El rescate o intervención de España por la Unión Europea -al margen de sutilezas terminológicas para enmascarar o edulcorar la realidad- es el certificado de un fracaso colectivo, aunque algunos se empecinen en apuntar a los responsables de las entidades financieras como los únicos causantes del desastre económico de nuestro país. Que paguen ellos la crisis, dicen. Son muchos los que se resisten a abandonar su maniquea forma de entender el mundo, distinguiendo entre buenos y malos, culpables e inocentes. Por acción u omisión, todos tenemos parte de responsabilidad en un fracaso colectivo como el que en estos momentos sufre España.
Esta Asociación reaccionó hace cinco años contra una grave deriva vivida en la Administración aragonesa. Políticos travestidos de empresarios, sindicatos llamando conquistas sociales al fraude de la legalidad presupuestaria, tasas de interinidad desconocidas en la función pública por el incumplimiento del derecho constitucional de acceso al empleo público, puestos de trabajo en los gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón convertidos en mera prebenda política, por no hablar de escándalos como el de la liquidación de ASAEL tras todo tipo de abusos e irregularidades o el inconcluso expediente de La Muela, mientras un Consejero de Presidencia, como Javier Velasco, negaba en las Cortes de Aragón que hubiese corrupción en Aragón.
Esta Asociación fracasó en su intento de modificar las cosas, sencillamente porque no halló ni en las instituciones ni en la función pública el grado de compromiso suficiente con la legalidad y la ética pública, y se despachó la iniciativa como la actuación de un grupo de funcionarios resentidos. Cuando cinco años de desgaste empiezan a pasar indudable factura, hay quien cree y afirma que quien incumple su deber -¿existe el deber de denunciar el incumplimiento de la legalidad cuando tantas veces se nos ha negado la legitimación para hacerlo y se nos ha llegado a condenar en costas por reaccionar contra sangrantes desviaciones de poder de los responsables políticos?- es esta Asociación y no quienes siguen tranquilos y callados en sus puestos, como si viviesen en el mejor de los mundos.
Lamentablemente el tiempo no ha hecho sino demostrar que lo que esta Asociación denunciaba no era sino una mínima parte de la punta del iceberg contra el que ha impactado, finalmente, nuestro país. El dinero fácil lo ha invadido todo -para qué pagar impuestos si se pueden eludir, para qué renunciar a ventajas retributivas por ilegales que resulten, cada cual ha contribuido a la enfermedad en la medida que ha estado a su alcance- y los servidores públicos poco han hecho -hemos hecho- por mantener en pie la arquitectura del Estado de Derecho, minado por la corrupción. Vengan ahora las mareas multicolores de protesta, pero dónde estaba la protesta contra la indisimulada marea de la corrupción que todo lo anegaba.
Los ciudadanos desconcertados -indignados- han perdido la confianza en las instituciones públicas, y no sólo en quienes las dirigen, también en quienes las gestionan su día a día. Difícilmente podremos volver a prestigiarlas con actitudes como la del Presidente del Consejo General del Poder Judicial y tantos otros representantes institucionales, que siguen administrando lo público como si de un botín se tratase.
Esta Asociación ha hecho en todo momento profesión de fe europeísta. Ha tratado en vano de traer al ámbito de las instituciones españolas medidas de transparencia y buen gobierno propugnadas por instituciones europeas -Unión Europea o Consejo de Europa-, ante la indiferencia absoluta de todos aquellos a los que nos hemos dirigido. Tenemos pendiente todavía que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón se pronuncie sobre la posible lesión por parte del anterior Presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, al derecho fundamental de petición ejercido por esta Asociación ante él y otros miembros del Gobierno autonómico. El derecho a obtener una respuesta razonada a nuestras propuestas de mejora institucional fue sencillamente ignorado.
Políticos que desprecian los derechos fundamentales de los ciudadanos, como los que hemos padecido y padecemos, son en gran parte responsables del actual estado de cosas. Ellos se colocaron al margen del ejercicio democrático del poder político y merecen ser expulsados de la acción política como muchos banqueros han de ser expulsados de la actividad mercantil. El saneamiento económico ha de verse acompañado de otros saneamientos, reclamados desde la legalidad y el respeto al derecho, y no desde la agresión a las instituciones, como sucedía hace pocos días, con unas Cortes de Aragón acosadas por manifestantes cuyas reivindicaciones no les autorizan a vulnerar las leyes. Acaso no reparen en que quien agrede o insulta a un Parlamento o a unas parlamentarias -del partido que sean- está insultando a toda la ciudadanía a la que representan.
Decía Ortega y Gasset, a principios del siglo pasado, que España es el problema y Europa la solución. Hoy más que nunca resulta evidente esa afirmación. Pero hoy somos parte de Europa y sólo nos podemos concebir como europeos, por lo que la solución ha de partir también de nosotros y dentro de este nosotros hemos de figurar de forma activa los servidores públicos que sabemos del valor de lo público para que los ciudadanos hagan efectiva su libertad y vean asegurada su igualdad, formal y material. En este ineludible esfuerzo que hemos de acometer a partir del crítico momento que vivimos no nos podemos permitir fracasar de nuevo.
