Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
66 comentarios:
Enhorabuena por vuestra trayectoria y gracias por todo el trabajo realizado.
HUESCA.- Los delegados de UGT del sector público en la provincia se reunieron ayer en asamblea, en Huesca, para recibir información sobre la situación que ha generado el Real Decreto de medidas contra el déficit público y comenzar a preparar la jornada de paro que ha sido convocada en el sector para el próximo 8 de junio. Presidieron el encuentro el secretario de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT-Aragón, Daniel Alastuey, y Chema Allué, secretario territorial de la misma organización en Huesca.
Daniel Alastuey declaró a DIARIO DEL ALTOARAGÓN que uno de los objetivos de dicho encuentro, además de los dos citados anteriormente, era "escuchar de boca de los delegados cómo ven ellos el ambiente y la movilización, y recoger las inquietudes de la gente... El ambiente es de cabreo y entendemos que el enfado de la gente hay que canalizarlo para sacar una buena movilización adelante".
Y aunque las medidas contra el déficit público, los recortes aprobados por el Gobierno, que afectan directamente a los empleados públicos, han sido aprobados por el Gobierno y el Congreso de los Diputados, el secretario de la FSP de UGT-Aragón cree que la movilización del 8 de junio puede tener efectos prácticos. En este sentido, dijo que "puede tener todos los efectos prácticos del mundo, desde cambiar la opinión del Gobierno, que ha rectificado varias veces en varias cosas y no sería descabellado que rectificara una parte de la medida, hasta evitar que en el futuro nos vuelvan a plantear medidas de este tipo".
En cuanto al Real Decreto y su efecto sobre los trabajadores públicos, Daniel Alastuey precisó que lo más relevante del mismo "es la sensación de que no sabemos qué va a pasar en el presupuesto del año que viene; Zapatero anunció un recorte del 5 por ciento de media y una congelación para el año que viene, pero de la lectura de ese Decreto se desprende que no hay ese 5% de media, es una media muy variable, tampoco corresponde realmente a una progresividad, y la sensación de que el año que viene puede haber nuevos ajustes para el empleado público. Por lo tanto, nosotros lo que pretendemos con esta movilización es intentar que el Gobierno rectifique lo que ahora ha planteado y evitar que en el futuro vuelva a plantear nuevos recortes para los empleados públicos".
DIARIO DEL ALTOARAGON.
¿Canalizar el cabreo?
TREINTA POR CIENTO DE INTERINOS
Por otro lado, Daniel Alastuey recordó que en el sector público no todos los trabajadores tienen un empleo fijo. "Hay -afirmó- un treinta por ciento de empleados públicos que no son fijos, que son interinos, y les van a recortar el salario igual. Ahora, por lo visto, el trabajo fijo es un privilegio, cuando todos los españoles, todos los trabajadores hemos considerado siempre que el trabajo fijo era una aspiración normal".
Alastuey, por otro lado, denunció que en muchas administraciones públicas, o no ha habido ofertas de empleo público o se han recortado puestos de trabajo, "y los empleados públicos han contribuido al paro como cualquiera". Alastuey añadió: "No sabemos de ningún trabajador fijo, de ningún comité de empresa, de ningún organismo, que ha hecho que el resto de los trabajadores fijos de este país se tienen que recortar el salario. No se puede ligar la estabilidad en el empleo a una rebaja salarial. Esto es destrozar todo el sistema de relaciones laborales que hemos construido".
DIARIO DEL ALTOARAGON.
¿Cuándo dejaremos este discurso de medias verdades?
¿Cuál sería su discurso si, como en el pasado, estuviese de diputado del PSOE en las Cortes de Aragón?
¿Callar por disciplina de voto?
¿Qué dice Membrado?
Membrado ha votado el ajuste que tanto critica Alastuey.
Expliquénmelo.
¿hacen falta explicaciones?
¿Esquizofrenia o manipulación?
Del blog de Nieves Ibeas:
La semana pasada se iniciaron movilizaciones en contra del recorte salarial de los trabajadores y trabajadoras del sector público, a quienes mucha gente de otros sectores miran ahora con alivio (por lo menos les toca a otros… que además tienen mala fama).
En el sector de la función pública no todo el mundo tiene un trabajo fijo (de hecho, hay un porcentaje muy elevado de interinidad), no todo el mundo es funcionario (hay personal laboral, personal estatutario…), no todo el mundo tiene grandes salarios (de hecho, la mayoría, no). Hay trabajadores sanitarios, educativos, del orden público, del cuerpo de bomberos, de la limpieza, de los servicios sociales, administrativos, etc.
Hasta la temporalidad es resultado, sobre todo, del alto grado de incumplimiento de las Administraciones respecto de la oferta de empleo público y selección de personal, algo en lo que no se ha puesto suficiente énfasis por parte de quienes debieran velar por el buen funcionamiento de los servicios públicos, y así lo recuerda la Asociación para la Defensa de la Función Pública (http://asocfuncionpublica.blogspot.com/).
Se está demonizando la función pública, y eso es una gravísima irresponsabilidad del Gobierno de Zapatero, porque se está dando la impresión de que han estado viviendo como dios y de que están todos detrás (o debajo) de alguna mesa de despacho tocandose las narices. Si fuera así, al primero que habría que “afectar” es al (o a la) responsable, ¿no?
