COMPARECENCIA ANTE LA COMISIÓN DE PETICIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. (Tercera y final)

INSATISFACTORIA REALIDAD DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ARAGONESA.

Nuestra Asociación surge, en gran medida, como reacción a un estado de cosas que nos preocupa enormemente. Esta preocupación responde a nuestra estricta percepción y valoración, ya que se carece de un análisis o diagnóstico objetivo de la situación de la función pública aragonesa y de una valoración del clima laboral existente. Ambos son requisitos indispensables entre otros para abordar la reforma de la función pública aragonesa y el desarrollo legal que requiere el estatuto básico del empleado público.

Vemos que el principio de legalidad -el respeto a las reglas- va dejando de ser el valor central en el ejercicio de la función pública y que, en su lugar, se trata de imponer, como valor, un ejercicio profesional, diligente e instrumental, al servicio de la dirección política, aunque ello deba hacerse con olvido del necesario respeto a la ley. Consideramos que una pretensión tal es desconocer el sentido y el valor de la función pública. Si queremos mantener el respeto por nuestra profesión y por nosotros mismos, debemos reaccionar frente a esa tendencia de obviar y relativizar la legalidad, indispensable referente no sólo para todo funcionario público sino para la misma existencia del Estado de Derecho.

Basta contemplar el régimen de selección de personal para apreciar el grado de vulneración de la legalidad alcanzado en el ámbito de la función pública aragonesa. A pesar de que constituye una obligación del Gobierno de Aragón la aprobación anual de la oferta de empleo público, en la presente década, son más los años en que no se ha aprobado oferta, cinco -2001, 2002, 2005, 2006 y 2008- que aquellos en que se ha aprobado, tres -2003, 2004 y 2007-, y en los años en que ha habido no se han atendido las necesidades reales ni se han incluido la totalidad de las plazas que exige la ley. Y ello ha generado una alta tasa de interinidad -acaso ya una cuarta parte del total de la plantilla-, lo que ha supuesto un evidente menoscabo del modelo constitucional de función pública, ya que el deber de objetividad de los servidores públicos exige la garantía de permanencia en el empleo, garantía que no se da para el personal interino.

Ahora bien, si lo que se pretendiese conseguir fuera una función pública meramente instrumental, para ejecutar las decisiones políticas, con independencia del respeto a la legalidad, nada mejor que incrementar la temporalidad en el empleo, para que la falta de garantía de permanencia debilite el deber de objetividad y de sometimiento a la ley de los propios empleados públicos.

A dicho incumplimiento en materia de selección de personal se añaden otras disfunciones detectadas, como son: la proliferación de entidades de derecho público y empresas públicas con procedimientos de selección de personal que no se ajustan al estatuto básico, como hemos puesto de manifiesto reiteradamente; la ausencia de una carrera profesional, en la que se premie el compromiso con los objetivos y el buen desempeño de las funciones atribuidas; la inexistencia de un sistema de provisión de puestos de trabajo que funcione de modo correcto y regular, que ha provocado que lo excepcional y lo extraordinario se haya convertido en la fórmula habitual de la cobertura de las plazas vacantes; y la falta de controles adecuados de eficacia y eficiencia en la gestión de los servicios públicos.

Junto a ello, además, hay que referirse al desarrollo de una negociación colectiva en la que tanto Administración como Sindicatos parecen haber olvidado los principios de transparencia y legalidad a los que necesariamente han de ajustarse, como lo acredita la cláusula de revisión salarial pactada en dicho ámbito y aplicada por el Gobierno de Aragón, sin ajustarse a las exigencias de la legalidad presupuestaria que le es de aplicación. El carácter justo o legítimo que pueda corresponder al objetivo de mantener el poder adquisitivo de los empleados públicos no justifica, en modo alguno, que pueda realizarse vulnerando los principios de legalidad, división de poderes y distribución de competencias entre Estado y Comunidades Autónomas. Esta Asociación considera además que los objetivos de política retributiva en el ámbito de las administraciones públicas no pueden estar desvinculados de un compromiso con la mejora de los servicios públicos y los objetivos de calidad en su funcionamiento, ni pueden desconocer los criterios de solidaridad y redistribución que lleva aparejados toda decisión de gasto público. Las concesiones realizadas al margen de la legalidad no consolidan ningún modelo de gestión, sino que nos instalan a todos en el terreno del desgobierno, algo que está en las antípodas de la deseable administración de los recursos públicos.

En este contexto es fácil comprender nuestra preocupación, y las razones que ha motivado la creación de esta Asociación, así como el conjunto de iniciativas que hemos adoptado para contribuir a modificar el actual estado de cosas o, al menos, la tendencia o dinámica de los hechos.

