Zaragoza, 30 de noviembre de 2007.
La Asociación se ha dirigido hoy a los Consejeros de Presidencia y de Economía, Hacienda y Empleo para solicitarles que subsanen, en el texto del proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2008, la omisión de la cláusula de revisión salarial para el conjunto de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma, pactada entre Administración y Sindicatos en la Mesa de Función Pública del día 19 de febrero de 2007.
La Mesa de Función Pública alcanzó un acuerdo entre Administración y Sindicatos, el pasado 19 de febrero de 2007, en el que se incluía una cláusula de revisión salarial para el caso en que la inflación interanual superase el incremento retributivo autorizado por la Ley de Presupuestos, con el fin de asegurar el poder adquisitivo del conjunto de los empleados públicos de la Comunidad Autónoma.
Dicho Acuerdo no fue publicado en el Boletín Oficial de Aragón, como exige la normativa aplicable a los pactos y acuerdos resultantes de la negociación colectiva, ni ahora ha sido incluída en el texto del proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón, como exige el artículo 21.1 del Estatuto Básico del Empleado Público.
Dicha omisión viene a generar una inadecuada incertidumbre jurídica o dudas razonables de legalidad de tal medida, ya que difícilmente cabrá aplicar una subida retributiva que no haya sido oportunamente autorizada por las Cortes de Aragón, en la ley presupuestaria que ha de autorizar todos los gastos públicos, como se señala en el artículo 111 del Estatuto de Autonomía de Aragón: “El presupuesto de la Comunidad Autónoma será único e incluirá la totalidad de los gastos e ingresos del sector público autonómico”.
Con el fin de despejar cualquier duda de legalidad respecto a la futura aplicación del acuerdo alcanzado por Administración y Sindicatos y para asegurar el estricto cumplimiento de la normativa presupuestaria y del régimen retributivo previsto por el Estatuto Básico del Empleado Público, esta Asociación se ha dirigido, al amparo del derecho fundamental de petición, previsto en el artículo 29 de la Constitución española, a los Consejeros de Presidencia y de Economía, Hacienda y Empleo, del Gobierno de Aragón, para que subsanen la omisión producida en el proyecto de ley de presupuestos o, en caso contrario, expliquen las razones que justifican la no inclusión de la citada cláusula de revisión salarial, con las consecuencias y efectos que ello tendría en materia de negociación colectiva.
Asimismo, la Asociación ha trasladado igual petición a las organizaciones sindicales firmantes del acuerdo de la Mesa de Función Pública, a los diferentes Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón y al Justicia de Aragón además de a los Consejeros señalados y a los Secretarios Generales Técnicos de los diferentes Departamentos del Gobierno de Aragón.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
24 comentarios:
En buen hora se acaba con el tabú de la cláusula de revisión salarial, para la que hay que reclamar luz y taquígrafos.
Muy bien. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César.
Menos bienes de la franja y otras cortinas de humo para tener distraída a la opinión pública sobre lo que sucede en nuestro entorno más inmediato.
He escuchado al presidente de esa asociación exponer el tema en una entrevista en Radio Ebro, en términos muy inteligibles para todos. A ver qué dice el Gobierno y los diputados. ¿Es tiempo todavía de introducir enmiendas? Mi mayor duda sobre todo esto es el papel que corresponde a los sindicatos. ¿no les preocupa que lo negociado no se refleje en la ley? ¿por qué?
Pero qué pardillos son los representantes sindicales de los funcionarios. Los torean y manejan como a marionetas. Y se dejan, claro. ¿A cambio de qué?
¿Qué se pretende con esta iniciativa? ¿Titulares sensacionalistas a la mayor gloria de esa Asociación?
¿De dónde sacan las fuerzas los miembros de esa asociación? Vaya para ellos mi reconocimiento por el esfuerzo sostenido que vienen realizando desde hace meses.
También es grave que los grupos parlamentarios no hagan frente a tan manifiesta irregularidad, por temor a perder el apoyo de los afectados. ¿Qué significa ésto? ¿Todo es mero electoralismo? ¿Principio de conveniencia? Sería grave que el único control que se dejase a disposición de los ciudadanos para velar por la legalidad sea a acudir al Ministerio Fiscal, pero no hay que descartarlo ante la pasividad de quienes debieran asegurar el cumplimiento de las reglas del juego.
Este fin de semana he visto con sorpresa un anuncio de selección de personal por la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, organismo público adscrito al Departamento de Presidencia, siendo este Departamento el responsable de asegurar el cumplimiento de la normativa de empleo público.