¿No ha consentido la actual situación de la Administración?
¿Entonces?
¿Ha reclamado CHA, desde su papel de oposición, la aprobación de Oferta de Empleo Público al Gobierno de Aragón, cuando éste no lo hacía?
Esto sucede en Andalucía:
Los sindicatos de función pública UGT-A, CC.OO.-A y CSIF-A expresaron ayer su rotundo rechazo a los recortes de las retribuciones de los empleados públicos de la Comunidad aprobados en Consejo de Gobierno de la Junta y aseguraron que están estudiando «todas las vías jurídicas», no sólo el juzgado de lo Social, sino el contencioso administrativo e incluso el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), toda vez que, a su juicio, «el decreto de la Junta puede ser inconstitucional y vulnerar derechos fundamentales».
Asimismo, lamentaron que estos recortes «afectan a las bases salariales y todos los complementos, incluidos los específicos, que gestiona la Junta», y se mostraron contrarios a negociar la progresividad de este recorte en el personal laboral, algo para lo que han sido convocados por la Junta para el próximo lunes en comisión de convenio.
El secretario general de FSP UGT-A, Antonio Tirado, indicó a Europa Press que la Junta «se ha cargado la negociación colectiva» y expresó su «indignación e impotencia» por esta medida, toda vez que «se podría haber recortado antes de otras partidas y no afectar a las nóminas, como luchar contra la economía sumergida o quitarle a los que más tienen».
Por su parte, el secretario general de FSC CC.OO.-A, Felipe Falcó, aseguró que el sindicato «no descarta absolutamente nada» desde la perspectiva judicial y recordó que el real decreto ley a nivel nacional se recurrirá ante el Tribunal Supremo, al existir una «ruptura de la negociación colectiva y un incumplimiento del Estatuto Básico de la Función Pública».
Mientras, la responsable de Autonomía de CSIF-A, Alicia Martos, dijo que «se está estudiando jurídicamente a todos los niveles al ser posible que se vulnere la normativa constitucional, toda vez que se vulnera un derecho fundamental consagrado constitucionalmente, que sólo puede ser modificado por ley orgánica, no por decreto ley».
Ayer, además, representantes del Sindicato Andaluz de Funcionarios participaron en una concentración de protesta ante el Palacio de Moncloa, en Madrid.
Finalmente, UGT y Comisiones Obreras han decidido convocar una huelga en la enseñanza concertada para rechazar el recorte de los salarios decidido por la Junta de Andalucía.
En Asturias y en asturiano:
Les organizaciones sindicales representatives de dellos ámbitos de l'Alministración CSI, SATSE, SIMPA, USAE, STAJ, CSIF, USO, USIPA, SIPLA, SICEPA, SIPU, ANPE, ACAIP Y SUATEA-SF, convoquen una manifestación pal miércoles 2 de xunu, a les 18 hores, con salida de la estación de Renfe d’Uviéu, contra «la política antisocial del Gobiernu», según espliquen nun comunicáu. El miércoles 19 de mayu yá fixeron otra polos mesmos motivos.
Los sindicatos refuguen les midíes aprobaes nel Conseyu de Ministros del xueves 20 de mayu que, a xuiciu d'ellos, «quieren facer pagar la crisis al que nun tien nenguna responsabilidá na mesma: persones dependientes y xubilaes, families y personal emplegáu públicu». Amás, refuguen «les midíes d'axuste que yá se tán adoptando n'Asturies y que suponen yá un recorte del empléu y un amenorgamientu sustancial na atención al conxuntu de la población». Alvierten tamién les centrales sindicales de la «situación insostenible de les milenta persones paraes o empleaes en situaciones precaries (interines) que, como salida a la so llaceriosa situación, esperen tener accesu a la función pública y que con estes midíes de retrasu na edá de xubilación y les restricciones a la contratación nel sector públicu piésllen-yos una importante puerta de salida».
"El problema no es tanto la cantidad, que también, sino la falta de transparencia". Los grupos de la oposición criticaron ayer la opacidad con la que el Gobierno de Aragón reparte entre sus funcionarios gratificaciones que, al cabo del año, suman más de un millón de euros. PP, CHA e IU censuraron que el Ejecutivo no informe a los sindicatos sobre estos premios, tal y como exige la ley, y advirtieron de que esta forma de actuar deja abierta "la puerta a la arbitrariedad en un tema muy sensible". Mientras, desde la DGA se justificaron los pagos como una forma de compensar un trabajo extra, si bien no se aclaró nada acerca de por qué no se comunican trimestralmente a los representantes de los trabajadores.
Los más duros fueron los populares. Su portavoz en las Cortes de Aragón, Eloy Suárez, anunció que su grupo pedirá la comparecencia del consejero de Economía, Alberto Larraz. Le exigirán explicaciones acerca de por qué no se informa trimestralmente de "los importes concedidos, el tipo de servicios extraordinarios gratificados y las personas destinatarias de los premios", pese a que la ley de presupuestos obliga a ello.
