La evolución de los hechos en la Administración aragonesa no hace sino confirmar la necesidad de una labor de control por parte de la sociedad civil comprometida con la defensa de la legalidad, entre la cual se cuenta esta Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, pues parece que este Gobierno de Aragón considere que la aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma pueda desconocer los plazos que marca el Estatuto de Autonomía de Aragón, y lo mismo cabría decir de la falta de publicación de las resoluciones de nombramiento del personal eventual o de confianza de los miembros del Gobierno de Aragón. Aún más, resulta realmente incomprensible que a dicho personal de confianza se le atribuyan funciones de representación en órganos como el Consejo Económico y Social de Aragón, al que se han incorporado personas que ostentan la jefatura de órganos de apoyo inmediato a Consejeros del Gobierno, olvidando con ello la naturaleza especial de las funciones que les corresponden.
Todo ello son signos de falta de adecuación a la legalidad administrativa y de una preocupante deriva hacia la ocupación de órganos administrativos -tanto de participación como de consulta- por personal cuya función ha de limitarse a la de asesoramiento directo a los miembros del Gobierno de Aragón. Resultaba muy censurable que el anterior Gobierno de Aragón -integrado por el PSOE-PAR- tuviese en nómina a asesores que no ejercían labor alguna que justificase sus sueldos públicos, pero igualmente resulta criticable que el actual Gobierno de Aragón encomiende funciones públicas a personas que, en atención a su naturaleza de personal eventual o de confianza, han de abstenerse de realizar cualquier función administrativa, y este tipo de funciones no sólo se ejercen en órganos de carácter ejecutivo o decisorio, sino que incluyen todo tipo de órganos de la estructura administrativa, incluidos los de participación y de consulta, como es el caso del Consejo Económico y Social de Aragón.
¿Qué papel se quiere atribuir al personal de confianza de los Consejeros con la atribución de la condición de vocales de la Administración en el Consejo Económico y Social de Aragón? ¿Se les quiere otorgar el ejercicio de funciones administrativas que hasta ahora se les tenía vedadas en la organización, tal como expresamente establece la Ley?
Son ya varios los elementos de preocupación en cuanto a la actitud del actual Gobierno de Aragón en lo que afecta al respeto de la legalidad, y no es posible desconocer tal realidad ni, como ha sido norma de esta Asociación, dejar de denunciarla públicamente. El que no se publiquen, como exige la Ley, los nombramientos del personal eventual o que su función no se limite a labores de asesoramiento especial de los cargos políticos -llegando a otorgarles la condición de vocales del Consejo Económico y Social de Aragón- es una vulneración radical de la legalidad administrativa, como igualmente supone un incumplimiento del Estatuto de Autonomía de Aragón la no aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos y su envío a las Cortes de Aragón antes del 1 de octubre. ¿Acaso este Gobierno se cree con derecho de incumplir la legalidad? ¿En ello se concreta el programa de regeneración institucional que se prometía?
Los servidores públicos, en cuanto profesionales de la función pública comprometidos con los valores del Estado de Derecho, hemos de reaccionar contra el estado de cosas señalado y volver a denunciar, como hemos hecho en años anteriores, todas las vulneraciones de la legalidad en las que incurren los actuales responsables políticos de la Comunidad Autónoma. Nuestro compromiso con la legalidad y con los ciudadanos es nuestra única razón de ser, con independencia del signo político de quienes ostentan el poder político en cada momento.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
3 comentarios:
Totalmente de acuerdo con la opinión de la Asociación. La existencia del personal de confianza política es un cáncer del modelo de empleo público español y el medio para colocar a parientes, amigos y correligionarios.
Estos nuevos cortesanos y palanganeros, que acceden a puestos públicos sin respetar la igualdad de oportunidades ni los principios de mérito y capacidad constituyen una afrenta para el conjunto de la sociedad.
Es inaudito lo que sucede.
Lo que es inaudito es que incluso existan asesores que no sean funcionarios de carrera. Estamos acostumbrados a encontrarnos con este tipo de personal en los organigramas de las administraciones públicas, pero lo cierto es que están cobrando un sueldo de las arcas públicas sin haber superado un proceso selectivo público ni haber sido elegidos en las urnas. La existencia de asesores incumple la Constitución, salvo que cobren salarios privados y dejen de desempeñar funciones públicas; deberían ser gabinetes privados de los consejeros sin ninguna incidencia en los organigramas.
Saludos.
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