Tras la entrada en vigor del Estatuto Básico del Empleado Público parece claro que las entidades de Derecho público sólo pueden seleccionar al personal que les autorice la Oferta de Empleo Público, cosa que no se ha hecho en este caso, razón por la cual la selección de personal prentendida por la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión carece de base jurídica para realizarse.
¿Preocupa el tema a los responsables del Departamento de Presidencia? No lo parece, a la vista de que el Consejero Velasco ya dijo que no urgía el control de la selección de personal de entidades y empresas públicas.
Las fuerzas salen siempre de las convicciones personales.
No he visto nada en prensa sobre este tema. ¿Se ha difundido a los medios de comunicación?
Este tema no es un tema cualquiere, como cualquiera puede comprender, así que es posible que su aclaración lleve su tiempo o que registre particulares resistencias a tratarse públicamente, por sus innumerables connotaciones.
No percibo ningún tipo de reacción a este tema, desde ningún ámbito de la Administración ni de la sociedad. Tal vez sea de difícil comprensión o tal vez se prefiera no entender todo lo que subyace en este asunto.
¿No se ha pensado en nadie más interesado o afectado por el asunto, para ponerle en conocimiento de la iniciativa? ¿El Ministerio de Administraciones Públicas, por ejemplo?
¿Pero no había ya cláusula de revisión salarial desde hace un par de años o más? ¿Tampoco se había incluido en los proyectos de ley de presupuestos? ¿qué pasó, entonces?
¿Alguien sabe lo que ha dicho el Justicia de ARagón en la presentación del Informe de 2006 ante las Cortes de Aragón? Sería bueno hacer un extracto de lo que afecte a la función pública de la DGA.
Me parece muy buena idea el haber dado tal amplitud a esta cuestión e implicar al conjunto de los secretarios generales técnicos de los departamentos, para que se den cuentan de que no sólo ejercen funciones sectoriales sino que les corresponden tareas de conjunto, pues son el segundo nivel colegiado de gobierno de la dga. Y, además, porque lo lleva la denominación del cargo, debieran cuidar de las cuestiones de carácter técnico y ésta parece que lo es, al menos de técnica legislativa o de legalidad presupuestaria.
Sigo sin ver ninguna reacción pública sobre este tema. ¿Vendrá con efecto retardado?
Veo en el Heraldo de hoy una breve reseña sobre alguna actuación de la asociación en materia de incompatibilidades de altos cargos de la DGA, y me sorprende no ver en el blog infomración más amplia sobre la cuestión.
¿Hay algún motivo para ello? ¿No se pretendía a través de dicho medio garantizar la transparencia de todas las actuaciones de la asociación, rerpoduciendo incluso los escritos formulados? ¿Qué pasa? ¿Flaquean las fuerzas o las convicciones?
Formulo este consejo a la asociación: en el conjunto de las iniciativas que se emprendan hay que ejercer, especialmente, presión sobre el nivel débil del gobierno y me estoy refiriendo al nivel de direcciones generales, a los que todavía queda algo de sentimiento de legalidad, pues está claro que la actitud de los consejeros demuestra que se creen instalados definitivamente por encima del bien y del mal, pero ya descubrirán cuan lejos están de ello.
En todo aquello que afecte a temas presupuestarios, ejérzase con toda la contundencia posible presión sobre la Intervención General, por ejemplo, y lo mismo sobre la Dirección General de Presupuestos, o sobre la Dirección General de Función Pública. Son funcionarios y saben lo que se juegan. Deberían saber también qué principios deben respetarse en la gestión pública.
En relación con lo que se comentaba del anuncio de selección de personal efectuado por la Corporación aragonesa de radio y televisión, sería bueno, a título de ejemplo y para sentar un criterio jurisprudencia sobre el tema que pueda frener el incumplimiento generalizado de la norma, impugnar dicha convocatoria o anuncio de selección por los cauces que proceda. No queda otro remedio si se quiere actuar con seriedad y detener tanta frivolidad institucional, tanta inaplicación de la ley.
A la vista de la información que publica el Heraldo, en contraste con la restante prensa aragonesa, vuelvo a creer que hay algo de verdad en su proclamación de "Diario Independiente".
¿Quieres decir que el Heraldo es independiente? Creeré eso cuando renuncie a insertar publicidad institucional o de las empresas públicas, algo por cierto que el Gobierno debiera tener prohibido. Porque, ¿si las empresas públicas trabajan en régimen de monopolio y con carácter preferente y exclusivo para la Administración, por qué tienen que gastar dinero, que es de todos, en publicidad?
¿Alguien recuerda aquello de la limitación presupuestaria (de los del Estado) a la subida retributiva de los empleados públicos? Igual es por eso y no por pardillez. Digo
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