EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARAGÓN AMPLÍA EL OBJETO DEL RECURSO CONTRA LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2016.

A la vista de lo solicitado por esta Asociación, y de las alegaciones realizadas por el Ministerio Fiscal a favor de nuestra petición, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), mediante providencia de 17 de noviembre de 2016, ha acordado ampliar el recurso planteado contra la oferta de empleo público en el ámbito de administración general y extender el mismo al Decreto 145/2016, de 27 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2016 en el ámbito del personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud.

Conforme a dicho acuerdo de ampliación, la Sala del Tribunal ha requerido a la Administración que remita el expediente administrativo correspondiente a dicha Oferta y emplace a cuantos aparezcan como interesados, para que puedan personarse como demandados, así como comunicar al Tribunal la autoridad o funcionario responsable de dicha remisión.

Dicha decisión judicial viene, por lo tanto, a aceptar nuestra pretensión de que el control jurisdiccional sobre la oferta de empleo público para 2016 no se limite a la aprobada para el ámbito de administración general sino también para el ámbito de sanidad. Con ello seguimos defendiendo nuestro planteamiento respecto al alcance que corresponde al derecho fundamental de acceso a la función pública, y a la necesidad de que las ofertas aprobadas incluyan la totalidad de los puestos ocupados por personal interino.

Frente a la estrategia que parecen desarrollar los sindicatos de la función pública aragonesa, centrando su presión exclusivamente en la oferta del sector sanitario –con amenaza de huelga incluida-, cuando nada han dicho ni hecho frente a los recursos de casación formulados por el Gobierno de Aragón contra las sentencias del TSJA que anularon las ofertas de empleo de 2014 y 2015, por no incluir la totalidad de las plazas vacantes ocupadas por interinos, y cuya ejecución hubiera podido hacer innecesaria la oferta extraordinaria que reclaman, sin riesgo de impugnación por parte del Estado, desde esta Asociación seguimos defendiendo el derecho de todos los ciudadanos para acceder a la función pública en condiciones de igualdad, en cualquiera de los ámbitos de la administración, en cualquiera de sus cuerpos y escalas, al margen de toda visión corporativista o sectorial.

Tanto el Gobierno de Aragón como los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón parecen seguir el juego a las organizaciones sindicales, centrando sus iniciativas exclusivamente en la oferta sanitaria, olvidando algo tan elemental como el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, y que la titularidad del derecho de acceso a la función pública corresponde a todos los ciudadanos, y no solo a quienes pretenden acceder a la condición de personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud.