En el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón del pasado 10 de mayo se publica el Infome anual de 2009 elaborado por el Justicia de Aragón, en el que se expone la actividad desarrollada por la Institución en relación con cada una de sus diferentes funciones, como son la defensa de los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos, la defensa del Estatuto de Autonomía y la tutela del ordenamiento jurídico aragonés.
Una de las materias en que se estructura la labor de defensa de los derechos individuales y colectivas de los ciudadanos es la relativa a “función pública”, en cuyo resumen de actividad cobra especial relieve el conjunto de iniciativas impulsadas desde esta Asociación.
Entre los aspectos destacados en el Informe, constan tres cuestiones promovidas desde la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa: en primer lugar, se alude a la queja por la falta de aprobación de la Oferta de Empleo Público en 2008, que motivó una sugerencia del Justicia de Aragón al Gobierno de Aragón sobre la necesidad de que dicho instrumento de ordenación de la función pública se apruebe anualmente, sugerencia aceptada por el Departamento de Presidencia; en segundo lugar, se alude en el Informe a los pronunciamientos de la Institución referentes a la oportunidad de adoptar mecanismos para dotar de mayor transparencia a los nombramientos y ceses del personal eventual, destacándose el pronunciamiento en el que se requiere al Gobierno de Aragón para que asugure una adecuada aplicación del artículo 25.5 de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, mediante la publicación de la disposición por la que se acuerda dicho nombramiento o cese, sugerencia pendiente de contestación por parte del Departamento de Presidencia; y, por último, se alude a la mediación de la Institución ante los Ayuntamientos de Huesca, Teruel y Zaragoza y las tres Diputaciones Provinciales aragonesas, para garantizar el respeto al derecho de petición ejercido por esta Asociación ante tales Administraciones, dada la falta de respuesta a la solicitud de aprobación de Código de Buen Gobierno, formulada al amparo del derecho fundamental de petición.
El contenido del Informe anual de 2009, elaborado por el Justicia de Aragón y publicado en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, pone de manifiesto, a nuestro juicio, el interés que reviste utilizar los cauces institucionales de que se ha dotado la Comunidad Autónoma para reclamar el respeto a la legalidad y a los derechos de los ciudadanos.
El Informe muestra, a nuestro juicio, tres aspectos de interés: primero, pone de relieve el buen funcionamiento de la institución del Justicia de Aragón, tanto en el ejercicio de sus funciones de protección y mediación como en el cumplimiento de su obligación de rendir cuenta anual de su actividad –ha de reconocerse ese mérito, cuando los titulares de otras instituciones carecen de voluntad de rendición de cuentas de su labor e incumplen obligaciones legales de transparencia-; segundo, pone de manifiesto el peso específico que ha cobrado la Asociación en el impulso de la labor de control que corresponde ejercer al Justicia de Aragón sobre la actividad de la Administración autonómica; y, tercero y último, ratifica la acertada opción de esta Asociación en la utilización de los cauces institucionales para corregir las disfunciones de la Administración aragonesa y en la permanente reivindicación del ejercicio de los derechos fundamentales, fortaleciendo con ello los mecanismos propios del Estado de Derecho, probablemente menos de lo que desearíamos, pero seguramente más de lo que gusta a quienes querrían desactivar todos las instituciones de control.
Esta Asociación ha agradecido expresamente al Justicia de Aragón el apoyo mostrado a diferentes peticiones o iniciativas de esta Asociación, cuyo respaldo contrasta llamativamente con la actitud que Gobierno de Aragón y Cortes de Aragón han tenido hacia iguales iniciativas. Que ese agradecimiento no es injustificado ni retórico lo demuestra el contenido del Informe anual de la Institución.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
1 comentario:
El Supremo dice que para que exista cohecho basta con que un cargo acepte un regalo
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