PETICIÓN DE COMPARECENCIA ANTE LAS CORTES DE ARAGÓN PARA RECLAMAR LA ACEPTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SOBRE OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2015.

De acuerdo con lo decidido por la Junta Directiva de la Asociación, en su reunión del pasado martes, se ha dirigido escrito a la Mesa de las Cortes de Aragón solicitando la comparecencia de representantes de la Asociación ante la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas, con el fin de poder exponer ante los diferentes Grupos Parlamentarios la situación en que se encuentra el derecho de acceso a la función pública en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, solicitando de los Grupos una acción decidida para que el Gobierno de Aragón retire el recurso de casación planteado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón sobre la Oferta de Empleo Público de 2015, en la que se declaraba la necesidad de su ampliación, incorporando la totalidad de los puestos vacantes ocupados por funcionarios interinos.

Frente al silencio institucional –tanto de los Grupos Parlamentarios, a los que ya nos dirigimos para solicitarles posibles iniciativas dirigidas a asegurar la ejecución de la sentencia, como del propio Consejero de Hacienda y Administración Pública, que no ha dado respuesta alguna a la petición que le dirigimos en el mismo sentido-, nos sentimos obligados a comparecer ante las Cortes de Aragón y trasladar de manera directa a los diferentes Grupos Parlamentarios todos los argumentos que, a lo largo de estos años, nos han llevado a pelear ante los Tribunales por el respeto del derecho de acceso a la función pública, frente a Gobierno de uno y otro signo.

Cuando todos los partidos políticos incluyen en sus programas medidas tendentes a la regeneración institucional, resulta sorprendente la falta de iniciativa de unos y otros –ya ocupen responsabilidades de gobierno o se encuentre en la oposición parlamentaria- para avanzar de manera decidida en la mejora y profesionalización de la Administración Pública, impulsando de manera prioritaria la aprobación de ofertas de empleo público que garanticen el ejercicio efectivo del derecho fundamental de acceso a la función pública que corresponde a los ciudadanos.

La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, relativa a la oferta de empleo público de 2015, es la cuarta sentencia que declara contraria a Derecho una oferta aprobada por el Gobierno de Aragón, todas ellas por idéntico motivo, como es la no inclusión de la totalidad de las plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos, según exige el artículo 10.4 del Estatuto Básico del Empleado Púiblico.

Tal situación hace inexplicable que, pese a ello, las sucesivas Oferta sigan sin atenerse a dicha exigencia legal –recordada en sus sentencias tanto por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón como por el Tribunal Supremo-, pero aún resulta menos justificable que el actual Gobierno de Aragón, frente a la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, decida plantear recurso de casación ante el Tribunal Supremo, con la pretensión, al parecer, de defender la licitud de contravenir los derechos de los ciudadanos, algo que resulta totalmente censurable y contrario al sometimiento de todos los poderes públicos a los derechos fundamentales.

Tal decisión debiera ser objeto de estricto control por el Parlamento autonómico, de manera que se instase al Gobierno de Aragón a desistir de tal iniciativa contraria a los derechos de los ciudadanos, y en su lugar admitir y dar cumplimiento al fallo judicial favorable al derecho de acceso a la función pública, favoreciendo así el restablecimiento del derecho vulnerado y la tutela judicial efectiva del mismo por parte del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

Se reproduce a continuación el contenido íntegro de la solicitud de comparecencia dirigida a las Cortes de Aragón:

“Mesa de las Cortes de Aragón

Palacio de la Aljafería

50071-ZARAGOZA

Zaragoza, 18 de febrero de 2016.

Estimados señores:

En mi condición de Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, entidad que viene reivindicando desde el año 2007 el respeto al derecho de acceso a la función pública que reconoce a todos los ciudadanos el artículo 23.2 de la Constitución Española, me dirigí recientemente a los diferentes Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón para informarles de la reciente resolución judicial adoptada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón respecto a la oferta de empleo público para 2015 aprobada por el Gobierno de Aragón, declarándola contraria a Derecho por omitirse en ella la totalidad de las plazas vacantes cubiertas por funcionarios interinos, inclusión que no puede verse restringida por las previsiones presupuestarias.

Dicha sentencia obliga al Gobierno de Aragón a modificar los Decretos de Oferta aprobados el 5 de mayo de 2015, para incluir en los mismos aquellas plazas de los diferentes ámbitos de la Administración de la Comunidad Autónoma (administración general, administración educativa y administración sanitaria) cubiertas por personal interino.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón se pronuncia claramente en cuanto a la obligación de respetar lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público –con independencia de las previsiones o limitaciones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, al limitar sus efectos a puestos vacantes no ocupados por interinos-, y establece una interpretación favorable al respeto del artículo 23.2 de la Constitución Española. Señala el Tribunal, en los siguientes términos: “Si la Administración amparándose en esa prohibición de incorporación de nuevo personal, no tuviese la obligación de incorporar las plazas de interinos, estaría –como se dice en la demanda- desnaturalizando la estructura de nuestro sistema de incorporación en condiciones de mérito e igualdad a la función pública, permitiendo que el personal interino se mantenga indefinidamente en su puesto de trabajo, sin permitir que adquiera la condición de funcionario quien tiene más mérito y capacidad y así lo acredita en un proceso en condiciones de igualdad”.

Esta Asociación se dirigió al Consejero de Hacienda y Administración Pública, como responsable de función pública, para solicitarle que no plantease recurso de casación ante el Tribunal Supremo, con el único fin de evitar la firmeza y efectividad del fallo judicial, y que, en su lugar, procediera a la correcta ejecución de la sentencia dictada, asegurando con ello el pleno restablecimiento del derecho de acceso a la función pública dentro de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Nuestra petición no ha recibido respuesta alguna –ni siquiera el preceptivo acuse de recibo- por parte del citado Consejero, al tiempo que los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón han anunciado al Tribunal su intención de interponer el citado recurso de casación, iniciativa que valoramos como una decisión claramente lesiva para el respeto del derecho de acceso a la función pública autonómica.

Entendemos conveniente que las Cortes de Aragón puedan recibir de manera directa información sobre el actual funcionamiento del régimen de acceso a la función pública –tras cuatro sentencias judiciales anulatorias de ofertas de empleo público del Gobierno de Aragón- y la escasa voluntad del actual Ejecutivo autonómico para corregir las irregularidades señaladas, como lo demuestra al promover recurso de casación contra la última de las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, con el fin de impedir o demorar la restauración del derecho vulnerado.

En consecuencia, y de conformidad con lo establecido en el artículo 56.4 del Reglamento de las Cortes de Aragón, formulamos solicitud de comparecencia de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, inscrita en el Registro General de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón, con nº 01-Z-1989-2007, ante la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas al objeto de poder exponer una valoración global sobre la situación del derecho de acceso a la función pública de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, y la necesidad de que el Gobierno de Aragón asuma la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en relación con la Oferta de Empleo Público para 2015.

Julio Guiral Pelegrín.Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”