Entre dichas iniciativas, recordamos las relacionadas con la selección de personal, por la falta de aprobación de la oferta anual de empleo público o la demora en la ejecución de los procesos selectivos o la irregular selección de personal de entidades de derecho público y empresas públicas. También las relacionadas con la necesaria competencia profesional de los cargos directivos (directores generales y secretarios generales técnicos), a los que corresponden funciones de dirección técnica y no política. Asimismo, la iniciativa respecto a la transparencia y control del personal eventual de los gabinetes del los miembros del gobierno, cuestión sobre la que finalmente nos hemos visto obligados a pedir una comisión de investigación a esta Cámara. También hemos solicitado la elaboración de una estrategia de ética pública en la que figure de manera relevante un moderno régimen de conflictos de intereses de los altos cargos.

Hemos manifestado igualmente nuestra preocupación por el hecho de que las relaciones de puestos de trabajo no aseguren la profesionalidad e idoneidad de los titulares de los puestos de responsabilidad, criterios omitidos, por ejemplo, en la definición de los puestos de la inspección general de servicios o en la modificación del puesto de dirección de la biblioteca de Aragón.

Por último, podemos citar, entre las iniciativas planteadas, la petición de colaboración diligente con las instituciones de control, en especial con El Justicia de Aragón.

Corresponde al Gobierno de Aragón dirigir eficazmente la Administración Pública aragonesa y por ello está obligado a adoptar todas las medidas necesarias para mejorar su funcionamiento, como compromiso ineludible con los ciudadanos, destinatarios últimos de la labor de la Administración y del conjunto de las instituciones públicas. El procedimiento de elaboración del futuro proyecto de ley de la función pública aragonesa, constituye una oportunidad para abordar tales mejoras.

Pero no todo es responsabilidad del Gobierno, ni mucho menos. El estado de la función pública es también resultado de la conducta de cada uno de los funcionarios y demás empleados públicos. Mal cabrá esperar que el Gobierno sea coherente con los valores constitucionales de la función pública si la actitud generalizada de los empleados públicos no es de respeto y reivindicación de tales valores. No es posible reclamar el respeto de la norma y la aplicación de la excepción para uno, al mismo tiempo. No proyectemos exclusivamente sobre el Gobierno y los diferentes cargos directivos la responsabilidad por el estado de la función pública aragonesa, pero no permitamos que quienes gobiernan lo hagan para agravar los males existentes y no para tratar de corregirlos.

Esta Asociación ha expresado reiteradamente su preocupación por la crisis de legalidad, preocupación que derivaría en alarma si, frente a una ilegalidad denunciada y constatada, las únicas respuestas fuesen la indiferencia o el silencio. De consolidarse esta falta de reacción, podríamos deslizarnos hacia la impunidad del poder político, por desistimiento colectivo en la defensa del valor de la ley, lo que sería la ruina definitiva del Estado de Derecho y de la misma democracia, entendida como forma moral de gobierno.


PETICIONES DE LA ASOCIACIÓN ANTE LAS CORTES DE ARAGÓN.

La Asociación ha optado por canalizar sus solicitudes y propuestas positivas a través de un mecanismo de participación directa en los asuntos públicos, como es el derecho de petición, reconocido en el artículo 29 de la Constitución española.

Entendimos que era el cauce adecuado al gozar de la máxima potencialidad por tratarse de un derecho fundamental, vinculante para todos los poderes públicos. Sin embargo los resultados obtenidos en el ejercicio de tal derecho han sido decepcionantes, dada la sorprendente actitud adoptada por la mayor parte de los altos cargos de la Administración de no responder ni acusar recibo de las peticiones realizadas.

Otra modalidad de derecho de petición es la que se ejerce ante las Cortes de Aragón, de acuerdo con lo previsto en su Reglamento. Este ejercicio lo entendemos como un mecanismo de colaboración de los ciudadanos con la labor de impulso y control de la acción de gobierno por el parlamento. Esta labor de petición a los órganos de la Cámara la hemos acompañado, a su vez, de una información directa a todos los grupos parlamentarios sobre las cuestiones que nos han parecido de interés.

Algunas de nuestras peticiones, tras reiterarlas por falta de respuesta, fueron tratadas en la Mesa de las Cortes y archivadas, sin darles el traslado que entendemos era debido a esta Comisión de Peticiones y Derechos Humanos, conforme al Reglamento de las Cortes. Hemos solicitado al Presidente y a la Mesa de las Cortes la reconsideración de tales acuerdos de archivo y estamos pendientes de la decisión que pueda tomar la Mesa de las Cortes.

No queremos reiterar en esta comparecencia estas peticiones ni otras posteriores de las que tampoco hemos tenido ningún tipo de respuesta hasta el momento. Sólo deseamos que tales peticiones sean tramitadas conforme al reglamento de esta cámara.

Queremos concluir manifestando nuestra plena confianza en las Cortes de Aragón y nuestro convencimiento de que van a ejercer el papel institucional que les corresponde en el impulso de una estrategia de mejora de la Administración autonómica, para reforzar la legalidad, la calidad, la transparencia y la ética administrativa en su organización y en su funcionamiento.

Esta Asociación ofrece su más completo apoyo al desarrollo de tales iniciativas para hacer de la Administración autonómica una verdadera organización al servicio del interés general de los aragoneses.

Quedamos a su disposición para responder a todas las observaciones o consultas que deseen formularnos.
Muchísimas gracias por su atención.