EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY, PRIORIDAD MÁXIMA PARA REGENERAR LA FUNCIÓN PÚBLICA ARAGONESA.

Cuando se pretende elaborar un programa de medidas para tratar de que la función pública recupere la senda de la constitucionalidad –es decir, cumplir la misión que le otorga la Constitución, que no es otra que la del servicio objetivo al interés general-, se cae en la cuenta de que una gran parte de las medidas que se proponen no son sino una exigencia tan básica como el respeto de las leyes vigentes, incumplidas de forma reiterada y generalizada por los responsables de función pública, con el consentimiento tácito de gran parte de los empleados públicos.

El hecho de que no se respeten por un Gobierno las normas de acceso a la función pública –como recientemente ha declarado el Tribunal Supremo, al anular la Oferta de Empleo Público de 2007-, ni las de ordenación de los puestos de trabajo –constantemente redefinidos en función de las características de los candidatos a ocuparlos, llegando a la desviación de poder más manifiesta, como en el caso del puesto de dirección de la Biblioteca de Aragón-, ni las de provisión de puestos de trabajo –con uso y abuso de la libre designación, generalizado incumplimiento de los límites temporales impuestos a las comisiones de servicios y falta de convocatoria de concursos de méritos- ni las de retribuciones –pactando y aplicando una cláusula de revisión salarial nunca publicada ni aprobada por las Cortes de Aragón, o implantando un anticipo de carrera profesional sin cobertura legal alguna-, es la prueba más evidente del nivel de degradación y descomposición en que se halla la función pública aragonesa.

Tal situación sería inimaginable si tal estado de cosas –por las razones más diversas- no contase con el consentimiento generalizado de los empleados públicos y de los sindicatos de la función pública aragonesa. Difícilmente se puede reaccionar contra la ilegalidad que nos perjudica, cuando aceptamos la ilegalidad que nos favorece. Cuando la norma cede ante el interés personal o la presión de un alto cargo, la tendencia que se impone es hacer valer esos intereses y buscar el amparo de los cargos políticos –con sus naturales contraprestaciones- para obtener lo que la norma no permite o facilita. En esa dinámica, recuperar el sentido general de respeto a las leyes resulta una tarea casi imposible. Y sin embargo, es algo cada día más urgente e indispensable.

El hecho de que el actual Director General de la Función Pública, al igual que sus antecesores, se preocupe más de hablar de la futura ley que ha de ordenar el empleo público autonómico –inédita después de cuatro años de trabajos- que de poner remedio al general incumplimiento de la normativa vigente, da idea de la pérdida del principal valor de toda función pública, como ha de ser el de la legalidad. Difícilmente los funcionarios públicos van a hacer valer el respeto a la ley en los diferentes ámbitos de intervención administrativa, cuando su propio estatuto profesional experimenta una clara quiebra de legalidad, situación que viene a contaminar toda la cultura administrativa de la organización. Esta situación es, probablemente, el mayor reproche que cabe hacer a este Gobierno de coalición PSOE-PAR, pues recomponer una función pública a la altura de las exigencias de un Estado de Derecho requerirá muchos años de esfuerzos y de tensiones internas.

En suma, cualquier documento de propuestas de regeneración de las instituciones públicas ha de partir, para no enmascarar la realidad en que vivimos, de la grave crisis de legalidad que padecemos en la función pública y, por lo tanto, del alto riesgo que ello supone para el funcionamiento del Estado de Derecho y para la vigencia de la propia democracia. Si la democracia se concibe como un sistema de gobierno de leyes, y éstas son la expresión de la voluntad general -de modo que el pueblo asegura su autogobierno al darse a sí mismo las leyes a que ha de someter su conducta-, la inaplicación de dichas leyes y su desplazamiento por la voluntad arbitraria de quien gobierna constituye el más claro fraude a la vida democrática. Mientras no se ponga el énfasis suficiente en dicho hecho, cualquier programa de regeneración que se formule no será más que una cortina de humo para ocultar el principal y más grave dato de la falta de calidad institucional: la vulneración de las leyes y la falta de reacción institucional y social a dicha vulneración.