Los códigos han de partir de los valores realmente asumidos por aquellos que han de ponerlos en práctica, por lo que la remoralización de los servidores públicos es un proceso previo o paralelo a la elaboración y formulación de tales códigos. Sólo si un porcentaje amplio de personas asume los valores enunciados será posible que el código sea un instrumento útil para hacer frente a los vicios y contravalores presentes en la función pública.
Los códigos éticos son un instrumento importante, aunque insuficiente, pues sólo son una de las piezas de lo que la OCDE ha denominado "infraestructura ética" o modelo de gestión de la ética pública.
El Código ético profesional elaborado por el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local, aprobado en mayo de 2005, partiendo de una reflexión realizada desde los propios profesionales, es una importante contribución al aseguramiento de la ética pública y a la prevención de la corrupción, pero el Código, por sí solo, no impedirá que casos como los de Marbella, Madrid, Coslada o Estepona vuelvan a repetirse, si no van acompañados del resto de medidas que requiere una verdadera "infraestructura ética", cuya implantación precisa de un decidido compromiso de los representantes políticos.
Desconocemos que dicho compromiso se haya expresado con la rotundidad deseada en el ámbito de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
A continuación reproducimos, por su interés, la introducción del Código ético profesional de los Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local:
"El Código Ético se enmarca en la voluntad de cambio y de excelencia profesional que, resumidos bajo el lema "Una sola profesión. Una nueva proyección. Una nueva organización colegial", concreta el compromiso de los Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de ser los profesionales que faciliten de forma útil y eficaz la acción de los gobiernos locales y de los ciudadanos en el Siglo XXI de acuerdo con las reglas del Estado de Derecho.
En un Estado democrático los ciudadanos tienen derecho a una administración local moderna, de calidad y a un trato personalizado en los asuntos que les afectan directamente, por ello exigen altos niveles de optimización de la gestión en la producción de bienes y prestación de servicios públicos basados en criterios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia en la toma de decisiones y participación ciudadana.
Los Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración local conscientes del papel que jugamos en las organizaciones del sector público local no podemos dejar de participar en este proceso de modernización y mejora de la administración y por ello hemos de facilitar el acercamiento del ciudadano a la Administración.
Pertenecer a un Estado miembro de la Unión Europea y a organizaciones internacionales como UDITE, Union des Dirigeants Territoriaux de l'Europe, nos obliga a que nuestra actividad profesional se rija por principios éticos y de conducta que posibiliten el cumplimiento de los preceptos reflejados en el Tratado de Amsterdam que preconizan el ya mencionado acercamiento entre la administración, sus funcionarios y los ciudadanos, de manera que las decisiones se adopten de forma más abierta y lo más cerca de éstos como sea posible.
Somos conscientes de que la ética es una materia de opción personal que supone hacer aquello que se considera correcto en el momento oportuno y que las actuales normas jurídicas no resuelven todos los aspectos de la actividad profesional de los Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local. Por ello consideramos necesario un código de ética que permita clarificar situaciones dudosas y que pueda servir de referencia en algunas actuaciones, siguiendo el mismo ejemplo que otros colectivos públicos profesionales nacionales y extranjeros.
El Codigo Ético propuesto, apuesta de forma clara y decidida por un modelo de actuación profesional moderno y homólogo al de otros países europeos y recoge los principios éticos y de conducta emanados del Código de Buena Conducta Administrativa aprobado por resolución de 6 de septiembre de 2001 del Parlamento Europeo, por las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y las experiencias y declaraciones de organizaciones internacionales sobre Autonomía Local que inspiraron los principio éticos de la Declaración de Siena, aprobada en la Primera Conferencia Mundial de la Asociación Internacional de Secretarios Generales, Chiefs Executive Officers y Directivos Locales, celebrada en Siena (Italia), en abril de 2002.
Los principios rectores del desarrollo de las funciones de los Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración local que se someten a aprobación, se fundamentan en:
Unos valores públicos, profesionales, éticos y democráticos, basados en el compromiso diario de servicio a los intereses públicos aunque ello suponga una renuncia a la promoción individual.
En una conducta profesional que se regirá por el cumplimiento de valores éticos tradicionales de actuación basados en la neutralidad política, defensa de los valores democráticos, servicio al interés público, lealtad, honestidad, honradez, imparcialidad, eficacia, eficiencia, profesionalidad, dedicación, justicia, transparencia, cumplimiento de la legalidad y respeto a los derechos humanos bajo el principio de igualdad y no discriminación, pero a la vez complementados por nuevos valores éticos relativos a la orientación al ciudadano, colaboración, información, resolución de conflictos, diálogo, impulso de los procesos innovadores, nuevas tecnologías y al trabajo en equipo, que faciliten el acercamiento a los ciudadanos y la modernización de la administración para adaptarla a las nuevas demandas sociales".
Esta importante reflexión- y el consiguiente compromiso adquirido- realizada por un significativo colectivo de profesionales de la función pública, que puede servir de modelo para otros colectivos, debería ser completada por otras medidas que aseguren una adecuada "infraestructra ética" en la administración local española para prevenir y combatir los fenómenos de corrupción, antítesis de toda ética pública.
3 comentarios:
Me parece encomiable el compromiso y la actitud que manifiestan los funcionarios de administración local con un código como el elaborado.
¿por qué no se propone a la FAMCP y a ASAEL, asociaciones que agrupan a las entidades locales aragonesas, una iniciativa para el impulso de los códigos éticos en el conjunto de las insituciones locales, tanto municipales, comarcales y provinciales?
Leo en la prensa, precisamente hoy, que la FEMP va a constituir un grupo de trabajo para la elaboración de un código ético para las administraciones locales. Confiemos en que no sea una mera operación de imagen, sin voluntad de acometer los serios problemas de corrupción existentes al hilo del urbanismo y de otros ámbitos de actuación.
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