Desde
la Asociación
nos dirigimos hoy a los diferentes Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón,
para informarles de la interposición de recurso contencioso-administrativo, por
la vía especial de protección de los derechos fundamentales, contra el Decreto 109/2016,
de 26 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público
para 2016 en el ámbito de la
Administración General de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón.
Creemos
que la labor parlamentaria de impulso y control de la acción de gobierno no
puede situarse al margen de las cuestiones de la función pública autonómica, y
en especial de la defensa del derecho de acceso a la función pública, con el
objetivo de corregir las elevadas tasas de interinidad existentes en la Administración
autonómica.
En
fechas recientes, tras la comparecencia efectuadas por representantes de la Asociación ante el
Parlamento autonómico, formulamos ante éste una petición para que inste al
Gobierno de Aragón a retirar los recursos de casación planteados ante el
Tribunal Supremo contra las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de
Aragón que anularon las ofertas de empleo público de 2014 y 2015, por no
incluir la totalidad de las plazas vacantes ocupadas por interinos.
Seguimos
aguardando el tratamiento que pueda darse desde las Cortes a nuestra petición,
y las posibles iniciativas que puedan adoptar los Grupos Parlamentarios para
reclamar al Gobierno de Aragón tal decisión, que solo redundaría a favor del
derecho de los ciudadanos, corrigiendo la irregular situación en que se
encuentra la provisión de puestos en la Administración
autonómica.
Frente
a quienes abogan por una separación e incomunicación entre sociedad e
instituciones, desde esta Asociación defendemos justamente lo contrario. Deseamos
que ciudadanos, es decir, sociedad civil e instituciones públicas estén en
permanente comunicación para detectar los problemas y necesidades sociales y
debatir medidas y soluciones que cabe arbitrar por parte de las instituciones,
en el ejercicio de sus potestades públicas.
Se
reproduce a continuación el contenido íntegro del escrito dirigido al Grupo
Parlamentario Popular de las Cortes de Aragón:
“Grupo Parlamentario Popular
Cortes de Aragón
Palacio de la Aljafería
50071-ZARAGOZA
Zaragoza, 25 de agosto de 2016.
Estimados señores:
En mi condición de
Presidente de la Asociación
para la Defensa
de la Función Pública
Aragonesa, entidad que tiene como objetivos la defensa y la promoción de los
principios de legalidad, profesionalidad y ética pública en la actividad de las
Administraciones Públicas, deseo comunicarles que el pasado 18 de agosto
formulamos ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón
recurso especial, por la vía de protección de los derechos fundamentales,
contra el Decreto 109/2016, de 26 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que
se aprueba la Oferta
de Empleo Público para 2016 en el ámbito de la Administración
General de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón.
La razón de dicho recurso
no es otra que la vulneración del derecho fundamental de acceso a la función
pública, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución Española,
al no incluirse en la citada oferta de empleo público la totalidad de las
plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos, tal y como exigen los
artículos 10.4 del Estatuto Básico del Empleado Público y 7.4 de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma
de Aragón.
El incumplimiento de
dicha obligación legal es el motivo por el que el Tribunal Supremo y el
Tribunal Superior de Justicia de Aragón han declarado nulas, en el pasado, las
ofertas de empleo público aprobadas por el Gobierno de Aragón en 2007, 2010,
2011, 2014 y 2015, aunque las sentencias relativas a las dos últimas se
encuentren pendientes del recurso de casación promovido por el Gobierno de
Aragón ante el Tribunal Supremo.
Entendemos que el
deterioro sufrido por la función pública en la Comunidad Autónoma
de Aragón, con tasas de interinidad que rozan el 40 por 100 de la plantilla,
constituye una cuestión que debe ser considerada por ese Grupo Parlamentario,
dentro de su labor de control e impulso de la acción de gobierno, pues dicho
deterioro no solo afecta gravemente al ejercicio del derecho de acceso a la
función pública, sino también a la calidad y garantías de imparcialidad con que
han de desarrollar su actividad los servidores públicos, asegurando el correcto
funcionamiento de uno de los principales elementos del Estado de Derecho, como
es el sometimiento de la
Administración al principio de legalidad.
Asimismo, deseamos
trasladarles nuestra preocupación por la falta de transparencia en que incurre
la tramitación y aprobación de los decretos de oferta de empleo público, al no
respetarse los deberes de publicidad activa que contempla la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de
Transparencia de la Actividad Pública
y Participación Ciudadana de Aragón. Entre la información sujeta al régimen de
publicidad activa figura la información de relevancia jurídica que señala el
artículo 15 de la Ley
8/2015, como son los proyectos de reglamento o disposición general, así como
las memorias, informes y dictámenes emitidos con motivo de su tramitación.
A pesar de la claridad
con que se formula la obligación de publicidad activa respecto a la tramitación
de las disposiciones generales elaboradas y aprobadas por el Gobierno de
Aragón, cabe constatar que, salvo alguna contada excepción, los Decretos
aprobados por el Ejecutivo autonómico en materia de oferta pública empleo han
sido omitidos en el Portal de Transparencia.
Por ello, confiamos en
que por parte de ese Grupo Parlamentario puedan impulsarse aquellas iniciativas
oportunas para una mayor garantía del derecho de acceso a la función pública en
el conjunto de las Administraciones de la Comunidad Autónoma
de Aragón y un adecuado respeto del deber de publicidad activa en lo relativo a
las ofertas de empleo público aprobadas por el Gobierno de Aragón.
Agradeciéndoles de
antemano su atención, reciban un atento saludo.
Julio Guiral Pelegrín. Presidente
de la Asociación
para la Defensa
de la Función Pública
Aragonesa”
1 comentario:
No hay duda, estamos en una Administración del siglo XIX.
Publicar un comentario