Zaragoza, 26 de noviembre de 2007.
En el día de hoy la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa se ha dirigido a la Mesa de las Cortes de Aragón, en ejercicio del derecho de petición previsto en el artículo 62 del Reglamento de las Cortes de Aragón, para solicitar que el Parlamento autonómico impulse la adopción de un Código de Buen Gobierno en la Comunidad Autónoma de Aragón, similar al aprobado en la Administración General del Estado, así como un estrategia de ética pública para el conjunto de la Administración autonómica, para impulsar de forma efectiva los principios éticos y de conducta contenidos en el Estatuto Básico del Empleado Público.
En el día de hoy la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa se ha dirigido a la Mesa de las Cortes de Aragón, en ejercicio del derecho de petición previsto en el artículo 62 del Reglamento de las Cortes de Aragón, para solicitar que el Parlamento autonómico impulse la adopción de un Código de Buen Gobierno en la Comunidad Autónoma de Aragón, similar al aprobado en la Administración General del Estado, así como un estrategia de ética pública para el conjunto de la Administración autonómica, para impulsar de forma efectiva los principios éticos y de conducta contenidos en el Estatuto Básico del Empleado Público.
Tal medida supondría situar a nuestra Comunidad Autónoma junto a otras Administraciones o Instituciones que han señalado, como criterio rector de toda su labor de gobierno, principios de carácter ético visibles para los ciudadanos, como es el caso de la Administración General del Estado tras la aprobación del Código de Buen Gobierno por el Gobierno de la Nación, en su reunión de 18 de febrero de 2005. Este código proclamando como criterios éticos que han de regir la conducta de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración los siguientes: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, credibilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez y promoción del entorno cultural y medioambiental y de la igualdad entre hombres y mujeres.
Entendemos que un Código de Buen Gobierno, dirigido a los miembros del Gobierno de Aragón y a los altos cargos de la Administración autonómica, sería un complemento necesario al Código de Conducta que incorpora el nuevo Estatuto Básico del Empleado Público, extendiendo el compromiso con los valores de servicio público y de gestión transparente y responsable al nivel político de la Administración Pública.
Consideramos igualmente que un liderazgo político claramente comprometido con los valores del servicio público es imprescindible para promover el comportamiento ético en la Administración Pública, sin que que pueda ejercerse ninguna acción de gobierno en democracia, en una sociedad plural y compleja como la actual, si no es desde un firme compromiso ético de transparencia y responsabilidad en el servicio a la sociedad y al interés general.
Ante fenómenos de corrupción detectados en las instituciones públicas, como en el reciente caso del Ayuntamiento de Madrid, desde las instituciones públicas se ha emitir un claro mensaje de compromiso con los valores éticos de la democracia y de la gestión pública de los intereses generales de los ciudadanos, adoptando para ello aquellas medidas necesarias para asegurar y reforzar una gestión presidida por las notas de profesionalidad y transparencia.
34 comentarios:
¿No se hizo ya esta petición, creo recordar, al Presidente Iglesias? ¿Hubo algún tipo de contestación? Imagino que no, pues nada he leído sobre la cuestión. ¿Por qué será que no interesa a ningún miembro del Gobierno mentar la ética para nada?
Hay que insistir en la necesidad del "giro ético", pues cada día se hace más preciso contar con ese referente para funcionar y dar sentido al trabajo de cada día.
No es preocupe que no acusen recibo de ninguno de los escritos remitidos, porque lo que no pueden evitar es acusar el golpe que supone para ellos.
Pues si se le mandó al Iglesias, carta a la prensa filtrando la carta que se le enviara y haciendo constar que no hubo contestación. Que sepan que contestar o dejar de hacerlo tiene sus consecuencias y su coste.
Muchos funcionarios han empezado a tomar en serio a esta asociación con el asunto de los "asesores invisibles" de los gabinetes de los consejeros. Espero que cada vez se vea con mayor nitidez la enorme utilidad de esta iniciativa.
¿Qué ocurre con las encuestas?¿Se ha descartado la idea?¿Algún problema técnico?
¿Cuándo se piensa interponer el recurso contra la modificación de la plaza de Director de la Biblioteca Pública de Aragón?
¿de verdad los funcionarios quieren poner coto a los numerosos abusos que vemos en la Administración Pública o preferimos no darnos por aludidos?
