FRENTE A LA RESIGNACIÓN Y EL FATALISMO: UN COMPROMISO MÁS NECESARIO QUE NUNCA.

Cuando nos asomamos a un nuevo año, lleno de incertidumbres para el futuro de la función pública, como para el del conjunto de la sociedad, hemos de cobrar conciencia de la necesidad de que esta Asociación prosiga e intensifique, todo lo que le sea posible, su labor de defensa de los valores y principios de la función pública, pues esa pérdida de valores -a la que tan poca atención se ha prestado en estos años pasados de despilfarro y corrupción- explica el hecho de que hoy nos hallemos ante una función pública preocupantemente devaluada.

Nos preocupa, lógicamente, la repercusión que en la función pública pueda tener el reciente Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, con el que ha venido a estrenarse en la materia el nuevo Gobierno del Partido Popular presidido por Mariano Rajoy. Más allá de la congelación o contención salarial o del espinoso debate sobre la jornada laboral en las Administraciones Públicas -un terreno en el que se ha dejado que la negociación colectiva haya desfigurado gravemente el marco de la legislación básica estatal, lo cual tiene muy difícil arreglo a estas alturas-, a esta Asociación le preocupa, por encima de todo, la indiscriminada congelación de la oferta de empleo público, aplicada con carácter general a todas las Administraciones, al margen de la concreta situación en que pueda hallarse cada una de ellas.

En materia de empleo -objetivo básico de todo Gobierno en las actuales circunstancias-, hay que distinguir entre empleo privado y empleo público. Es cierto que el empleo privado se ha destruido de una forma masiva -también es cierto que ello se ha concentrado en sectores, como la construcción, cuya expansión no respondía a necesidades reales de los ciudadanos, sino a estrategias especulativas de empresarios y entidades financieras, consentidas o apoyadas desde numerosas instituciones públicas-, pero la lógica a que responde el empleo privado -basado en la competencia y el beneficio económico- no puede trasladarse al empleo público, sobre el que se sustenta el buen funcionamiento de los servicios públicos esenciales que atienden a todos los ciudadanos -sanidad, educación, servicios sociales, seguridad pública- y hacen posible que el Estado de Derecho asegure el cumplimiento de las leyes y, con ello, el ejercicio de los derechos que corresponden a los ciudadanos.

Sencillamente, no nos jugamos lo mismo cuando se destruye empleo privado que cuando se destruye empleo público. En principio, las instituciones públicas no se someten a las reglas del mercado, y la rentabilidad de las mismas no se mide en cuentas de resultados sino en niveles de bienestar y satisfacción de los ciudadanos o de aseguramiento y promoción del interés general, contra el que a menudo pugnan intereses de potentes corporaciones privadas o incluso intereses personales de quienes ejercen responsabilidades públicas, como hemos podido ver de forma escandalosa en nuestro país y en nuestra Comunidad Autónoma. Debilitar las instituciones públicas, y la estructura profesional que asegura su funcionamiento, es debilitar los intereses colectivos de la sociedad.

Todo ello debe tenerse presente a la hora de juzgar las medidas que se impulsen desde los distintos niveles de gobierno en relación con la función pública. Como hemos podido ver en estos días, los sindicatos centran su atención en la defensa de la negociación colectiva, como si al legislador le estuviese vedado determinar las condiciones laborales del empleo público sin la previa negociación con las organizaciones sindicales. Lo que ocurre es que la situación actual de deterioro en el crédito social de la función pública -como esfera laboral de privilegios injustificados, en lo que toca a condiciones de trabajo- es resultado directo de una estrategia sindical dirigida casi en exclusiva a incrementar salarios y reducir jornada laboral -de forma directa o indirecta, a través de la constante acumulación de licencias y permisos-, de modo que los sindicatos se hallan en estos momentos con escasa credibilidad para oponerse a las medidas de "reequilibrio" que viene a establecer el Gobierno.

Requilibrio en los salarios y reequilibrio en las jornadas laborales -no en las teóricas, sino en las reales, las horas anuales tras descontar vacaciones y los numerosos permisos recogidos en convenios y acuerdos-, es algo inevitable en las actuales circunstancias de crisis fiscal del Estado, y constituye una línea imprescindible de recuperación de la credibilidad de la función pública ante los ciudadanos. No vale escudarse en la negociación colectiva, si ésta se concibe -como se ha concebido hasta el momento- como un simple pacto en perjuicio de los ciudadanos, llamados a pagar las ventajas recogidas en los convenios, algunas legales y otras manifiestamente ilegales, aunque nadie se haya molestado en controlarlas o impugnarlas.

No nos preocupa que el legislador revise los resultados -en muchos casos abusivos- de la negociación colectiva en el ámbito de las Administraciones Públicas, algunos de los cuales hemos denunciado desde este blog de forma reiterada. Lo que nos inquieta verdaderamente es que el Gobierno y las Cortes Generales -al aprobar la ley de Presupuestos Generales del Estado u otras normas con directa incidencia en la función pública-, vacíe de contenido derechos constitucionales tan esenciales en la configuración de las Administraciones Públicas como es el de acceso a la función pública conforme a principios de igualdad, mérito y capacidad. Sobre el empleo público, con el que se nutre la función pública, se ha de operar con respeto al marco constitucional, y de acuerdo con éste quienes desempeñan funciones públicas han debido acceder a ello conforme a principios de igualdad, mérito y capacidad. Así lo establecen los artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución Española y lo concreta el Estatuto Básico del Empleado Público.

Las medidas salariales y de jornada laboral alcanzan a los empleados públicos -ya lidiarán con ellas los sindicatos y quienes defienden intereses legítimos de los afectados-, pero la congelación de oferta de empleo público -pese a las abultadas tasas de interinidad existentes en numerosas Administraciones públicas españolas- alcanza a los rasgos esenciales de la Administración Pública y a los derechos fundamentales de los ciudadanos, algo que nos parece de mucha mayor trascendencia, por lo que frente a tal medida se movilizará con todas sus fuerzas esta Asociación a lo largo del presente año, sometiendo si fuera preciso las "tasas de reposición" fijadas por el Gobierno del Partido Popular al control de constitucionalidad que le corresponde ejercer al Tribunal Constitucional, en defensa de la plena vigencia de una parte tan esencial de nuestra norma constitucional como son los derechos fundamentales.

Esta Asociación, por lo tanto, no se resigna ni cede al fatalismo que parece predicarse desde tantos ámbitos. De la crisis económica se saldrá, tarde o temprano, pero ha de hacerse sin que nuestros principios constitucionales -entre los cuales figura la ordenación de la función pública- sean desfigurados ni desvitalizados. Al contrario, sólo desde el vigor de nuestro orden constitucional es posible afrontar de forma coherente el programa de medidas necesario para salir como sociedad cohesionada de la actual coyuntura, manteniendo nuestro proyecto democrático y nuestra opción europea. En dicha clave ha de situarse la labor a desarrollar por esta Asociación.