"Es bochornoso que algo tan sumamente delicado y en el que puede haber todo tipo de arbitrariedad se esté tapando", afirmó. En su opinión, vuelve a suceder "lo de siempre". "Este gobierno aplica la opacidad en todos los asuntos en los que hay cierta turbidez y se suma a la máxima de que lo que no se sabe no hace daño", recriminó. Especialmente significativo le pareció al popular que, tal y como publicó ayer este periódico, un mismo funcionario, vinculado al PSOE, se haya embolsado por esta vía hasta 11.000 euros. "Eso está cerca del sueldo anual de algunos funcionarios", recalcó.
Suárez fue más allá y aseguró que no solo los departamentos de la DGA reparten gratificaciones. Según denunció, esta es también una práctica común en el entramado de empresas públicas, que se han caracterizado siempre por su "falta de transparencia". Como ejemplo, citó Sirasa, dependiente de la Consejería de Agricultura.
HERALDO DE ARAGON.
En similares términos se manifestaron también los nacionalistas. Su portavoz en el área económica, Chesús Yuste, insistió en que "se tiene que cumplir" la obligación de dar publicidad a la concesión de estos premios porque, de lo contrario, "se deja abierta la puerta a la duda". "La previsión de la ley de presupuestos se incluyó precisamente -recordó- para garantizar que el reparto de gratificaciones se hace bien y no se usa para favorecer a algún amigo". Para exigir su cumplimiento, los nacionalistas estudiarán el lunes qué iniciativas presentarán en la Cámara autonómica.
Por su parte, el diputado de IU, Adolfo Barrena, defendió "la transparencia total" en el gasto público y la "absoluta obligación" del Ejecutivo de enviar la información sobre las gratificaciones a los representantes de los empleados. Y aunque por el momento no se plantea una iniciativa particular sobre el tema, dijo que su partido seguirá "centrado en reclamar al Gobierno todas las explicaciones sobre a qué se destina el gasto".
HERALDO DE ARAGON.
Comentario:
no hay derecho, soy funcionaria (india) y jamas he recibido ese dinero, ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Cobran por ir hasta al baño, A ellos les importa tres pepinos la bajada de los sueldos porque se lo sacan de otros sitios, y a nosotros los funcionarios normalitos nos quitan parte de nuestro sueldo que ellos se lo gastan en cualquier comilona .
Comentario:
....chanchullos y corruptelas for ever made in Spain.
Comentario:
El Sr. Larraz no se dedica a trabajar por nosotros los aragoneses. Lo viene demostrando desde hace tiempo. Sería mejor pagarle una pensión, invalidarlo y que deje de entrometerse en asuntos donde siempre perdemos cuando el interviene. Convierte en opacas las actuaciones con dinero público. Además no contesta las preguntas que se le hacen, las alarga, dificulta y entorpece todas las gestiones destinadas a conocer detalles de las gestiones del gobierno y sus políticos. Siempre trata de evitar dar explicaciones, no tiene capacidad de concreción, ni conocimientos técnicos suficientes sobre economía... Váyase Sr. Larraz, deje de tomarnos el pelo. Yo, como aragonés, se lo agradeceré.
Un político que no responde es un político que se inhabilita.
Aplíquense este máxima los miembros del Gobierno de Aragón.
Un diputado del PSOE pide recortar ya la subvención de partidos, sindicatos y patronal.
EL MUNDO.
El diputado del PSOE por Córdoba Juan Luis Rascón ha propuesto que se deje de pagar un salario de compensación a los ex miembros de los gobiernos central y autonómicos y se ha mostrado partidario de un "severo recorte" en las cantidades destinadas a partidos, sindicatos y asociaciones sectoriales. Precisamente esto último ya lo reclamó recientemete Mariano Rajoy, el principal opontente político de los socialistas.
Estas son algunas de las medidas que Rascón sugiere en su blog en Internet para reducir el gasto público "en tiempos tan críticos" como los actuales. Así, por ejemplo, aboga por eliminar el salario de compensación para los ex miembros del Gobierno y que este "privilegio" quede únicamente para aquellos que no tienen ingreso alguno.
Según dice, también "se entiende mal que se mantenga la legal inyección de dinero público a partidos políticos, sindicatos y asociaciones sectoriales", de manera que cree necesario un "severo recorte" de estas partidas.
Como considera que "apretarse el cinturón ha de ser para todos", Rascón estima que sería bueno "reducir a su mínima expresión" la plantilla laboral de las administraciones que no es básica y ordinaria, esto es, los puestos de confianza y de libre designación prescindibles; "menos asesores", indica.
Respecto al uso de vehículos oficiales, confiesa sentir "vergüenza ajena viendo cómo cargos públicos menores alardean de coche oficial" y reclama "racionalidad y eficacia" para reducir "a la categoría de excepcional" el que un coche oficial sea de uso exclusivo de una sola persona.
Propone, en este sentido, que al menos durante los dos próximos años todos "absolutamente todos los servidores públicos -autoridades, cargos, funcionarios y empleados públicos- se desplacen en transporte público y/o privado con los billetes más económicos disponibles en el mercado".
EL MUNDO.
