De acuerdo con la convocatoria efectuada, el pasado 4 de octubre tuvo lugar una reunión de la Junta Directiva de la Asociación, cuya finalidad básica era informar al conjunto de los miembros de la Junta y socios asistentes a la reunión del desarrollo del encuentro mantenido con el Consejero de Hacienda y Administración Pública, Mario Garcés, en el que estuvo igualmente presente el Director General de la Función Pública y de Calidad de los Servicios, Ignacio Murillo, así como establecer la nueva estrategia de actuación de la Asociación, en desarrollo del conjunto de propuestas contenidas en el Documento de Propuestas de Buen Gobierno y Buena Administración aprobado el pasado mes de julio.
De acuerdo con el orden del día, y en el punto relativo al informe de actividad por parte del Presidente, se destacó la respuesta obtenida por parte del Senado a nuestra petición de que se instase a la Administración General del Estado para que velase por el escrupuloso respeto al derecho de acceso de los ciudadanos a la función pública, garantizándose la aprobación de oferta de empleo público por parte de las Administraciones Públicas y la inclusión en la misma, al menos, del conjunto de puestos de trabajo vacantes ocupados por personal interino. El Senado traslada a la Asociación una contestación elaborada por el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública en la que se califica de innecesaria la petición formulada, al existir ya mecanismos establecidos para tal garantía.
A propuesta del Presidente de la Asociación, se acuerda comunicar a dicho Ministerio que la existencia de tales mecanismos no es garantía suficiente para el respeto del derecho de acceso, como ha quedado acreditado por los hechos en el caso de Aragón -ha sido el Tribunal Supremo, al anular la Oferta de Empleo Público de 2007, quien ha hecho valer el derecho constitucional frente al Gobierno de Aragón, sin que los mecanismos de control de la Administración General del Estado hayan tenido la menor intervención en su aseguramiento-, insistiendo por ello en la oportunidad de la petición formulada.
Seguidamente, el Presidente de la Asociación informa del desarrollo del encuentro mantenido con el Consejero de Hacienda y Administración Pública, Mario Garcés, remarcando la importancia de que dicho encuentro, producido a iniciativa del propio Consejero, constituye un expreso reconocimiento de la Asociación como entidad interlocutora en materia de función pública, sin que ello interfiera en el papel que tienen reconocidos los sindicatos en la defensa de los derechos de los empleados públicos y en la negociación de las condiciones de trabajo. El tono cordial y positivo de la reunión no impidió que se aprovechase para trasladar al Consejero la preocupación por una serie de hechos como la pérdida de la cultura de legalidad en el ámbito de la función pública -si bien se le reconoció los signos de cambio que se aprecian con el nuevo equipo directivo-, insistiendo en la necesidad de asegurar los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública y en la provisión de puestos de trabajo, así como en la preocupación por el desplazamiento de un importante número de funcionarios públicos por personal de empresas públicas y privadas, que se incorporan indebidamente para el ejercicio de funciones propias de los empleados públicos.
El Consejero pidió un voto de confianza, sin que ello suponga que la Asociación abandone su papel de control y de crítica a la gestión realizada, y prometió mantener un diálogo constante con la Asociación a lo largo de la legislatura.
Finalmente, la Junta analizó una serie de medidas, en su mayoría incluidas en el Documento de Propuestas de Buen Gobierno y Buena Administración, determinando algunas de ellas para su inmediato impulso, como la formulación de una queja ante el Justicia de Aragón por la no aprobación en plazo del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2012, o la petición de que se repongan las características indebidamente modificadas del puesto de Director/a de la Biblioteca de Aragón, o el ejercicio de derecho de petición ante las instituciones autonómicas y estatales para pedir la supresión de la consolidación del complemento de alto cargo que se establece como derecho económico de los funcionarios públicos en el Estatuto Básico del Empleado Público. Igualmente se valoró la oportunidad de solicitar una comparecencia ante la Comisión de Peticiones de las Cortes de Aragón para exponer las líneas básicas del Documento de Propuestas y someterlas a la consideración de los diferentes Grupos Parlamentarios.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
2 comentarios:
¿Se hará el Consejero merecedor de ese voto de confianza?. Somos muchos los funcionarios que empezamos a dudarlo y sentir que poco o nada va a cambiar.
¿Le preocupa a él esa serie de hechos que conllevan la pérdida de la cultura de legalidad en la función pública y ese desplazamiento de funcionarios serios y profesionales?
La mies es mucha y los obreros cada día menos.
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