¿UN GRAN ACUERDO PARA CORREGIR LA INTERINIDAD EN LAS ADMINISTRACIONES?

Esta Asociación se ha dedicado, durante diez años, a combatir la crisis de las ofertas de empleo público en las Administraciones Públicas, resultado de la inaplicación de la legalidad por los responsables de función pública, de la inhibición de los órganos de control interno y externo de la gestión pública, de la tibia posición mantenida por los tribunales de justicia y de la sinrazón con que los responsables de las instituciones políticas han mantenido, contra viento y marea, unas arbitrarias tasas de reposición de efectivos, a pesar de que las mismas no han servido para contener el gasto de personal, sino para ocasionar un grave deterioro en el funcionamiento y profesionalidad de la función pública, privando a los ciudadanos del efectivo ejercicio del derecho de acceso a la función pública.

Ahora asistimos al anunciado pacto entre Gobierno y Sindicatos sobre medidas para corregir la interinidad en las Administraciones Públicas, sin que ello vaya, al parecer, acompañado del menor análisis de la situación existente, de las causas que han provocado la actual situación y de los medidas arbitradas para que dicha corrección de las elevadas tasas de interinidad se haga desde el escrupuloso respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Cuando esta Asociación, años atrás, ha combatido la interinidad y la lesión al derecho fundamental de acceso a la función pública de los ciudadanos, ha tenido que enfrentarse a la hostilidad de los Gobiernos, tanto autonómico como estatal, y de los sindicatos de la función pública, que siempre han antepuesto sus acuerdos en el marco de la negociación colectiva a los derechos de los ciudadanos, olvidando acaso que el ejercicio de los derechos de los ciudadanos es una materia excluida de la negociación colectiva, y la oferta de empleo público, además de una cuestión de organización del empleo público, es un elemento básico para asegurar el ejercicio del derecho de acceso a la función pública que el artículo 23.2 de la Constitución Española reconoce a todos los ciudadanos.

Con sorpresa e incredulidad, asistimos ahora al giro que los responsables del nuevo Ministerio de Hacienda y Función Pública parecen estar adoptando en materia de oferta de empleo público, mediante la adopción de un acuerdo con los sindicatos para reducir, en el plazo de tres años, el 90% del volumen de interinidad acumulado en las diferentes Administraciones, y que afecta a cientos de miles de puestos de trabajo. Son los mismos responsables que, hace escasamente unas semanas, impugnaban la normativa autonómica aragonesa que pretendía corregir la interinidad del Servicio Aragonés de Salud. Es lógico que la incredulidad por este cambio de actitud sea nuestra primera reacción: las leyes no se cumplen solo cuando se pacta cumplirlas, en el marco de la negociación colectiva, pues las leyes han de cumplirse en toda circunstancia, y el principio de legalidad es uno de los límites a los que ha de someterse tanto la actuación de los poderes públicos como la negociación colectiva en el ámbito de la función pública.

Incredulidad genera que el responsable de la función pública de la Administración aragonesa, el Consejero Fernando Gimeno, anuncie ofertas de empleo público mastodónticas, para corregir de manera drástica la interinidad, cuando meses atrás su empeño era recurrir ante el Tribunal Supremo las sentencias obtenidas por esta Asociación en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón contra las ofertas de empleo de 2014 y 2015, por no incluir en las mismas la totalidad de los puestos vacantes ocupados por interinos.

Observamos la desfachatez con la que responsables estatales y autonómicos en materia de función pública cambian de discurso de la noche a la mañana, para presentarse ante la opinión pública como los llamados a resolver la situación que ellos mismos han creado a lo largo de años de cerrazón y arbitrariedad, con criterios falaces que han sostenido con obstinación hasta ayer mismo.

Esta Asociación ha defendido y defenderá el derecho de los ciudadanos a acceder a la función pública, con plena garantía de los principios de igualdad, mérito y capacidad. Interinos y no interinos tienen igual derecho a acceder a un puesto de trabajo público, por lo que seguimos rechazando todo lo que sea un mero proceso de consolidación de empleo, para transformar en fijos a los que ahora ocupan temporalmente un puesto de trabajo.

Desconocemos las razones reales que han motivado este radical cambio de postura del Gobierno –y no estamos dispuestos a que dichas razones se hurten a la opinión pública-, pero no es aventurado pensar que ha sido determinante la postura del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de radical desautorización del estado de cosas generado por la irracional aplicación de las tasas de reposición de efectivos, y la elevada y prolongada interinidad generada con ello, con grave lesión del derecho de muchas personas –empezando por los interinos atrapados en una irregular y discriminatoria situación laboral-, y que el único objetivo perseguido por las partes del acuerdo suscrito ha sido solo prevenir males mayores –un rosario de fallos condenatorios- y convencerse de que el derecho de los ciudadanos no lo ampara la Constitución o el Estatuto Básico del Empleado Público, sino el pacto entre Gobierno y Sindicatos, algo que en modo alguno cabe aceptar en un verdadero Estado de Derecho.