Comentario:
Me parece EXCELENTE la idea del Sr. Rascón eso es de sentido comun hay infinidad de gastos totalmente inutiles porque partidos politicos y sindicatos llevan dinero de los Gobiernos bueno de los ciudadanos eso es i INMORAL que un ciudadano tenga que pagarle a esos señores a traves del GOBIERNO si uno particularmente quiere pertenecer a un SINDICATO o a un PARTIDO POLITICO que le pague como se le paga a cualquier SOCIEDAD incluso a lo equipos de futbol.
Comentario:
soy un profesor de secundaria, nos rebajan el sueldo a los que la sociedad considera unos privilegiados, ni un solo político se atreve a nombrarnos, porque le averguenza hacerlo, tanto de un partido como de otro, estoy afiliado a un sindicato, eso si, ésta semana me doy de baja, ¿cómo es posible que se sigan manteniendo subvenciones a sindicatos, partidos políticos, asociaciones de mujeres?, subvenciones millonarias, cuando al resto se le dice que hay que colaborar para contrarrestar los despilfarros de éste gobierno, cheques de criaturas recien nacidas, esto lo pongo para que algún sociata al menos se digne en leerlo, dinero para todos en la declaración de la renta, PER, Plan E. 17 ministerias, tres vicepresidencias.
Solo siento verguenza de ser de éste pais.
Pues yo no me avergüenzo de España, ni mucho menos.
Comentario:
Hoy día ya no hay políticas de derechas o izquierdas, la única política posible es la del SEDNTIDO COMÚN. Lo malo es que, como es bien sabido, el sentido común es el menos común de los sentidos. Y, claro, así nos va...
Sentido común y decencia.
Van casi siempre juntos.
Sitges.- El vicepresidente de la Comisión Europea y ex secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, se ha mostrado crítico con la actuación tanto del Gobierno como de la oposición en el actual momento de la crisis económica. Almunia ha pedido más reformas a Zapatero y que aplique las que anuncia para tener "credibilidad".
"La credibilidad consiste en que si se ha anunciado que se toma una medida, se tome esa medida, porque si no, se genera desconfianza", ha afirmado. Y ha puesto como ejemplo que el presidente del Gobierno anunció en enero una reforma del sistema de pensiones para garantizar la viabilidad futura de la cuentas públicas españolas y aún no ha dado pasos para ejecutar su anuncio. Además, Almunia cree necesario que el Gobierno acompañe el decreto de ajuste del gasto del pasado jueves con más reformas, como la laboral.
"El crecimiento no va a caer del cielo", ha afirmado en la sesión de clausura del Círculo de Economía en Sitges. El comisario europeo de Competencia ha sido duro con el PP por haber votado en contra del 'tijeretazo' en el Parlamento poniendo en peligro gravemente, en su opinión, la economía nacional. "Si no llega a salir este decreto no habríamos tenido hoy esta reunión, porque estaríamos ocupados con temas más importantes", ha asegurado ante el auditorio del Círculo de Economía.
"Viendo cómo se desarrolló el debate, no me sentí muy contento con la actuación de aquellos que llevaban meses pidiendo medidas de ajuste y cuando éstas se toman se bajan del autobús", ha declarado.
EL MUNDO.
PEDRO VILLALAR La noticia es llamativa: Grecia, el país más golpeado por la recesión (en gran parte, a causa de sus propios pecados), ha decidido suprimir dos tercios de sus ayuntamientos. Los 1.034 actuales se reducirán a 355, de forma que todos ellos contarán con un mínimo de 10.000 habitantes y tendrán una dimensión suficiente para prestar mejores servicios a los ciudadanos. La crisis ofrece, en fin, a los griegos oportunidades de reformas estructurales profundas que no serían fáciles de realizar en momentos de normalidad. Y aunque, por supuesto, no hay por qué imitar los modelos foráneos, quizá fuera conveniente aprovechar aquí la ocasión para racionalizar estructuras sobredimensionadas que consumen inútilmente recursos que podrían aplicarse a otros menesteres. El Estado de las Autonomías no es objetable porque goza de gran consenso político y social, pero es notorio que se implementación ha generado duplicaciones y hasta triplicaciones insostenibles. ¿Por qué no revisar con sentido común y rigor nuestro edificio institucional precisamente ahora, cuando cualquier ahorro que pudiéramos conseguir nos facilitaría una salida más rápida de la crisis?
DIARIO DE MALLORCA.
Al Gobierno, y le habría pasado a cualquier Gobierno, solo le queda bajar los sueldos a los funcionarios, y recortar de donde se pueda, aun a riesgo de incrementar las cifras de desempleados, porque se recorta la inversión. Es en ese sentido en el que se expresan todos los que juzgan desde fuera las medidas españolas: han sido valientes y oportunas, aunque tardías. Valientes, no hay que exagerar, porque no cabía otra opción, y el ejemplo de Grecia nos da pistas de lo que le puede suceder a un país que no entre por el aro. Tardías, desde luego, pero ya no cabe lamentarse.
EL PERIODICO DE EXTREMADURA.
¿Quiénes tienen que hacer la huelga? Los trabajadores de la Administración pública y los de las empresas privadas. Los de la pública solo afrontan el riesgo de perder un día de salario, y es muy probable que la lleven a cabo. Y, después, a quedarse como estaban. Porque saben que son unos privilegiados que no están acosados por el primero de los riesgos: perder el empleo. Y el caos tampoco les interesa, porque la masa de trabajadores del Estado no está formada por chalados dispuestos a liquidar la civilización. A enfadarse, sí, y mucho.
