DEMOCRACIA SON INSTITUCIONES QUE RESPONDEN Y RAZONAN SUS RESPUESTAS: PERMANENTE EJEMPLO DEL JUSTICIA DE ARAGÓN.

Esta Asociación, con sus diferentes escritos, no pretende dar lecciones de ética ni de legalidad a nadie, aunque haya quien se burle de nuestra actividad con tal caricatura. Los escritos que con insistencia formulamos –mayor de la que algunos querrían, incluidos nosotros mismos, pero en muchos casos no se nos deja otra opción, y no reaccionar sería desistir en nuestra labor de defensa de los principios de la función pública- no son más que una colaboración con las instituciones en lo que debiera ser una de sus preocupaciones prioritarias: la preservación del principio de legalidad y de los demás principios que hacen reconocible el Estado de Derecho o, lo que viene a ser lo mismo, la vigencia efectiva de nuestra norma constitucional.

Confiamos en las instituciones, y por ello nos dirigimos con frecuencia a ellas, alertando de deficiencias, insuficiencias e irregularidades, confiando en su compromiso con el ordenamiento jurídico y en su voluntad de avanzar en objetivos de buena administración y buen gobierno. No creemos perder el tiempo cuando solicitamos a una institución la adopción de medidas, con independencia de que sea un órgano ejecutivo o de control. La cultura democrática de las organizaciones –y la Administración Pública precisa cultivar los valores democráticos para no traicionar su razón de ser- exige del control, del diálogo entre sus miembros, del compromiso activo con los valores que han de determinar la conducta de todos y cada de ellos.

No esperamos que las instituciones a las que nos dirigimos nos den siempre la razón. No estamos ni nos sentimos en posesión de la verdad. De lo único que nos gustaría estar convencidos es de que no nos resulta indiferente el deterioro que vive la función pública ni estamos dispuestos a taparnos los ojos –por el motivo que sea, interés o comodidad- ante los constantes menoscabos que sufre el principio de legalidad en el ámbito de las instituciones de nuestra Comunidad Autónoma: si un funcionario público, que ha de considerarse un agente de la legalidad, no reacciona frente a las ilegalidades más notorias que percibe en su entorno, ¿por qué valores podrá guiarse?. ¿Por el simple instinto de supervivencia? ¿Puede sobrevivir el servidor público en una Administración donde imperen la arbitrariedad y el abuso de poder en lugar de la legalidad, la profesionalidad y la ética pública?

¿Por qué esta Asociación parece resultar molesta al Gobierno de Aragón, cuando la componen funcionarios públicos a su servicio? ¿Por qué no saben valorar a servidores públicos comprometidos con la ética propia de su profesión?¿Prefieren contar con servidores privados en lugar de públicos? ¿Profesionales que trabajen al dictado de sus órdenes y consignas políticas, dando apariencia de juridicidad a sus decisiones? ¿Vestir resoluciones?¿Construir expedientes?¿Reducir el Estado de Derecho a una ficción, una fachada tras la que se oculte la utilización del poder en beneficio de intereses distintos al interés general? ¿Se puede esperar que los funcionarios accedan a tal pretensión y vendan su alma al diablo?

Esta Asociación, sus miembros y quienes coinciden con sus planteamientos, aunque no pertenezcan a ella, pretenden que las instituciones de una democracia –como lo es la España autonómica, pues no tenemos ninguna duda al respecto- sean consecuentes con los principios y valores constitucionales, y en especial con el principio de legalidad, que vincula por igual a ciudadanos y poderes públicos.

Los ciudadanos de una democracia –como somos los españoles, los aragoneses- esperamos que las instituciones tomen decisiones razonadas y conformes al ordenamiento jurídico, escrupulosamente respetuosas con los derechos de los ciudadanos –su razón de ser no es otra que garantizar y preservar estos derechos- y que, cuando instamos de ellas una decisión o una respuesta, respondan a la petición y lo hagan de manera respetuosa, razonada, objetiva. ¿Qué otra cosa cabe esperar en una democracia? ¿Admitir comportamientos autoritarios, ilegales, hostiles hacia el ciudadano? El Justicia de Aragón podrá dar o no la razón a los escritos de queja de esta Asociación, pero siempre da a nuestras demandas respuesta respetuosa, razonada, objetiva, incluso cordial. Cada respuesta que recibimos de dicha Institución no hace más que incrementar nuestra confianza en ella. ¿Tan difícil resulta al Gobierno de Aragón y a las Cortes de Aragón adoptar similar pauta de conducta? ¿Qué es lo que se lo impide?