LA ESCASA TRANSPARENCIA DE NUESTRAS ADMINISTRACIONES.

No ha de extrañarnos en absoluto que las instituciones aragonesas –sean autonómicas, provinciales o municipales- queden en entredicho en cualquier ranking sobre transparencia de la gestión pública. Así lo pone de relieve el reciente informe “Indice de Transparencia de los Ayuntamientos 2010”, que se hace público hoy por la prestigiosa organización Transparencia Internacional, mundialmente conocida como “coalición global contra la corrupción”.

Los Ayuntamientos de las capitales aragonesas –Zaragoza, Huesca y Teruel- no destacan en el panorama local español por su transparencia, lo que equivale a decir en su política de “prevención de la corrupción”. La opacidad es, precisamente, el caldo de cultivo de las numerosas irregularidades y abusos que detectamos los funcionarios públicos en el actuar de nuestras instituciones, irregularidades que constituyen un claro indicio del previsible grado de corrupción pública que se oculta a nuestros ojos.

Quienes gustan de las irregularidades –y con ellas, de la corrupción- se amparan en la opacidad existente -en la falta de publicidad o conocimiento de los criterios de gestión, en el secreto de muchas de las decisiones adoptadas, en el desconocimiento de los resultados de muchos expedientes de contratación o de subvención fallidos-, se aprovechan de la debilidad de los controles, y aspiran a quedar protegidos por la impunidad reinante. La fórmula es sencilla: opacidad para abusar e impunidad para no ser sancionados por el abuso cometido.

El poco entusiasmo por las exigencias de la ética pública de nuestros principales responsables locales ya lo pudo constatar esta Asociación, cuando propuso a ayuntamientos, comarcas y diputaciones la aprobación de códigos de buen gobierno para fortalecer las exigencias éticas en la gestión pública. El grado de receptividad o acogida a la propuesta fue mínimo y no faltaron quienes, como el alcalde de Huesca, Fernando Elboj, señalaron al Justicia de Aragón -cuando éste le recriminó la falta de respuesta a la petición de esta Asociación-, que tal medida –la aprobación de un código de buen gobierno- carecía de prioridad. Si la ética no es una prioridad en la acción pública, ¿qué puede serlo?

No deja de ser llamativo el hecho de que la gestión de los intereses generales que corresponde a las Administraciones Públicas se produzca al margen de las exigencias de transparencia y de rendición de cuentas que reclama el control efectivo por parte de los ciudadanos. ¿Qué interés hay en evitar esa transparencia? ¿Qué impide llevar a cabo una completa y puntual rendición de cuentas de la gestión pública realizada por cada equipo de gobierno? ¿Por qué los ciudadanos aceptan que los intereses públicos se gestionen de una forma que no tolerarían para sus intereses privados? ¿No es deber de todo ciudadano controlar a quienes ejercen el poder político, para así evitar el abuso de poder? ¿Existe algún interés por parte de políticos y gestores públicos en fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas? ¿Les es indiferente defraudar tal confianza?

Esperamos que los responsables de las capitales aragonesas no reciban el Informe hecho público por Transparencia Internacional con la misma indiferencia con que recibieron nuestra petición de aprobación de código de buen gobierno. Creemos necesario que se tomen el asunto en serio y expongan a la opinión pública su valoración sobre la mala posición que ocupan en el ranking de transparencia local y, sobre todo, que expongan las medidas que están dispuestos a impulsar para corregir la tendencia a la opacidad que pone de manifiesto el informe. No pueden no darse por aludidos. En cualquier caso, esta Asociación, haciendo nuevamente uso del derecho fundamental de petición, reclamará a dichos municipios un programa cuya finalidad sea asegurar la máxima transparencia en la gestión pública. En tiempos de crisis como los actuales, es la única opción responsable ante los ciudadanos.