La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, en ejercicio del derecho de petición reconocido en el artículo 29 de la Constitución Española, se dirige a la Fiscalía General del Estado para solicitarle que informe a la opinión pública sobre las actuaciones realizadas para esclarecer hechos y responsabilidades en relación con la gestión del Presidente de la Asociación Aragonesa de Entidades Locales (ASAEL), cuyas irregularidades fueron destacadas con amplio detalle en la prensa escrita aragonesa.
La petición se formula en los siguientes términos:
1. Mediante escrito de fecha 16 de julio de 2009, en mi condición de Presidente de la citada Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, dirigí a esa Fiscalía General del Estado un escrito de denuncia por los hechos recogidos en la prensa aragonesa respecto a la irregular actuación del Presidente de la Asociación Aragonesa de Entidades Locales (ASAEL).
Entre dichas actuaciones irregulares por parte del Presidente de ASAEL, Jesús Solá, figuraban el desvío de fondos públicos para la contratación de servicios personales o la contratación de personal, con cargo a fondos obtenidos en virtud de convenios suscritos con la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, para el ejercicio de labores al servicio de un partido político o el despido arbitrario de tales contratados tras producirse el cese del citado Solá como personal eventual dentro del Gabinete del Consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón.
Se adjunta copia del citado escrito de denuncia.
2. Como se señalaba en el referido escrito, y vista la gran difusión de tales hechos en la prensa aragonesa, esta Asociación, que tiene entre sus objetivos la defensa de la legalidad y de la ética pública, no podía permanecer indiferente frente a una destacada muestra de la “cultura de impunidad” que parece haber ir cobrando fuerza o arraigo en determinados ámbitos de la gestión pública aragonesa, razón por la cual se hacía necesario reaccionar frente a prácticas incorrectas de responsables institucionales y reclamar la intervención activa del Ministerio Fiscal para evitar la lesión a la ley y al interés general que suponen, en su mayor parte, los fenómenos de corrupción pública, sea política o administrativa.
3. Pese al año transcurrido desde la presentación del citado escrito de denuncia, esta Asociación desconoce las actuaciones que haya podido llevar a cabo el Ministerio Fiscal en relación con los hechos denunciados, así como el posible resultado obtenido de las mismas.
Si bien es cierto que no existe obligación legal de comunicar o informar de tales actuaciones a quienes intervienen como meros denunciantes, más allá de comunicar el posible archivo de la denuncia –lo que no se ha hecho hasta la fecha, de modo que cabe presumir que la investigación por los hechos citados puede seguir abierta en estos momentos-, entendemos que, dada la trascendencia pública que tuvieron los hechos –como quedaba acreditado con las páginas de prensa que acompañaban al escrito de denuncia-, sería deseable que la opinión pública conociese, en el grado que se entienda oportuno por esa Fiscalía General, las actuaciones realizadas para esclarecer los hechos y su posible valoración jurídica.
Consideramos necesario que una institución como el Ministerio Fiscal, a la que corresponde un destacado papel en la lucha contra la corrupción, ejerza su labor con las máximas cotas de transparencia y diligencia que le permitan los hechos investigados en cada caso, trasladando con ello a la opinión pública, es decir, al conjunto de los ciudadanos, la plena convicción de que existe un firme compromiso con la defensa del Estado de Derecho y una actuación decidida contra aquellas actuaciones que lo menoscaban, como son las actuaciones ilegales de quienes ejercen funciones públicas, defraudando con ello tanto la ley como la confianza depositada por los ciudadanos.
4. Tal petición de información sobre la actividad desarrollada por el Ministerio Fiscal en relación con la denuncia sobre las irregularidades producidas en la gestión de la Asociación Aragonesa de Entidades Locales (ASAEL), ampliamente destacadas por la prensa aragonesa, resulta además coherente con las funciones que se recogen en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, al señalarse que, en el ejercicio de las mismas, el Ministerio Fiscal podra informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan, siempre en el ámbito de su competencia y con respeto al secreto del sumario.
Entendemos que, precisamente para no contribuir, aunque sea involuntariamente, al desarrollo de la “cultura de la impunidad” a la que nos referíamos en el escrito de denuncia que formulamos con fecha 16 de julio de 2009, esa Fiscalía, en el ejercicio de las funciones que tiene expresamente atribuidas por su Estatuto Orgánico, debiera informar a la opinión pública sobre la labor desarrollada para esclarecer posibles hechos y responsabilidades a que hubiere lugar en relación con la denuncia realizada.
La anterior petición se realiza al amparo del artículo 29 de la Constitución Española.
Agradeciéndole de antemano la atención prestada al presente escrito, aprovecho para expresarle mi más atento y respetuoso saludo.
Zaragoza, 12 de julio de 2010.
El Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, Julio Guiral Pelegrín.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
8 comentarios:
Dicho y hecho: así me gusta.
¿Acaso somos otra cosa?
Como se actúa en un Estado de Derecho.
Como actúan los ciudadanos de una democracia.
Con fundamento.
Con naturalidad.
El Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales, y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.
El Fiscal podrá recibir denuncias, enviándolas a la autoridad judicial o decretando su archivo cuando no encuentre fundamentos para ejercitar acción alguna, notificando en este último caso la decisión al denunciante.
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