La Junta Directiva de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa ha acordado impugnar judicialmente la Oferta de Empleo Público para 2010, aprobada el pasado mes de abril por el Gobierno de Aragón, por entender que la misma no asegura ni respeta el derecho de los ciudadanos a acceder a las funciones públicas, es decir, a los puestos de trabajo hoy cubiertos de forma transitoria por personal interino.
El estatuto de los empleados públicos tiene, entre otros, dos elementos que lo definen y cuya realización pasa directamente por la aprobación anual de las ofertas de empleo público: en primer lugar, los puestos de trabajo de las Administraciones Públicas han de cubrirse conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad, para lo cual es necesaria la realización de procesos selectivos que aseguren el acceso a la función pública de los más capaces y preparados, en pública concurrencia, y esos procesos selectivos dependen de la aprobación anual de la oferta de empleo público en cada Administración; y, en segundo lugar, el estatuto de los empleados públicos, y en especial de los funcionarios públicos, incluye la inamovilidad, la estabilidad en el empleo, no como privilegio, sino como garantía de imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, para conseguir una administración profesionalizada y no sujeta a presiones políticas partidistas.
La crisis de legalidad en que ha estado sumida la selección de personal en la Administración de la Comunidad Autónoma en las últimas legislaturas, con falta de aprobación de Oferta de Empleo Público en diferentes ejercicios -por ejemplo, en los años 2001, 2002, 2005, 2006 y 2008- y la falta de inclusión, en los años en que ha habido oferta, de las plazas a que obliga la ley, ha provocado un menoscabo directo al derecho de los ciudadanos a acceder a la función pública en condiciones de igualdad, provocando además que la tasa de temporalidad en la Administración ascienda a más de un 25% de la plantilla, con lo que ello supone de debilitamiento de la imparcialidad en el desempeño de las funciones públicas, pues la continuidad en el puesto de un funcionario interino puede verse afectada por posibles discrepancias con las instrucciones políticas recibidas.
Una Oferta de Empleo Público no encarece el funcionamiento de la Administración ni aumenta sus efectivos, sino que simplemente procede a cubrir las plazas necesarias conforme a los principio constitucionales que rigen el acceso a la función pública. Los procesos selectivos a la función pública tienen para el Estado de Derecho igual relevancia que los procesos electorales la tienen para el Estdo democrático. ¿Alguien se plantea acaso, en la actual coyuntura de crisis, que no se celebren elecciones o que no se cubra un porcentaje de escaños en los Parlamentos, para así aliviar la factura del gasto público? Pues, al igual que las instituciones políticas no pueden dejar de funcionar democráticamente, basándose en la confianza de los ciudadanos otorgada mediante su voto, tampoco las administraciones debieran dejar de estar sometidas a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad para cubrir sus puestos.
Algo tan sencillo es lo que, en última instancia, justifica la decisión adoptada por la Junta Directiva de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, que sigue entendiendo que en la selección del personal de las Administraciones no sólo está en juego la suerte de los aspirantes, sino algo mucho más importante para nuestro modelo constitucional: el derecho de todo ciudadano de acceder al ejercicio de funciones públicas, y además el derecho a ejercer tales funciones en unas condiciones de estabilidad que asegure el cumplimiento de su deber de imparcialidad y, con ello, la plena vigencia del principio de igualdad de los ciudadanos ante la aplicación de la ley.
Los servidores públicos no pueden ser públicamente estigmatizados ni los principios básicos de las Administraciones demolidos por una visión coyuntural y miope de la coyuntura económica. No cabe reclamar servicios públicos y, al mismo tiempo, repudiar a los servidores públicos. No hay ni debe haber contraposición entre servidores públicos y ciudadanos, y para ello la oferta de empleo público ha de jugar el papel de asegurar la vigencia de los principios constitucionales, que hace de las funciones públicas unas tareas cuyo ejercicio está abierto al acceso de todos los ciudadanos, conforme a principios de mérito y capacidad. La lesión a este derecho, configurado como principio básico del régimen jurídico de la función pública, es algo que, precisamente, contribuye a abrir una inaceptable brecha entre funcionarios y ciudadanos, congelando una relación que sólo puede ser abierta y dinámica.