EL PERIODICO DE EXTREMADURA.
Cuando Pinocho Zapatero arremete contra los funcionarios, sabe que la sociedad lo tolerará por la escasa simpatía que suscita el colectivo desde mucho antes que lo parodiara Larra. Lo entiendo perfectamente. Antes de acceder a la Administración, también comulgaba con esa opinión. He comprobado que en la función pública existen tantos vagos, caraduras y bajistas como en cualquier otra gran empresa, quizás alguno más. Creo conocer todas las triquiñuelas que utilizan, así como las dificultades y falta de interés por combatirlas que, en menor medida, también existen en las entidades privadas. Se trata de un colectivo que mayoritariamente ha superado duras oposiciones, lo que supone un nivel alto de formación o cuando menos de memoria. Quizás los motivos de su escaso rendimiento y motivación habrá que buscarlos en sus dirigentes. Zapatero jamás ha trabajado en el mercado laboral, lleva toda su vida enganchado a la farándula; Patxi Piras, el de Jefferson, que no es ni de Ciencias, ni de Letras, fue conductor de ambulancia durante algún tiempo y ahora es lehendakari. Como ellos, mogollón. Conozco a uno que antes de acceder al coche oficial era gasolinero, otro reponedor en un súper y otra, que jamás trabajó, salvo cositas esporádicas y careciendo de cualquier tipo de formación administrativa, de gestión de recursos humanos o presupuestarios, dirige un área altamente cualificada. Todos adoptan decisiones con repercusiones económicas o sociales de envergadura. Y no hay que ir muy lejos. Es para escribir un libro. Todo se andará. Y eso, sin entrar en más interioridades. ¿Se imagina personajes similares en cualquier entidad bancaria o en una empresa? ¿Usted los contrataría para algo? Evidentemente, no
NOTCIAS DE GUIPUZKOA.
ENTREVISTA A LUISA FERNANDA RUDI.
Aunque se confía en un giro inminente, de momento la DGA se está centrando más en recortar inversiones que en reducir el gasto corriente. ¿Es lo más idóneo?
Entiendo que hay que recortar el gasto corriente. Ahora hay que recortar en aquel gasto que no produce retornos. Es una máxima en una crisis económica.
¿Pero en qué se está, a su juicio, malgastando el dinero?
Por ejemplo en asesores, en personal de confianza, en personal contratado por empresas públicas cuando hay funcionarios que están preparados para hacer esa labor. Y en transferencias a comarcas, y no es porque tenga una obsesión en ello. Planteo clarísimamente un recorte en gasto corriente y un mejor control en las transferencias corrientes.
¿Cree que hay clientelismo político en Aragón?
Cuando hay asesores cobrando de la DGA que no tienen despacho en el Pignatelli y, a preguntas de diputados de mi partido, el consejero de turno contesta que es porque asesoran desde su casa? La definición del clientelismo no la doy yo, la da la propia respuesta que envió la DGA.
HERALDO DE ARAGON.
ENTREVISTA A LUISA FERNANDA RUDI.
Aunque se confía en un giro inminente, de momento la DGA se está centrando más en recortar inversiones que en reducir el gasto corriente. ¿Es lo más idóneo?
Entiendo que hay que recortar el gasto corriente. Ahora hay que recortar en aquel gasto que no produce retornos. Es una máxima en una crisis económica.
¿Pero en qué se está, a su juicio, malgastando el dinero?
Por ejemplo en asesores, en personal de confianza, en personal contratado por empresas públicas cuando hay funcionarios que están preparados para hacer esa labor. Y en transferencias a comarcas, y no es porque tenga una obsesión en ello. Planteo clarísimamente un recorte en gasto corriente y un mejor control en las transferencias corrientes.
¿Cree que hay clientelismo político en Aragón?
Cuando hay asesores cobrando de la DGA que no tienen despacho en el Pignatelli y, a preguntas de diputados de mi partido, el consejero de turno contesta que es porque asesoran desde su casa? La definición del clientelismo no la doy yo, la da la propia respuesta que envió la DGA.
HERALDO DE ARAGON.
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Aunque se confía en un giro inminente, de momento la DGA se está centrando más en recortar inversiones que en reducir el gasto corriente. ¿Es lo más idóneo?
Entiendo que hay que recortar el gasto corriente. Ahora hay que recortar en aquel gasto que no produce retornos. Es una máxima en una crisis económica.
¿Pero en qué se está, a su juicio, malgastando el dinero?
Por ejemplo en asesores, en personal de confianza, en personal contratado por empresas públicas cuando hay funcionarios que están preparados para hacer esa labor. Y en transferencias a comarcas, y no es porque tenga una obsesión en ello. Planteo clarísimamente un recorte en gasto corriente y un mejor control en las transferencias corrientes.
¿Cree que hay clientelismo político en Aragón?
Cuando hay asesores cobrando de la DGA que no tienen despacho en el Pignatelli y, a preguntas de diputados de mi partido, el consejero de turno contesta que es porque asesoran desde su casa? La definición del clientelismo no la doy yo, la da la propia respuesta que envió la DGA.
