LA CRISIS ALCANZA A LA FUNCIÓN PÚBLICA.

Tras las medidas anunciadas ayer por el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, los funcionarios públicos pasan –pasamos- a ser directos perjudicados por la grave crisis económica internacional que golpea con especial dureza a nuestro país. Menos perjudicados que otros, podría pensarse con razón, pero también más que otros, y nos explicaremos a lo largo de éste y futuros comentarios. ¿Habían de quedar, acaso, indemnes los empleados públicos, vistas las cifras de paro y el volumen del déficit público acumulado? Es probable que tal cosa resultase ya imposible, ante el grave deterioro de la situación.

La inédita medida gubernamental de recortar las retribuciones de los empleados públicos abre también, sin duda, un escenario inédito en nuestro país. Cabía presentir que, a la vista de las numerosas campañas de desprestigio hacia los funcionarios públicos, presentados reiteradamente como pesado lastre para la sociedad, las decisiones de reducción del gasto público iban a cebarse en los costes de personal de las Administraciones Públicas. Resultaba, de hecho, muy revelador el que ningún responsable político defendiera públicamente el importante papel que corresponde desempeñar a la función pública –y a quienes trabajan en ella- para asegurar el buen funcionamiento de las instituciones y servicios públicos comunes de todos los ciudadanos.

Conviene dejar claro que no son los funcionarios públicos los responsables de la posible hipertrofia de las Administraciones Públicas ni del volumen del gasto público –el volumen de las Administraciones y su gasto público lo deciden los Gobiernos y lo aprueban los Parlamentos, en las leyes anuales de presupuestos-, y no son las retribuciones de los funcionarios públicos, en muchos casos, el único o principal gasto de las Administraciones. Además, las retribuciones de los funcionarios las deciden los Gobiernos, tras la oportuna negociación con los sindicatos, en el marco de la negociación colectiva, y finalmente las aprueban los Parlamentos, representantes de todos los ciudadanos. La falta de responsabilidad con que hayan podido actuar unos y otros es algo a considerar en este momento. ¿Se han subido insosteniblemente los salarios en las Administraciones? En todo caso, ha de subrayarse el hecho de que no estamos ante una racionalización de las Administraciones, sino ante un abaratamiento de sus costes de personal, realizado mediante el emprobrecimiento de todos los empleados públicos. La medida es eficaz –se logra recortar el gasto-, pero dudamos de que sea eficiente. El derroche sigue en otras muchas partidas.

La hipertrofia del sector público que en estos últimos años se ha impulsado interesadamente por los Gobiernos –en especial, en las Comunidades Autónomas- lo ha sido, en muchos casos, con manifiesta vulneración de los principios y reglas de la función pública, al ser cada vez más abundante la utilización de puestos o salarios públicos para retribuir favores políticos o asegurar redes clientelares con las cuales asegurar liderazgos en los partidos. En Aragón sabemos mucho de eso. La función pública ha sido desvirtuada y ninguneada en muchos casos, promoviéndose por la clase política una administración paralela, nutrida de entidades, empresas públicas, asesores, personal de confianza, asistencias técnicas, consultorías y demás. Los profesionales de la función pública quedaban en cierto modo relegados y el acceso a la función pública se degradaba abiertamente, con un flagrante incumplimiento de las reglas de selección de personal, disparando las tasas de temporalidad en las administraciones a porcentajes hasta ahora desconocidos. Era lógico que ello disparase el coste de las Administraciones, pero no es eso lo que ahora se tiene en cuenta para tomar medidas drásticas que afectan a quienes eran –somos- totalmente ajenos a esa suplantación de la función pública.

Ninguno de esos hechos fue ajeno, en su día, a la creación de esta Asociación, promovida no para la defensa de los empleados públicos –papel que, en su caso, correspondía a los sindicatos de la función pública-, sino para la defensa de la función pública.

La medida anunciada por el Presidente del Gobierno, aunque afecta de lleno a los derechos económicos de funcionarios públicos, trasciende, a nuestro juicio, la afección individual de cada funcionario. Constituye un directo menoscabo de la función pública como institución, como quehacer profesional, como conjunto de personas que, seleccionadas por criterios de igualdad, mérito y capacidad, han hecho del servicio público su opción personal, con unos valores específicos de compromiso con la legalidad y con unas expectativas de inamovilidad y de condiciones laborales ajenas a criterios de mercado, algo consustancial al modelo de función pública de las Administraciones españolas.

Sin duda, una gran mayoría de los servidores públicos tienen –tenemos- una clara disposición a asumir sacrificios económicos si el interés general del país lo reclama. Rechazamos completamente la imagen de insolidaridad e insensibilidad con que a menudo se nos ha querido retratar o presentar. Ahora bien, un sacrificio requiere una serie de condiciones que lo justifiquen, como son su necesidad, su equidad, y su imposición o demanda por persona con autoridad suficiente para pedirlo o reclamarlo.

¿Es necesario el sacrificio impuesto? No descartamos tal condición, dados los datos de la situación económica del país, pero no podemos dejar de manifestar nuestras enormes dudas sobre la equidad de tal medida –en lo que supone de quiebra de la relación de confianza en el Estado en la que se sustenta la condición funcionarial. Esta condición es claramente distinta a la de quienes, en el ámbito de la iniciativa privada, fían sus ingresos, beneficios o resultados a la dinámica de los mercados, a su iniciativa o ánimo de lucro. Albergamos también dudas en cuanto a la autoridad de la clase política para menoscabar de forma unilateral el reconocimiento de la labor profesional de los servidores públicos y privarles de sus derechos económicos del modo en que se ha hecho y en el contexto de un abuso de los recursos públicos que esta Asociación viene denunciando durante años, sin obtener respuesta alguna. Tomamos nota.