TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO: DEFENDAMOS EL DERECHO AL TRABAJO DEL PERSONAL INTERINO.

Frente a quienes creen que las personas que trabajan en la Administración Pública –los funcionarios, en sentido general- tienen un empleo seguro que no peligra en estos tiempos de crisis -al margen del recorte de retribuciones anunciado por el Presidente del Gobierno, que ha recibido el respaldo o aplauso entusiasta de instituciones internacionales, medios de comunicación y buena parte de la ciudadanía, lo que no es poco-, debemos recordar que las Administraciones, en estos momentos, cuentan desde hace tiempo con una temporalidad superior a la del sector privado, como ya puso de manifiesto un informe del Consejo Económico y Social de España, hace unos años.

Esa temporalidad es resultado, sobre todo, del alto grado de incumplimiento de las Administraciones en materia de oferta de empleo público y selección de personal, algo en lo que no se ha puesto suficiente énfasis por parte de quienes debieran velar por el buen funcionamiento de los servicios públicos.

La temporalidad en el desempeño de funciones públicas, en primer lugar, constituye una vulneración del principio de inamovilidad que se predica de los integrantes de la función pública, con lo cual se compromete la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, al debilitar su posición frente a presiones de todo tipo –no nos extrañemos luego de la corrupción, cuando de forma consciente se debilita la independencia de quienes ocupan puestos públicos-; y, en segundo lugar, supone un daño directo a todas las personas a las que año tras año se mantiene en una incetidumbre laboral contraria a derecho, sin ofrecerles la oportunidad de acceso a la condición de funcionario de carrera que la Constitución y las leyes les reconoce y garantiza.

El personal interino ha pasado a ser, con el paso de los años, rehén de las inadecuadas políticas de personal aplicadas en las administraciones públicas, y los responsables políticos, deliberadamente, como si adivinasen el futuro, han forzado altas tasas de temporalidad para contar con margen de maniobra ante una posible reducción de plantilla, si las condiciones lo requerían. Más desprecio a la dignidad de la función pública y, sobre todo, a la de los trabajadores afectados es difícil de imaginar.

Los responsables de la función pública española debieran explicar los motivos que pueden justificar un deterioro tan alto como el sufrido por las administraciones –con tasas de temporalidad superiores, en muchos casos, al 25% de la plantilla-, lo que evidencia una prolongada inaplicación de las normas legales, y también los sindicatos de la función pública debieran justificar la tolerancia hacia semejante deriva sufrida en el sector público, con evidente desatención a los derechos laborales de un amplio colectivo de empleados públicos. También los tribunales, por supuesto, con cuya jurisprudencia se ha legitimado en gran medida la situación actual.

Pero, al margen de que podamos indagar las causas del problema de la temporalidad, deberíamos en este momento, y aunque pueda resultar paradójico o sorprendente a algunos, buscar soluciones a la situación existente y, en particular, analizar las medidas que debieran adoptarse para que el acceso al empleo público, tal y como impone la Constitución, en sus artículos 23.2 y 103.3, sea un derecho de los ciudadanos, ejercido en condiciones de igualdad, mérito y capacidad. Hay que formular programas y estrategias contra la temporalidad en el empleo, para que todos los empleados públicos se ajusten al estatuto legal de la función pública, cuya nota carácterística es la inamovilidad en tal condición.

El que tal derecho no se haya respetado en el pasado permite que en estos momentos se especule con medidas de personal destinadas a reducir la plantilla, por el sencillo procedimiento de provocar el cese –el despido- de personal interino como resultado de la convocatoria de concursos de movilidad de funcionarios de carrera. Bajo la apariencia de garantizar la movilidad de funcionarios de carrera a plazas vacantes ocupadas por personal interino, lo que realmente se pretende es efectuar un recorte de efectivos, mediante la no resposición de los puestos que queden vacantes en tales concursos. Un funcionario de carrera desplaza a un interino, se cesa al interino y la vacante resultante no se cubre. Donde antes había dos funcionarios –uno de carrera y otro interino- sólo queda uno, el de carrera. Se utiliza, así, a los propios trabajadores para que sean ellos los que, mediante su participación en concursos de traslados, provoquen el cese de interinos y la consiguiente reducción de plantilla y disminución de costes de personal.

Desde esta Asociación creemos que los momentos de crisis, y en la Administración Pública nos asomamos a una crisis moral sin precedentes, se hace necesario apelar al sentido de la responsabilidad, de la solidaridad y de la defensa mutua: se impone, más que nunca, ejercer una ética del cuidado. El derecho de cada cual está comprometido en el derecho de los demás, y nadie debiera reclamar el respeto de su derecho si no está dispuesto a defender también el de los demás. Es el momento del respeto al derecho –como único factor de cohesión colectiva- y no el de refugiarse cada cual en el egoísmo y en la búsqueda de soluciones individuales.

Por todo ello, esta Asociación se va a dirigir a los responsables de la Función Pública, a los titulares de las Secretarías Generales de los Departamentos y a los sindicatos de la función pública aragonesa para expresarles su preocupación por los riesgos que reviste la alta tasa de temporalidad existente en la Administración autonómica y la necesidad de respetar los derechos de todos los empleados públicos, en especial, en las actuales circunstancias, el derecho al trabajo del personal interino, al que los continuos incumplimientos del Gobierno de Aragón en materia de selección de personal coloca hoy en una situación de particular indefensión.