NECESIDAD DE ABORDAR LOS PROBLEMAS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

Esta Asociación, desde su constitución en febrero de 2007, ha tenido como principal objetivo la promoción de los principios constitucionales a los que han de ajustarse tanto el funcionamiento de las Administraciones Públicas como la actividad de la función pública, al entender que la evolución de unas y otra se desviaban de los mismos de una forma preocupante. Y en ese empeño seguimos tres años y pico después, con algo ya de camino recorrido, lo que nos ha permitido ir descubriendo las verdaderas dificultades del desafío.

Es hora de preguntarse, seriamente, si interesa a alguien disponer de una función pública verdaderamente comprometida con el Estado de Derecho, es decir, con el principio de legalidad y los derechos de los ciudadanos. Un Estado de Derecho no se define, como algunos creen erróneamente, sólo por la existencia de un control jurisdiccional sobre los actos de la Administración, sino que debe manifestarse también en la plena sujeción de los actos administrativos, en su procedimiento de adopción, a la ley y al derecho, es decir, a lo establecido en el ordenamiento jurídico. Un Estado de Derecho supone vivir bajo el imperio de las leyes, de modo que los ciudadanos no deban verse sometidos a la voluntad arbitraria de las personas que, elegidas o no, ejercen el poder político en cada momento.

Y ahí, entran en escena los servidores públicos, encargados de asegurar el buen funcionamiento de la administración pública, de atender la actividad del conjunto de los servicios públicos y de garantizar la ejecución de las leyes aprobadas por el Parlamento. La Administración sirve con objetividad los intereses generales –lo dice la Constitución Española-, pero su dirección, como es lógico, corresponde al Gobierno, llamado a aplicar el programa político respaldado en las elecciones generales por los ciudadanos y en la investidura del Presidente del Gobierno por los representantes de los ciudadanos. Gobernar y administrar no es posible sin la intervención necesaria de los funcionarios públicos, como agentes a los que corresponde ejecutar y desarrollar las políticas públicas diseñadas por el Ejecutivo.

Todos necesitamos una función pública competente y profesional, consciente de sus obligaciones constitucionales y legales. El Parlamento, el Gobierno y los ciudadanos, para que las reglas de funcionamiento de la democracia no se desvirtúen. También los propios servidores públicos necesitamos que el marco en el que se desarrolla nuestra actividad profesional sea coherente con los principios que la Constitución nos impone como guía. ¿Cabe a los funcionarios actuar con objetividad si la dirección política se apoya en criterios sectarios y clientelistas? ¿Cabe atenerse a la ley y al derecho si la dirección política antepone su capacidad de decisión y su legitimidad democrática al carácter vinculante de las normas? ¿Qué referencias restan a los servidores públicos, en su actividad, una vez perdidos los valores de la legalidad y la imparcialidad? ¿La estricta sumisión al poder político?

El problema más grave de la función pública, en el conjunto de las administraciones españolas –no sólo en la aragonesa-, es la crisis de legalidad que se atraviesa, dada la baja cultura democrática de la actual clase política española, pero además de éste, cuya solución sólo puede abordarse desde un amplio programa de regeneración institucional y democrática, es necesario identificar también otros problemas o defectos de la actual ordenación de la función pública que cada día alejan más la realidad de las administraciones públicas de los valores y principios constitucionalmente proclamados.

Para dicha tarea de análisis y de reflexión sobre la propia realidad profesional y sus implicaciones y consecuencias, de la cual poder extraer luego nuestras propuestas o nuestras denuncias –no hemos renunciado a ningún modo de acción posible que resulte coherente con los valores democráticos-, ofrecemos esta asociación y este blog a todos los servidores públicos de las administraciones aragonesas, con la voluntad de proponer a los diferentes partidos políticos, de cara a las próximas elecciones autonómicas y locales de mayo de 2011, un conjunto de medidas encaminadas a fortalecer el papel de la función pública en el aseguramiento del buen gobierno y la buena administración.