En
la última semana hemos tenido la posibilidad de conmemorar, como cada año, tres
fechas destacadas con una clara vinculación entre sí, como son el Día de la Constitución (6 de
diciembre), el Día Internacional contra la Corrupción (9 de
diciembre) y el Día Internacional de los Derechos Humanos (10 de diciembre).
Las
tres fechas constituyen una celebración y una reivindicación de un conjunto de
normas, principios y compromisos que tienen que ver con la democracia, la
libertad, el Estado de Derecho, el respeto a la dignidad humana y el compromiso
de integridad por parte de los poderes públicos y las entidades privadas, a
partir de una ética pública compartida por los ciudadanos y promovida a nivel
internacional por parte de Naciones Unidas.
La
norma constitucional –más allá de los debates sobre su posible o necesaria
reforma- sigue siendo la norma que preside nuestra vida política, estableciendo
los derechos que corresponden a los ciudadanos y ordenando las instituciones y
poderes públicos para su promoción y salvaguarda. A través de ella, los
derechos humanos se transforman en derechos fundamentales, disponibles para los
ciudadanos e indisponibles para los poderes públicos.
Las
normas –y la Constitución
es la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico- se robustecen con su
aplicación y su exigencia. Los ciudadanos no pueden olvidarse del proyecto ético
y transformador que representan los valores –libertad, igualdad, justicia- y
normas constitucionales, y debemos velar de manera constante –sin delegar dicha
tarea en las instituciones- por su vigencia plena y por su máximo desarrollo,
asumiendo para ello el rol de ciudadanos activos, conscientes de nuestros
derechos y celosos en el cumplimiento de nuestras obligaciones, pues los
derechos fundamentales de los otros nos imponen, para su realización y respeto,
un conjunto de obligaciones que hacen posible su efectivo desarrollo.
El
respeto a la dignidad de las personas –de todas y cada una de ellas, sin distinción posible- no
incumbe exclusivamente a las instituciones o poderes públicos sino que
concierne a todos, como obligación básica derivada de nuestra norma
constitucional. Los derechos fundamentales cimentan la convivencia social y los
valores democráticos en el conjunto de los ámbitos en los que desarrollamos nuestras
vidas (el espacio público, el mundo del trabajo, la vida personal, los
centros educativos, la familia, etc).
Los
derechos fundamentales irradian su efectividad en todos los terrenos –no hay
espacio alguno exento de la obligación de respeto que impone la Constitución- y han de
tener su reflejo en todos los sectores de nuestro ordenamiento y en todos los
niveles institucionales de gobierno y administración.
Para
que nuestra condición de ciudadanos no sufra menoscabo, en su dimensión civil,
política y social, debemos mantener y reforzar nuestra alianza con la Constitución, como
norma que nos ampara frente al abuso de poder y frente a actuaciones lesivas y contrarias
a nuestros derechos por parte de entidades privadas y particulares. Nuestra
condición de ciudadanos, como miembros de pleno derecho de nuestra comunidad
política, como ciudadanos españoles, viene reconocida y asegurada por la Constitución, y de
ella y de su desarrollo y fortaleza depende la integridad de nuestros derechos
y de nuestra dignidad. Fortaleciendo la Constitución fortalecemos nuestra ciudadanía, y debilitando
su respeto y su prestigio degradamos nuestra ciudadanía.
Como
Asociación hemos tenido siempre claro que nuestra principal aliada ha sido la
norma constitucional, y hemos dirigido a las instituciones nuestras sugerencias
al amparo del derecho fundamental de petición y reclamado la aprobación de
oferta de empleo público desde la reivindicación del derecho fundamental de
acceso a la función pública, consiguiendo con ello el amparo del Tribunal
Supremo y del Tribunal Constitucional en algunas de nuestras pretensiones. Los
principios de legalidad, profesionalidad y ética pública que deseamos promover
en el seno de las Administraciones Públicas son también contenidos propios de
nuestra norma constitucional, cuyo respeto resulta exigible para el conjunto de
los poderes públicos. Exigir dicho respeto, desde nuestra posición de titulares
de derechos constitucionales, creemos que es la mejor manera de celebrar
nuestra Constitución todos los días del año, contribuyendo con ello a prevenir
la corrupción –con la consiguiente degradación de nuestra democracia- y a
reforzar los derechos humanos, como horizonte ético compartido por toda la
humanidad.
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