IRREGULAR PROVISIÓN DE PUESTOS EN LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: ADJUDICACIÓN ILEGAL DE PRIMEROS DESTINOS DEFINITIVOS A TRAVÉS DE CONCURSO DE MÉRITOS.

En el Boletín Oficial de Aragón se publica la convocatoria de un concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo de Administrativos, aprobada por Resolución de 31 de marzo de 2016, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, en la que nuevamente se vuelve a posibilitar la participación de los funcionarios que se encuentren en primer destino provisional –es decir, sin destino definitivo tras su nombramiento como funcionario de carrera-, siempre que, en la fecha de terminación del plazo de presentación de instancias, hayan transcurrido dos años desde la toma de posesión del primer destino adjudicado con carácter provisional. Cuando no hubieran transcurrido dos años en tal situación solo podrán solicitar puestos adscritos al Departamento al que pertenece o pertenecía el puesto al que fueron destinados inicialmente.

 

Ante ello, debemos insistir en que los concursos de méritos no son el mecanismo idóneo ni legal para adjudicar primeros destinos definitivos a los funcionarios de nuevo ingreso –al margen de la situación de destino provisional en la que puedan hallarse-, y así lo ratifica el apartado final del citado artículo 28.3 de la Ley de Ordenación de la Función Pública, al señalar que “también podrá adjudicarse destino provisional cuando las vacantes estén pendientes de resolución de concursos para la provisión de puestos de trabajo”. Esa solución, que ha de considerarse excepcional y transitoria, habrá de corregirse con posterioridad a la resolución del concurso, en la forma legalmente establecida para la adjudicación de primer destino, que no es en modo alguno la participación de los afectados en un concurso de méritos.

 

La forma legalmente establecida para resolver tal situación no es otra que la elección de destino definitivo conforme al “riguroso orden de puntuación final” obtenida en el proceso selectivo,   y no la participación en futuras convocatorias de concursos, pues de este modo el primer destino definitivo se adjudicaría en virtud de criterios distintos al del orden señalado por la Ley, como es el de la puntuación final obtenida en el proceso selectivo, pudiendo lesionar con ello el mejor derecho de terceros a la elección de destino.

 

En lugar de ajustarse a la legalidad, la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, una vez más, y en clara vulneración de la norma, con la resolución aprobada opta por fusionar la convocatoria de concurso de méritos y la asignación de primer destino definitivo, permitiendo con ello que los funcionarios de nuevo ingreso puedan acceder a su primer destino definitivo no en atención a su orden de puntuación final –en un proceso específico para tal fin- sino en atención a los méritos profesionales que les puedan corresponder, lo que no solo altera el criterio de preferencia con quienes proceden de idéntico proceso selectivo –pudiendo llegar a invertir el orden de puntuación final- sino que puede permitir que funcionarios de nuevo ingreso puedan acceder a determinadas plazas con prioridad a funcionarios de carrera que tienen en el concurso el cauce propio de su derecho a la movilidad, derecho que no corresponde a los funcionarios que no cuentan todavía con primer destino definitivo.

 

El destino provisional inicial, por lo tanto, no puede resolverse mediante concurso de méritos, sino que las plazas vacantes resultantes del concurso que impidió la adjudicación de destino definitivo directo han de ser las ofertadas en la forma que señala la Ley de Ordenación de la Función Pública, operando exclusivamente como criterio de elección de destino el orden de puntuación final del proceso selectivo.

 

Resulta inaceptable, a juicio de esta Asociación, que las decisiones de un órgano como la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios respondan a criterios arbitrarios contrarios a la ley y menoscaben tanto el debido respeto a las normas como los derechos e intereses de otros funcionarios que puedan verse ilícitamente perjudicados por las decisiones de dicha Dirección General.

 

El hecho reviste además una particular significación, dado que tal práctica ya fue expresamente desautorizada por el Justicia de Aragón, en resolución de 19 de julio de 2013, en la que se formulaba la siguiente sugerencia: “El Departamento de Hacienda y Administración Pública debe garantizar que los funcionarios de nuevo ingreso obtengan un primer destino definitivo conforme a riguroso orden de puntuación final, evitando que la prolongación de la permanencia en un destino provisional vulnere sus derechos e intereses”. Sin embargo, en ésta como en otras cosas, la Dirección General de la Función Pública y de la Calidad de los Servicios no tiene voluntad ninguna de corregir sus prácticas irregulares y de respetar las normas que le vinculan, algo que no es posible admitir.