RECUPERAR LA CULTURA DE LA LEGALIDAD: IDEAS PARA UN DEBATE.

Esta Asociación formuló el pasado mes de julio su Documento de propuestas para el buen gobierno y la buena administración en la Comunidad Autónoma de Aragón, documento que fue remitido a la Presidenta del Gobierno de Aragón, a los titulares de las restantes instituciones autonómicas y a los diferentes Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón. Podrán gustar o convencer más o menos, pero constituyen una contribución teórica realizada desde esta Asociación para mejorar la calidad democrática de nuestras instituciones y, por extensión, de nuestra sociedad.

Creemos que una de las mayores carencias de nuestra organización administrativa es la producción de ideas y el debate de propuestas, un terreno prácticamente abandonado por los órganos directivos de la Administración e inexplorado por el Instituto Aragonés de Administración Pública. Es difícil saber hacia dónde cabe encaminarse cuando prácticamente se ha abandonado el análisis de la realidad y la elaboración de propuestas u objetivos. En tal sentido, propusimos al Justicia de Aragón, ya al inicio de nuestra existencia, un Aula de Buena Administración, en la que se tuviera un foro permanente para profundizar en las exigencias de mejora de la actividad de nuestra Administración y de las cualidades profesionales de los servidores públicos, empezando por planteamientos éticos o de conducta en el desempeño de la función pública. Tal propuesta fue bien acogida, pero no llegó a plasmarse en nada real.

No puede extrañarnos la situación que vive la administración autonómica y la deriva que se ha experimentado en nuestra función pública –gravemente desarticulada-, cuando las políticas de recursos humanos y de calidad de los servicios han estado presididas, durante mucho tiempo, por el abandono o la inconsistencia. Parecía haberse olvidado –o algo peor- que no es posible contar con una buena Administración sin una buena función pública, y ésta no es posible sin una correcta ordenación de la selección, formación y provisión de puestos que asegure su profesionalidad. El desorden e incumplimiento de las normas que han imperado en esta materia ha debilitado poderosamente la calidad de la función pública y, consecuentemente, se ha resentido la adecuación y eficiencia de la actividad de la Administración.

Las numerosas peticiones realizadas desde esta Asociación –sin resultado alguno durante la anterior legislatura- creemos que siguen siendo útiles para el imprescindible debate de cómo mejorar la situación, y las abundantes quejas y denuncias realizadas señalan igualmente carencias y malas prácticas que sigue siendo necesario corregir o erradicar.

Deseamos creer que los nuevos responsables del Gobierno de Aragón tienen entre sus prioridades acometer una profunda reforma de la Administración Pública, a partir de devolver a la función pública la condición de garante de la legalidad, del interés general y de los derechos de los ciudadanos que le corresponde en nuestro modelo constitucional. Deseamos creerlo aunque veamos alguna señal preocupante como el incumplimiento del deber de publicación de los nombramientos del personal eventual, que no podemos dejar de resaltar, por coherencia con nuestra trayectoria, compromiso con la legalidad y lealtad hacia las instituciones y los ciudadanos.

Esta Asociación no va a escatimar esfuerzos en colaborar con los nuevos responsables institucionales en la restauración de los valores constitucionales en el ámbito de la administración y función pública, pero éstos habrán de entender que ello en modo alguno puede implicar el guardar silencio ante manifiestos olvidos de la legalidad.

Todos debemos exigir y exigirnos un especial esfuerzo por restaurar la cultura de la legalidad, punto de partida imprescindible para avanzar en objetivos más ambiciosos de buen gobierno y buena administración. Sólo desde el compromiso con la exigencia del respeto a las leyes es posible el ejercicio legítimo de cualquier función o responsabilidad pública.