Algunas de las iniciativas recientes de esta Asociación se han referido al régimen de incompatibilidades previsto para altos cargos de la Administración aragonesa o cargos de determinadas instituciones autonómicas, como la Cámara de Cuentas de Aragón. No hay en ello otro ánimo que la simple llamada de atención a los órganos encargados de velar por el cumplimiento de dicho régimen de incompatibilidades ante circunstancias que permiten suponer un riesgo de inaplicación –o posible vulneración- de los deberes que tal régimen conlleva.
Debe recordarse que el régimen de incompatibilidades tiene un alto componente objetivo –se presume que determinadas situaciones son susceptibles de comprometer el interés público o el correcto ejercicio de una función, al margen de cualquier consideración sobre el comportamiento efectivo o voluntad interior del afectado, o vulneran el obligado régimen de dedicación exclusiva- y su cumplimiento es un factor importante para asegurar la confianza de los ciudadanos en los órganos administrativos e instituciones.
Cuando se establece, por ejemplo, que no puede ser miembro de un tribunal de oposiciones una persona que haya realizado labor de preparación de opositores no se está cuestionando la integridad de la persona incursa en causa legal de abstención, sino que lo que trata de evitarse es que el órgano de selección pueda verse “contaminado” o “bajo sospecha”, es decir, privado de la objetividad y autoridad que se requiere para juzgar el mérito y la capacidad de los candidatos. A idéntico fin responde el hecho de que la Constitución prohiba a los jueces y magistrados la posible afiliación a partidos políticos, para no dañar la imagen de independencia del poder judicial. Las normas formales no condicionan la conducta íntima de las personas –la integridad del miembro objetivamente incompatible puede ser superior a la del compatible-, pero tratan de asegurar la credibilidad de los órganos administrativos y evitar los conflictos de intereses que puedan afectar al interés público o general, a la objetividad que necesariamente ha de predicarse de toda actuación administrativa.
Esta Asociación quiere dejar claro que poner en conocimiento de los órganos de control correspondientes determinados hechos no supone prejuzgar sobre la vulneración o no del régimen de incompatibilidades. Mucho menos poner en cuestión la integridad de las personas. Si los medios de comunicación recogen información gráfica sobre la colegiación de un alto cargo de la Administración como abogado “en ejercicio”, esta Asociación no cree que tal colegiación se haga para ejercer la profesión al tiempo que se ostenta la condición de alto cargo. Ello, sin embargo, no resta valor al dato objetivo de que un alto cargo, manteniendo tal condición, obtiene una habilitación para el ejercicio de una profesión, pese a hallarse dicho ejercicio expresamente excluido por el régimen de incompatibilidades. ¿Ha de jugar aquí la presunción de legalidad a favor de los sujetos a incompatibilidad? ¿Para qué están entonces los controles?
Lo relevante, en una situación tan deficiente como la que viven nuestras instituciones y nuestra Administración, es que los sujetos a régimen de incompatibilidades –empezando por cargos institucionales y altos cargos de la Administración, y siguiendo por los funcionarios públicos- se tomen en serio el cumplimiento de las obligaciones que tal régimen conlleva, que los órganos encargados de ejercer el control de incompatibilidades lo hagan de manera efectiva y que se vea y se sepa que los supuestos que pueden afectar a tales obligaciones van a ser señalados públicamente, para su control o aclaración. Las incompatibilidades son un instrumento de defensa de la función pública, de dignificación de su papel, y por ello esta Asociación no puede dejar de alertar sobre supuestos en que su cumplimiento pudiera verse comprometido. Alertar no es juzgar, sino colaborar en el respeto de las reglas. ¿Acaso no lo ven así los responsables públicos o los afectados?
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
34 comentarios:
Completamente de acuerdo. Todo ello pone de manifiesto la necesidad en Aragón de una regulación específica en materia de conflictos de intereses (mejor que incompatibilidades), siguiendo el ejemplo del Estado, Cataluña o Andalucía, en los que además existe un órgano relativamente independiente encargado de velar por el cumplimiento de esa legislación.
