La Junta Directiva de esta Asociación, reunida el pasado
lunes 8 de agosto, acordó por unanimidad promover un recurso
contencioso-administrativo, por el procedimiento especial de protección de los
derechos fundamentales, contra el Decreto 109/2016, de 26 de julio, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el
año 2016 en el ámbito de Administración General de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón, al considerar que el mismo es contrario al derecho fundamental de
acceso a la función pública en condiciones de igualdad, reconocido en el artículo
23.2 de la Constitución
Española.
Esta
Asociación desea afirmar su compromiso con el derecho de acceso a la función pública,
reaccionando así frente a la resistencia mostrada por el Gobierno de Aragón
para llevar a efecto las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de
Justicia de Aragón en relación con las ofertas de empleo público de 2014 y
2015, al promover contra las mismas recurso de casación ante el Tribunal
Supremo, como si el interés público defendido por el Ejecutivo autonómico
pasase por impedir la aplicación de la legalidad en materia de acceso a la
función pública, y mantener e incrementar la precariedad del personal al
servicio de la Administración Pública,
tras haberse alcanzado tasas de interinidad que rondan –según los propios datos
facilitados por la
Administración autonómica- el 40 por 100 del total de la
plantilla.
Son
ya cinco las ofertas de empleo público que esta Asociación ha logrado declarar
nulas e ilegales, en sede jurisdiccional, por no incluir la totalidad de las
plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos, tal y como exigen los artículos
10.4 del Estatuto Básico del Empleado Público y 7.4 de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma
de Aragón. Por tal motivo, no hay razón para admitir que la Oferta de 2016 vuelva a reincidir
en los defectos reiteradamente señalados por los Tribunales, ya sea el Tribunal
Supremo o el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
El
Gobierno de Aragón, presidido por Javier Lambán, debería explicar a los
ciudadanos –y no a los sindicatos, que en modo alguno representan los intereses
y derechos de la ciudadanía- las razones por las que se niega a ejecutar las
sentencias favorables al derecho de los ciudadanos para acceder a la función pública,
como derecho constitucional que goza de una protección reforzada, y que le
llevan a reincidir en su vulneración cada vez que aprueban una oferta de empleo
público, desatendiendo de forma absoluta los criterios fijados en los fallos
condenatorios relativos a las ofertas de empleo público de 2007, 2010, 2011,
2014 y 2015.
Debiera
igualmente explicar el Gobierno de Aragón las razones que le llevan a no
aplicar, al contrario de lo que hizo el anterior Ejecutivo en relación con las ofertas de 2007 y
2011, sentencias favorables al respeto del derecho de los ciudadanos, y el
injustificable empeño de procurar su revocación para impedir la efectividad del
derecho y agravar la temporalidad en la función pública y la discriminación
laboral que la misma lleva aparejada.
Únicamente
la sumisión a los irracionales dictados del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Pública, en materia de oferta de empleo público, pueden
explicar, que no justificar, la conducta del Gobierno de Aragón. La pretendida
contención del gasto público se esgrime como único y falaz argumento, año tras
año, para deteriorar de manera reiterada la profesionalidad y la calidad de la Administración, es
decir, del conjunto de los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos.
12 comentarios:
La DGA autoriza a 887 empleados a trabajar fuera de la Administración. ¿Se relajan las incompatiblidades?
El Gobierno de Aragón ha tramitado la autorización a 887 funcionarios para que puedan desarrollar una segunda actividad fuera de la Administración. De ellos, el 79,3%, 704 son empleados del Servicios Aragonés de Salud. Es decir, médicos que piden permiso o bien para tener una consulta privada de su especialidad --233--, o que quieren ejercer algún tipo de actividad en el sector público, por ejemplo, profesores asociados en la unidad --471--, según los últimos datos publicados en la web de transparencia del Ejecutivo.
En la ley de presupuestos aprobada por el Gobierno de Javier Lambán se intentó poner coto a este fenómeno para evitar problemas organizativos, sobre todo en el sector sanitario. Para ello se prohibió que los nuevos jefes de servicio nombrados en este ejercicio pudiesen tener una consulta privada. La medida, claro, no tuvo efectos retroactivos.
epa
Lo cierto es que el número de funcionarios que solicitan la compatibilidad crece de forma sostenida en los últimos años. En el 2014 eran 526, en el 2015, 589 y en el último dato publicado, correspondiente al periodo comprendido entre julio del 2015 y junio del 2016 se alcanzó la cifra de 887.
Las solicitudes para desarrollar una segunda actividad fuera de la Administración se dividen en dos grandes áreas: los médicos que quieren abrir su consulta privada y los empleados públicos que van a dar clase en la universidad. Pero la casuística es muy amplia. Por ejemplo, un funcionario tiene que pedir la compatibilidad para dar un curso de varias horas, o los interinos también deben solicitarlo para poder impartir docencia. O incluso un profesor de la Facultad de Veterinaria que debe asistir a una corrida de toros como profesional. No todos los trabajos implican una dedicación durante todo el año, sino que puede darse que sean solo unas semanas, unas horas, o varios meses.
