Como ya avanzábamos hace unos días, el Presidente de la Asociación, Julio Guiral, se ha dirigido a la Comisión de Peticiones del Senado para solicitarle que se expresen las razones que motivan el archivo acordado por dicho órgano parlamentario de los escritos de esta Asociación en que se exponía la falta de protección otorgada por el Defensor del Pueblo al derecho fundamental de petición ejercido ante diferentes autoridades públicas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Entendemos que el comportamiento de las instituciones públicas ha de ser escrupuloso en todo lo que afecta a los derechos fundamentales de los ciudadanos, y ello requiere que las Comisiones de Peticiones, tanto del Senado como del Congreso de los Diputados, motiven adecuadamente sus decisiones de archivo de los escritos de petición que les dirijan los ciudadanos, pues dicha motivación viene exigida por el artículo 11.3 de la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición.
La motivación es un requisito que las normas de procedimiento administrativo establecen para las resoluciones administrativas. Las sentencias deben igualmente incorporar los fundamentos de derecho que motivan el fallo judicial. Asimismo, los órganos parlamentarios han de motivar sus actos o decisiones sin valor de ley, en particular cuando afectan a derechos fundamentales de los ciudadanos. No hacerlo impediría el más elemental control sobre la posible arbitrariedad del comportamiento institucional, debiendo recordarse que la propia Constitución, en su artículo 9.3, garantiza la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, de todos los poderes públicos, incluyendo al Parlamento.
Se reproduce, a continuación, el texto íntegro del escrito dirigido al Presidente de la Comisión de Peticiones del Senado:
“Presidente de la Comisión de Peticiones
Senado
Plaza de la Marina Española, 8.
28071-MADRID.
Zaragoza, 12 de enero de 2009.
Estimado señor:
En fechas recientes recibimos su amable comunicación sobre la decisión adoptada por la Comisión de Peticiones que Ud. preside, en relación al escrito de esta Asociación sobre la actuación del Defensor del Pueblo respecto a diferentes quejas por vulneración del derecho fundamental de petición, reconocido en el artículo 29 de la Constitución Española, por parte de diferentes autoridades públicas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Aunque esperábamos de esa Cámara una actuación más decidida en favor del ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos y de su necesaria protección por parte del Defensor del Pueblo, nada tenemos que objetar a la decisión de archivo adoptada, terminación posible que prevé el Reglamento de la Cámara para las peticiones realizadas por los ciudadanos.
No obstante, consideramos que la decisión de archivo de una petición dirigida a esa Cámara debiera señalar las razones o motivos que justifiquen la falta de actuación o tramitación, de acuerdo con lo que señala el artículo 11.3 de la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición.
El deber de motivación del rechazo a las peticiones de los ciudadanos constituye una obligación legal de todas las instituciones públicas ante las que se ejerce el citado derecho fundamental, debiéndose entender que el archivo o no tramitación constituye un rechazo de la petición formulada.
Las decisiones de los poderes públicos que afectan a derechos fundamentales, como es el caso del derecho de petición, se hallan sujetas a un deber reforzado de motivación, como ha señalado el Tribunal Constitucional, habiéndose omitido dicha motivación en la decisión de archivo que se nos trasladaba recientemente por la Comisión de Peticiones del Senado.
En consecuencia, la agradeceríamos que, conforme a lo requerido por el artículo 11.3 de la referida Ley Orgánica 4/2001, esa Comisión señalase a esta Asociación las razones o motivos que le han llevado a adoptar la decisión de archivo comunicada.
Agradeciéndole, en todo caso, su amable atención, reciba nuestro más atento y respetuoso saludo.
Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
3 comentarios:
¿serán capaces de hacerlo?
¿el qué?
contestar, ¿qué va a ser?
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