LA FUNCIÓN PÚBLICA, OBJETO DE DEBATE EN LAS CORTES DE ARAGÓN.

El hecho de que el pasado mes de noviembre, en el Pleno de las Cortes de Aragón, el Grupo Parlamentario Popular formulase una interpelación relativa a la política general respecto de la función pública, puede parecer a muchos un asunto anodino, carente de interés, o un simple episodio o escaramuza parlamentaria más, sin mayor alcance.

Tal debate, sin embargo, no le parece anodino o irrelevante a esta Asociación, sino todo lo contrario. Esta Asociación, cuando se constituyó hace casi tres años, se planteó entre sus principales objetivos el introducir los temas de la función pública en la agenda política de la Comunidad Autónoma, tratando de conseguir que sus problemas fuesen debatidos en las Cortes de Aragón –es decir, que el Parlamento controlase la acción del Gobierno en materia de función pública- y que, a su vez, esa problemática trascendiese a los medios de comunicación aragoneses.

El debate de la interperlación efectuada por el Grupo Parlamentario Popular al Consejero de Presidencia, Javier Velasco, sobre la política en materia de función pública, es una muestra –así queremos considerarlo- de que la ordenación de la función pública aragonesa empieza a interesar a la clase política aragonesa, como no podría ser de otro modo. A lo mejor no todo lo que nos gustaría, pero es evidente que las cosas han cambiado.

Los grupos políticos aspiran a obtener el apoyo de los ciudadanos para alcanzar, tras un triunfo electoral, las responsabilidades de gobierno, y estas responsabilidades suponen, entre otras cosas, la dirección de la Administración Pública. Mal se puede aplicar un programa de gobierno si no se cuenta con una Administración eficiente, lo que exige que la misma esté servida por una función pública profesional, adecuadamente ordenada.

El debate de la interpelación parlamentaria sirvió para evidenciar, una vez más, la realidad de la política de personal del actual Gobierno –frente a una incontestable evidencia de reiterados incumplimientos de la legalidad, únicamente se formulan vagas propuestas de un futuro marco en desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público- y dejar al descubierto la inanidad del “proyecto” que encabeza Javier Velasco en materia de Administración Pública. Un equipo sin proyecto y sin credibilidad, cuyas únicas medidas no hacen más que desmentir, precisamente, los lugares comunes a que se reducen todas sus declaraciones públicas.

Produce incredulidad –no es posible dejar de sorprenderse de cómo alguien puede ser capaz de declarar como objetivo justamente lo contrario de lo que hace- el escuchar al Consejero Velasco afirmar que “lo que más nos preocupa a nosotros en estos momentos es cómo articulamos aquellos mecanismos que mejoren las garantías de acceso a la función pública”. ¿En qué se plasma esa preocupación? No, desde luego, en la aprobación anual de la Oferta de Empleo Público, como exigen las leyes y le recuerda el Justicia de Aragón. Tampoco, desde luego, en el cumplimiento de los plazos legalmente fijados para el desarrollo de los procesos selectivos. Tampoco en garantizar unos tribunales de selección objetivos, cuyos miembros se nombren por un procedimiento transparente y reglado. Tal posibilidad, sugerida por el Justicia de Aragón, fue rechazada por el Consejero Velasco. Mucho menos, en la garantía de los principios de igualdad, mérito y capacidad en la selección del personal por entidades de derecho público y empresas públicas, como exige el Estatuto Básico del Empleado Público.

¿Realmente le preocupan algo al señor Velasco los mecanismos de acceso a la función pública? El problema con el que tal vez no contaba el señor Velasco, al asumir sus responsabilidades como Consejero en materia de función pública, es que se han acabado ya los tiempos de pactos de silencio o de falta de respuesta de los servidores públicos a la política de la arbitrariedad, pues en el seno de la función pública, con mayor o menor fuerza, se ha empezado a articular un movimiento dispuesto a defender los valores y principios de la función pública, no por el hecho de que el Consejero responsable no los defiende suficientemente, sino por el hecho, algo más grave, de que los vulnera. Un movimiento que exige el respeto de la legalidad, que no está dispuesto a pactar o transigir nada al margen de ella ni contra ella.

La función pública ha empezado a debatirse en las Cortes de Aragón –estamos en los comienzos de un importante cambio, tal vez- y esperamos que todos los órganos de control –autonómicos y estatales- se sientan concernidos por el imparable deterioro que sufren las Administraciones Públicas y, con ellas, el Estado de Derecho. Es necesario reaccionar frente a los excesos en que han incurrido los responsables políticos en la gestión de la función pública, y tratar de restaurar el principio de legalidad frente a la arbitrariedad política que la ha venido gobernando durante tantos años. Nos jugamos en ello nuestras instituciones y nuestro futuro democrático.