La función pública no es de los funcionarios, sino de los ciudadanos, en un doble sentido: está abierta a su desempeño y está concebida para prestarles servicios públicos. Si descuidamos lo primero, se resentirá sin duda lo segundo. Por eso es necesario reclamar que las Ofertas de Empleo Público se ajusten a la Constitución y a la Ley, algo que no sólo debieran reclamar los servidores públicos, sino sobre todo los ciudadanos que están fuera de las administraciones, con independencia de que deseen acceder o no a ella. La Oferta de Empleo Público es, sencillamente, la puerta de acceso de los ciudadanos a la Administración, para trabajar en ella, y esa puerta no la puede cerrar arbitrariamente un Gobierno como viene sucediendo repetidamente en nuestra Comunidad Autónoma.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
21 comentarios:
No todo ha de ser el tema del recorte salarial.
Me parece bien esta decisión.
Ahí está el personal interino, que no sólo ve recortado su salario sino peligrar su puesto, y eso sería lo normal si el Gobierno le hubiese respetado el derecho de acceso, pero no lo ha respetado, y eso es lo que hace enormemente injusta la actual situación.
La crónica sobre el dinero del Estado que va a las organizaciones sindicales y la revelación de cómo se utilizaron durante años fondos destinados a la formación de los trabajadores para mantener engrasada la maquinaria sindical, está por publicar pero ya escrita. Estamos en unos tiempos en los que hay que decir verdades como puños, silenciadas hasta ahora, sobre el mal uso de fondos públicos, crónica que pasa por equipamientos excesivos como polideportivos en localidades pobladas de ancianos, auditorios vacíos casi todo el año, o museos de arte donde sólo contaban los edificios y muy pocas veces el contenido.
Pero más importante todavía: cuando Zapatero recorta a los funcionarios sugiere que prefiere afectar antes a los que tienen empleo que a los desempleados. Y una gran cuestión queda abierta, la de la dualidad de la sociedad que hemos construido. Hay una parte de la población que corre el riesgo de perder el empleo, o lo ha perdido ya, y otra, muy importante, que lo tiene garantizado de por vida independientemente de su productividad y en ocasiones, hasta de su talento. En épocas de prosperidad eso no se cuestiona pero cuando llegan las vacas flacas, el asunto puede sublevar a los que pagan el pato. No es descartable que si la crisis es sostenida y profunda esa realidad, hasta ahora intocable e incuestionable, se revise
MANUEL CAMPO VIDAL.
Interinos de futuro incierto
Vidas como la de Luis T., funcionario interino de prisiones emigrado a la península para cazar trabajo, que hoy no sabe a qué carta quedarse. "Llevo un montón de años esperando una oposición que no sale". Ni saldrá. Y como él hay muchos funcionarios en Mallorca. "Son gente a la que se les ha ido prorrogando el contrato laboral, pero cuando entran funcionarios de carrera con plaza se van al paro", aclara Manuel Cobo, que detalla que en la cárcel de Palma hay al menos 20 interinos a los que el suelo y el futuro les bailan bajo los pies. "Estás esperando por una plaza que no sale. Y lo cachondo es que cuando salga igual acabo en Palma que en Almería o Salamanca", apunta Luis, que no tiene piso propio porque lleva casi una década sin saber dónde vivirá el año siguiente.