Es evidente que la Ley 2/2009, del Presidente y del Gobierno de Aragón, es absolutamente insuficiente; nació ya desfasada.
Nació desfasada, y cabe además la posibilidad de que no se aplique como es debido.
Está por ver que conteste la Secretaría General Técnica de la Presidencia sobre el caso que se planteó.
O ver lo que pueda decir la Mesa de las Cortes en relación con la Cámara de Cuentas.
SONIA BARRADO / LOGROÑO
Día 10/11/2010 - 14.06hcomentarios
Los cambios en los Gobiernos y las reestructuraciones que invitan al adelgazamiento de la Administración pública en tiempos de crisis han vuelto a enfrentar a los socialistas y los populares en La Rioja después de que el PSOE haya puesto en duda la austeridad de la Comunidad Autónoma y haya presentado una proposición de ley en el Parlamento riojano para regular las incompatibilidades de los altos cargos en el sector público.
Para el PSOE, es necesario “regular el régimen de incompatibilidades y de bienes de altos cargos con la aprobación de un código ético y medidas de trasparencia y contención en el gasto público”, ya que el partido acusa al Gobierno riojano de falta de austeridad.
ABC.
Es curioso, se propone en La Rioja lo que se rechaza en Aragón: un código de buen gobierno.
¿Qué hacer ante cosas como ésta?
De conformidad con lo previsto en Ley 3/2005, de 8 de Abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía, el Registro de Actividades, Bienes e Intereses tiene carácter público, insertándose el contenido de las Declaraciones que formulan los Altos Cargos, y otros Cargos públicos.
Y en Aragón, con carácter reservado.
Inaccesible al conocimiento de los ciudadanos.
La consulta de los ciudadanos a la información contenida en el Registro podrá realizarse a medida que se inscriban las Declaraciones de los Altos Cargos y otros cargos públicos, que deberán ser realizadas por éstos en el plazo de dos meses a partir del 29 de Agosto de 2005, fecha de entrada en vigor del Decreto 176/2005, de 26 de Julio (BOJA 9/8/05, nº 154), por el que se desarrolla la ley 3/2005, de 8 de Abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y otros cargos públicos, y que además serán publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, conforme a la disposición normativa.
¿Qué pasa en Aragón, mientras tanto?
¿Qué hace el Gobierno?
¿Qué hace la oposición?
¿Qué hace la prensa?
¿Nos conformamos todos con la desidia institucional existente?
Creo que nos hemos equivocado de himno: no hay que abogar por el Canto a la libertad, sino por el "Aragón", por el vamos camino de nada.
Eso sí que nos retrata de verdad.
Este tema debiera ser un eje básico de difusión ante las próximas elecciones autonómicas.
Una buena legislación de conflictos de intereses.
Una buena batería de propuestas anticorrupción.
LA RIOJA
El PSOE propone que las nóminas y bienes de 500 altos cargos puedan verse en Internet.
¿Eso es aguas arriba de Aragón?
«Con un solo clic de ordenador, los riojanos podrán saber no sólo cuánto ganamos sino cuánto tenemos». Este escenario podría ser una realidad si prospera la proposición de ley de 'Incompatibilidades de los altos cargos en el sector público de La Rioja', que ayer presentó Francisco Martínez-Aldama, secretario general del PSOE riojano. Una iniciativa que tiene como objetivo recuperar la confianza en el ejercicio de la actividad pública y, en esta materia, convertir la legislación de la Comunidad de La Rioja en la «más avanzada, más transparente y más exigente del país».
Aldama, que compareció ante los informadores junto a Inmaculada Ortega, diputada regional, anunció que la proposición de ley tiene como objeto la regulación del régimen de incompatibilidades así como la declaración de bienes e intereses de todos los altos cargos de la CAR, la aprobación de un código ético y la toma de medidas de transparencia, contención y austeridad del gasto público.
