FALTA DE APROBACIÓN DE OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA 2008: ¿EXISTE CONTROL PARLAMENTARIO?

Zaragoza, 4 de noviembre de 2008.


El modelo de función pública de nuestras Administraciones Públicas, tal y como se perfila en la Constitución española y en la jurisprudencia constitucional y se desarrolla, con carácter básico, por el Estatuto Básico del Empleado Público, es un modelo de carrera, es decir, integrado por funcionarios públicos incorporados al ejercicio de la función pública de forma permanente e inamovible, tras su selección conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad, selección que, conforme a la normativa señalada, debe ordenarse anualmente por la Oferta de Empleo Público que corresponde aprobar al órgano de gobierno de cada Administración, correspondiendo en nuestro caso tal decisión al Gobierno de Aragón.

El régimen de acceso a la función pública, en los términos señalados, no sólo es un elemento de garantía del correcto funcionamiento de la Administración Pública, como organización pública al servicio del interés general, sino que, además, constituye una de las más importantes concreciones del derecho fundamental reconocido a todos los ciudadanos en el artículo 23.2 de la Constitución española.

Todo ello no ha sido obstáculo, sin embargo, para que el Gobierno de Aragón haya desatendido de forma reiterada -en los años 2000, 2001, 2005 y 2006- su obligación de aprobar la Oferta anual de empleo público para asegurar las necesidades de funcionamiento de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y garantizar con ello el efectivo ejercicio del derecho fundamental de los ciudadanos de acceso a las funciones públicas.

Tampoco la reciente aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público, en cuyo articulado se reafirma expresamente la obligación de aprobar anualmente la Oferta de Empleo Público, ha hecho variar el comportamiento del Gobierno de Aragón, pues no sólo no se prevé la aprobación de Oferta de empleo público en el presente ejercicio de 2008, sino que, además, dicha falta de aprobación ha sido objeto, el pasado mes de agosto, de un acuerdo entre Administración y sindicatos, en el marco de la negociación colectiva, olvidando que la negociación debe quedar siempre supeditada al principio de legalidad, como expresamente se señala en el Estatuto Básico del Empleado Público.

No podemos pasar por alto el hecho de que, habiéndose dirigido esta Asociación el pasado mes de mayo al Presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, solicitándole expresamente, al amparo del derecho fundamental de petición, el impulso necesario para la aprobación preceptiva de la Oferta de Empleo Público para 2008, no se haya producido ninguna respuesta por su parte, lo que en nuestra apinión, además de constituir una manifiesta vulneración del derecho fundamental de petición, evidencia su desinterés por el respeto de la normativa de función pública, dato que no puede dejar de merecer un serio reproche hacia el máximo responsable de la Administración Pública Aragonesa.

Entendemos que todo lo expuesto -tanto el incumplimiento del Gobierno de Aragón de su obligación de aprobar la Oferta anual de empleo público como la adopción de acuerdos con los sindicatos manifiestamente contrarios a la legalidad, y la actitud del Presidente del Gobierno de Aragón- merecen que el Parlamento, a través de sus respectivos Grupos Parlamentarios, impulse las oportunas medidas de control sobre la actuación del Gobierno, para defensa del principio de legalidad, consustancial al propio Estado de Derecho, y garantía del correcto funcionamiento de la Administración Pública y del derecho de todos los ciudadanos de acceder en condiciones de igualdad, conforme a la ley, a las funciones públicas.

Por ello, esta Asociación va a dirigirse a todos los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón para poner en su conocimiento el incumplimiento del Gobierno de Aragón de sus obligaciones en materia de función pública, al objeto de que desde el Parlamento autonómico puedan llevarse a cabo las medidas de control e impulso que cada Grupo pueda considerar oportunas.