidas muy por encima de ese 1,5%.
Los trabajadores de las Administraciones Públicas pierden continuamente poder adquisitivo (12 puntos en los últimos 10 años), a pesar de que el Ministerio de Administraciones Públicas juegue con las cifras la subida salarial del próximo año para intentar demostrar otra cosa. El incremento retributivo que está previsto para los empleados públicos en los Presupuestos de 2009 va a suponer para algunos de los 2,5 millones de estos trabajadores una pérdida del 1,9% de poder adquisitivo, teniendo en cuenta los últimos datos -el valor interanual del IPC de agosto es del 4,9%-.
El colectivo de funcionarios es el primero en pagar el coste de la crisis económica, con la limitación del incremento retributivo. Con ello se quiere enviar dos mensajes a la sociedad. El primero, que el Estado ha empezado a apretarse el cinturón elaborando para este año unos presupuestos que han sido calificados de "austeros, rigurosos y solidarios" por la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.
El segundo mensaje es el de la moderación salarial. Se trata de utilizar al colectivo de funcionarios para concienciar al sector privado. El Gobierno teme que se esté produciendo una grave espiral precio-salario.
Los empleados públicos no son como los demás trabajadores. Tienen un proceso de selección distinto al de la empresa privada y el puesto de trabajo asegurado.
Ni la crisis económica, que ha propiciado un boquete en los Presupuestos Generales del Estado superior a los 10.000 millones de euros, ni la llamada a la "moderación salarial" que recientemente escenificó el Ejecutivo en la apertura del diálogo social, han conseguido variar la partitura que rige las subidas de sueldo entre los funcionarios.
Sólo dos ministros se han atrevido a congelar los salarios de los funcionarios en la historia española. Primero, el actual ministro de Economía, Pedro Solbes, tomó esta decisión en 1994 para sortear los coletazos de última recesión. Tres años después, volvería a repetir la operación el ex ministro Rodrigo Rato, al frente del Partido Popular. Al margen de estos dos ejemplos ningún Gobierno se ha atrevido a desmantelar los sueldos de los funcionarios.
Dentro del derecho a la negociación colectiva de estos trabajadores, uno de los capítulos más importantes ha sido la reivindicación de la cláusula de revisión salarial para recuperar el poder adquisitivo frente a la inflación. Tan sólo una vez se admitió esta posibilidad, con Carlos Solchaga como ministro de Economía durante gran parte del primer mandato socialista (1982-1996), aunque tuvo que suprimir la medida al darse cuenta de que era una vía importante de aumento del gasto público.
Eso sí, la ausencia de la cláusula de revisión salarial no impide al Ejecutivo subir el salario de los funcionarios más allá del 2% que permite la estabilidad presupuestaria, a través de los complementos o con las subidas que garantizan las comunidades. La inversión en gasto de personal del Estado para este año suma los 16.530,5 millones de euros, un 7,1% más que hace un año. El objetivo del 2% se perdió en 2003.
Los funcionarios de la Administración General del Estado podrían ganar algunas décimas de poder adquisitivo este año si la inflación sigue cayendo, tal y como apuntan todas las previsiones, incluidas las del Gobierno.
Los españoles prefieren trabajar para las Administraciones Públicas, ya que, como norma general, las exigencias en el desempeño de la actividad laboral no son tan importantes como en el sector privado, el puesto de trabajo está asegurado y los horarios suelen ser mejores que los de los ciudadanos que son empleados por empresas privadas.
Las comunidades autónomas y los ayuntamientos recogen este testigo y disparan las contrataciones de funcionarios, en contra de los criterios de austeridad y eficiencia que deberían caracterizar las políticas que desarrollan este tipo de instituciones públicas.
Y como el empleo público estatal se reduce, aumentan las desigualdades en la prestación de servicios públicos que no dependen de la Administración Central.
Subida salarial para el 2009 igual al IPC real.
Cláusula de revisión salarial por ley, tal y como la tienen los pensionistas y tal como la fijan la mayoría de convenios colectivos.
Progresiva recuperación del poder adquisitivo.
No a la privatización de servicios ni contrataciones al margen de las OEP.
Que despidan a los funcionarios más productivos, les bajen el salario al resto y se lo suban a los altos cargos y enchufados chupasangres.....
Tristemente, este año 2009 he visto a enchufados incrementar nivel y retribuciones (más de 30.000 al año), y enchufados que entraban directamente de la calle. Y repito, esto el 2009.
La Aministración Local y Autonómica se está pudriendo por dentro.
Así que... tenemos lo que nos merecemos.
O tenemos lo que permitimos.
Si vamos a ser súbditos, no ciudadanos, por qué nos quieren educar para la ciudadanía y no para la subditez?
- Porque rima con idiotez?
NO ES CIERTO, es más, es RIGUROSAMENTE FALSO, que los trabajadores de las Administraciones Públicas tengamos una cláusula de revisión salarial: No la hemos tenido nunca, y seguimos en lucha por tenerla como la mayoría de los colectivos de trabajadores por cuenta ajena de este país.
¿O desconocen la historia contemporánea o la desconozco yo?
Es una vergüenza contraponer los parados a los funcionarios. Es pretender enfrentar a sectores de la sociedad que no tienen nada que ver: ni su situación nos beneficia, ni nuestros sueldos les perjudican. En todo caso, existen unos mecanismos para la protección del desempleo, mejores o peores, pero de los que no cabe responsabilizar a los trabajadores públicos.
Gracias a la libertad de expresión hoy ya es posible decir que un gobernante es un inútil sin que nos pase nada. Al gobernante tampoco.
Si el país demanda más maestros, más médicos, más policías, más jueces y más y más empleados públicos, es porque la población se ha incrementado de forma notable en los últimos años, y los servicios públicos se han de adaptar a ese crecimiento.
Me quiero incorporar a los debates de este blog sobre asuntos de tanto interés como la actividad de los funcionarios públicos y las paradojas de la Administración, perdida hoy en día en un extraño laberinto de políticos que no creen en los valores de lo público y de funcionarios que no están dispuestos a arriesgar ni una sola de sus ventajas y comodidades por cumplir con su misión de una forma correcta, si ello les hace enfrentarse con los cargos políticos o los mandamases de la cosa.
Debería haber más voces con nombre propio o identificación en este blog, en el que no veo las opiniones de los socios de la asociación, salvo que se trate de una asociación sin personas, que todo podría ser, tal y como está todo reducido a meras pantallas, tras de las cuales apenas hay nada.
Espero que no sea el caso, pues me llevaría una enorme decepción.
Bravo por el Justicia.
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