PARO INTERNO EN LAS ADMINISTRACIONES: POLÍTICA DE ACOSO Y DERRIBO A LOS PROFESIONALES.

Uno de los contrasentidos mayores a los que podemos asistir en las Administraciones Públicas es el de contemplar situaciones en que servidores públicos de acreditada competencia profesional y manifiesta voluntad de trabajo, tras ser apartados de sus puestos de responsabilidad, al frente de una unidad o un órgano administrativo, son sencillamente aparcados en un puesto de trabajo vacante –o habilitado al efecto-, al que se deja vacío de contenido, condenando a dicho funcionario a un indeterminado periodo de hibernación profesional.

Dicha realidad constituye un doble despropósito: en primer lugar, vulnera el derecho de todo servidor público a disponer de un puesto de trabajo en el que desempeñar de forma efectiva las funciones o tareas propias de su condición profesional, acorde con la progresión alcanzada en su carrera profesional, derecho reconocido en el artículo 14 del Estatuto Básico del Empleado Público; y, en segundo lugar, supone un injustificable despilfarro de medios y recursos para la organización administrativa, al tener inactivos a funcionarios cualificados, mientras, al mismo tiempo, no se duda en promocionar a candidatos inidóneos –aunque sumisos- a determinados puestos de responsabilidad. Gestionar los recursos públicos de forma ineficaz e ineficiente, arbitraria e ilegal, como sucede en este tipo de situaciones, no parece traer consecuencia alguna para quienes así actúan, como responsables de los organismos o servicios en que dichas situaciones se producen.

Tal realidad no es sólo una disfunción de la organización administrativa, que pone de manifiesto la obsolescencia de sus técnicas de gestión de recursos humanos, al permitir prácticas que descapitalizan el potencial humano de la organización, sino que, además y principalmente, constituye una evidencia de los criterios sectarios con que el Gobierno de Aragón dirige la Administración Pública, condenando al ostracismo interno –a la invisibilidad, a la nada- a todo aquel que pueda resultar incómodo a los equipos de dirección política en un determinado ámbito de la Administración. Ello permite poner fin a la trayectoria profesional y a la carrera administrativa de cualquier funcionario que no se muestre dócil o sumiso a consignas o intereses de sus superiores.

Es muy preocupante, por otra parte, que tal situación se vea con creciente normalidad por el conjunto de los empleados públicos –parece asumido como hecho comprensible el que todo funcionario sea susceptible de caer en desgracia en cualquier momento, ante cualquier gesto de desafección a las directrices políticas, en particular si frente a ellas invoca el principio de legalidad o la profesionalidad e imparcialidad a la que se deben los servidores públicos-, lo que quiere decir que la fortaleza ética de la función pública es cada vez menor y que el respaldo que cabe esperar frente a la arbitrariedad ejercida por parte de la dirección política es, digamoslo sin rodeos ni eufemismos, nulo. ¿Compartimos, por lo tanto, valores o miedos? ¿El valor de la legalidad o el miedo a la arbitrariedad que puede arruinar nuestra vida profesional? O tal vez estemos ante el peor de los escenarios posibles: el del miedo a ser represaliados por defender la legalidad frente a consignas políticas ilegales.

A quienes viven instalados en el cinismo y únicamente velan por su interés personal –una especie que amenaza con colonizar la función pública, con efectos más dañinos y letales que los del mejillón cebra-, todo esto puede parecerles anecdótico o pueril, y seguramente se congratulen de que algunos se empecinen en reivindicar la legalidad y la ética pública –cuantos más sean mejor-, para así disponer de mayores posibilidades de promoción profesional. En una Administración donde no se concede valor a los principios éticos, al margen de posibles declaraciones huecas de algún Consejero o Director General, quienes se han entregado al pragmatismo más grosero –el que les dicta sus intereses personales- son puestos en valor por la dirección política. Con esa actitud vienen a apuntalar –consciente o inconscientemente- la estrategia de acoso y derribo seguida desde el poder contra quienes aún creen que la Administración sólo puede reconocerse como aliada insustituible del Estado de Derecho.

Esta Asociación, por si alguien lo desconoce o lo duda, ha tomado posición clara a favor de la alianza necesaria entre Administración y Estado de Derecho y no va a cejar en su determinación de corregir y denunciar la actual deriva que vive la función pública aragonesa, aun a riesgo de afrontar o sufrir ese ostracismo que acecha a todo servidor público comprometido con los valores genuinos de la función pública.