Le pasa también a Jorge A. V., que estos días prepara una oposición en medio del cataclismo: "Como la cancelen mato a alguien", bromea en un descanso de la biblioteca que es su hogar desde hace dos meses: "Llevo años esperando por esta oposición. Pedí el mes de vacaciones que me correspondía y otro sin empleo y sueldo para prepararla", añade Jorge, trabajador social que oposita con un objetivo complicado pero irrenunciable: sacar una nota lo suficientemente alta como para poder quedarse con la plaza que ocupa como interino desde hace años. "Si no lo consigo, igual acabo en Canarias o donde me toque", advierte antes de volver a los libros a los que se aferra para salir de la interinidad.
Aunque hay interinos felices de serlo. Como Raúl de Castro. Trabajó durante años con una cámara al hombro en la empresa privada. Hasta que se hartó de jornadas draconianas y sueldos bajos en calorías y se postuló para dar clases de FP de Imagen y Sonido. De eso hace tres años. Y no se arrepiente. "Tengo un horario infinitamente mejor y un sueldo de verdad. Es cierto que he cambiado de centro cada año desde que dejé la tele, pero vivo mejor así. Y la plaza de funcionario, pues supongo que la acabaré sacando". Si es que la convocan. Porque es muy posible que no lo hagan. Es lo que se teme Marcos Castañer, un chaval de 23 años que tiene el ojo puesto en las fuerzas de seguridad. "Estoy preparando la oposición para entrar en la policía, pero no sé yo qué pasará. Si no convocan plazas habré pagado meses de academia para nada", recalca nervioso a la puerta de unas clases que le cuestan más de lo que gana. "Saco unos euros por la noches poniendo copas. Y ahora intentaré agarrar un curro de socorrista, pero eso son parches para ir tirando mientras saco la plaza". ¿Y si no hay plaza? "A saber. Mi futuro está en el aire".
DIARIO DE MALLORCA.
Los interinos son unos gran estafados por los responsables de la función pública.
Comentario:
¿Para cuando la "Cartilla de Racionamiento"? Es lo que nos falta para volver el tiempo atras. Gracias Sr. Zapatero, siga usted asi, es la mejor manera de fulminar un pais llamado España.
DEL IMPRESCNDIBLE BLOG DE SEVACH:
La medida de recorte de las retribuciones de los empleados públicos para contener el gasto público y afrontar la crisis económica era una medida previsible, y quizás uno de los pocos remedios de emergencia para frenar la caída libre de la deuda pública. Ahora bien, para Sevach lo deseable sería adoptar medidas que graviten sobre las espaldas de los responsables y no sobre las víctimas. Veamos un simple ejemplo que nos ayudará a entender el diagnóstico y la receta.
1. Imaginemos un buque que debe efectuar una larga travesía. El pasaje confía en el Capitán y los Oficiales. Cada vez que se detienen en una isla, suben a bordo mas oficiales invitados por el Capitán, y todos se dan una vida regalada mientras la tripulación y el pasaje se alimentan frugalmente. Tras atravesar el cabo de las Tormentas, por la impericia de los mandos, se echan a perder buena parte de las provisiones y el barco queda desarbolado, y ante la escasez de víveres, el Capitán y los Oficiales optan por recortar la ración diaria de rancho a los tripulantes, medida que será seguida por el recorte de las raciones de los pasajeros; mientras protestan los tripulantes y los pasajeros, los mandos siguen deleitándose con las mejores raciones y sin sacrificarse, ni apeando a los invitados en las islas. El malestar presagia amotinamientos.
2. Pues bien, esa historieta viene al caso para explicar que, a juicio de Sevach, los ciudadanos depositan la confianza en los políticos para manejar los asuntos públicos, en condiciones buenas y malas, y si otros Estados que tenían peor posición de partida se encuentran ahora en mejores condiciones de llegada, quiere decir que hay una responsabilidad de las autoridades públicas por lo menos culposa, esto es, por negligencia en la puesta en práctica de sus decisiones políticas. En otras palabras, si el país va mal, la culpa es de toda la clase política. Aquí no vale identificar a un partido u otro que gobierna, sino en bloque hay que culpar a toda la clase política que gobernando antes o después, en el Estado, la Comunidad Autónoma o en un ente local, han tolerado un sistema de “vacas sagradas” y relajo que beneficiando a los políticos profesionales, ha soslayado las prioridades del buen gobierno. Es innegable que la crisis económica procede de causas exógenas, y que la “tormenta perfecta” de la debacle económica hubiera arrollado a cualquier gobierno, pero algo falla en el sistema de gobierno propiciado por la clase política, que ha desembocado en una reacción tardía frente al problema.
