lunes, 30 de enero de 2012

FALLAN LOS CONTROLES: LA OFICINA EUROPEA DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE (OLAF) ARCHIVA LA DENUNCIA CONTRA ASAEL.

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha comunicado a esta Asociación la terminación de la labor de evaluación respecto a la petición de investigación en relación con la gestión de fondos europeos por parte de la Asociación Aragonesa de Entidades Locales (ASAEL), bajo la presidencia del entonces alcalde de Herrera de los Navarros, Jesús Solá. En la breve comunicación remitida, tras más de un año desde la petición de investigación, se señala que "en base a la información recibida, la OLAF ha decidido archivar el caso". Sin mayor detalle ni motivación, circunstancia que hace necesario solicitar una ampliación del escrito, en relación con la actividad investigadora llevada a cabo y las razones para archivar el caso.

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa se dirigió a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), en diciembre de 2010, para solicitar una investigación sobre la gestión de fondos europeos llevada a cabo por la Asociación Aragonesa de Entidades Locales (ASAEL), dadas las irregularidades que fueron señaladas por la prensa aragonesa entre los meses de mayo y julio de 2009, y que afectaban a la utilización de fondos europeos destinados a proyectos de la Red Liedra, entidad dedicada a la prevención de la violencia doméstica, FONDOS que pudieron ser destinados, al pago de la nómina, durante dos años, del chófer contratado por Jesús Solá, entonces Presidente de ASAEL.

Todas las irregularidades publicadas en la prensa aragonesa fueron remitidas por esta Asociación, en julio de 2009, a la Fiscalía General del Estado, que dio traslado de la denuncia a la Fiscalía Provincial de Zaragoza, la cual decretó su archivo en febrero de 2010, tras la realización de unas diligencias de investigación -consistentes fundamentalmente en la solicitud de información a ASAEL- que le llevaron a concluir que los hechos no eran constitutivos de ilícito penal. Descartada por la Fiscalía Provincial de Zaragoza la relevancia penal de las irregularidades, sí se constató, sin embargo, que el chófer contratado por Jesús Solá lo era con cargo a fondos de la Red Liedra y no de ASAEL, lo que podría suponer que se imputaran a fondos europeos gastos de funcionamiento propios de ASAEL, amparándose en el hecho de que Jesús Solá era a la vez presidente de ASAEL y de la Red Liedra.

A la vista de la información publicada, y de la información aportada por la propia Fiscalía Provincial de Zaragoza, se consideró oportuno activar otros controles, entre ellos la remisión de toda la documentación a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, organismo dependiente de la Comisión Europea que tiene como misión principal la investigación del posible uso irregular de fondos europeos.

Esta Asociación, a la vista de la decisión adoptada por la OLAF y vista la falta de motivación del archivo acordado, se va a dirigir al Defensor del Pueblo Europeo para que compruebe la actividad de control que, en este caso, haya podido desarrollar la citada Oficina y le recuerde la necesidad de motivar sus respuestas, tal y como exige el derecho a la buena administración que se reconoce a los ciudadanos europeos en su relación con las instituciones de la Unión Europea.

3 comentarios:

Anónimo dijo...

O sea, tarde y mal.

Anónimo dijo...

¿Qué más se puede hacer?

Anónimo dijo...

Dejo aquí este docto comentario:

Reducir la Interinidad

Corren tiempos difíciles para el empleo público. La necesidad de reducir el déficit de las Administraciones Públicas está dando lugar a un proceso severo de ajustes, que no solo afectan a las retribuciones y otros derechos, sino que incluyen la práctica congelación de gran parte de las ofertas de empleo público. Los ajustes, sin embargo, no son suficientes, y se necesitan además reformas de calado. Entre ellas destaca la necesidad de poner fin a la proliferación de personal interino que se mantiene indefinidamente en esa situación. Con ella se distorsiona gravemente el derecho de acceso de todos en condiciones de igualdad al empleo público, en perjuicio de los que aspiran a ejercerlo y de la profesionalidad de los servicios. De ahí que el Estatuto Básico del Empleado Público dispusiera la necesidad de incluir en la oferta anual de empleo público todas las vacantes ocupadas por interinos y sin reserva a favor de sus titulares que no se decida amortizar. La mayoría de los Gobiernos vienen incumpliendo esta norma, pero una sentencia del Tribunal Supremo ha declarado que ese incumplimiento supone una infracción del derecho constitucional de acceso a la función pública. Debe exigirse la aplicación de esta doctrina en todas las Administraciones, sin perjuicio de los recortes que sean precisos. Esta medida, además de justa, forma parte de las reformas imprescindibles de nuestro sistema administrativo, que debe adaptarse cuanto antes a los estándares europeos

Miguel Sánchez Morón, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Alcalá de Henares