Zaragoza, 8 de abril de 2008. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha dado traslado a esta Asociación del expediente administrativo seguido para la modificación del puesto de trabajo de Director/a Gerente de la Biblioteca de Aragón, aprobada por Orden de 17 de octubre de 2007, de los Departamentos de Presidencia y de Economía, Hacienda y Empleo, otorgando un plazo de veinte días para formalizar el escrito de demanda, en el cual deberán expresarse, con detalle, las razones jurídicas que justifican la petición de anulación de dicha modificación.
Un primer análisis de la documentación que obra en el expediente administrativo remitido viene a reforzar la tesis de esta Asociación, consistente en considerar dicha modificación arbitraria y constitutiva de desviación de poder, al estar motivada exclusivamente por la voluntad de posibilitar el acceso al mismo de la entonces Directora General de Cultura, Pilar Navarrete. Para hacer posible su acceso al puesto, se procedió a ajustar las características y requisitos de desempeño del puesto al perfil de la interesada, funcionaria de Administración local sin titulación superior.
El informe desfavorable emitido por la Inspección General de Servicios, en el procedimiento seguido para tal modificación, avala las evidencias de arbitrariedad en tal decisión, al afirmar que la propuesta de modificación adolece de "justificación pormenorizada y suficiente que determine objetiva y racionalmente un cambio tan radical respecto del nivel y requisitos de adscripción del puesto que permanece invariable en cuanto a sus funciones y cometidos que venía desarrollando desde su creación".
Si se admitiese la razón invocada para tal modificación por la entonces Directora General de Gestión de Personal del Departamento de Educación, Cultura y Deporte y ahora Directora General de la Función Pública, Pilar Ventura, consistente en que el puesto desarrolla "funciones de gestión" y que ello ha de fundamentar que el puesto pase de nivel 28 a 26 y se abra al posible desempeño de funcionarios con titulación media –titulación exigida para los “técnicos de gestión”-, pondríamos en cuestión la existencia de la práctica totalidad de las jefaturas de servicio de la Administración autonómica, que habrían de reconvertirse a jefaturas de sección y acaso éstas, a su vez, a jefaturas de negociado.
Lo absurdo del argumento invocado -constatable por el absurdo resultado de su aplicación- permite afirmar que el mismo no es sino una pobre e insuficiente pretensión de "vestir" con razonamiento jurídico una decisión arbitraria contraria a criterios objetivos. Esta decisión incurre, por lo tanto, en desviación de poder, consistente en utilizar las potestades administrativas para favorecer intereses personales ajenos al interés general. Tal utilización irregular de las potestades administrativas –no infrecuente en nuestra Administración- puede deberse a la convicción generalizada de que, como en tantas otras ocasiones que se ha incurrido en uso arbitrario de tales facultades, las decisiones adoptadas, a pesar de las ocasionales críticas, comentarios o reseñas en prensa -en caso de producirse- acaban, no obstante, por consolidarse, acrecentado con ello el poder -que no la autoridad- de quienes las adoptan.
Para tratar de evitar que la organización administrativa incorpore la arbitrariedad, la ilegalidad y la impunidad a sus pautas de funcionamiento, entre otros motivos, se creó esta Asociación, por lo que las circunstancias del caso nos llevaron a impugnar judicialmente la modificación del puesto aprobada por los Consejeros de Presidencia, Javier Velasco, y de Economía, Hacienda y Empleo, Alberto Larraz, a instancia de la doble proponente de la modificación, Pilar Ventura, como responsable de la propuesta de modificación del puesto y responsable de la propuesta de Orden elevada a los dos Consejeros competentes para su aprobación.
La defensa de los principios de legalidad, profesionalidad y ética pública -fines estatutarios de la Asociación- no nos permitían el no reaccionar ante un cambio tan arbitrario como el realizado en la Biblioteca de Aragón. La falta de respuesta de los Consejeros de Presidencia y Economía, Hacienda y Empleo a nuestra petición de revisión de la Orden aprobada no nos dejó otra opción que la de acudir a los tribunales. Confiemos en que tanto este recurso como la sentencia que finalmente recaiga eviten que pueden volverse a producir en nuestra Administración casos similares.
Un primer análisis de la documentación que obra en el expediente administrativo remitido viene a reforzar la tesis de esta Asociación, consistente en considerar dicha modificación arbitraria y constitutiva de desviación de poder, al estar motivada exclusivamente por la voluntad de posibilitar el acceso al mismo de la entonces Directora General de Cultura, Pilar Navarrete. Para hacer posible su acceso al puesto, se procedió a ajustar las características y requisitos de desempeño del puesto al perfil de la interesada, funcionaria de Administración local sin titulación superior.