La propuesta socialista buscaría «la transparencia como forma habitual de gobernar, del comportamiento cotidiano de cualquier alto cargo. Que los riojanos tengan información de los bienes y actividades de los que les gobiernan». De prosperar, las declaraciones de bienes de todos los altos cargos serían obligatorias y públicas. «Se incluirían en la página web del Gobierno riojano. A mí no me importa y me gustaría que a Pedro Sanz y a todo su Gobierno tampoco les importase», aseguró Aldama.
EL CORREO.
El tema es de plena actualidad en Comunidades vecinas.
Tener acceso a un ordenador. Eso es todo lo que necesitará cualquier ciudadano de a pie para «conocer, a golpe de un 'click', cuánto ganan y cuánto tienen» los altos cargos de la Administración autonómica riojana si el PSOE logra sacar adelante la proposición de Ley que registró ayer en la Cámara regional para «regular las incompatibilidades y la dedicación de los altos cargos del Gobierno de La Rioja». Aproximadamente 250 personas, según las estimaciones socialistas.
El secretario general del PSOE de La Rioja, Francisco Martínez Aldama, afirmó ayer en rueda de prensa que con esta iniciativa «La Rioja sería la comunidad de España con una legislación más avanzada, más trasparente y más exigente en el ejercicio de la actividad pública». El líder de los socialistas riojanos confió en que esta propuesta cuente con el apoyo del PP y del PR pero, de no ser así, confirmó que se incluirá como un compromiso electoral del PSOE para las autonómicas del 2011. «Si logramos la confianza de los riojanos, será la primera Ley que apruebe nuestro Gobierno», enfatizó.
Martínez Aldama explicó que el régimen de incompatibilidades de los altos cargos se regula, en la actualidad, a través del Título cuarto de la Ley autonómica 8/2003. Sin embargo, esta norma no obliga al Gobierno regional a publicitar los datos, advirtió la diputada Inmaculada Ortega, también presente en la rueda de prensa. Con la propuesta socialista, sin embargo, los documentos se colgarían en la web del Gobierno regional y se publicarían en el BOR. «De esta forma se conocería con total trasparencia qué bienes tiene un alto cargo al tomar posesión y cuál es la evolución de su patrimonio a lo largo de su actividad pública», subrayó Ortega.
LA RIOJA.
Código ético
El ámbito de actuación de esta proposición, que incluye la aprobación de un código ético, afecta desde los máximos niveles del Ejecutivo (con el presidente a la cabeza) hasta secretarios técnicos, directores y subdirectores; cargos nombrados por decreto, orden o mandato del Consejo de Gobierno; asesores; presidentes, gerentes y asimilados de organismos, sociedades y fundaciones públicos (también de empresas públicas si la participación de la Comunidad en su capital es igual o superior al 50%) y el Defensor del Pueblo de La Rioja. La declaración de actividades y bienes también será obligatoria para el presidente y los consejeros del Consejo Consultivo y el presidente del CES.
LA RIOJA.
Comentario:
La administración debe ser cada vez mas transparente. Seria la manera de evitar que entren en ella personas con el solo fin de enriquecerse y ensucien la POLITICA con letras mayúsculas.
Comentario:
Insisto en lo de siempre: los partidos políticos dicen una cosa cuando están en la oposición, y hacen otra completamente diferente cuando llegan al Gobierno. Y estoy seguro de que esto es una muestra más. ¿Cuantas leyes de incompatibilidades en los lugares en los que gobierna el PSOE han aprobado recortes en coches, gastos y despachos? Habrá que verlo. ¿Y cuantas cosas parecidas habrá propuesto el PP en los lugares en los que están en la oposición? Pues lo mismo.
Pues que ponga orden el secretario de organización del PSOE y extienda la propuesta riojana a aquellos sitios en que la normativa aprobada, como es el caso de Aragón, queda muy por debajo de la propuesta.
¿Se lo sugerimos?
¿Ejercemos nuevamente el derecho de petición?
¿A qué viene tanto pedir?
Y si hacemos una permuta: los del PSOE de Aragón los intercambiamos con los de la Rioja
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