Diríase que los gobernantes en su conjunto han incurrido en ese vicio moderno tan chic de la “procrastinación” ( o sea, posponer lo inevitable ocupándose en otros menesteres, como ha sucedido con la adopción del recorte de gasto en las nóminas públicas). Pese a los precedentes de descuento salarial público de Irlanda, Grecia, Letonia y California, el Gobierno huyó siempre de anunciar el temido recorte salarial funcionarial, y la oposición se cuidó mucho de exigirlo. Los políticos no lo vieron o no quisieron verlo hasta que el agua no llegó al cuello. Hasta Sevach en Octubre de 2008 anunció los veinte temores de los funcionarios ante la crisis económica que lamentablemente parecen irse ahora cristalizando.
Y por eso, el culpable de esta calamitosa situación es la clase política en su conjunto ( en coherencia con el Estado compuesto que vivimos, con el poder repartido celosamente en poderes autónomos- regionales, locales e institucionales), y ahí es donde hay que aplicar las medidas de sacrificio. El pirómano tiene el deber moral de ser el bombero. Poca legitimidad tienen los pirómanos para ordenar al quemado que apague con sus propias manos el fuego que les consume. Quede claro que no puede culparse al modelo democrático, ni considerarse innecesarios los políticos, pues es indudable que la sociedad es compleja y las circunstancias cambiantes, pero sí hay derecho a quejarse de cierta molicie que en el caso español se ha ido enquistando en la clase política, profesionalizándose y dando lugar a aquéllo que García-Pelayo denominaba “ Estado de los Partidos“. En suma, la crisis económica es buen momento para la regeneración de la clase política, o mas bien, de las condiciones en que se desarrolla.
3. Así, no parece que la medida de recorte de salarios de los empleados públicos sea una medida adecuada en términos de equidad. Presenta la ventaja de la inmediatez ( la Administración la adopta para sus empleados sin tener que negociar con otros sectores empresariales o corporativos), de su aplicación fulminante ( a golpe de Decreto-Ley y disponiendo que el pagador de la nómina aplique el descuento), y de beneficios recaudatorios inmediatos.
Sin embargo, el recorte de salarios de empleados públicos presenta un grave inconveniente en términos de equidad, ya que aludir a un 5% de promedio de descuento ( aunque se maquille en su desarrollo concreto vinculándolo en mayor porcentaje al mayor rango funcionarial) supondrá aplicar un sistema proporcional de contribución a la crisis que no se ajusta ni al principio de progresividad ( que mas se sacrifique quien mas tenga) ni a las circunstancias personales de cada funcionario. Así por ejemplo, un auxiliar sin hijos puede contar con un rentable negocio por las tardes, y en cambio un Técnico tener varios hijos y con incompatibilidades que le impiden ingresos suplementarios, de manera que el impacto del descuento provocará mayores estragos e injusticia en el funcionario superior que en el funcionario modesto. Ello sin olvidar lo difícil que resulta entender que si la Crisis afecta a todos, un auxiliar del Corte Ingles o de HUNOSA vea intacto su salario y un auxiliar de un pequeño Ayuntamiento tenga que apechugar con un recorte.
Para el ciudadano de a pie, empleados públicos y Administración a la que sirven son la misma cosa, una especie de centauro indivisible. Sin embargo, jurídicamente, una cosa es ser “la Administración” y otra ser un “trabajador de la Administración”, por lo que el disparatado discurso puede conducir a que igual que la Administración rebaja el sueldo de unos sujetos que mantienen una relación de servicios, podría recortar el precio comprometido con los contratistas de la Administración.