De hecho, viendo la evolución de los datos, se produce un claro pico en las tramitaciones en noviembre, cuando el curso universitario se pone en marcha a pleno rendimiento. En ese mes, en el 2015, por ejemplo, se resolvieron 180 peticiones, mientras que en octubre fueron apenas 33. El otro repunte se registra en marzo del 2016, todavía más fuerte, y se llega a las 276 solicitudes.
epa
Comentario:
ahora voy y me lo creo... demérito. desigualdad e incapacidad... eso sí encontrarán ustedes en la administración pública... amén del enchufismo, mediocridad, peloterismo supremo y ascenso con premio para los más ineptos ... y a cobrar a fin de mes buenos sueldos, que para pagarlos ya están los desheredados que se levantan a las cuatro para ir a malpica a reventarse por 900 euros mientras rezan para que les renueven mes a mes
Contumacia ... o es dolo?
No es la interinidad la única falla de la profesionalidad dentro de la fúnción pública.
Quiém y cómo combatir las otras causas?
La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa presentará un recurso contencioso-administrativo contra la oferta de empleo público de la DGA para el año 2016 al entender que no cubre todas las plazas a las que están obligados por ley. La agrupación considera que el llamamiento es contrario "al derecho fundamental de acceso a la función pública en condiciones de igualdad, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución Española". Además, precisan que en la actualidad se alcanzan tasas de interinidad que rondan "el 40%" del total de la plantilla.
El Gobierno de Aragón defiende la legalidad de la convocatoria al entender que sigue el criterio establecido por el Tribunal Supremo en una sentencia de diciembre del 2015 en la que establecía que deben seguir los criterios de los Presupuestos Generales del Estado.
Periódico de ARagón
Una Asociación anuncia un recurso con oferta de empleo público en Aragón.
EFE
La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, ha acordado promover un recurso contencioso-administrativo contra la oferta de empleo público para el año 2016 en el ámbito de Administración General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
El recurso es contra el Decreto 109/2016, de 26 de julio, del Gobierno de Aragón, al considerar que es contrario al derecho fundamental de acceso a la función pública en condiciones de igualdad, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución Española, informa la Asociación en una nota de prensa.
La Asociación señala que reacciona así "frente a la resistencia mostrada por el Gobierno de Aragón para llevar a efecto las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en relación con las ofertas de empleo público de 2014 y 2015, al promover recurso de casación ante el Tribunal Supremo, como si el interés público defendido por el Ejecutivo autonómico pasase por impedir la aplicación de la legalidad en materia de acceso a la función pública, y mantener e incrementar la precariedad del personal al servicio de la Administración Pública.
En este sentido indica que se han alcanzado tasas de interinidad que rondan -según los propios datos facilitados por la Administración autonómica- el 40 por 100 del total de la plantilla.
Son ya cinco las ofertas de empleo público que esta Asociación ha logrado declarar nulas e ilegales por no incluir la totalidad de las plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos.
Por este motivo, no hay razón para admitir que la Oferta de 2016 vuelva a reincidir en los defectos reiteradamente señalados por los Tribunales.
El Gobierno de Aragón, presidido por Javier Lambán, debería explicar a los ciudadanos, y no a los sindicatos, las razones por las que se niega a ejecutar las sentencias favorables al derecho de los ciudadanos para acceder a la función pública, incide la citada nota.
Además consideran que estas actuaciones el Ejecutivo está desatendiendo "de forma absoluta" los criterios fijados en los fallos condenatorios relativos a las ofertas de empleo público de 2007, 2010, 2011, 2014 y 2015.
También cree que debería explicar el Gobierno de Aragón las razones que le llevan "a no aplicar, como hizo el anterior Ejecutivo en relación con las ofertas de 2007 y 2011, sentencias favorables al respeto del derecho de los ciudadanos, y el injustificable empeño de procurar su revocación para impedir la efectividad del derecho y agravar la temporalidad en la función pública y la discriminación laboral que la misma lleva aparejada".
Para la asociación lo que puede explicarlo es "la sumisión a los irracionales dictados del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en materia de oferta de empleo público" la conducta del Gobierno de Aragón.
"La pretendida contención del gasto público se esgrime como único y falaz argumento, año tras año, para deteriorar de manera reiterada la profesionalidad y la calidad de la Administración, es decir, del conjunto de los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos", concluye la nota.
AGENCIA EFE
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¿Qué interés oculto persigue el Gobierno para no ratificar la OPE sanitaria para 2016, siendo que la sanidad es una de las piezas fundamentales del Estado de bienestar?"...
Hoy en el Heraldo de Aragón: La DGA y el empleo público, artículo de opinión de Leandro Catalan Sesma, de Cemsatse.
¿Podría algún diputado o grupo parlamentario interesarse sobre el métodos de formulación y determinación de la oferta pública del 2016? La exposición de motivos del decreto es opaca y no explica las razones de ofertar unas plazas y no otras. ¿Con un 40% de temporalidad? , ¿con una ley de transparencia , es racional un decreto como el de la oferta del 2016 que ni explica ni justifica? . Siguen las malas prácticas un año más.
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