IMPUGNADA LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA 2011.

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa ha formulado, ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, recurso contencioso-administrativo, en vía especial de protección de los derechos fundamentales, contra el Decreto 83/2011, de 5 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2011.

El recurso se fundamenta en la no inclusión del número de plazas que imponen tanto el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, como son las plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos. Precisamente, una reciente sentencia del Tribunal Supremo anulaba recientemente la Oferta de Empleo Público de 2007 por dicho motivo, pero el Gobierno de Aragón parece no haberse dado por enterado, pues ni ha procedido a la ejecución de dicha sentencia -a lo que no se hace referencia alguna en la nueva Oferta aprobada- ni ha corregido los criterios de actuación invalidados por la misma. El Gobierno de Aragón -y, en especial, el Departamento de Presidencia- sigue sin respetar las normas que ordenan la selección de personal de la Administración y, con ello, continúa -ahora ya de forma deliberada, a sabiendas de la improcedencia de lo realizado- vulnerando el derecho fundamental de acceso de los ciudadanos a la función pública, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución.

Esta Asociación no pretende, en estos momentos, que el empleo público se incremente y con ello el coste de personal de las Administraciones Públicas, pero no puede admitir que la actual coyuntura se aproveche para inaplicar la legalidad administrativa y constitucional. La crisis económica no puede ser invocada para dejar en suspenso la vigencia de derechos fundamentales como el de acceso a la función pública. El respeto de tal derecho no conlleva incremento de gasto, pues como bien señalaba el Tribunal Supremo en su sentencia -por la que se anulaba la Oferta de 2007-, el coste económico va ligado a la existencia de puestos de trabajo ocupados por personal interino, puestos que, en el caso de mantenerse, han de ser cubiertos por funcionarios de carrera, pues el acceso a la función pública ha de realizarse en atención a principios de igualdad, mérito y capacidad, lo que requiere la realización de pruebas objetivas que los garanticen. La Oferta de Empleo Público ha de ser, precisamente, la ordenación de tales procesos y no su impedimento o negación. Señalaba el Tribunal Supremo, en la citada sentencia, que no hay mayor negación del derecho fundamental de acceso que la negación de los procesos selectivos legalmente previstos.

Dado que no es posible admitir que un Gobierno gestione la función pública al margen de la legalidad e ignorando los criterios que le han sido expresamente marcados por el Tribunal Supremo, esta Asociación se ha visto en la necesidad de acudir nuevamente a los Tribunales a reclamar el respeto de la legalidad, entendiendo que la garantía del derecho de acceso es hoy no sólo la garantía de una modalidad del derecho al trabajo de los ciudadanos -que no les puede ser hurtada indebidamente-, sino el principal paso para la necesaria regeneración de la función pública autonómica, en la cual la aplicación de las normas se ha visto desplazada por la arbitrariedad con que el Gobierno dirige la Administración. Sin servidores públicos correctamente seleccionados, difícilmente cabrá corregir la situación existente. Por ello, cobra especial interés el respeto al sistema de selección, y por ello esta Asociación se ve en la necesidad, por tercera vez, de acudir a los Tribunales impugnando una Oferta de Empleo Público, algo que sólo es posible explicar por la contumacia del Gobierno de Aragón en vulnerar las normas y, con ellas, los derechos de los ciudadanos.