Por eso, a juicio de Sevach, a riesgo de la impopularidad de la medida, lo mas justo sería incrementar las tarifas del Impuesto sobre la Renta, ya que al fin y al cabo, este sistema toma en cuenta las circunstancias personales y familiares, las reducciones y deducciones. Lo que ya pasaría de castaño oscuro sería que los funcionarios pagasen dos veces la crisis, o tres: primero, cuando estos dos últimos años se congeló su actualización retributiva conforme al IPC; segundo, con el descuento porcentual que el jueves próximo concretará el Decreto Ley que aprobará el Consejo de Ministros; y tercero, con la inevitable reforma fiscal al alza del Impuesto sobre la Renta o el IVA (mas aún) que no discriminará entre funcionarios y ciudadanos.
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4. incluso cabría considerar mas justa una medida mas arriesgada: si hay diferencias retributivas entre Comunidades Autónomas y entre entes locales de una misma Comunidad Autónoma, iguálense determinados complementos a la baja entre las Administraciones Públicas, con lo que las retribuciones seguirán siendo dignas pero se habrán podado por donde “mas abultan” y además se garantiza mayormente el principio de igualdad dentro del Estado. O incluso suprímanse puestos de funcionarios o laborales innecesarios fijando “plantillas-tipo” para evitar que Administraciones iguales en competencias y presupuesto, cuenten con ejércitos distintos en número.
5. ¿ Y si no se recortan los sueldos de los empleados públicos, ¿donde debería recortarse el gasto? En esta línea, hace unos días veíamos como ante la fuga de petróleo en el Golfo de México, la empresa BP, que por acción u omisión, es responsable de asegurar la seguridad, afirmó que “pagaría la factura” y “asumiría la responsabilidad”. Por ello, bajo idéntico “ataque de responsabilidad”, Sevach cree que los políticos deben pagar la factura de la crisis económica. ¿ Cómo?.
Lisa y llanamente acudiendo a un Decreto-Ley o medida de eficacia equivalente, al amparo de las competencias básicas del Estado en materia económica, y con proyección sobre todas y cada una de las Administraciones Públicas, ya que ante la crisis no valen zarandajas de rasgarse las vestiduras sobre la autonomía política autonómica o la autonomía local, y adoptar las siguientes medidas:
A) Que queden sin efecto en su integridad las pagas extraordinarias de la clase política en toda su extensión (diputados, ministros, Directores Generales, Consejeros, Concejales, eventuales de todo pelaje, altos cargos de órganos constitucionales, directivos de empresas públicas, mirlos municipales, etc). No se la han ganado. Y además el recorte salarial debe ser en sus nominas del veinte por ciento. Subsistirán, tranquilos.
B) Supresión del prebendalismo político con austeridad real en todo ese colectivo ( telefonía móvil, coches oficiales, viajes “turísticos”, mobiliario chic de despachos, dietas sin ponerse a dieta, etc).
C) Dado que si no podemos, por las reglas del juego democrático, desplazar a los cargos políticos electos de sus puestos, sí al menos, se puede y debe, amortizar buena parte de los puestos de personal “eventual”, asesores y consejeros, cuyos “consejos” no parecen haber sido muy acertados a la hora de ilustrar o asesorar a los altos cargos para aquilatar el alcance real de la crisis y la necesidad de acometer medidas rápidas y eficaces.
D) Por último, para evitar que tales ceses comporten una duplicación de gasto, debería suspenderse indefinidamente la aplicación del llamado “complemento de alto cargo”, esa bufanda generosa que permite a quienes desde la Constitución han ocupado un cargo de Director General o asimilado, disfrutar de un astronómico complemento que permite, por ejemplo, que un fontanero municipal nombrado Director General autonómico durante dos años, cobre toda su vida retribuciones propias del denominado ilustrativamente “nivel 33”. Casi nada.
