TEXTO DE LA COMPARECENCIA DE LA ASOCIACIÓN ANTE LA COMISIÓN DE PETICIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN (SEGUNDA PARTE).

Zaragoza, 27 de noviembre de 2008.

Se reproduce a continuación la segunda parte del texto de la comparecencia efectuada por la Asociación ante la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos de las Cortes de Aragón.

“LA FUNCIÓN PÚBLICA, COMO RESPONSABILIDAD DE TODOS LOS PODERES PÚBLICOS.

La Asociación no sólo pretende incidir sobre los servidores públicos que desarrollan su actividad en la Administración Pública aragonesa, aunque ellos sean los principales destinatarios de nuestra actividad, para procurar el necesario "giro ético" en la función pública.

También hemos de dirigir nuestra actividad al conjunto de las instituciones de la Comunidad Autónoma. Principalmente hacia el Gobierno de Aragón, cuyos miembros son los responsables directos de la Administración autonómica, pero igualmente hacia las Cortes de Aragón, a las que corresponde ejercer el control e impulso de la acción de gobierno -procurando objetivos de buena administración, para lo que se requiere una buena función pública- y hacia el Justicia de Aragón, como institución creada para la supervisión de la actividad de la Administración autonómica, en su labor de protección de los derechos de los aragoneses y de tutela del ordenamiento jurídico aragonés.

La correcta gestión de los servicios públicos, por lo tanto, es una responsabilidad de todas las instituciones y desde la Asociación queremos hacer especial hincapié en ello, y no hemos dudado en dirigirnos a todas ellas para formularles nuestras propuestas e informarles de nuestras iniciativas para la mejora de la Administración y de la función pública.

No podemos negar que el nivel de respuesta, hasta la fecha, tanto por parte del Gobierno de Aragón como de las Cortes de Aragón, no sólo ha sido decepcionante –por la falta de receptividad a las propuestas planteadas-, sino también preocupante, por la generalizada falta de observancia de las leyes y normas que hemos invocado en nuestros diferentes escritos.

La función pública es un elemento esencial en la configuración del Estado de Derecho y, por ello, esta Asociación no dudará en llevar la defensa de sus principios y valores a los Tribunales, cuando ello resulte preciso, o en acudir a las instituciones del Estado, como ya hemos hecho con las Cortes Generales, el Defensor del Pueblo y el Ministerio de Administraciones Públicas.

Creemos que el compromiso decidido del conjunto de las instituciones autonómicas con el buen gobierno y la buena administración debiera partir de ellas mismas, sin necesidad de que los ciudadanos deban requerir lo que es consustancial a la propia existencia de esas instituciones. La experiencia adquirida en nuestros cerca de dos años de existencia nos ha demostrado que las instituciones no han respondido suficientemente a tales expectativas de conducta, y basta para constatarlo la ausencia de respuesta del Gobierno y del Parlamento a la propuesta de aprobación de un Código de Buen Gobierno, con lo que se pretendía trasladar a la Comunidad Autónoma de Aragón algo ya hecho por el Gobierno de España en el año 2005.

Consideramos que reforzar la legalidad y profesionalidad en la actuación de la Administración Pública, corregir sus conocidas disfunciones y asegurar un alto nivel de ética pública en el conjunto de su organización, es un cometido que no puede resultar ajeno a ninguna institución de la Comunidad Autónoma. Gran parte de la actividad desarrollada por la Asociación desde el momento de su creación ha ido dirigida a recordar a cada institución su específica responsabilidad en esta materia”.