Leo en Diario de Teruel una protesta de UGT por el desarrollo de las pruebas de habilitación para el personal laboral de la DGA. ¿Han caído por fin en la cuenta de la irregularidad de tal convocatoria? ¿Finalmente, comparten el criterio expresado por el Justicia de Aragón sobre la vulneración del principio de publicidad, al no establecer el contenido de las pruebas a realizar ni otros aspectos igualmente esenciales para garantizar la igualdad y publicidad señaladas en el Convenio Colectivo? No, nada de eso. Lo que les molesta es que haya que acudir a Zaragoza a realizarlas. Uno estaría tentado de creer razonable dicha queja, si previamente ese sindicato hubiese puesto de manifiesto el sinfín de irregularidades de tales pruebas. Así, lo único que produce tal noticia es aumentar el nivel de estupor por el silencio estruendoso de la Administración y del conjunto de los sindicatos en este vergonzoso episodio de nuestra Función Pública.
Sí, aún me sorprende más a mí el hecho de que dicho periódico entienda de interés informativo tal protesta de UGT y no dé difusión a ninguna de las acciones de esa Asociación. ¿Han renunciado a controlar al todopoderoso poder político de la DGA?
Este domingo pasado vi en la prensa un anuncio de contratación de personal para una "empresa pública de ámbito regional", sin identificarla, como si se tratase de evitar el conocimiento general de la misma. ¿Es eso compatible con el principio de publicidad que exige la Ley para la contratación de personal en el conjunto del sector público? ¿No se va a poner coto o remedio a este asunto?
¿Qué está haciendo la asociación con ese tema, que debería ser uno de sus principales ámbitos de actuación o línea de trabajo constante hasta acabar con este secretismo?
¿Hay alguna esperanza en que las Cortes puedan modificar algo de la situación actual de la Administración?
Es verdad que gobernar en democracia supone un particular ejercicio de receptividad, por un lado, de apertura a las propuestas y sugerencias de la sociedad, pues gobernar ya es en la actualidad codecidir entre las instituciones y la sociedad, pero junto a ello, está la otra vertiente, consistente en rendir cuentas de lo realizado, dar razones de las decisiones adoptadas, no ocultar información ni mantener acuerdo alguno fuera del control y del conocimiento de los ciudadanos.
Pues, a mi modo de ver, estos aspectos son los que más desmerecen al actual gobierno autonómico, por su sordera a todo aquello que le suene a rendir cuentas o a explicar situaciones de dudosa legalidad -como es el caso de la situación de los asesores de los gabinetes, cuestión sobre la que nada se ha dicho, más allá del número-. No se contesta a ninguna de las sugerencias que se formulan o, si se hace, se hace con evidente mala gana y descortesía.
Esa actitud, inadmisible en una verdadera democracia, es la imagen real que ofrece este gobierno y la que, al menos para mí, le priva de toda confianza y credibilidad. No veo, sin embargo, que le suscite ninguna inquietud, seguros como están de dominar todos los resortes del sistema, pero se equivocan completamente si creen que pueden socavar impunemente el aliento democrático de la sociedad.
¿Alguien piensa reclamar al Gobierno de Aragón alguna vez que revise su obsoleto y benévolo régimen de incompatibilidades y asuma las novedades introducidas por la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado? ¿O se prefiere manga ancha para el poder?
¿No está un poco dormida esa Asociación, aunque se crea despierta por sentirse tuerta en un país de ciegos?
¿no son capaces los funcionarios de reaccionar frente al avasallamiento que representan las empresas públicas? ¿no cabe decir lo mismo respecto de los emprendedores aragoneses? ¿existe espíritu empresarial verdadero en esta tierra? ¿por qué, entonces, la CREA no tiene nada que objetar a esta deriva empresarial del Gobierno, totalmente abusiva en materia de competencia, que suponen las empresas públicas?
O se actúa con claridad y contundencia, o es preferible dedicarse a otras tareas.
Insisto en que la legalidad se defiende en los tribunales y no con escritos de petición, siempre desatendidos, a los consejeros.
No obstante, hay que mantener el ánimo cívico alto y perseverar, que el viento sopla a favor de la transparencia gracias a Bruselas y a Madrid, y en ese orden. Lo siento por los que se sientan muy autonomistas, pero en esta materia la autonomía no favorece nunca el impulso ético.