Con esas cuatro medidas, en vez de tener cabreados a dos millones de empleados públicos y ocho millones de pensionistas, se tendrían cabreados tan solo a 80.000 políticos, y con el mismo efecto de saneamiento de las arcas públicas.
6. Se dirá que soy un ingenuo al proponer tales medidas, y es cierto, porque esas medidas que son necesarias y que seguramente la inmensa mayoría de los españoles apoyaría, curiosamente ningún partido político las impulsará (ni gobernante, ni de oposición). Al fin y al cabo, está en juego “la lenteja” del político ( ¿ o mas bien, los langostinos?). Por eso, el mejor desahogo es un cabreo bien administrado.
Genial e inspirado Sevach.
Me quito el cráneo.
Cráneo privilegiado!
Comentario:
Conclusión de todo esto: la casta política nos ahoga, realiza una organización pésima de la administración, nos crea mala fama hacia el exterior y ralentiza los trámites al crear una estructura piramidal invertida.
Y lo mejor de todo: la gente se cruza de brazos esperando la bajada de sueldo sin pegar un puñetazo en la mesa, cuando la culpa no es del funcionariado en general, sino de los políticos, que ha hecho un reino de taifas del dinero público
Comentario:
Yo soy médico especialista de un sistema autonómico de salud, con plaza estatutaria. Desde medios sindicales se calcula una rebaja salarial de entre el siete y el ocho por ciento, aunque en radio macuto corren muchos rumores. Lo cierto es que se ha derrochado dinero a manos llenas. Se ha contratado a punta pala a personal administrativo, a trabajadores sociales, a mediadores interculturales … Se han creado destinos laborales que son sinecuras encubiertas para los estómagos agradecidos. Se han creado coordinaciones ficticias para regalar sobresueldos. Se han diseñado comisiones de calidad para tapar la boca al nombrado para dirigirlas. Se permite que haya gente que ni aparezca por el hospital en toda la mañana, y si aparece sea para rascarse las partes pudendas a dos manos. Se dan las prolongaciones de jornada, las “peonadas de tarde”, con el dinerillo que comporta, a unos sí y a otros no. Se han inflado brutalmente las plantillas con interinos agarrados por salva sea la parte o por gente sin titulación contratada como médicos generales y trabajando de especialistas. Se malgastan cantidades de dinero inimaginables. Y ahora me dicen que encima voy a cobrar menos ? Que les den. Seguro que a la casta que controla la sanidad los ingresos no le van a disminuir. Se aumentarán los complementos y patada para delante. Si el resto de mis compañeros estuvieran sólamente la mitad de calientes que yo el sistema público de salud de mi comunidad autónoma estaría colapsado antes de Navidades. Es que ya solo falta que nos escupan en la cara cuando pasemos delante de Gerencia !!
Comentario:
Vamos a ver. Parece que se va a recortar una media del 5 % las retribuciones de los empleados públicos a partir de junio de 2010. Circulan tablas de previsiones incluso que algunos atribuyen al CSI CSIF y que podrían quedar en función del nivel de CD así:
Hasta nivel 16: un 3%
Hasta nivel 20: un 5%
Del nivel 20-26: un 7%
Del nivel 26-30: 10 %
Altos cargos 15 %
Menos huelga y más dimisiones.
A mí me llama la atención de dónde se sacan esas cifras de miles de funcionarios,cuando si se miran las ofertas de empleo público de la última década,el número de plazas sacadas a oposición es ridículo.Y más si descontamos las fuerzas de seguridad y personal militar.¿Será porque la mitad de la gente no es funcionario de carrera?
Es un agravio comparativo enorme el que haya gente que tenga que subir el Tourmalet y el Mount Ventoux para conseguir un empleo público mientras otros hacen la etapa subidos en el coche del Director de equipo y al final consiguen lo mismo o más que los primeros.
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