HERALDO DE ARAGON.
Comentario:
Me parece muy bien reducir consejerías, eliminar la mayoría de las empresas públicas. Son un pozo sin fondo de enchufismo, depilfarro del dinero de todos, y rosario de empleos ficticios de los dos partidos gobernantes. Comprendo que muchos de estos enchufados -convertidos ahora en "cibercomentaristas" de esta noticia, traten de desprestigiar a Rudi y salver el trasero propio. ¡Os pillé!
Comentario:
Yo tambien soy trabajadora de una empresa publica, ni tengo amigos en el Par, ni ningun familiar me metio dentro, hice un proceso de seleccion anunciado en un anuncio en este mismo periodico.. tambien usted me va a mandar a la calle Sra. Rudi? como yo somos muchisimos compañeros que sin ningun "enchufe" hacemos nuestro trabajo lo mejor que sabemos.. pero de nosotros no se habla no?
Comentario:
No he votado en mi vida al PP ni lo haré salvo esta vez para la DGA: mi sueño es que desaparezca el parasitismo del PAR y todos los enchufados se vayan a su casa a currar como todo el mundo. Ojalá tenga mayoría absoluta y no tenga que negociar con la mafia de corruptos e imputados y cómplices del PAR.
Comentario:
Querida señora Rudi, soy trabajador de una empresa pública, como 1500 personas más. Le aseguro que mi contratación fue realizada por una empresa de selección de recursos humanos independiente, de una manera totalmente transparente. No estoy afiliado a ningún partido político, ni mi familia, así como que no tengo familiares ni en DGA ni en política. Realizo mi trabajo de forma eficiente, continuamente supervisado, jornada laboral de 40 horas al día como todo hijo de vecino, y sobre todo, no olvidemos que realizando el trabajo que la Administración autonómica no puede realizar (somos personal altamente especializado). Diganos, Señora Rudi, ¿que va a pasar con nosotros? ¿valemos menos que los trabajadores de la GM? ¿con decir que no somos más que "enchufados" nuestro trabajo no vale nada?. Conteste si se atreve..
LUISA FERNANDA RUDI, CANDIDATA DEL PP A LA DGA.
"Reduciré consejerías y eliminaré casi todas las empresas públicas".
HERALDO DE ARAGON.
Igual no va más allá de algunas declaraciones que han puesto nervioso a más de uno, pero en Aragón se ha abierto un debate sobre la posibilidad de que desaparezcan las diputaciones provinciales o las comarcas. Los que defienden las primeras apelan a sus 175 años de vida. Los que abogan por las segundas recuerdan que fueron aprobadas por ley y por unanimidad. No seré tan osado para opinar si sobra alguna --o cual de ellas-- pero es evidente que tienen competencias coincidentes y que, en algunos casos, el dispendio no es justificable y mucho menos ahora. No puedo olvidarme del axioma que se enunció en el origen del proceso comarcal: tendrían un coste cero y no supondría un incremento de personal. Es el momento de que los partidos políticos lleguen a un acuerdo y definan bien el objetivo y la función de diputaciones y comarcas para hacerlas más eficientes y más austeras. Sí, supondría recortes de plantilla y de sueldos, pero recuerdo que en la empresa privada los despidos, los cierres y las estrecheces están a la orden del día. Ya sé que el debate llega en mal momento --las elecciones y tal-- pero habría que estudiarlo. Vamos, si les parece bien.
PEPE LASMARIAS.
Comentario:
En Grecia están disolviendo cientos de ayuntamientos para ahorrar sus costes. Antes de llegar a ese punto, ¿cuántos tinglados administrativos nos sobran aquí?.
¿Lo retocamos ahora?
¿No lo ha hecho el Estatuto de Autonomía?
¿Quién debe hacerlo?
¿Cómo abordar una racionalización de nuestras estructuras administrativas?
TANTO prestigio y tanto poderío económico de España para concluir, el pasado jueves que todo dependía de un solo voto. Con que un solo diputado se hubiera dormido ese día, o sufrido una apendicitis aguda o, más fácil aún, bastaba con que se hubiera equivocado al votar, para que el cataclismo llegara: caída inmediata del Gobierno y, lo peor, desplome de los mercados y encarecimiento súbito de la deuda y de los tipos de interés. Un drama-país destruyendo el crédito-país, el que pueda quedar.
En el hemiciclo y en los sectores de decisión económica, se mezclaron miedo y perplejidad. Miedo por el riesgo que se corría y por la política errónea que nos ha conducido aquí. Perplejidad por la decisión del PP de votar en contra. "Nos abstendremos, o no se entendería ni en España, ni en Europa", confiaba dos días antes un destacado parlamentario popular. Pero entonces llego Rajoy y mandó cambiar ante el desconcierto de los suyos y de los líderes económicos del país. Como le recordaron los empresarios catalanes ayer, esto no parece que sea tener sentido del Estado. "Prolongar la agonía del Gobierno sólo unos meses, como hace Convergencia, no parece que sea tener sentido del Estado", replicó Rajoy en la reunión.
MANUEL CAMPO VIDAL.
