Un año más, el Gobierno de Aragón va a incumplir la obligación de remitir a las Cortes de Aragón el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma en el plazo establecido por el Estatuto de Autonomía de Aragón, antes del 1 de octubre. Como señala el artículo 111.4 del Estatuto de Autonomía de Aragón, "el Gobierno remitirá a las Cortes de Aragón el proyecto de presupuesto antes del último trimestre del ejercicio en curso".
Tal incumplimiento, que incide en una reiterada vulneración de un mandato estatutario, se quiere minimizar con el compromiso de que el Presupuesto se aprobará antes de final de año, pero ello no justifica que deje de cumplirse un año más, por parte del Gobierno de Luisa Fernanda Rudi -ya se hizo llamativamente en el año pasado, en el que el Presupuesto no se presentó en plazo y se aprobó en febrero, con una grave distorsión en la gestión de los diferentes programas de gasto, que no es posible ignorar-, y en momentos como los actuales, de grave deterioro de confianza en las instituciones, el respeto de la legalidad es fundamental para contrarrestar la creciente desafección ciudadana.
No es posible que las instituciones -en este caso, el Gobierno de Aragón- consideren posible el dejar de cumplir las normas con cualquier excusa alegada. El sometimiento de todas las instituciones a la ley es una condición básica del Estado de Derecho constitucionalmente proclamado y difícilmente se contribuye a su fortalecimiento con actitudes reiteradas como la del Gobierno de Aragón, al desatender los plazos de elaboración del Presupuesto establecidos por el Estatuto de Autonomía de Aragón.
Esta Asociación ha denunciado ya, en los tres años pasados, este tipo de incumplimiento por el Gobierno de Aragón -en tiempos de Marcelino Iglesias y ahora en los de Luisa Fernanda Rudi-, un ámbito en el que no ha sido posible percibir ningún tipo de esfuerzo de regeneración en el mal funcionamiento institucional. Estos incumplimientos no son disculpables. Las instituciones no pueden autoeximirse del cumplimiento de la legalidad, como parece suceder en Aragón.
Tampoco parece aceptable que el Justicia de Aragón, como institución encargada de la defensa del Estatuto de Autonomía -es decir, del cumplimiento de sus preceptos-, no tenga nada que decir sobre un asunto tan grave como reiterado, sin que hasta la fecha haya sido capaz de realizar un recordatorio o requerimiento al Gobierno de Aragón sobre la necesidad de cumplir los plazos presupuestarios.
Los ciudadanos no sólo exigimos el respeto a la legalidad por todos -en primer lugar, por las instituciones públicas, cuya ejemplaridad en este punto ha de constituir una prioridad-, sino que como miembros de la sociedad aragonesa demandamos que los Presupuestos, instrumento que fija las prioridades del gasto público y la atención a las necesidades colectivas, se elaboren en los plazos exigibles, y con la máxima transparencia y participación ciudadana, como se aconseja desde numerosas instituciones internacionales. Nada de ello parece que sea posible si su elaboración no se ajusta, al menos, al calendario establecido por el Estatuto de Autonomía.
El gobierno de las leyes es la clave de todo Estado de Derecho y del más elemental funcionamieto democrático, porque la ley es expresión de la voluntad general y se impone por igual a todos, de modo que el Gobierno de Aragón debería ser, en esta materia, el primer interesado en asegurar el respeto de la ley, cumplienddo con las obligaciones que el ordenamiento le impone.
Tal incumplimiento, que incide en una reiterada vulneración de un mandato estatutario, se quiere minimizar con el compromiso de que el Presupuesto se aprobará antes de final de año, pero ello no justifica que deje de cumplirse un año más, por parte del Gobierno de Luisa Fernanda Rudi -ya se hizo llamativamente en el año pasado, en el que el Presupuesto no se presentó en plazo y se aprobó en febrero, con una grave distorsión en la gestión de los diferentes programas de gasto, que no es posible ignorar-, y en momentos como los actuales, de grave deterioro de confianza en las instituciones, el respeto de la legalidad es fundamental para contrarrestar la creciente desafección ciudadana.
No es posible que las instituciones -en este caso, el Gobierno de Aragón- consideren posible el dejar de cumplir las normas con cualquier excusa alegada. El sometimiento de todas las instituciones a la ley es una condición básica del Estado de Derecho constitucionalmente proclamado y difícilmente se contribuye a su fortalecimiento con actitudes reiteradas como la del Gobierno de Aragón, al desatender los plazos de elaboración del Presupuesto establecidos por el Estatuto de Autonomía de Aragón.
Esta Asociación ha denunciado ya, en los tres años pasados, este tipo de incumplimiento por el Gobierno de Aragón -en tiempos de Marcelino Iglesias y ahora en los de Luisa Fernanda Rudi-, un ámbito en el que no ha sido posible percibir ningún tipo de esfuerzo de regeneración en el mal funcionamiento institucional. Estos incumplimientos no son disculpables. Las instituciones no pueden autoeximirse del cumplimiento de la legalidad, como parece suceder en Aragón.
Tampoco parece aceptable que el Justicia de Aragón, como institución encargada de la defensa del Estatuto de Autonomía -es decir, del cumplimiento de sus preceptos-, no tenga nada que decir sobre un asunto tan grave como reiterado, sin que hasta la fecha haya sido capaz de realizar un recordatorio o requerimiento al Gobierno de Aragón sobre la necesidad de cumplir los plazos presupuestarios.
Los ciudadanos no sólo exigimos el respeto a la legalidad por todos -en primer lugar, por las instituciones públicas, cuya ejemplaridad en este punto ha de constituir una prioridad-, sino que como miembros de la sociedad aragonesa demandamos que los Presupuestos, instrumento que fija las prioridades del gasto público y la atención a las necesidades colectivas, se elaboren en los plazos exigibles, y con la máxima transparencia y participación ciudadana, como se aconseja desde numerosas instituciones internacionales. Nada de ello parece que sea posible si su elaboración no se ajusta, al menos, al calendario establecido por el Estatuto de Autonomía.
El gobierno de las leyes es la clave de todo Estado de Derecho y del más elemental funcionamieto democrático, porque la ley es expresión de la voluntad general y se impone por igual a todos, de modo que el Gobierno de Aragón debería ser, en esta materia, el primer interesado en asegurar el respeto de la ley, cumplienddo con las obligaciones que el ordenamiento le impone.
2 comentarios:
En el BOE del 5 de octubre de 2012 se publica la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, obligaciones de suministro de información que afectan directamente a las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.
Muy interesante su lectura.
De verdad, no creo que en esa asociación estéis mas de 3 personas.
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