SALARIOS PÚBLICOS: NI EXPOLIO NI MALVERSACIÓN.

El momento convulso que vivimos actualmente en el seno de las Administraciones Públicas ante la perspectiva de un inminente recorte salarial no puede ocultarse -para casi todos resulta lógica la reacción de rechazo de los afectados ante una inédita reducción en sus sueldos, se esté o no de acuerdo con la medida, e incluso los responsables políticos que la han adoptado o la van a aplicar entienden lógicas las protestas sindicales organizadas, a las que no obstante piden mesura-, pero los hechos sólo pueden valorarse de forma adecuada en su contexto, y el recorte salarial de los funcionarios ha de situarse en su contexto.

El contexto de los salarios del conjunto de los servidores públicos se halla directamente ligado, a nuestro juicio, a dos elementos ineludibles: el primero de ellos es el principio de legalidad, y el segundo la situación de las finanzas públicas y de la economía del país. Hablaremos sólo del primero, pues el segundo no requiere explicación.

Cabrá discutir la oportunidad de la medida adoptada -su anuncio y justificación han sido enormemente desafortunados, sin duda, y los efectos en el funcionamiento de los servicios públicos están por verse, pero sólo pueden contribuir a la pérdida de calidad de los mismos-, ahora bien, el juicio de legalidad sobre la misma ha de manejarse con mucho cuidado -puede haber altas dosis de cinismo en quienes lo esgrimen-, pues el control de legalidad que ahora se reclama sobre el recorte salarial no se aplicó a anteriores medidas favorables, que esta Asociación no tuvo inconveniente alguno en denunciar como vulneraciones de la legalidad retributiva de la función pública, como fue el caso de la cláusula de revisión salarial acordada por los sindicatos con el entonces consejero Eduardo Bandrés o el actual anticipo a cuenta de la carrera profesional, resultado del acuerdo alcanzado entre los sindicatos y el ahora consejero Javier Velasco, y que, no podemos olvidar, hoy cobramos la inmensa mayoría de los empleados públicos. ¿Con qué fundamento legal? Aún estamos esperando que el señor Velasco nos conteste a esa pregunta. Por lo visto, para el Gobierno de Aragón y los sindicatos de la función pública aragonesa las subidas salariales no han de fundamentarse legalmente, porque se fundamentan solas, al parecer en la ley del máximo beneficio a la que creen respondemos también los servidores públicos. ¿Están equivocados? Nos gustaría creerlo, aunque la realidad lo desmiente.

Es lamentable que los responsables políticos de la función pública y la hacienda de la Comunidad Autónoma, como son los consejeros Velasco y Larraz, entiendan las protestas por los recortes salariales que se nos van a aplicar a los empleados públicos, pero no entiendan -ni quieran entender- la protesta realizada por esta Asociación desde hace más de tres años por la quiebra de la legalidad retributiva en la Administración autonómica. ¿Por qué protestan algunos servidores públicos contra medidas económicas que les son ventajosas? Por una razón muy simple, que acaso ellos son incapaces de comprender: porque somos servidores públicos, es decir, profesionales comprometidos con la legalidad y el servicio al interés general. Por supuesto, esperamos que nuestro trabajo sea retribuido dignamente, pero percibir retribuciones al margen de la ley es justamente lo contrario, es ser retribuido indignamente, con fraude de ley y en perjuicio de terceros, esos ciudadanos que, como oimos decir todos los días, son nuestra primera preocupación.

Esta Asociación, naturalmente, por principio, está en contra del recorte salarial en la función pública, pero los argumentos teóricos que cabría esgrimir contra tal medida pierden su fuerza -sobre todo su fuerza ética, es decir, su respetabilidad por parte de los ciudadanos- al hallarnos en una Administración -como tantas otras, sin duda- que hace muchos años se ha apartado de la legalidad retributiva, es decir, por expresarlo con total claridad, donde los funcionarios cobran conceptos ilegales que no deberían percibir. Los principales responsables de que ello suceda son, por descontado, los miembros del Gobierno de Aragón que han aprobado tales medidas, y a continuación los sindicatos de la función pública aragonesa, que nunca han considerado que la ley fuese obstáculo alguno para sus demandas salariales. ¿Consideran acaso que el dinero público es susceptible de apropiación vía negociación colectiva? La realidad de las cosas parece indicar que sí.

Dicho lo anterior, podemos sumarnos cínicamente a la consigna "que no paguen la crisis quienes no la han causado", pero un mínimo de honestidad nos debería llevar a reflexionar si la crisis no es, en gran medida, el resultado de la irresponsabilidad colectiva, a la cual se ha contribuido también desde aquellas Administraciones Públicas que, como la de nuestra Comunidad Autónoma, han olvidado no sólo el sentido del rigor y la racionalidad en el gasto público, sino lo que es peor, el respeto a la legalidad, los criterios de buena gestión y el servicio a los ciudadanos.

No nos gusta el recorte que ahora se impone a los sueldos en la función pública -¿es un expolio de nuestros derechos económicos, como algunos denuncian? ¿una quiebra del derecho a la negociación colectiva, como claman los sindicatos?-, pero menos nos gusta la malversación de fondos públicos en que parecen cómodamente instaladas las Administraciones -entre ellas, la aragonesa-, y nos gustaría decir que esa malversación afecta sólo a las plazas de asesores de los gabinetes de los miembros del Gobierno -esos que, a pesar de las reiteradas denuncias de esta Asociación, siguen impertérritos cobrando sus sueldos sin trabajo alguno que lo justifique-, pero para nuestra desgracia afecta también a la práctica totalidad de la función pública aragonesa, al vernos forzados -o resignados- a cobrar unas retribuciones ilegales que se han pactado en perjuicio de los ciudadanos -y en perjuicio nuestro también- por los sindicatos de la función pública aragonesa y el Gobierno de Aragón.

¿Es esa malversación la que ahora nos trae, como una maldición inevitable, este expolio? Busque cada cual su respuesta.