Madrid- Jueces y fiscales no piensan permanecer impasibles ante el «tijeretazo» que van a sufrir en sus nóminas de junio. Ni mucho menos. La reunión mantenida el pasado miércoles con el Ministerio de Justicia no sirvió más que para incrementar el nivel de frustración y decepción del colectivo judicial, pero también para comprobar que habrá movimientos, desde el recurso del Real Decreto por el que se les baja el sueldo hasta posibles movilizaciones, sin descartar la huelga. Y, junto a todo ello, aconsejar a sus compañeros que trabajen lo «razonablemente exigido», el «cumplimiento estricto de la carga de trabajo». De llevarse a cabo, provocaría un atasco todavía mayor al que sufren los juzgados y tribunales españoles.
Las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales coinciden en el diagnóstico y en la necesidad de adoptar medidas. Sin embargo, la discrepancia en un punto evitó que se hubiese escenificado esa unidad de todo el espectro judicial. En concreto, el que alude a que no se opondrían a una reducción salarial, «si es que es realmente la única solución a una crisis económica de la que no somos responsables los empleados públicos».
Tanto la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) como el Foro Judicial Independiente (FJI) se negaron a suscribir un documento que contuviese tal aceptación de la bajada de retribuciones. Así, la APM, en una «nota informativa» remitida a todos los jueces, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, rechaza «frontalmente, sin resquicio alguno para la resignación», la bajada retributiva.
El Foro Judicial Independiente, por su parte, también pedía un rechazo explícito a la decisión del Gobierno, y, además, considera incongruente «asumir esa bajada».
LA RAZON.
¿lo razonablemente exigido?
¿se trata de un eufemismo?
¿se pretende reducir el trabajo proporcionalmente al sueldo?
PALMA. El president del Govern, Francesc Antich, reunió ayer a la práctica totalidad de los consellers (excepto dos, que estaban de viaje) para que pusiesen sobre la mesa todas las empresas, sociedades, fundaciones y todo tipo de entidades públicas susceptibles de ser eliminadas o fusionadas. El objetivo es lograr una administración pública "más eficiente y dar cumplimiento de la reducción del déficit público", dijo la portavoz, Joana Barceló, al salir del encuentro en el Consolat de la Mar.
DIARIO DE MALLORCA.
Comentari:
El Govern té moltes despeses per reduir. En primer lloc, pot centralitzar i reduir els cotxes oficials. El Govern pot reduir els vehicles oficials a un mínim raonable (1, 2 o 3 vehicles) amb els responsalbes corresponents. Tota la resta els pots donar de baixa i les places de conductors dels vehicles oficials els pots declarar a extingir i dedicar-los a altres tipus de transport. Els polítics, en general, poden utilitzar el seu vehicle (com la resta dels mortals) o cridar un taxi quan necessitin traslladar-se per motiu de feina. Els conductors moltes vegades només fan 1 o cap viatge en tota una jornada laboral i a una Conselleria n'hi pot haver 3 o 4. Altres dues partides que es poden reduir immediatament són: 1. Els gabinets de premsa de cada Conselleria. El funcionaris responsables d'un Departament, un Servei o una Secció són més que capaços de redactar un discurs o una nota de premsa. 2. Els assessors, que són una mena de paràssit addicional als polítics que ja hem pagat. A més de tot això, hi ha moltes altres actuacions. Només n'esmentaré alguns exemples: no fer publicacions en paper, moltes de les quals només cerquen publicitat. Totes es poden penjar en pdf a la pàgina WEB i, una altra i certament important, que molts polítics deixin de cobrar comissions, ja sigui per a la seva butxaca, ja sigui per finançar el partit. Els doblers són de tothom i a totho estan robant.
Comentario:
Y si va a quitar empresas públicas para evitar gastos, como es posible que paren de salir convocatorias para cargos de funcionarios ? si la plantilla de funcionario está en demasía, porqué siguen convocando ? será porqué los derechos de examen es otra fuente de ingresos ????????
Comentario:
Si se pueden suprimir tantas empresas y fundaciones es porque no son necesarias, la pregunta es, ¿entonces para qué se han hecho? La Administración tienen la obligación de ser eficiente, dicha obligación no tiene nada que ver con el tijeretazo, ahora parece que se dan cuenta de que la Administración no es eficiente y mucho menos cuando se duplican tantísimos servicios, y se crean empresas innecesarias. Todo esto sale de nuestros bolsillos.
¿Innecesario?
¿No sería mejor prescindible?
PALMA DE MALLORCA. (EUROPA PRESS) El presidente del Govern, Francesc Antich, anunció hoy su intención de fusionar la consejería de Agricultura con la de Presidencia y la de Trabajo con la de Turismo, con el objetivo de racionalizar la administración pública para reducir el déficit de la comunidad.
Antich hizo estas declaraciones en el Consolat de Mar tras una intensa jornada de reuniones con los representantes de las distintas fuerzas políticas con representación en el Parlamento balear -UM, PP y Bloc- para abordar las medidas que ha preparado el Gobierno para reducir el déficit, las cuales serán presentadas mañana en el Parlamento de Baleares.
El jefe del Ejecutivo balear concretó que el consejero de Presidencia, Albert Moragues, asumirá el departamento de Agricultura, del mismo modo que la consejera de Turismo, Joana Barceló se hará cargo del área de Trabajo. De esta manera, el Gobierno pasará de tener doce consejeros a diez.
