LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LOS PROCESOS SELECTIVOS: UNA EXIGENCIA INELUDIBLE EN EL ESTADO DE DERECHO.

El hecho de que, con más frecuencia de la deseable, los procesos selectivos para el ingreso en la función pública autonómica –sobre todo en aquellos en que concurre un alto volumen de candidatos- transcurran de manera anómala, con incidencias graves que restan confianza y seguridad jurídica a los opositores es un tema que merece una especial atención para quienes creemos que los principios de igualdad, mérito y capacidad han de presidir el acceso a la función pública.

Ahora, parece que la polémica afecta al proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Comunidad Autónoma (Auxiliares Administrativos), convocado por Resolución de 8 de junio de 2015, del Director de la Función Pública y Calidad de los Servicios (publicada en BOA núm. 121, de 26 de junio de 2015).Y debemos prestarle la atención debida por elemental respeto a las personas afectadas por dicho proceso, al margen de otras razones obvias para esta Asociación.

No es habitual que los miembros de un Tribunal Calificador renuncien en bloque, por sentirse desautorizados por la Dirección General de la Función Pública. Aún resulta más anómalo si cabe que un nuevo Tribunal, designado por la propia Dirección General de Función Pública, aplique el criterio sostenido por la propia Dirección General en relación con la valoración del ejercicio realizado, y deje sin efecto, sin procedimiento ni garantía alguna, el acuerdo previo del Tribunal anterior.

Los hechos son así de sencillos. Un Tribunal ha adoptado un acuerdo, susceptible de revisión por quienes se consideren afectados en sus derechos. Pero, frente al régimen de revisión de las decisiones administrativas, ya sea de oficio o en virtud de recurso administrativo interpuesto por parte interesada, aquí nos hallamos con una desautorización y una revocación al margen de los procedimientos formales de revisión de los acuerdos adoptados por un órgano  técnico de selección

Eso es lo que resulta del todo inaceptable, al margen de la valoración que pueda merecer el acuerdo cuestionado del Tribunal. El Tribunal es el órgano competente para aplicar las bases de la convocatoria. Si alguien considera que las bases de la convocatoria han sido vulneradas y que el Tribunal ha adoptado una decisión arbitraria e ilegal, tiene el cauce adecuado para reaccionar, lo que vale tanto para los afectados como para la propia Administración. Cuando un acuerdo, como el adoptado por el Tribunal, es favorable o declarativo de derechos, su revocación exige un procedimiento administrativo que en este caso no se ha respetado.

Desconocemos la razón por la que la Dirección General se pronuncia sobre una decisión del Tribunal –requiriéndole su modificación, lo que vulnera la autonomía funcional de dicho órgano-, y desconocemos igualmente las razones por las que los nuevos miembros del Tribunal se aparten de lo acordado por sus antecesores, y dejan sin efecto una decisión declarativa de derechos, sin ajustarse a trámite alguno.

Una Administración y unos responsables administrativos –como son el Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios y el Director del Instituto Aragonés de Administración Pública- que se muestran incapaces de asegurar el normal desarrollo de los procesos selectivos para el ingreso en la función pública autonómica merecen un serio toque de atención y un claro reproche. La incapacidad administrativa puesta de manifiesto, en la ordenación del proceso selectivo, y el nulo respeto a las garantías básicas de un procedimiento administrativo que afecta a derechos fundamentales de las personas reclaman una evidente exigencia de responsabilidades.