Zaragoza, 31 de octubre de 2008.
La Directora General de la Función Pública del Ministerio de Administraciones Públicas, Petra Fernández Álvarez, en un ejemplar respeto al derecho de petición ejercido por esta Asociación, ha dado respuesta a las cuestiones planteadas en el escrito que, al amparo del artículo 29 de la Constitución, le remitimos para solicitarle la adopción de medidas de coordinación y vigilancia para asegurar el cumplimiento del Estatuto Básico del Empleado Público por todas las Administraciones y, en particular, por las diferentes Comunidades Autónomas.
Dado el interés de la respuesta, procedemos a reproducirla íntegramente, dejando los comentarios a la misma para futuras notas de este blog.
“En contestación a su solicitud de adopción de medidas de coordinación y vigilancia para asegurar el respeto de los preceptos del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) en materia de acceso al empleo público en todas las Administraciones Públicas, con fecha de entrada en registro de 30 de septiembre de 2008, realizada al amparo del derecho de petición reconocido por el artículo 29 de la Constitución Española, en el ámbito de competencias de este Centro Directivo, se emite el siguiente informe, del que se enviará copia a las Direcciones Generales de Función Pública y de Organización, Inspección y Servicios de la Comunidad Autónoma de Aragón.
La Oferta de empleo público viene regulada con carácter básico en el artículo 70 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante, EBEP). Este precepto es, de acuerdo con la Disposición Final Cuarta del EBEP, directamente aplicable desde el 13 de mayo de 2007.
En el caso de la Comunidad Autónoma de Aragón, la aplicación del señalado artículo se realiza, en tanto no se produzca el correspondiente desarrollo legal del EBEP, mediante las previsiones contenidas en los artículos 23 y siguientes del Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de febrero, que aprueba la Ley de la Función Pública de dicha Comunidad Autónoma, en la medida en que no se opongan a lo establecido en el EBEP.
Por su parte, también es de directa aplicación el artículo 10 del EBEP, referido a los funcionarios interinos y que establece para el supuesto previsto en el artículo 10.1.a) del EBEP, la obligación de incluir las plazas vacantes desempeñadas por funcionarios interinos “en la oferta de empleo correspondiente al ejercicio en que se produce su nombramiento y, si no fuera posible, en la siguiente, salvo que se decida su amortización”.
En relación con este precepto, habrán de tenerse en cuenta, hasta que no se produzca el correspondiente desarrollo autonómico del EBEP, entre otros, el artículo 37 y siguientes del Decreto 80/1997, de 10 de junio, de su Reglamento regulador de la provisión de puestos de trabajo, carrera administrativa y promoción profesional, en la medida en que no se opongan a lo establecido en el EBEP.
Por otro lado, como medio para reducir la temporalidad en el empleo público, la Disposición Transitoria Cuarta del EBEP recoge la posibilidad de que las Administraciones públicas efectúen convocatorias de consolidación de empleo para puestos de carácter estructural que se encuentren desempeñados interina o temporalmente con anterioridad a 1 de enero de 2005.
Respecto a la necesidad de que todas las plazas cubiertas por interinos deban necesariamente ser convocadas, se ha de indicar que la Ley de Presupuestos Generales del Estado contiene disposiciones que tienen carácter básico que, si bien están relacionadas con el régimen estatutario de los funcionarios públicos, se adoptan desde una perspectiva económica y de contención del gasto público, así como de coordinación con la hacienda estatal, al amparo de los artículos 149.1.13ª y 156.1 de la Constitución.
En concreto, el artículo 23 de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 se refiere a la Oferta de empleo público, estableciendo el carácter básico de los apartados Uno y Dos.
Así, en el apartado Uno se establece con carácter imperativo un límite máximo de plazas de nuevo ingreso, cifrado en un porcentaje de la tasa de reposición, previendo su concentración en los sectores, funciones y categorías que se consideren prioritarias o que afecten a los servicios esenciales. A continuación establece que "dentro de este límite, la oferta de empleo público incluirá todos los puestos y plazas desempeñados por personal interino, contratado o nombrado en el ejercicio anterior a los que se refiere la letra a) del apartado 1 del artículo 10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, excepto aquellos sobre los que exista reserva de puesto o estén incursos en procesos de provisión".
Por su parte, el apartado Dos señala que "no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de funcionarios del artículo 10.1 de la Ley 7/2007, (...), salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables". A continuación, establece que "las plazas correspondientes a los nombramientos a que se refiere el artículo 10.1.a) de la Ley 7/2007 y contrataciones de personal interino por vacante computarán a efectos de cumplir el límite máximo de la tasa de reposición de efectivos en la oferta de empleo público correspondiente al mismo año en que aquéllos se produzcan y, si no fuera posible, en la siguiente oferta de empleo público salvo que se decida su amortización".
En consonancia con el señalado carácter básico de estos preceptos, la Ley 7/2007, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2008, señala, en su Disposición Adicional vigésima segunda, que "la oferta de empleo público se regirá por lo dispuesto, con carácter básico para esta materia, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2008".
En definitiva, corresponde a la Comunidad Autónoma de Aragón, en el ejercicio de sus competencias, determinar sus necesidades de personal de nuevo ingreso a través de la correspondiente Oferta de empleo público, respetando en todo caso las disposiciones del EBEP, así como los preceptos básicos que en esta materia contiene la Ley anual de Presupuestos Generales del Estado.
Por último, en relación con la actuación que se solicita de esta Dirección General para la adopción de medidas de coordinación y vigilancia en materia de acceso al empleo público de la Administración aragonesa, ésta ya se practica de oficio.
Así, dicha actuación se manifiesta, por un lado, en el control de legalidad de los actos y disposiciones de las Comunidades Autónomas en lo que se refiere al respeto de la legislación básica actual en materia de empleo público y, por otro lado, en la función de coordinación de la política de personal, a través de su participación en los Órganos de Cooperación creados al efecto, especialmente en la Comisión de Coordinación del Empleo Público prevista en el artículo 100 del EBEP, en la que están presentes los máximos órganos directivos autonómicos con responsabilidad en materia de empleo público.
En el seno de la señalada Comisión se atiende fundamentalmente al cumplimiento de fines coincidentes con los que tiene y reseña la Asociación peticionaria, esto es, la contribución al mejor funcionamiento del Estado de Derecho y la defensa de los principios y valores de la función pública, objetivos en los que siempre ha sido relevante la participación del responsable en cada momento de la Comunidad Autónoma de Aragón.
En el ejercicio de dichas funciones, en el mes de junio de 2008, la Dirección General de Desarrollo Autonómico ha dirigido una carta de cooperación a las Comunidades Autónomas en orden a colaborar para un mejor desarrollo del EBEP y el respeto a sus prescripciones básicas, entre las que se encuentran las relativas a los instrumentos de planificación.
Petra Fernández Álvarez. DIRECTORA GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA".
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
5 comentarios:
Eso sí que es marcar las diferencias y no lo de Antonio Brun.
¿No hay noticias del Congreso de los Diputados?
Mucho se habla de los asesores de confianza, pero acaso eso no sea nada con lo que supone el gasto sindical en la DGA. ¿Se tiene algún dato de ese coste?
Imagino que habéis leído la noticia del Heraldo de hoy. Ni siquiera cuando empiezan a arreciar las críticas cejan en su empeño. Han desarrollado una notable sensación de impunidad. Que a lo mejor está incluso justificada: nunca pasa nada.
Hay que sacar conclusiones útiles de esta respuesta.
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