Esta Asociación reaccionó hace cinco años contra una grave deriva vivida en la Administración aragonesa. Políticos travestidos de empresarios, sindicatos llamando conquistas sociales al fraude de la legalidad presupuestaria, tasas de interinidad desconocidas en la función pública por el incumplimiento del derecho constitucional de acceso al empleo público, puestos de trabajo en los gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón convertidos en mera prebenda política, por no hablar de escándalos como el de la liquidación de ASAEL tras todo tipo de abusos e irregularidades o el inconcluso expediente de La Muela, mientras un Consejero de Presidencia, como Javier Velasco, negaba en las Cortes de Aragón que hubiese corrupción en Aragón.
Esta Asociación fracasó en su intento de modificar las cosas, sencillamente porque no halló ni en las instituciones ni en la función pública el grado de compromiso suficiente con la legalidad y la ética pública, y se despachó la iniciativa como la actuación de un grupo de funcionarios resentidos. Cuando cinco años de desgaste empiezan a pasar indudable factura, hay quien cree y afirma que quien incumple su deber -¿existe el deber de denunciar el incumplimiento de la legalidad cuando tantas veces se nos ha negado la legitimación para hacerlo y se nos ha llegado a condenar en costas por reaccionar contra sangrantes desviaciones de poder de los responsables políticos?- es esta Asociación y no quienes siguen tranquilos y callados en sus puestos, como si viviesen en el mejor de los mundos.
Lamentablemente el tiempo no ha hecho sino demostrar que lo que esta Asociación denunciaba no era sino una mínima parte de la punta del iceberg contra el que ha impactado, finalmente, nuestro país. El dinero fácil lo ha invadido todo -para qué pagar impuestos si se pueden eludir, para qué renunciar a ventajas retributivas por ilegales que resulten, cada cual ha contribuido a la enfermedad en la medida que ha estado a su alcance- y los servidores públicos poco han hecho -hemos hecho- por mantener en pie la arquitectura del Estado de Derecho, minado por la corrupción. Vengan ahora las mareas multicolores de protesta, pero dónde estaba la protesta contra la indisimulada marea de la corrupción que todo lo anegaba.
Los ciudadanos desconcertados -indignados- han perdido la confianza en las instituciones públicas, y no sólo en quienes las dirigen, también en quienes las gestionan su día a día. Difícilmente podremos volver a prestigiarlas con actitudes como la del Presidente del Consejo General del Poder Judicial y tantos otros representantes institucionales, que siguen administrando lo público como si de un botín se tratase.
Esta Asociación ha hecho en todo momento profesión de fe europeísta. Ha tratado en vano de traer al ámbito de las instituciones españolas medidas de transparencia y buen gobierno propugnadas por instituciones europeas -Unión Europea o Consejo de Europa-, ante la indiferencia absoluta de todos aquellos a los que nos hemos dirigido. Tenemos pendiente todavía que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón se pronuncie sobre la posible lesión por parte del anterior Presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, al derecho fundamental de petición ejercido por esta Asociación ante él y otros miembros del Gobierno autonómico. El derecho a obtener una respuesta razonada a nuestras propuestas de mejora institucional fue sencillamente ignorado.
Políticos que desprecian los derechos fundamentales de los ciudadanos, como los que hemos padecido y padecemos, son en gran parte responsables del actual estado de cosas. Ellos se colocaron al margen del ejercicio democrático del poder político y merecen ser expulsados de la acción política como muchos banqueros han de ser expulsados de la actividad mercantil. El saneamiento económico ha de verse acompañado de otros saneamientos, reclamados desde la legalidad y el respeto al derecho, y no desde la agresión a las instituciones, como sucedía hace pocos días, con unas Cortes de Aragón acosadas por manifestantes cuyas reivindicaciones no les autorizan a vulnerar las leyes. Acaso no reparen en que quien agrede o insulta a un Parlamento o a unas parlamentarias -del partido que sean- está insultando a toda la ciudadanía a la que representan.
Decía Ortega y Gasset, a principios del siglo pasado, que España es el problema y Europa la solución. Hoy más que nunca resulta evidente esa afirmación. Pero hoy somos parte de Europa y sólo nos podemos concebir como europeos, por lo que la solución ha de partir también de nosotros y dentro de este nosotros hemos de figurar de forma activa los servidores públicos que sabemos del valor de lo público para que los ciudadanos hagan efectiva su libertad y vean asegurada su igualdad, formal y material. En este ineludible esfuerzo que hemos de acometer a partir del crítico momento que vivimos no nos podemos permitir fracasar de nuevo.