Respecto a la consejería de Agricultura, Antich apuntó que éste es uno de los departamentos que serán transferidos a los consejeros Insulares, por lo que apostilló que el Gobierno tratará de acelerar este proceso.
Hasta que el traspaso se lleve a cabo, este área se fusionará a la consejería de Presidencia. Por lo que se refiere a la unificación de las consejerías de Trabajo y Turismo, el presidente balear señaló que "la principal industria" de las islas, en referencia al turismo, se unirá al departamento de Trabajo, que es el que posee "las herramientas para crear puestos de trabajo". Asimismo, afirmó que el resto de consejerías también realizarán "un esfuerzo" para racionalizar los recursos y "rebajar la estructura política actual" del archipiélago.
Antich no pudo concretar el ahorro de fondos públicos que esta reestructuración conllevará, si bien matizó que este recorte se sumará a los 100 millones de euros de reducción del déficit que pretende realizar el Ejecutivo, además de otros 20 millones que se obtendrán mediante "retenciones fiscales". En cualquier caso, el presidente aseguró que "en los próximos días" informarán de la relación de modificaciones que se realizarán en el conjunto de la administración balear, así como del efecto económico que tendrán.
El modelo europeo de cohesión social
ÀLEX MASLLORENS
Europa recibe cada día grandes presiones para que renuncie a su modelo de bienestar. Llegan por todas partes y no son inocentes. A menudo hay incluso maldad en las pretensiones de algunas corporaciones públicas y privadas o de entidades financieras para que se reduzcan las políticas sociales. Algunos expertos esconden que su sapiencia no es neutral y muchas veces olvidan que ellos mismos o las instituciones que representan se financian con recursos públicos; lo que significa que sus especulaciones intelectuales se pagan en parte con los impuestos de quienes se van al paro.
Hay que insistir en que no hay un único modelo económico, por mucho que el mundo se haya globalizado. Ni siquiera una sola visión del capitalismo. No todos los países deben actuar como China ni aplicar su patrón. En Europa ha habido un paradigma propio que sigue siendo válido, aunque necesite alguna revisión. Lo que nos falta ahora no son argumentos para defender el modelo europeo, sino líderes con el suficiente coraje para hacer frente al acoso y derribo a que se está sometiendo al euro y, con él, a una determinada concepción de la política y de la economía al servicio de toda la sociedad y no solo de unos pocos privilegiados.
Mientras tanto, en España se han acumulado problemas adicionales y específicos. No por habernos excedido en las políticas sociales, pues la inversión social es aún menor que en los países de nuestro entorno, sino por haber vivido la mayoría por encima de las posibilidades reales de nuestros bolsillos. El problema de España, pese a lo que proclaman populares y populistas, no es que se pague mucho, es más bien que llevamos demasiado tiempo oyendo que los impuestos son malos y hay que eliminarlos. Y como no es el mejor momento para cambiar esta tendencia, habrá que buscar una alternativa para que el Estado ingrese más recursos. Según la OCDE, vivimos en uno de los países con mayor fraude fiscal. Actuar de una vez por todas con decisión y audacia en ese terreno supondría un gran alivio para el tesoro público, con la ventaja añadida de que el Gobierno contaría con el apoyo entusiasta de la gran mayoría.
Llegia en una entrevista recent a Antonio Tabucchi que a Itàlia la paraula intel·lectual ha esdevingut un insult. Intel·lectual entès com a personatge incòmoda que ho complica tot i que gaudeix denunciant les misèries del món. Des del meu punt de vista, aquesta n’hauria de ser la veritable essència, el deure de tots els que tenim accés a algun tipus d’altaveu dirigit a la societat. Malauradament, el mot intel·lectual s’ha convertit en sinònim de silenci, del silenci dels anyells que callen per sobreviure i, el que és pitjor, per no perdre les prerrogatives que l’obediència al ramat i molt especialment al pastor els atorga.
¿Quantes veus sentim o llegim en els nostres mitjans de comunicació que denunciïn les situacions que viuen els ciutadans i ciutadanes de l’Iraq, Darfur, l’Afganistan, el Congo o Colòmbia, per posar només alguns exemples? Entre tots deuen sumar més de cinc milions de morts, la majoria civils, quasi deu milions de desplaçats i cinc milions de persones que depenen de l’ajut humanitari, és a dir, que viuen molt per sota del llindar de la pobresa. O, sense anar gaire lluny, quantes veus hem sentit d’astorament i perplexitat, per no dir d’indignació, davant l’insult a la directora de TV3, excel·lent directiva, i millor professora i intel·lectual, aquesta sí, decidida a parlar, encara que les seves paraules sovint resultin incòmodes? Jo n’he sentit algunes, però poques, molt poques.
Ara més que mai adquireixen sentit les paraules del meu admirat Camus, que fa més de cinquanta anys escrivia: “Avui, quan tots els partits ens han traït i la política ho ha degradat tot, només ens resta la consciència de la nostra solitud i la nostra fe en els valors humans i individuals”.
I aquesta és la nostra darrera esperança. Aprofitem-la!
IMMA TUBELLA
PUBLICO.
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