El informe desfavorable emitido por la Inspección General de Servicios, en el procedimiento seguido para tal modificación, avala las evidencias de arbitrariedad en tal decisión, al afirmar que la propuesta de modificación adolece de "justificación pormenorizada y suficiente que determine objetiva y racionalmente un cambio tan radical respecto del nivel y requisitos de adscripción del puesto que permanece invariable en cuanto a sus funciones y cometidos que venía desarrollando desde su creación".
Si se admitiese la razón invocada para tal modificación por la entonces Directora General de Gestión de Personal del Departamento de Educación, Cultura y Deporte y ahora Directora General de la Función Pública, Pilar Ventura, consistente en que el puesto desarrolla "funciones de gestión" y que ello ha de fundamentar que el puesto pase de nivel 28 a 26 y se abra al posible desempeño de funcionarios con titulación media –titulación exigida para los “técnicos de gestión”-, pondríamos en cuestión la existencia de la práctica totalidad de las jefaturas de servicio de la Administración autonómica, que habrían de reconvertirse a jefaturas de sección y acaso éstas, a su vez, a jefaturas de negociado.
Lo absurdo del argumento invocado -constatable por el absurdo resultado de su aplicación- permite afirmar que el mismo no es sino una pobre e insuficiente pretensión de "vestir" con razonamiento jurídico una decisión arbitraria contraria a criterios objetivos. Esta decisión incurre, por lo tanto, en desviación de poder, consistente en utilizar las potestades administrativas para favorecer intereses personales ajenos al interés general. Tal utilización irregular de las potestades administrativas –no infrecuente en nuestra Administración- puede deberse a la convicción generalizada de que, como en tantas otras ocasiones que se ha incurrido en uso arbitrario de tales facultades, las decisiones adoptadas, a pesar de las ocasionales críticas, comentarios o reseñas en prensa -en caso de producirse- acaban, no obstante, por consolidarse, acrecentado con ello el poder -que no la autoridad- de quienes las adoptan.
Para tratar de evitar que la organización administrativa incorpore la arbitrariedad, la ilegalidad y la impunidad a sus pautas de funcionamiento, entre otros motivos, se creó esta Asociación, por lo que las circunstancias del caso nos llevaron a impugnar judicialmente la modificación del puesto aprobada por los Consejeros de Presidencia, Javier Velasco, y de Economía, Hacienda y Empleo, Alberto Larraz, a instancia de la doble proponente de la modificación, Pilar Ventura, como responsable de la propuesta de modificación del puesto y responsable de la propuesta de Orden elevada a los dos Consejeros competentes para su aprobación.
La defensa de los principios de legalidad, profesionalidad y ética pública -fines estatutarios de la Asociación- no nos permitían el no reaccionar ante un cambio tan arbitrario como el realizado en la Biblioteca de Aragón. La falta de respuesta de los Consejeros de Presidencia y Economía, Hacienda y Empleo a nuestra petición de revisión de la Orden aprobada no nos dejó otra opción que la de acudir a los tribunales. Confiemos en que tanto este recurso como la sentencia que finalmente recaiga eviten que pueden volverse a producir en nuestra Administración casos similares.
6 comentarios:
La verdadera defensa del principio de legalidad, nos guste o no, se ha de hacer en los tribunales de justicia, a pesar de que ésta no funcione tampoco como debiera.
Bueno, parece que por lo menos la Inspección mantuvo el tipo en este asunto. Algo es algo.
Me parece magistral vuestra exposición de los hechos que han llevado a la Asociación a plantear esta cuestión por vía judicial. Creo que si existiera un "blog" que enumerara las arbitrariedades públicas y privadas que se han consolidado en la Administración Aragonesa, nos tendríamos que sentir todos avergonzados, unos por acción y casi todos por omisión. Muchas gracias, esta noche dormiré un poco mejor.
De eso se trata, en buena medida. De poder sentir, al final de cada día, que hemos combatido un poco -siempre mejor que nada- la expansión de la arbitrariedad en la Administración.
¿No hay ninguna novedad sobre lo ocurrido con la biblioteca del Pignatelli? Ya se ve que los responsables políticos han decidido entrar a saco con las bibliotecas.
Aunque nadie conteste ni quiera siquiera escuchar, sigamos con nuestras peticiones e iniciativas.
Dejémoslas escritas en este blog y en escritos reforzados por el ejercicio de un derecho fundamental como el de petición.
Algún día, como dijo Galdós respecto a los sitios de Zaragoza, se pensará o dirá que entre los funcionarios siempre habrá una lengua viva para decir que la función pública no se rinde ante la arbitrariedad y el abuso de poder.
Esta es una batalla de la razón y, como todas las batallas de la razón, se ganará.
Los políticos de esta Administración lo saben perfectamente. Los sindicatos, también.
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