Yo sí que creo que la Asociación empieza a languidecer. Lo que hace falta es que se genere debate social, y que la Asociación lo promueva. Y para eso hace falta más presencia en los medios, en las Cortes... u organizando alguna mesa redonda en donde estén periodistas del Heraldo y del Periódico, políticos, el Justicia, los sindicatos... Que haya algo de bulla, de debate y de tensión, denuncias significativas y con datos consistentes. Qué sé yo: los asesores que no aparecen por el Pigna, el personal de las empresas públicas que ocupa puestos de funcionarios, la cantidad de puestos en comisión de servicio, el incremento de los puestos de libre designación... Esas cosas. Menos hablar de ética, que está muy bien, y más ejemplos -y denuncias- tangibles. Lo que la gente y los periodistas entienden.
¿No sería oportuno llevar el tema de los asesores de los gabinetes a la Inspección General de Servicios, tan preocupado como está ese órgano por el control horario a los funcionarios? ¿por qué no se les pide que realicen un control presencial del conjunto de los asesores y eleven, posteriormente, un informe sobre la situación existente?
¿No se piensa dar más vida a los blog temáticos de los grupos de trabajo?
¿Menos hablar de ética? ¿Por qué?
Hablar de ética es un paso previo para dar sentido a las acciones de denuncia de la corrupción.
Los que miramos la situación con un alto grado de indignación, por el amplio incumplimiento de las normas y el bajísimo nivel de exigencia profesional en una gran parte de los puestos de trabajo, podemos pensar que esa Asociación no hace lo suficiente, pero podemos preguntarnos, ¿lo que hace la asociación lo hace alguien más?
Sin embargo, los responsables administrativos, receptores del conjunto de iniciativas de la asociación, tienen una impresión muy diferente sobre el grado de actividad de la asociación. Creen, al contrario que algunos de nosotros, que esta asociación no da tregua, que no para de lanzar escritos, propuestas, denuncias y que todas van a la diana.
Mi sugerencia es que se mantenga el ánimo de hacer más, de incidir más en cada uno de los temas que se aborden -sin rehuir los mecanismos de inspección o las diferentes vías legales existentes, cuando la gravedad de los hechos lo requiera-, pero que no se minimice lo que se ha hecho y se sigue haciendo.
Eso sí, la escasa contundencia final frente a las vergonzosas pruebas de habilitación del personal laboral es un signo de debilidad impropio de los fines proclamados. Un tema para la reflexión.
El compromiso cívico de esta Asociación requiere un trabajo constante, casi diario. ¿Cuántas personas están dispuestas a asumir un compromiso de ese tipo? ¿Cuál sería la fuerza de incidencia si muchos hicieran, cada uno, un poco del esfuerzo requerido?
Me gustaría hacer una advertencia: que nadie se sienta exonerado de sus responsabilidades en cuanto a asegurar la legalidad dentro de la Administración por el hecho de que exista una Asociación dedicada a ello. Si se llegase a esa conclusión, sería justamente todo lo contrario a lo pretendido, que no es otra cosa que reforzar el compromiso profesional y ético de todos y cada uno de los que trabajamos en la Administración.
¿Sigue creyendo esa Asociación, como afirmaba en el mes de junio, que el nuevo Consejero de Presidencia va a impulsar alguna medida tendente a reforzar la profesionalidad y a reducir la actual arbitrariedad y los abusos de poder que todos conocemos?
¿Ha sido capaz, por ejemplo, de parar la desviación de poder cometida con el puesto de Director de la Biblioteca Pública de Aragón?
No seamos ingenuos.
Segundo: que nadie piense que la Asociación se entera de todo lo que sucede y que, además, cuenta con recursos humanos o económicos para librar todo género de batallas imaginables, por necesarias que éstas sean. Esto es una responsabilidad compartida y la asociación no es más que ese punto de apoyo -pequeño, pero necesario, necesario pero no suficiente- que nos puede permitir tener una voz cívica dentro y fuera de la Administración.
¿Quién dijo que las cosas no se podían hacer peor de lo que se habían hecho hasta ahora? ¿Quién dijo, por el contrario, que es posible que los de ahora hagan buenos a los anteriores?
Proyectos a Gran Scala, eso es lo único que parece interesar a quienes debieran dedicarse a gobernar la cosa común.
¿Se habrá dado por aludido alguno de esos asesores con la información aparecida la semana pasada en prensa? Me temo que son inmunes a todo o, al menos, creen serlo.
¿Estarían dispuestos los responsables de esa Asociación a abrirla y presentarla a los funcionarios de ayuntamientos y comarcas de Aragón, y no limitarse a las cosas de la DGA? Aragón no se agota en la DGA.
Algunos seguimos teniéndole algo de fe a Velasco, aunque menos que antes, y es que hay equipos que pesan como losas.
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